Sentencia 19289 de agosto 11 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Expediente: 19.289 (R-961277)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: Nelly Bermúdez de Muñoz y otros

Demandado: Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C, once de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones:

1. Debe anotarse que las pruebas del proceso penal por el homicidio de Héctor Jaime Muñoz Bermúdez, seguido ante el Juzgado 73 de Instrucción Penal Militar con sede en la Policía Metropolitana de Medellín,(1) pueden ser valoradas en el presente proceso, toda vez que por reiterada jurisprudencia de la Sala,(2) se ha considerado que fueron practicadas con audiencia de la parte demandada, a lo que debe agregarse que esta, en la contestación, se atuvo a las pruebas aportadas y solicitadas por la parte actora (fl. 35).

Sin embargo, en relación con las indagatorias de los miembros de la Policía Nacional, que obran en el proceso citado, no pueden trasladarse al contencioso administrativo, ya que no pueden valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de declaraciones rendidas por un tercero, no cumplen las exigencias del testimonio, pues carecen del requisito del juramento, como lo prescribe el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil.

2. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 8 de agosto de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se negaron las pretensiones de la demanda. Con esa finalidad, la Sala analizará el daño antijurídico y la imputación en el caso concreto:

2.1. El 21 de junio de 1995, en Medellín, murió Héctor Jaime Muñoz Bermúdez a consecuencia de “choque hipovolémico múltiples heridas viscerales con proyectil de arma de fuego. La herida en la aorta abdominal es una lesión de naturaleza esencialmente mortal”; de acuerdo con certificado de registro civil de defunción de la Notaría 26 de la misma ciudad y el acta levantamiento de medicina legal (fls. 7 y 155).

El cadáver presentaba 10 heridas de bala, en el cuello, tórax y abdomen, casi todas con trayectoria adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda; solo en dos heridas esta última trayectoria se invierte (fl. 156). Se estableció que los dos proyectiles y los dos fragmentos de proyectil de arma de fuego, recuperados del cuerpo del occiso, correspondían a un arma “tipo revólver, calibre .38 Special” (fl. 264).

2.2. Sobre la forma como sucedió el hecho, en el acta de inspección de cadáver, elaborada por la Unidad Primera de Reacción Inmediata, Fiscalía 171 de Medellín, y realizada en la Unidad Intermedia de Belén, donde fue trasladado el occiso (fl. 195), se hicieron las siguientes anotaciones:

