Sentencia 19249 de abril 16 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote

Aprobado Acta Nº 42

Bogotá, D.C., dieciséis de abril de dos mil dos.

Vistos

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el acusado y su defensor contra las decisiones por medio de las cuales, en la audiencia preparatoria celebrada el pasado 6 de marzo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca denegó peticiones de nulidad y de pruebas que en oportunidad hicieron los mismos sujetos procesales.

Antecedentes

1. Habiéndose incautado en Leticia, el 3 de noviembre de 1995, una pistola calibre 3.80, que hacía parte del juicio Nº 1.231 el cual cursaba ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de dicha ciudad y el 11 de enero de 1999, en la misma capital, la suma de US$ 29.950, y no obstante que el entonces Fiscal 33 Seccional de Leticia, Jairo Daniel Fonseca Vergara, conservara dichos elementos bajo llave en su escritorio, éstos desaparecieron entre el 13 y 14 de enero de 1999.

2. En tal virtud, formulada denuncia tanto por el propio fiscal como por quien se anunciaba propietario de las citadas divisas, las autoridades de policía judicial, adelantaron, a partir de dicha fecha y hasta el 18 de enero siguiente, una rápida y profusa investigación previa que permitió inspeccionar el lugar de los hechos con levantamiento de un plano de éste y toma de placas fotográficas, inclusive de su parte externa recibir declaraciones a todos los funcionarios y empleados de la unidad, así como a los agentes que prestaron el servicio de vigilancia durante esos días y registrar las residencias de todos ellos, para así ser remitida luego a la fiscalía delegada ante los tribunales de Bogotá y Cundinamarca, quien inició sumario en marzo 3 de dicha anualidad disponiendo, entre otras diligencias, nueva recepción de testimonios de algunas de aquellas personas que ya habían sido escuchadas por la policía judicial y vincular mediante indagatoria al fiscal Fonseca Vergara, efectos para los cuales se ordenó el traslado del instructor a la ciudad de Leticia, allegándose, entre tanto, en Bogotá, la prueba sobre la calidad del sindicado, los testimonios de los supuestos dueños del dinero desaparecido y documentación que éstos mismos aportaron sobre su actividad y procedencia de los recursos a la vez que el imputado Fonseca Vergara, directamente y a través de apoderado solicitaba, en abril 23 de 1999, se le escuchara en indagatoria bien en Bogotá o bien en Leticia, respondiéndosele que en su oportunidad se le comunicaría la fecha en que tal acto se celebraría.

Sin embargo, como el traslado del instructor a Leticia no se lograra en las primeras oportunidades que para el efecto se señalaron y el fiscal Fonseca Vergara fuera desplazado a fungir en el municipio de Rionegro (Antioquia), de lo cual se enteró al investigador, sólo a partir de agosto 30 de 1999 se empezó la práctica de pruebas en la capital del Amazonas, entre ellas inspección judicial al lugar donde funcionaba la jefatura de la unidad de fiscalía, así como a las diligencias de las cuales hacían parte las referidas divisas y el arma, recepción de testimonios de algunos empleados de la fiscalía y de una informante, al igual que el del gerente del Banco de la República, sucursal Leticia, señalándose luego, en autos de septiembre 23 y octubre 4, el 22 de éste para la recepción de la indagatoria en Cali, a donde había sido desplazado el sindicado, pero como se imposibilitara nuevamente el traslado del instructor, la diligencia finalmente se llevó a cabo en Bogotá el día 21 de octubre de 1999, para luego suministrarse al defensor, en los días siguientes, copia del expediente.

Aproximadamente un año más tarde, esto es el 2 de octubre de 2000, y sin que durante dicho tiempo el procesado o su defensor hubieren actuado de alguna manera en el curso del sumario, se resolvió la situación jurídica de aquél, afectándosele con medida de aseguramiento de conminación por el punible de peculado culposo, luego de lo cual el abogado del sindicado demandó la práctica de unas pruebas que le fueron denegadas, por superfluas e inconducentes, en resolución del 19 de octubre que fuera confirmada, dado el recurso de apelación interpuesto por la defensa, en segunda instancia de enero 3 de 2001.

