Sentencia 1923 de octubre 5 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDAD ELECTORAL

DE QUIEN HAYA SIDO CONDENADO PENALMENTE EN CUALQUIER ÉPOCA

EXTRACTOS: «El cargo propuesto en el presente caso es la inhabilidad del señor Francisco Ferney Tapasco establecida en el artículo 299 de la Constitución Nacional. por cuanto tiene a su haber dos condenas a pena privativa de la libertad y en tales condiciones y por aplicación concordante de la norma anterior con el artículo 179 ibídem, la nulidad de la elección debe ser confirmada.

Dicen las disposiciones invocadas:

ART. 179 de la C.N.:

“ART. 179.—No podrán ser congresistas:

1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.

ART. 299 ibídem:

“ART. 299.—Modificado, artículo 1º, Acto Legislativo 1 de 1996.

En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular que se denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio.

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda.

El período de los diputados será de tres (3) años, y tendrán la calidad de servidores públicos.

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección.

Los miembros de la asamblea departamental tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparadas por un régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos que fija la ley”.

En la providencia del 21 de octubre de 1994(1), que las partes invocan, se hizo la interpretación del artículo 299 transcrito, conforme a los elementos de juicio que se tenían en el momento, en la siguiente forma:

(1) Publicada en J. y D., Nº 277, pág. 61 (N. del D.).

La disposición constitucional en su segundo inciso defirió al legislador la regulación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en el caso de los diputados pero le indicó, como pauta, que ese régimen no podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda es decir, estimó la Sala que solo el legislador podía señalar si la inhabilidad derivada de la condena penal o pena privativa de la libertad a que se refiere el artículo 299 en estudio, es intemporal o no.

De otra parte, conforme con la transcripción de las dos normas (C.N , arts. 179-2 y 299), se observó que, en cuanto a la materia en estudio, cada una de ellas tiene una redacción distinta.

En efecto, mientras el artículo 179-2, constitucional, establece que no podrán ser congresistas las personas condenadas en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, el artículo 299, ibídem, dice no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos). Es decir, en la primera se establece expresamente la intemporalidad de la pena; en la segunda no.

Si se tiene en cuenta, a más de la anotada diferencia de redacción, el hecho de que la regla general es la elegibilidad de los ciudadanos, elevada a la categoría de derecho fundamental y la excepción la inelegibilidad, se llegó a la conclusión de que solo en los casos en que el constituyente, cuando toque el tema, señale expresamente que la inhabilidad se genera por una condena efectuada en cualquier tiempo a pena privativa de la libertad, es posible considerar la inhabilidad como intemporal.

Ahora bien, una disposición anterior a la Constitución de 1991, que establecía la inhabilidad por razón de una condena a pena privativa de la libertad, con idéntica redacción a la que aparece en el artículo 299 de la actual Constitución Nacional, fue interpretada, en su momento, por la Corte Suprema de Justicia(2) en el sentido de que no podía entenderse sin limitación temporal.

(2) Sentencia de junio 9 de 1988, publicada en J. y D., Nº 201, pág. 760 (N. del D.).

En efecto, la Ley 78 de 1986, dijo en el artículo 5º literal c que no podría ser elegido ni designado alcalde quien “haya sido llamado a juicio o condenado a pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos”.

Al respecto interpretó la H. Corte Suprema de Justicia que “para el caso de los individuos que hayan sido condenados a penas privativas de la libertad, esta corporación entiende que la inhabilidad que establece el literal c del artículo 5º de la Ley 78 de 1986, debe predicarse sólo de aquellas condenas vigentes, no cumplidas, suspendidas en su ejecución o condicionales, y no extinguidas. Esto porque a juicio de la Corte, en nuestro ordenamiento jurídico, las penas no pueden tener efectos intemporales y en el asunto que se resuelve debe interpretarse lo establecido por la ley de modo sistemático, al lado de las demás normas que en el ámbito del derecho penal regulan los fenómenos de la prescripción, la rehabilitación y la extinción de aquéllas”. Con base en las anteriores razones el alto tribunal consideró exequible la norma.

Estas las razones por las cuales la Sala interpretó la norma constitucional en la forma vista en la sentencia de 21 de octubre de 1994.