OBSERVACIONES: El paciente ingresó sin vida a dicha unidad intermedia de atención médica procedente de la carrera 65 con la calle 30, al parecer de los lados de la parte posterior de la bodegas de “almacenes Ley”, fue llevado allí a por unidades de la policía en la patrulla distinguida X/-3 (laboratorio móvil de criminalística de la Upoji - Meval) (Sic). En el puesto de enfermería una de las enfermeras procedió a realizar la entrega de la billetera y otros elementos que tenía en su poder el ahora occiso y se detallan así: ... permiso para porte de arma de fuego PO155437 para revólver llama Nº externo IM8886M calibre 38L válido 15/96... una pequeña cartera que contiene seis (06) proyectiles calibre treinta y ocho largo (38 L)... la enfermera nos indica que dichos elementos los había entregado a ella la policía... VERSIONES: un radioaficionado se comunicó con línea 300 —sistema de comunicación del municipio de Medellín— y empezó a reportar la ubicación de dos volquetas que habían sido hurtadas y por ello CAMERÚN —código de la policía en dicha frecuencia— destinó patrullas para la persecución, posteriormente se nos informa, a esta unidad de fiscalía, que uno de los que hurtó dicho vehículo había sido dado de baja, en enfrentamiento y se encontraba sin vida, en la Unidad Intermedia de Belén, el laboratorio móvil criminalístico (Sic) de la Sijín denominado X73, nos esperaba en dicho sitio informándonos que los elementos que tenía el occiso se encontraban en la enfermería de dicho centro asistencial, efectivamente la enfermera ELIZABTEH GONZÁLEZ, (Sic) nos entregó los elementos relacionados en esta acta y se le firmó por parte del auxiliar de este despacho una constancia de entrega de los mismos, es de anota que de allí nos dirijimos (Sic) al sitio de los hechos es decir la calle 65 con carrera 30 a llegar a este sitio y no encontrar nada nos comunicamos con línea de 300 con el código CAMERÚN (POLICÍA NACIONAL) a fin de verificar la dirección exacta del insuceso, siendo informados que las volquetas a las que se hace referencia en el inicio de estas versiones había sido trasladadas hacía las instalaciones de la SIJÍN - MEVAL (F2) de Belén hacía allí nos dirigimos y allí fuimos atendidos por las unidades de dicho sitio, quienes manifestaron a eso de las dos (2) de la tarde del día de hoy [21 de junio de 1995] pondrían a disposición de este funcionario, las volquetas además de un revólver y unas persona detenidas en el operativo de decomiso de las volquetas y que dio con la baja de la persona a la que hoy se está inspeccionando su cadáver, es de anotar que a eso de las 2 de la tarde se hizo presente la unidad de policía comandada por el CS. UPEGUI URIBE JAIME ALBERTO, que dejó a disposición de este despacho los elementos a los que nos hemos venido refiriendo en esta última parte (volquetas y revólver) y puso a disposición tres personas que viajaban en dichos vehículos, en dicha acta o informe policial se deja a disposición a los señores JESÚS ALBERTO BEDOYA, JORGE IVÁN RESTREPO, WILLIAM RODRIGO ARANGO NARANJO, por supuesto hurto de dichas volquetas, es de anotar que dicho hurto no aparece respaldado con prueba alguna y no se puede de buenas a primeras achacar un delito porque para nosotros existió, es menester y más siendo miembros de esta organización estatal que manejamos, que nuestros criterios sean prudentes y con pruebas que podamos al menos concluir que existe un delito determinado, es igualmente necesario recalcar que cuando este despacho se dirigió a la SIJÍN - MEVAL se seguía diciendo por parte de los agentes que participaron en el operativo, que se había dado de baja a un jalador de carros que se había enfrentado a ellos, en ese momento no se hizo necesaria la prueba de absorción atómica, luego y como se verá en declaraciones la misma pudo ser conducente, pero cuando se avisó al anfiteatro municipal a eso de las 4:50 p.m. sí se podía realizar dicha diligencia, se nos informó que era imposible pues el cadáver ya había sido lavado, arreglado y entregado a los familiares...” (fls. 99 a 101) (mayúscula sostenida en el original) (negrillas de la Sala).

En el informe del jefe de tripulación, cabo segundo, Jaime Alberto Upegui, adscrito a la Sijín Meval, dirigido al fiscal 171, dejó a disposición, en calidad de retenidos, a Jesús Alberto Bedoya, Jorge Iván Restrepo y William Rodrigo Arango Naranjo, y dos volquetas Chevrolet, modelo 1995, de propiedad de Harbey Diez Giraldo y Héctor Jaime Muñoz Bermúdez, de placas LAK-461 y LAK-460,(3) así mismo señaló:

“De igual manera dejó a disposición el revólver marca Llama martial, calibre 38 largo, pavonado, cachas de madera, Nº externo IM-8886M, Nº interno 30913, seis alveolos, con tres cartuchos calibre 38 largo y tres vainillas del mismo calibre (fl. 102).

En el examen de balística de medicina legal se concluyó que las vainillas enviadas para estudio “si fueron percutidas por el revólver marca Llama, calibre .38 Special, Nº IM8886M, dicho de otra manera se estableció la uniprocedencia entre la vainillas y armas enviadas para el correspondiente experticio” (fl. 188)(4).