En tales condiciones, el día 23 de ese mismo mes y año, se clausuró la investigación y se dispuso el traslado para presentación de alegatos, los que efectivamente, tras una prórroga concedida a la defensa, fueron formulados, también, tanto por ésta como por el sindicado, para así proferirse, en septiembre 19 de 2001, resolución acusatoria por el referido delito que, por virtud del recurso de apelación interpuesto por el procesado y su defensor, fue confirmada con providencia de segunda instancia de noviembre 26 de dicha anualidad.

3. Ejecutoriada, en consecuencia, la acusación, se prosiguió con la etapa del juicio ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, donde, por razón del traslado de rigor, el acusado demandó la nulidad de la actuación por considerar que se le vulneró el derecho de defensa toda vez que, habiéndose abierto la instrucción y solicitado su vinculación, que le permitiese intervenir en la práctica de las pruebas y ejercer a plenitud el derecho de contradicción, aquella no se produjo pero a cambio sí se allegó a una serie de medios de convicción en cuya práctica obviamente no pudo participar, precisamente porque aún no ostentaba la condición de sujeto procesal. Sin embargo, añade, ya una vez vinculado, se solicitaron unas pruebas tendientes a demostrar su inocencia y la ampliación de otras que habían sido adjuntadas antes de la indagatoria, todo lo cual se le negó no obstante que habiéndose tomado la declaración del gerente del Banco de la República, sucursal Leticia, como base de la medida de aseguramiento, ella presentaba una serie de contradicciones que se habrían aclarado con la ampliación y el contrainterrogatorio.

A su vez, el defensor del acusado, solicitó se practicaren como pruebas:

a) Ampliar el testimonio del gerente del Banco de la República, oficina de Leticia, para tener la oportunidad de contrainterrogarlo y a través de él establecer la fecha hasta la cual la entidad tuvo a su cargo el control de cambios y divisas, así como el ofrecimiento de custodia a que alude la fiscaIía.

b) Oficiar al Banco de la República, sede principal, con el mismo fin de establecer la fecha hasta la cual ejerció el control de cambios y divisas y determinar el procedimiento que debía seguirse para la recuperación de dólares incautados.

c) Obtener ante la fiscalía las estadísticas de rendimiento laboral del acusado.

d) Practicar inspección judicial a los archivos de la fiscalía 33 seccional de Leticia para establecer si el arma desaparecida era la única que allí reposaba, las medidas de seguridad con que se mantenían ese tipo de elementos y si el procesado intentó o no entregar dicha clase de bienes en custodia a algún organismo de seguridad.

e) Con el mismo propósito se escuche en ampliación de declaración al secretario de la unidad de fiscalías de Leticia, así como al encargado del armerillo de la policía para establecer si en esa época se estaban o no recibiendo armas para custodia.

f) Oír el testimonio de los demás fiscales seccionales de Leticia, para que además de que declaren sobre la conducta del procesado, ratifiquen o desvirtúen si los organismos de seguridad con sede en esa localidad se negaban a recibir armas en custodia.

g) Inspección judicial al edificio donde funcionaba la unidad de fiscalías para determinar sus condiciones arquitectónicas y de seguridad.

h) Recabar información acerca de la vigilancia que se prestaba en dicha edificación.

Las decisiones impugnadas

Señalada la fecha para celebración de la audiencia preparatoria y llevada ella a cabo, dispuso el Tribunal Superior de Cundinamarca, resolviendo las peticiones de nulidad y de pruebas antes reseñadas, denegar la primera por considerar que el derecho de defensa, cuya vulneración se invoca, en momento alguno fue ignorado habida consideración que, si bien algunas pruebas fueron practicadas antes de que el sindicado hubiere sido vinculado mediante indagatoria, acto que además se truncó debido a los traslados de que fue sujeto el sindicado, a éste y al apoderado que designó se les enteró, de todas maneras, acerca de su adjunción teniendo luego de la recepción de la injurada, la oportunidad amplia y propicia para ejercer el derecho de contradicción respecto de las pruebas así legalmente allegadas, sólo que durante tiempo cercano a un año guardaron absoluto silencio, para pronunciarse sobre las mismas sólo a partir de la resolución de situación jurídica, de modo que en esas circunstancias solicitaron la práctica de algunos medios de convicción que le fueron negados por inconducentes y superfluos, apelaron tal determinación, presentaron alegaciones de conclusión, inclusive al defensor se le concedió una prórroga para ello, recurrieron la calificación sumarial, en fin, sostiene el a quo, tuvieron la oportunidad procesal de conocer con suficiente antelación el conjunto probatorio y de debatirlo, como en efecto lo hicieron, en diversos momentos del proceso.

