Sentencia 19261 de noviembre 6 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS MUNICIPIOS

POR LAS OBLIGACIONES LABORALES DE SUS CONTRATISTAS

EXTRACTOS: «Resuleve la Corte el recurso de casación que interpuso el municipio de Apartadó contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, dictada el 19 de abril de 2002, en el proceso ordinario laboral que en su contra promovieron Alirio de Jesús Zapata Castrillón y Alfredo Tafur Mayorga.

Antecedentes

Alirio de Jesús Zapata Castrillón y Alfredo Tafur Mayorga demandaron a la Sociedad Ingenieros y Tecnólogos Constructores Ltda. Inytec Ltda. en causal de disolución, y el municipio de Apartadó, para que se les condene solidariamente a pagarles lo que les causare a deber a cada uno por salarios insolutos, cesantías e intereses con la sanción por no pago, primas de servicio, vacaciones, indemnización por despido, indemnización por mora en el pago de los salarios y prestaciones sociales y las costas del proceso.

Para fundamentar las pretensiones afirmaron que laboraron al servicio de Ingenieros y Tecnólogos Constructores Ltda. Inytec Ltda., en la construcción del alcantarillado colector principal en el barrio La Chinita de Apartadó; que se les adeudan salarios y fueron despedidos sin mediar justa causa; que la empleadora estaba adelantando en virtud de un contrato con el municipio de Apartadó la construcción del referido alcantarillado, por lo que el ente territorial es solidariamente responsable como beneficiario de la obra, de los salarios, prestaciones e indemnizaciones que adeude el contratista; que a la terminación de los contratos de trabajo, la sociedad contratista no les pagó las cesantías y demás derechos laborales; que el municipio de Apartadó ha ignorado la reclamación de los demandantes, lo que sumado a la falta de pago por parte del contratista, respalda la pretensión de indemnización moratoria por la evidente mala fe.

El municipio de Apartadó aceptó el hecho octavo, dijo que el noveno no es un hecho, que el quinto y el sexto no son ciertos, y que los demás no le constan, que se prueben. Llamó en garantía a la Compañía Latinoamericana de Seguros S.A. (hoy Seguros Liberty S.A.) y a la Compañía de Seguros Alfa S.A.

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia de 15 de agosto de 2001, condenó a Ingenieros y Tecnólogos Constructores Ltda. “Inytec” y al municipio de Apartadó, solidariamente, a pagar a Alirio Zapata Castrillón y a Alfredo Tafur Mayorga por salarios insolutos, cesantía, intereses a la cesantía, sanción por no pago de éstos, prima de servicios y vacaciones proporcionales, $ 479.875.35 y $ 305.235.20, y por indemnización moratoria $ 40.000 y $ 39.262.50, diarios, desde el 30 de octubre de 1998, respectivamente, hasta que se cancelen las acreencias adeudadas; condenó a las llamadas en garantía, Liberty Seguros S.A. y Seguros Alfa S.A. a responder por las obligaciones que el municipio de Apartadó tenga que sufragar por esta sentencia, hasta la cantidad de $ 61.198.803, y condenó en costas.

La sentencia del tribunal

Por apelación del municipio de Apartadó y de las llamadas en garantía, el tribunal, en la sentencia aquí acusada, confirmó la del juzgado.

Dijo el tribunal:

“Por no estar de acuerdo con la sentencia condenatoria, apelan, el municipio de Apartadó y las compañías de Seguro Liberty Seguros S.A. y Seguros Alfa S.A.

Las últimas, porque no están de acuerdo en que se haya condenado a la sanción moratoria a la empresa Inytec Ltda., y se haya extendido esa sanción, solidariamente al municipio de Apartadó.

En cuanto a la sanción moratoria, porque los demandantes abandonaron sus responsabilidades laborales, y por ende la obra, lo que llevó al municipio a la liquidación del contrato con Inytec Ltda. y por lo tanto causaron un perjuicio con su conducta, y se pregunta ¿si será justificado el no pago de salarios y prestaciones sociales al trabajador que con su comportamiento imprudente y negligente genera en el empleador un perjuicio tal que lo coloca en la imposibilidad absoluta de cumplir cualquier obligación económica a tal punto que lleva a la empresa a la liquidación?