2.3. En el mismo informe se da cuenta del hecho, de la siguiente forma:

“Siendo aproximadamente las 09:10 horas del día de hoy la estación cien (central de comunicaciones de la Policía Nacional), recibió una información procedente de la línea telefónica Nº 2-352879 la que daba cuenta que en la vía regional a la altura de la fábrica de cementos ARGOS, habían sido hurtadas dos volquetas de color blanco de placas LAK- 460 y LAK-461, las cuales se dirigían por esa misma vía y se encontraban atazcados (sic) en un trancón vehicular. De inmediato la central reportó a las unidades adscritas a la sección del grupo de automotores de la SIJÍN por el sitio antes mencionado sobrepasando algunas de ellas que se dirigían en sentido contrario al de las volquetas, es decir con sentido oriente occidente se dirigían las volquetas y viceversa las unidades policiales, dado que el sitio es separado los carriles por una canalización. Al llegar a la altura de la carrera 65B con calle 30 concretamente a la altura de la volqueta de placas LAK-460, en el cual se movilizaban los señores JORGE IVÁN RESTREPO Y WILLIAM RODRIGO ARANGO, siendo interceptados por los agentes MELO MEDINA JORGE DE JESÚS, VALENCIA BUITRAGO GERARDO, de inmediato los ocupantes de este vehículo detuvieron la marcha atendiendo los requerimientos de los policiales; es de recalcar que ambos vehículos se desplazaban encarabanados y a gran velocidad.

“Posteriormente con relación al primer vehículo inmovilizado aproximadamente dos cuadras más adelante fue interceptada la otra volqueta de placas LAK-461, conducida por JESÚS ALBERTO BEDOYA y como acompañante HÉCTOR JAIME MUÑOZ BERMÚDEZ, por los policiales CS. UPEGUI URIBE JAIME ALBERTO y agente, GONZÁLEZ ALZATE JOSÉ JAIR, los cuales solicitamos a los ocupantes de vehículo detener la marcha y bajarsen (sic) con las manos en alto para efectuarles una requisa, el señor JESÚS ALBERTO BEDOYA (conductor), atendió el requerimiento descendiendo del vehículo por la portezuela del lado izquierdo, siendo requisado en ese mismo sitio por el suscrito CS UPEGUI, entre tanto el agente GONZÁLEZ ALZATE, sobrepasaba por la parte delantera del automotor para efectuar la requisa al ocupante de este vehículo es decir a HÉCTOR JAIME MUÑOZ, el cual descendió del automotor empuñando un arma de fuego, yo continuaba realizando la requisa a JESÚS ALBERTO y verificando sus documentos, cuando escuchaba que el agente GONZÁLEZ, le solicitaba a HÉCTOR JAIME que soltara el arma, de inmediato llegaban otra unidades policiales para apoyar el procedimiento, repentinamente escuché dos detonaciones de arma de fuego casi que en forma simultánea, de inmediato aseguré al conductor haciéndolo arrojar al piso y avance escasamente metro y medio por el lado izquierdo del vehículo para verificar el estado del agente GONZÁLEZ, pero este se encontraba agachado en posición de fuego cubriéndose con la volqueta al parecer de un eventual ataque, pero la reacción de la unidad policial fue oportuna defendiéndose a la vez haciendo uso de su arma, de aquí en adelante escuché otras detonaciones de arma de fuego pero desconozco de donde provenían. Posteriormente aparece allí por el lado derecho del vehículo el DG. CASTRILLÓN YEPES CARLOS, quien también había reaccionando contra el agresor, el cual se había incorporado después de haber sido lesionado accionado nuevamente el arma tratando de agredir nuevamente al agente GONZÁLEZ, por lo que ambas unidades el DG. CASTRILLÓN y el AG, GONZÁLEZ, volvieron a hacer uso de sus armas entre tanto según (sic) llegando al lugar de los hechos más unidades policiales incluyendo ejército que ocasionalmente pasaban por el lugar, de allí fue recogido gravemente herido el señor HÉCTOR JAIME MUÑOZ BERMÚDEZ y conducido a la Unidad Intermedia del barrio Belén donde minutos más tarde falleció, siendo este identificado..., el cual llevaba en su cuerpo varios impactos de arma de fuego. Del lugar de los hechos se recogió el arma que portaba el ahora occiso HÉCTOR JAIME MUÑOZ y el cual ya está relacionado (Sic), al igual que los cartuchos y vainillas que contenía” (fls. 103 y 104) (mayúscula sostenida en el original) (negrillas de la Sala).