En segundo término, frente a la petición de pruebas hecha por el defensor del acusado, resolvió el tribunal:

a) Escuchar en ampliación de declaración al gerente del Banco de la República, oficina de Leticia.

b) No acceder a oficiar al emisor con el fin de que se señale la fecha hasta la cual manejó el control de cambios y divisas y determine el trámite de custodia de éstas, pues, por lo primero, la prueba resulta irrelevante frente al supuesto fáctico de la acusación, no conduciendo una tal circunstancia a desvirtuar la imputación y, por lo segundo, deviene superflua, toda vez que dicho procedimiento fue declarado por el gerente del Banco de la República.

c) Abstenerse, igualmente por inconducente, en la medida en que en nada se relaciona con los hechos, de traer al proceso las estadísticas de rendimiento laboral del acusado.

d) Negar la práctica de inspección judicial a los archivos de la fiscalía 33 seccional de Leticia, para los fines pretendidos por el defensor, pues se hace manifiestamente superflua toda vez que en el proceso se halla demostrado que el arma desaparecida no era la única que se encontraba en la unidad y que el sitio donde reposaban ellas no era otro que el archivo, e impertinente frente al propósito de si en alguna oportunidad se solicitó su custodia a un armerillo de un organismo de seguridad, pues el propio enjuiciado admite que conservó dicha pistola para su protección personal.

Por las mismas razones negó la ampliación del dicho del secretario de la unidad, al igual que el testimonio del encargado del armerillo de la policía y aunque decretó la declaración de los otros fiscales, restringió su objeto simplemente a la conducta del procesado.

e) Finalmente, se negó a realizar una inspección judicial a las dependencias de la fiscalía de Leticia, para determinar sus condiciones de seguridad, toda vez que a primeras horas de ocurridos los hechos, la policía judicial practicó una, con toma de fotografías, de modo que se evidencia superflua e improcedente si se tiene en cuenta que a estas alturas esas condiciones han podido variar. También la considera superflua si su propósito es determinar la vigilancia policial que en aquellas se desplegaba, cuando en el expediente hay declaraciones de agentes acerca de cómo ella se realizaba.

Los recursos

En su debida oportunidad la agencia del Ministerio Público interpuso, contra la decisión sobre pruebas, el recurso de reposición porque en su sentir el testimonio del gerente del Banco de la República no se debía repetir, pues además de que la defensa tuvo la oportunidad de controvertirlo, su objeto es superfluo en la medida en que los puntos que se pretenden establecer ya fueron declarados por él y porque el supuesto error que se alega en su respecto es de valoración probatoria y no de la prueba misma.

Perseguía con su recurso, además, que se decretara, por el contrario, la inspección judicial a los archivos de la fiscalía y no se restringiera la declaración de los demás fiscales de la unidad de Leticia a la conducta del acusado, pues a través de dichos medios es posible establecer si en realidad hubo en dicha localidad dificultades para obtener la custodia de las armas.

Por su parte, el procesado interpuso, contra la decisión que le denegó la nulidad solicitada, el recurso de apelación habida cuenta que el expediente demuestra que se le impidió la participación efectiva en el recaudo probatorio, de modo que los medios de convicción se practicaron y allegaron a sus espaldas, máxime que habiendo solicitado su propia vinculación ha debido sucederse ésta en primer término y luego sí la práctica de pruebas. En ese orden, añade, la prueba así allegada fue ilegal porque no se le permitió contradecirla, entendido esto no en un sentido restringido, sino en el amplio que incluye el contrainterrogar.