Porque la sanción moratoria sólo se puede imponer frente al verdadero patrono, pero no al beneficiario de la obra, máxime cuando éste no tiene dentro de sus actividades la construcción de obras civiles, como es el municipio de Apartadó.

El municipio de Apartadó, porque considera que no obraron de mala fe, ya que los demandantes no alcanzaron a conseguir que se condenara a la indemnización por despido; y al contrario, con su abandono al trabajo, lo que consiguieron es que deban pagar los 30 días de salario por rompimiento sorpresivo del contrato; y en cuanto a la sanción moratoria, porque fueron los demandantes los que con su abandono del trabajo, dieron lugar a la liquidación de la obra.

Teniendo en cuenta que los demandantes, no apelaron, y además, el municipio de Apartadó —fl. 207— consignó las sumas que se le impusieron en la sentencia, la Sala estudiará lo relativo a las inconformidades señaladas en la sustentación del recurso, que específicamente se refieren a la mora y a la solidaridad, pues, lo de la devolución o retención de los 30 días de salario, por un presunto retiro intempestivo de los demandantes no formó parte de la contienda.

Lo primero que advierte la Sala, al estudiar lo de la indemnización moratoria, es que ni aun con el abandono del cargo, por parte del trabajador, el empleador puede dejar de pagar los salarios y prestaciones sociales, y mucho menos, cuando la ley le permite consignar ante el juez del trabajo, y precisamente, esta consignación tiende a evitar que siga corriendo la mora.

Pero de otro lado, según el artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo, el trabajador no puede asumir los riesgos o pérdidas del empleador, sino únicamente, participar de las utilidades.

En el caso sub judice, como lo analiza bien el a quo, a los demandantes les dejaron de pagar salarios y prestaciones sociales, y por ello hace la condena por indemnización moratoria.

En lo que respecta a la solidaridad, no es cierto que el municipio no lo sea, como beneficiario de la obra, pues dentro de sus objetivos sociales está el de adelantar las obras públicas necesarias para la comunidad, bien directamente o por intermedio de contratistas, como en este caso.

Y no parece correcta la interpretación que el apelante le da al artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, sobre los contratistas independientes, pues, por parte alguna la norma se refiere a la sanción moratoria, sino que consagra la obligación de pagar las prestaciones e indemnizaciones, y en este (sic) última no hay duda, esta (sic) la indemnización moratoria”.

El recurso de casación

Lo interpuso el municipio de Apartadó. Con él pretende que la Corte case totalmente la sentencia del tribunal y que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y declare que el recurrente no tiene que responder solidariamente por el pago de salarios y prestaciones, se condene en costas de ambas instancias y de este recurso a los demandantes y a Inytec Ltda.

Con esa finalidad formuló un cargo que fue replicado.

(...).

Consideraciones de la Corte

Advierte la Sala, en primer término, que no está mal estructurada la proposición jurídica, porque para el efecto basta señalar el precepto sustantivo de orden nacional que se estime violado, que en el caso presente indica el recurrente que lo fue el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que la omisión que se reprocha carece de la transcendencia que le adjudica la réplica. Además, el litigio gira, en lo que ahora interesa, en torno de esta norma pues se trata de definir la responsabilidad solidaria de unas obligaciones surgidas de un contrato de trabajo celebrado con un empleador particular.

El tribunal, como atrás quedó dicho al trascribir sus consideraciones, se basó esencialmente en que el municipio de Apartadó, como beneficiario de la obra, es solidario con el empleador, porque dentro de sus objetivos sociales está el de adelantar obras públicas comunitarias, por lo que tuvo razón al confirmar la condena fulminada por el a quo, puesto que la solidaridad no es más que un modo de proteger los derechos de los trabajadores, para cuyo efecto se le hacen extensivas al obligado solidario, las acreencias laborales insolutas, en su calidad de dueño o beneficiario de la obra contratada, ante la eventual insolvencia del deudor principal, que no es otro que el empleador.