2.4. En declaración ante el juzgado 73 de instrucción penal militar, el CS. Jaime Alberto Upegui Uribe, manifestó que el radio operador dio aviso del hurto de dos volquetas, a las cuales dieron alcance, en el sitio ya citado, en compañía del agente González:

“Procedimos a indicarles a los ocupantes de la misma que detuvieran la marcha y se bajaron con las manos en alto para requisarlos, yo me hice al lado del conductor el cual descendió y levantó los brazos colocándose en el lado izquierdo frente a la puerta de la cabina de la volqueta, entre tanto el agente GONZALEZ lo vi que avanzó hacía el frente del vehículo indicándole al otro ocupante que se bajara para una requisa... poco después escuchó (Sic) que el agente GONZÁLEZ le gritaba que levantara las manos y que soltara el arma, luego de unos segundos empecé a escuchar disparos yo procedí a coger al conductor y ponerlo en el piso boca abajo como medida de seguridad, ya en ese momento se encontraban en el lugar de la patrulla X-4-5 y la patrulla del TE. URIBE CORREDOR X8, así como al otro lado de la canalización coincidencialmente pasaba un camión del Ejército escuchándose disparos por todos lados, posterior a eso, di la vuelta a la volqueta y pude observar al individuo que iba en la volqueta en el suelo herido, después una patrulla uniformada trasladó el herido hasta la Unida Intermedia de Belén... se me olvidaba aclarar que cuando tuve a la vista al herido a un lado de este había un arma de fuego la cual al revisarla se encontraba con tres proyectiles disparados procedimos a trasladar las volquetas y las tres personas que iban en ella a la Sijín... El portaba [el agente González] un arma de dotación un revolver la cantidad de disparos la desconozco ya que se escuchaban disparos por todos lados, inclusive disparos por (sic) hechos por el ejército al lado derecho de la canalización... nos encontrábamos uniformados y nos movilizábamos en dos motocicletas de la policía... (fl.137 a 139) (mayúscula sostenida en el original) (negrillas de la Sala).

El teniente Álvaro Uribe Corredor, llegó al sitio de los hechos:

“... yo iba con mi conductor AG. OSORIO ARCILA y cuando fui a bajarme del vehículo escuché unos disparos entonces el tipo estaba por el lado derecho de la puerta, un agente en la parte delantera de la volqueta, y hubo fuego cruzado, el tipo de lo que alcance a ver estaba apuntando al lado izquierdo de él, o sea para el lado... de donde estaba un agente como que tenía un chaleco, yo ya me había bajado del vehículo pero estaba agachado, entonces yo escuché los disparos que fueron confusos, pero eran hartos disparos, no sé sí el tipo disparó o no pero yo veía humo, el tipo disparó o con la mano como hacía adelante, y luego giro el cuerpo como hacía atrás es difícil establecer si el disparó o no, porque no veía muy bien yo, pero se veía humo, y se oían los disparos, ya después fue que el tipo cayó yo me aproximé y le pregunté al agente que me informara si estaba herido o algo, el agente me mostró que no, entonces me aproximé donde estaba el tipo como herido, y tenía el revólver en la mano derecha, no directamente en la mano derecha sino ahí en el costado derecho, tenía como signos vitales...” (fls. 213 y 214) (mayúscula sostenida en el original) (negrillas de la Sala).