A su turno, el defensor del enjuiciado coadyuva el recurso que éste formuló en contra de la decisión denegatoria de la nulidad y a la vez propone el de apelación contra aquélla que se pronunció sobre las pruebas por él solicitadas. Por virtud de lo primero demanda la revocatoria de la providencia para que en su lugar se proceda a declarar la nulidad de los medios de convicción ya que éstos se recaudaron con violación del debido proceso toda vez que, no restringiéndose el concepto de controversia a la simple contradicción luego de realizada la prueba, se le cercenó la posibilidad de intervenir en su práctica debido a la vinculación tardía del sindicado al proceso, situación que en este asunto, afirma, resulta inadmisible por haber sido el imputado quien demandó su propia indagatoria.

En relación con el auto que le negó la práctica de pruebas por él solicitadas, pretende, por virtud del recurso de apelación, sea revocado para que en su lugar se acceda a las mismas, tal como lo peticionó, por cuanto si lo que se trata es de establecer que el sindicado violó el deber de cuidado al que se hallaba obligado, la inspección judicial a los archivos de la fiscalía, las declaraciones de los fiscales sobre ese tópico, así como la inspección judicial a las instalaciones locativas de la unidad, tienen por propósito determinar que el acusado sí fue diligente en la custodia de esos elementos y que aunque pretendió acudir a otras entidades que contaban con mejores condiciones de seguridad, no logró su cometido por la negativa de las mismas. Además, añade, si bien se predica la existencia de una inspección a la edificación donde funcionaba la fiscalía, su propósito es el de que ella sea practicada por funcionario judicial.

Insiste, en aras de establecer el ánimo que movió al sindicado para no depositar en el Banco de la República los dólares incautados, se oficie a dicha entidad para que precise hasta cuando ejerció el control de cambios y divisas y determine los trámites de custodia y reintegro, pues la experiencia judicial del acusado indicaba que éstos eran engorrosos y costosos, de modo que el hacerlo implicaba más erogaciones y problemas para los propietarios de la moneda extranjera, de ahí que hubiere optado por conservarla a su directa disposición con la idea de que las instalaciones donde la dejó eran seguras, lo cual excluye, invocando para ese efecto jurisprudencia de la Corte, la omisión al deber de cuidado.

Por virtud del traslado que, en razón de los citados recursos de apelación, se concedió a los demás sujetos procesales, tanto la fiscalía como el Ministerio Público demandan la confirmación de la negativa de nulidad pues, sostienen en términos generales, ningún derecho se le vulneró al procesado por la manera en que se practicaron las pruebas ya que si bien, se allegaron algunas antes de su indagatoria, luego de ésta el sumario duró dos años más, por manera que él y su defensor tuvieron oportunidad suficiente de controvertirlas y porque, expresa el Ministerio Público, la vinculación tardía sólo se constituye en causal de nulidad en cuanto ella se produzca en las postrimerías de la instrucción pues de ese modo sí se dificulta la defensa.

Pronunciándose el a quo sobre los recursos interpuestos, negó la reposición formulada por la procuradora y concedió los de apelación propuestos por el acusado y su defensor.

Consideraciones

1. Establecido, por los artículos 29 de la Constitución Política y 13 del Código de Procedimiento Penal, que el sindicado tiene derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, siendo nulas, de pleno derecho, aquellas obtenidas con violación del debido proceso, no se constituye en irregularidad que vulnere esta garantía, ni la de defensa, la vinculación del procesado, posterior a la práctica de medios de convicción, por imposibilidad de intervenir en ésta, si por otro lado ha tenido la oportunidad no sólo de conocerlos, sino también de debatirlos y controvertirlos, entendiendo aquélla, no en el sentido, él sí restrictivo, que propone el defensor, sino en la posibilidad jurídica de contradicción, pues si bien el contrainterrogatorio es expresión de esa prerrogativa, es también claro que no es la única ni la principal.

En efecto, la contradicción, como principio probatorio, implica que un medio de convicción no podrá oponerse en contra del sindicado si aquél no es conocido por éste, pues, concurriendo además el principio de publicidad, es incuestionable que en el proceso no pueden obrar pruebas subrepticias u ocultas.