Así lo sostuvo esta Sala de la Corte en sentencia de 25 de mayo de 1968, en uno de sus párrafos:

“Mas el legislador, con el sentido proteccionista que corresponde al derecho laboral, previendo la posibilidad de que el contrato por las grandes empresas, como vehículo que les sirva para evadir las obligaciones sociales, y dada la frecuencia con que los pequeños contratistas independientes caen en la insolvencia o carecen de la responsabilidad necesaria, sin desconocer el principio de que el beneficiario de la obra no es en caso alguno el sujeto patronal, estableció expresamente, a favor exclusivo de los trabajadores, la responsabilidad solidaria del contratista y del beneficiario por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que puedan tener derecho, sin perjuicio de que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o repita contra él lo pagado a esos trabajadores”.

Por tanto, esta figura jurídica no puede asimilarse ni confundirse con la vinculación laboral, la cual se realiza con el contratista independiente, donde el obligado solidario no es más que un garante para el pago de sus acreencias, por lo que el trabajador puede también exigirle el pago total de la obligación demandada.

Y no por ello puede decirse que se le esté haciendo extensiva la omisión patronal al municipio demandado. La deficiencia es del empleador, pero los derechos respecto de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, como lo enuncia el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que de ella emanan, son exigibles al contratante en virtud, como antes se anotó, de la solidaridad que estableció el estatuto sustantivo laboral, en procura de amparar los derechos de los asalariados.

Así también lo reiteró esta corporación en ocasión anterior:

“La fuente de la solidaridad, en el caso de la norma, no es el contrato de trabajo ni el de obra, aisladamente considerados, o ambos en conjunto, sino la ley: ésta es su causa eficiente y las dos convenciones su causa mediata, o en otros términos: los dos contratos integran el supuesto de hecho o hipótesis legal. Ellos y la relación de causalidad entre las dos figuras jurídicas, son los presupuestos de la solidaridad instituida en la previsión legal mencionada” (sent. sep. 23/60, G.J. XCIII, 915).

Por ello, ninguna trascendencia jurídica tiene el hecho de que haya producido iliquidez en la empresa contratista empleadora la declaratoria de caducidad del contrato de obra mencionado, debido a la parálisis de las actividades de construcción, como consecuencia del abandono injustificado de los trabajadores demandantes, lo que implica que nada se opone a la imposición de la obligación solidaria, puesto que ésta emana de la ley, como ya se dijo.

Ahora, frente al tema de constituir la prestación de los servicios públicos una actividad propia o extraña a las funciones de un municipio, debe decirse que si la razón de ser de una organización estatal es la de asegurar para los integrantes de la sociedad correspondiente unas condiciones de vida digna, fluye como inherente a las obligaciones de los entes estatales, particularmente los propios del poder ejecutivo, el atender por sí o por interpuesto contratista, la prestación de los servicios requeridos para tal finalidad, dentro de los cuales aparece con claridad, el de las obras de alcantarillado, por lo que, frente a tal argumento, no aparece error interpretativo alguno del tribunal respecto el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo cuando para aplicar la solidaridad prevista en dicha norma encontró conexidad entre la función del contratista y las actividades propias del municipio.

Por otra parte, no debe perderse de vista que la razón histórica que inspiró la consagración normativa de la solidaridad, de que ahora se ocupa la Sala, fue evitar que los derechos de los trabajadores resultaran afectados cuando por la ejecución de una obra los contratistas o subcontratistas no tuvieren la solvencia económica para responder por las obligaciones laborales causadas, de modo tal que pudiera obligarse al contratante, beneficiario de ella, a satisfacerlas, facultándole a su vez la acción de repetición por lo pagado.

Finalmente no sobra añadir que la misma norma que sirvió de soporte al tribunal para impartir condena solidaria al municipio de Apartadó, o sea el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, faculta a éste para que tome las garantías necesarias. Y eso fue lo que precisamente hizo el demandado en solidaridad cuando procuró que Inytec Ltda. tomara las pólizas de seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales con Seguros Liberty S.A. y Seguros Alfa S.A.

De ahí que no prospera el cargo.

Como hubo oposición, las costas del recurso estarán a cargo de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, dictada el 19 de abril de 2002, en el proceso ordinario laboral que promovieron Alirio de Jesús Zapata Castrillón y Alfredo Tafur Mayorga contra el municipio de Apartadó.

Costas en casación a cargo del recurrente».

(Sentencia de casación, 6 de noviembre de 2002. Radicación 19.261. Magistrado Ponente: Dr. Germán G. Valdés Sánchez).

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