2.5. Contrastan las anteriores versiones de los hechos, con las diferentes declaraciones del conductor del vehículo, Jesús Alberto Bedoya. En la primera declaración ante la Sijín Meval, manifestó, que venía de Fredonia a Medellín, para recoger un cargamento de adobe en el tejar El Pomar, salieron a eso de las 6:45 de la mañana:

“... y ya nos dirigimos hacia Medellín cuando subíamos por la calle 30 hacia el tejar El POMAR cuando noté que el retrovisor que venían unas motos con agentes de la policía amenazando al otro conductor de la volqueta que venían atrás para que pararan y entonces yo paré también para ver qué era lo que pasaba entonces en ese momento le dije a mi compañero o sea JAIME que venía la policía que algo pasaba y él... no me dijo nada solamente se bajó por la puerta derecha tomó el revólver y procedió repito a bajarse por el lado derecho de la volqueta en ese momento llegaron dos agentes de la policía en una moto y yo me bajé por el lado izquierdo cuando me cogió un agente y el otro dio la vuelta por delante de la volqueta para detener al otro el agente llevaba el revólver en la manos y empecé a escuchar unos disparos cuando miré hacia ese lado y vi que el agente le estaba disparando al compañero mío después me cogieron a mi muy bruscamente y me tiraron al piso luego me subieron a un vehículo y me golpearon en la espalda muy fuerte con una metralleta y me trajeron aquí... cuando se bajó de la volqueta lo tenía en la mano [el revólver] eso fue el error de él porque donde lo deje en el carro no le había pasado nada... no hubo ninguna discusión [entre el agente que conoció el caso y el occiso]... no no (Sic) alcanzaba a ver a JAIME [si disparó el arma contra la fuerza pública] el único que lo podía ver era el agente... si a él [el agente que disparó a Jaime] si lo veía porque este estaba situado más adelante o sea por el lado de trompa del carro... no alce (sic) a contar pero si hubo muchos disparos porque le disparaban a unos muchachos también... bueno estaban por todos lados de la volqueta armados y todos disparaban no sé de donde eran... si lo vi con vida [después de efectuarse los disparos] porque él estaba moviendo la cabeza lo vi cuando yo estaba en el piso... si lo que hizo mi compañero fue un momento de susto pero él no pensaba disparar porque no teníamos culpabilidad de nada lo más posible es que el agente disparó pensando que nosotros si éramos haladores (sic) de carros y él portaba el arma porque el escoltaba las dos volquetas desde hace dos meses aproximadamente desde que trajeron las volquetas” (fl. 106 y 107) (mayúscula sostenida en el original) (negrillas de la Sala).

El testigo, ante el fiscal seccional 171, relató los mismos hechos, pero precisó:

“... entonces íbamos por la calle 30 con la 65 cuando miré por el retrovisor y vi que una moto con dos agentes de la policía estaban amenazando al conductor de la volqueta 460, es decir a Jorge, ya que yo iba adelante, entonces yo le dije a Jaime paremos que viene la policía, vamos a ver qué pasa, en ese momento él tomó el revólver que estaba sobre el asiento y procedió a bajarse, yo me bajé por el lado izquierdo y ya estaba siendo intimidado por los agentes de la policía, otra moto, entonces es lo que quiero aclarar, yo me baje por el lado izquierdo y un agente me llevó hacía la trompa del lado izquierdo y en ese momento vi que el otro agente le estaba disparando a Jaime. El agente yo lo vi llegó fue disparando, seguramente él creyó que Jaime le iba a disparar porque lo vio con el revólver en la mano, pero reitero que el agente de la Ponal, no dijo nada, como alto policía o algo así, sino que llegó disparando, entonces me cogieron a mí y me tiraron contra el volco de la volqueta después sentí tres tiros al lado donde estaba Jaime, y luego ya me cogieron y me tiraron atrás de la volqueta en el piso y ahí fue donde levante la cabeza y vi a Jaime tirado en el piso, aclaro lo siguiente, cuando los policías me tenían parado al lado izquierdo de la volqueta, yo escuché y vi que una persona de civil armada con una metralleta, pasó hacia el lado derecho y escuché unas detonaciones, entonces el agente que le había disparado en un principio le gritó no le des más que ya está listo... Yo estoy seguro que el revólver estaba con los seis tiros completos y también que él [Héctor Jaime] nunca disparó el mismo contra la autoridad...” (fls. 108 y 109).