En ese orden, atendida además la naturaleza del proceso penal, donde como lo reconoce el mismo defensor, es plausible la práctica de pruebas, bien en la indagación previa o ya en la etapa del sumario, aún antes de la determinación y vinculación del imputado o sindicado, o por cuanto este acto supone la existencia de unos elementos de juicio que lo hacen viable de conformidad con el artículo 333 de la Ley 600 de 2000, la imposibilidad de que el futuro sindicado o imputado participe efectivamente en la práctica de esas pruebas no constituye irregularidad alguna precisamente porque, además de que carece de la condición de sujeto procesal que materializaría o posibilitaría esa oportunidad, la contradicción se cumple con la evidente ocasión que el indagado tiene a partir de su condición de sujeto procesal, pues, dado el carácter de este procedimiento, a partir de allí le es dable conocer las pruebas, debatirlas, controvertirlas, allegar otras que las desvirtúen, en fin ejercer una serie de acciones que tiendan a orientar el juicio del juzgador, no sólo a través de un interrogatorio que obviamente no es la única posibilidad de intervención en un tal sentido.

Por ello mismo, la alegación de ausencia de oportunidad en contrainterrogar, cuando las condiciones del proceso legalmente lo impedían, si acaso constituyere alguna irregularidad, no podrá subsanarse por vía de la nulidad, sino que bastaría, dado el curso del proceso, abrir una tal ocasión, en tanto, obviamente, se reúnan los requerimientos legales de pertinencia, conducencia y trascendencia, pues, es patente también, que el contrainterrogar por el simple acto de contrainterrogar carecería de sentido alguno.

2. En este asunto, se pretende por el acusado y su defensor, la nulidad de las pruebas, que no del proceso como tal, practicadas antes de su vinculación, pero además de que se incurre en el error de invocar genéricamente un tal remedio, sin especificidad alguna de las que se practicaron en indagación preliminar válidamente por las autoridades de policía judicial, o de las que se allegaron una vez abierto el sumario, una tal petición se evidencia contradictoria cuando, miradas las premisas antes expuestas, es claro que, controvertida, reiterada y exclusivamente la declaración del gerente del Banco de la República, oficina de Leticia, el a quo arribó a la solución antes planteada, esto es, abrir la oportunidad de que, por vía de la ampliación del testimonio en la etapa del juicio, el acusado y su defensor tengan la reclamada posibilidad de contrainterrogarlo.

Por ende, como en las anteriores circunstancias, el reclamo de la defensa y el acusado no demuestra la trascendencia, en torno a las garantías de defensa y del debido proceso, de la supuesta irregularidad, que en su sentir se constituye por no haber tenido la posibilidad de participar efectivamente en la práctica de las pruebas, antes de que se le hubiere vinculado como sujeto procesal, y siendo por el contrario patente que el conjunto de pruebas así recaudadas fue por ellos conocido y debatido por vía de solicitud de otras pruebas, de los alegatos de conclusión y de los diversos recursos que han interpuesto, subsanándose el alegado vicio, si es que se tuviere por tal, con la ampliación del testimonio del gerente del Banco de la República, en la etapa de juzgamiento, siendo tal prueba la única que de modo específico así reprochan, la decisión no podía ser ciertamente otra que la adoptada por el a quo, por ello se confirmará la negativa a decretar la nulidad.

Además, como lo sostiene la agencia del Ministerio Público ante el a quo, la vinculación tardía del sindicado no tiene, per se, los efectos invalidatorios que acá se persiguen, máxime que no se ha establecido legalmente un orden prioritario o secundario en la vinculación, pues ello depende de las circunstancias relativas de cada proceso o de la existencia de los elementos a que hace referencia el ya citado artículo 333 del Código de Procedimiento Penal; acaso dichos efectos se producirían sólo en la medida en que esa denominada tardía vinculación conllevare la imposibilidad jurídica de contradecir las pruebas, de conocerlas, debatirlas y controvertirlas.

3. Ahora bien, en relación con la providencia denegatoria de la práctica de algunas pruebas, habiendo el a quo partido del ineludible supuesto normativo, según el cual se inadmitirán aquellas que no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia de proceso o las que hayan sido obtenidas en forma ilegal, así como se rechazarán las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas, la decisión en esta instancia no ha de ser diversa a la de confirmar, pues el auto recurrido se aviene a dicha previsión normativa, toda vez que los medios de convicción cuya práctica se negó, resultan inconducentes, impertinentes o superfluos.

