Sentencia 19238 de febrero 5 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Sentencia 19238 de 2003

Rad.: 19238

Acta Nº 7

Magistrada Ponente:

Dra. Isaura Vargas Díaz

Bogotá, D.C., cinco de febrero de dos mil tres.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

El tribunal entendió, en relación con la convención colectiva, que para demostrar la transgresión de la norma convencional no le bastaba al recurrente con comparar los ingresos de un trabajador afiliado con otro que no lo fuera, sino que su obligación era “confrontar las retribuciones y sus incrementos, con todos sus elementos integrantes en sentido amplio, en forma colectiva esto es: del conjunto de los trabajadores sindicalizados frente a los no sindicalizados” (fl. 250), tal y como se sostuvo en la sentencia de esta Sala de Casación de 31 de enero de 2000, tomada en su apoyo y cuyos apartes transcribió en el texto de la sentencia impugnada.

Lo anterior es cierto, puesto, que la convención colectiva de trabajo vigente citada establece en su artículo 130 lo siguiente: “Los aumentos salariales, prestacionales e indemnizatorios que el Idema establezca para sus trabajadores no sindicalizados, en ningún caso podrán ser superiores a los pactados convencionalmente y en caso de violación de esta norma, el Idema quedará obligado a incrementar los respectivos salarios de sus trabajadores sindicalizados en el mayor valor aplicado a los trabajadores no sindicalizados” (fl. 64).

Además como lo afirma el ad quem, y así está asentado en la sentencia a que se ha hecho mención, de la simple comparación de un cargo sindicalizado con otro no sindicalizado —por esa sola circunstancia— no puede concluirse la transgresión de la norma convencional, puesto que esa confrontación entre el convenio y el acuerdo deben sopesarse en forma colectiva, aspecto fáctico que encontró huérfano de prueba el juez de la alzada y que la censura no logra desvirtuar.

También cabe recordar que dado que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo faculta a los jueces laborales para que en las instancias aprecien libremente la prueba, es un deber de la Corte, en su condición de tribunal de casación y en todos los casos en que no se configure error de hecho manifiesto, respetar las apreciaciones razonadas que de la convención colectiva de trabajo —mirada ella como prueba de las obligaciones que contiene— haga el tribunal fallador.

Con mayor razón cuando, como en el sub judice, el tribunal hizo suyos los razonamientos que sobre los alcances de la citada cláusula convencional ha tenido oportunidad de efectuar la Corte, de lo que resulta forzoso concluir que no es dable atribuirle un error de hecho evidente por hacerle decir algo diferente a lo que ella dispone.

Por tanto, siendo razonable el entendimiento que el juez de segundo grado le dio al artículo 130 de la convención colectiva, no puede hablarse de error ostensible de hecho en su apreciación; por tal razón, al no demostrarse que hubiese ocurrido tal dislate, permanece incólume como soporte del fallo impugnado.

Finalmente, debe decirse que no es viable armonizar los artículos 1º y 2º del Acuerdo 23 del 20 de agosto de 1991 con el artículo 130 de la convención colectiva de trabajo citada, para efectos de nivelar el salario de los trabajadores sindicalizados con los aumentos dispuestos por el Idema en el mencionado acuerdo para “los cargos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico y operativo” (fl. 73), como lo pretende la censura, dado que, según las consideraciones del citado acuerdo, las nuevas asignaciones básicas de ingreso se fundamentan en “la variación de las funciones y responsabilidades y la complejidad de las actividades inherentes a los cargos de especial trascendencia dentro de la organización administrativa, en el marco del proceso de reestructuración de la entidad” (ibíd.).

En consecuencia, el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal de Barranquilla, dictada el 3 de abril de 2002 en el proceso ordinario laboral instaurado por Samuel Reales Arias contra el Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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