El testigo declaró lo mismo ante el juzgado 73 de instrucción penal militar, insistió en que “él [Héctor Jaime] únicamente se dirigió a bajarse [de] la volqueta con el revólver en la mano pero él en ningún momento le disparó a la Policía porque nosotros no éramos culpables de nada, y apenas él se bajó fue que uno de los policías le disparó... Estaba al frente de la cabina [el agente de la policía que disparó], Héctor Jaime se bajó no alcanzó a cerrar la puerta de la volqueta cuando en esa apareció el agente al frente de la volqueta e inmediatamente le disparó sin preguntar nada, este agente le hizo aproximadamente cuatro o cinco tiros porque es que los otros se lo pegó otro agente con una metralleta, pero esto fue cuando ya lo acribillaron en el piso” (fl. 148).

En el mismo sentido declaró en la inspección judicial realizada por el juzgado penal militar, reiteró que “yo estoy seguro que [a] mi compañero no le gritaron nada porque él no tenía intención de dispararle a nadie nos bajamos juntos y en ese momento llegó el agente el cual empezó a dispararle sin decirle nada porque yo hubiera alcanzado a escuchar si lo (sic) hubieran dicho que se entregara” (fls. 193). Sobre la intervención de miembros del Ejército manifestó “Que yo halla (sic) visto dispararle a mi compañero los Ejército no (Sic), ellos a mi compañero no le dispararon pero sí estuvieron presentes en el lugar de los hechos ellos llegaron al momentico, llegaron casi iguales con los agentes de civil, ellos llegaron por la treinta (30) bajando ahí llegó un capitán del ejército estuvo parado ahí, pero no más” (fl. 193).

2.6. En el álbum fotográfico de la inspección judicial, practicada por el juzgado 73 de instrucción penal militar, en la carrera 30 con calle 66B de Medellín, se observa la posición del occiso, a lado de la puerta izquierda de la cabina de la volqueta, la cual no varía de acuerdo con las versiones de Jesús Alberto Muñoz, como la de los sindicados, agentes Jair Alzate González y Carlos Castrillón Yepes. Lo mismo pasa respecto de la posición de los policiales, el primero, uniformado, en la parte delantera de la cabina, y el segundo de civil en la parte trasera (fls. 202 a 205).

En la transcripción de las comunicaciones realizadas entre las patrullas que realizaron el operativo y la central de la policía metropolitana, debe señalarse que no se identifica a los intervinientes, solo se separan por guiones. Respecto del aviso a las patrullas, se dijo: “ En Argos hay un taco, por Argos hay un taco, ahí se encuentra..., hay radioaficionados vienen siguiendo dos volquetas las cuales fueron hurtadas, dos volquetas Kodiak, color blanca una de ellas LKA 470, LKA 470 una de ellas, informa” (fl. 207). La misma información se repite en tres ocasiones y se insiste en su carácter urgente, se ordena seguimiento por parte de las patrullas de Vallejo y Upegui, en un momento dado se manifiesta: “(Interferencia, no se entiende) mi primero aquí 5” (no se entiende) —informe la situación X45 infórmela— Un dado de baja, un delincuente dado de baja y está en la misma —Y el otro, el otro— Hay varios ya capturados y uno dado de baja” (fl. 208). Se pide la ubicación y se envía apoyo. En la misma se solicita más información del “radioaficionado” y de la volqueta de placas LAK-460, más adelante se hace la siguiente referencia: “Armamento. Uno, un revólver, de uno de los que se le enfrentó al policía, a una patrulla de automotores” (fl. 209). Se da aviso que se encuentran en la Unidad Intermedia de Belén, están a la espera de levantamiento. Se informa que “presenta 10 orificios”, que el revólver tenía salvoconducto y se identifica al occiso, después de lo cual se ordena el cierre de las comunicaciones (fls. 210 y 211).