En efecto, siendo que la acusación al fiscal Fonseca Vergara lo ha sido por el punible de peculado culposo en cuanto, con su conducta omisiva del deber de cuidado que estaba obligado a observar, dio lugar a que bienes incautados a particulares, dejados a su disposición por razón de sus funciones, se extraviasen o perdiesen, porque a cambio de dejar una suma de divisas en custodia del Banco de la República y de entregar un arma al juzgado del circuito a donde había pasado el expediente del cual hacía parte, prefirió conservar la moneda extranjera en su escritorio y la susodicha pistola para su personal protección, no obstante antecedentes que informaban sobre la comisión de hurtos de otros elementos en las dependencias de la fiscalía, deviene incuestionable que la determinación de la fecha hasta la cual el emisor se encargó del control de cambios y divisas se presenta inconducente para desvirtuar los fundamentos de la acusación o para demostrar la veracidad de los hechos, pues lo que acá se cuestiona es la simple y material custodia de unos dineros sin que en ello tenga alguna incidencia el control de cambios o de moneda extranjera, así como superfluo determinar el procedimiento para lograr aquella acción, cuando las condiciones reales y materiales en que eso sucedería, así como su devolución, fueron declaradas por el gerente del emisor, con sede en Leticia, respecto del cual se dispuso por el a quo la ampliación de su testimonio en el juicio.

Del mismo modo, dado el supuesto fáctico de la acusación, establecido en el proceso y reconocido por el enjuiciado que el arma perdida o extraviada hacia parte de un asunto que ya había pasado a un juzgado de circuito para la consiguiente etapa, no obstante lo cual el funcionario la conservó para su protección, emergen igualmente inconducentes e impertinentes las pruebas, como la inspección judicial o la declaración de los fiscales de la unidad de la que hacia parte el procesado, tendientes a establecer si éstos o aquél habían ejecutado actividad alguna, infructuosa, para que los armerillos de los organismos de seguridad custodiasen la ahora extraviada pistola, única que en los hechos de que da cuenta este asunto se perdió, a pesar de que, como lo sostiene el a quo, en los archivos de la entidad, sin seguro, se hallaban otras.

Finalmente, se hace superfluo practicar por funcionario judicial, como lo pretende el defensor recurrente, una inspección a las dependencias donde funcionaba la Fiscalía 33 Seccional de Leticia, pues, sin que se hubiere formulado ninguna tacha de invalidez ni obre elemento de juicio que permita hacerlo de modo oficioso, ya obra en el expediente la que a primeras horas de ocurridos los acontecimientos materia de acusación y dentro de una investigación previa, realizó la policía judicial, con base en la cual se tomaron las fotografías que igualmente obran en el expediente y ratifican de diversos modos los agentes que declararon en este asunto, dando cuenta además de la forma en que se prestaba el servicio permanente de vigilancia a la edificación.

Es claro que una inspección en ese sentido, tal como lo señala el recurrente con apoyo en jurisprudencia de la Sala, si concurriría a precisar o establecer la verdad de los hechos, no obstante las diferencias sustanciales que existen con respecto al caso que se trae como sustento pues allí se trataba de un elemento para el cual no existían organismos oficiales encargados de su custodia, como si lo existen en relación con el dinero o las divisas y en relación con las armas de fuego, por eso la negación a repetir una tal diligencia no tiene por fundamento su inconducencia o impertinencia sino, en este caso, su condición de superflua, porque existe en la actuación una inspección practicada por funcionarios de policía judicial de conformidad con las facultades precisadas por el Código de Procedimiento Penal, de modo que la simple afirmación del apelante acerca de que es su deseo de que se practique por funcionario judicial, no resulta ser motivo jurídicamente plausible como para disponer su iteración.

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

CONFIRMAR las decisiones por medio de las cuales, en audiencia preparatoria celebrada el pasado 6 de marzo del año en curso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca denegó la solicitud de nulidad hecha por el acusado Jairo Daniel Fonseca Vergara, así como la práctica de las pruebas que, solicitadas por el defensor, se precisaron en esta providencia.

Comuníquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.

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