Con posterioridad, el Congreso dictó la Ley 200 de 1995, en cuyo artículo 43 dijo:

“ART. 43.—Otras inhabilidades. Constituyen además, inhabilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:

1. Haber sido condenado por delito sancionado con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos salvo que estos últimos hayan afectado la administración pública”.

La redacción, como se deduce fácilmente, es idéntica en el aspecto en análisis a la que trae el artículo 299 de la Constitución Nacional. La disposición transcrita de la Ley 200 citada es aplicable como causal de inhabilidad para el desempeño de todos los cargos públicos, no solo para efectos disciplinarios, según lo ha definido la H. Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia C-111 de 1998(3).

(3) Publicada en J. y D., Nº 318, pág. 760 (N. del D.).

En relación con el artículo 43 de la Ley 200 de 1995, dijo la H. Corte Constitucional en la sentencia en mención:

“Ahora bien, ya la Corte ha definido que la preexistencia de condenas por delitos, concebida como causa de inelegibilidad para el desempeño de cargos públicos sin límite de tiempo, no desconoce el principio plasmado en el artículo 28 de la Constitución —que prohíbe la imprescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad—, puesto que el objeto de normas como la demandada, más allá de castigar la conducta de la persona, radica en asegurar, para hacer que prevalezca el interés colectivo, la excelencia e idoneidad del servicio, mediante la certidumbre acerca de los antecedentes intachables de quien haya de prestarlo. Bajo el mismo criterio, se aviene a la Constitución la exigencia de no haber sido sancionado disciplinariamente, ni suspendido o excluido del ejercicio profesional. Los preceptos de esa índole deben apreciarse desde la perspectiva del requisito que exige el cargo, en guarda de la inobjetabilidad del servidor público (especialmente en cuanto se trate de funciones de gran responsabilidad) y como estímulo al mérito, para que la sociedad sepa que quienes conducen los asuntos colectivos, o cumplen una actividad de manejo de intereses generales, no han quebrantado el orden jurídico, lo que permite suponer, al menos en principio, que no lo harán en el futuro. (...)”.

De la anterior providencia deduce la Sala que el artículo 43-1 de la Ley 200 de 1995, de idéntica redacción que el artículo 299 de la Constitución Nacional, y no obstante su diferencia con el texto del artículo 179-2 ibídem, es interpretado, en cuanto a la causal de inhabilidad originada en las condenas, como intemporal por la H. Corte Constitucional, que da prelación, entiende la Sala, por sobre la elegibilidad individual, al interés general, según el cual nadie que haya sido condenado por sentencia judicial en firme, con anterioridad a la elección, sin importar la época en que lo fue, puede ocupar un cargo en el servicio público.

Así las cosas, la Sala considera del caso variar la interpretación inicial del artículo 299 de la Constitución Nacional, para seguir la tesis de la H. Corte Constitucional, en relación con la disposición de igual redacción, por lo que en el presente caso procederá a establecer si aparece demostrado que existe una sentencia judicial en firme que condene al ahora elegido por algún delito que no sea político o culposo a pena privativa de la libertad con anterioridad a la elección, sin limitación en el tiempo.

De acuerdo con las pruebas allegadas se deduce que en el primer proceso se encausa al ahora elegido por el delito de concusión, se dicta sentencia de primera instancia el 1º de marzo de 1978 y se le condena a doce meses de prisión; la decisión es confirmada por fallo del 2 de mayo de 1978 que se declaró ejecutoriado por auto del 6 de junio de 1978.

En relación con el proceso adelantado en el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio Caldas contra Víctor Ferney Tapasco González por los punibles de falsa denuncia y encubrimiento-favorecimiento, conforme a las pruebas allegadas, está demostrado que la sentencia no está en firme por cuanto el proceso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia para estudio del recurso extraordinario de casación.

Así las cosas se concluye que en atención a que aparece probado que el señor Félix Tapasco elegido como diputado de la Asamblea departamental de Caldas fue condenado, mediante sentencia judicial en firme a pena privativa de la libertad por el delito de concusión, que no está exceptuado por la norma, se configura la nulidad alegada.

De lo anterior se sigue que las pretensiones de la demanda deben recibir despacho favorable».

(Sentencia de octubre 5 de 1998. Expediente 1923. Consejera Ponente: Dra. Mirén de la Lombana de Magyaroff).

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