2.7. En proveído de 18 de julio de 1996, el juzgado 73 de instrucción penal militar se abstuvo de dictar medida de aseguramiento en contra de los agentes Jair González Alzate y Carlos Castrillón Yepes (fls. 227 a 233).

Mediante oficio del 15 de abril de 1997, el jefe de la SIJÍN de Medellín indicó que no había órdenes de captura en contra de Héctor Jaime Muñoz Bermúdez (fl. 84).

En oficio de 21 de abril de 1997, el jefe de la oficina de asuntos disciplinarios de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, informó que se ordenó investigación disciplinaria contra un suboficial y dos agentes de la institución, “por dar de baja un delincuente en procedimiento policial quien respondía al nombre de Héctor Jaime Muñoz Bermúdez”, la cual se adelantó por la Sijín de Medellín y fue decidida con cesación de procedimiento (fl. 92).

3. Conforme al acervo probatorio, se encuentra establecido que aproximadamente a las 9:10 del 21 de junio de 1995, en la calle 30 con carrera 66B de Medellín, murió Héctor Jaime Muñoz Bermúdez, a consecuencia de múltiples disparos de arma de fuego, provenientes de armas de dotación de agentes de la Policía Nacional.

El hecho tuvo ocurrencia durante un procedimiento policial, de un grupo de la sección de automotores de la Sijín de Medellín, cuando dos agentes uniformados detuvieron la volqueta en la que se desplazaba Héctor Jaime Muñoz como pasajero. Según la transcripción de comunicaciones, un radioaficionado dio aviso del hurto de dos volquetas marca Kodiac, de color blanco, las cuales fueron localizadas en la avenida citada, a la altura de la fábrica de cementos Argos.

El supuesto delito de hurto que motivó el operativo nunca sucedió, tuvo como único fundamento el aviso del radioaficionado al que se ha hecho referencia, que no fue identificado, y, es claro que los vehículos se encontraban en regla y los ocupantes, incluido Héctor Jaime Muñoz, no presentaban ningún tipo de antecedente penal o policial, así mismo el arma que portaba este se encontraba amparada por el respectivo salvoconducto. Lo anterior fue claro desde el primer momento, así lo expresó la fiscalía en el acta de inspección de cadáver. Sin embargo, la policía, aún en el reporte sobre el estado del proceso disciplinario interno, remitido a este proceso, insistió que en que un delincuente fue dado de baja.

Tampoco ofrece discusión el que la volqueta fue detenida por el suboficial Upegui y el agente González. El primero hizo bajar al conductor Jesús Alberto Bedoya, por el lado izquierdo y procedió a iniciar una requisa. El segundo, desde la parte delantera de la cabina, se encargó de Héctor Jaime Muñoz Bermúdez, quien se bajó, por el lado izquierdo, con un revólver en la mano. A partir de ahí existen dos versiones de los hechos.

De un lado se tiene lo manifestado por el conductor Jesús Alberto Bedoya, quien afirmó, en tres declaraciones, que el agente González tenía un revólver en la mano y que inmediatamente procedió a disparar contra su compañero. Siempre aseveró que no hubo ningún tipo de dialogo o discusión entre el agente y Héctor Jaime Muñoz Bermúdez, de quien tampoco pudo observar si hizo uso de su arma; escuchó por lo menos tres disparos. Después vio que una persona vestida de civil, armada con una metralleta, pasó a la parte derecha del automotor, sintió varias detonaciones y el agente que primero disparó “le gritó no le des más que ya está listo”, los disparos fueron realizados cuando Muñoz Bermúdez ya se encontraba en el piso.

Lo anterior contrasta con lo expresado por el suboficial Jaime Alberto Upegui, quien en compañía del agente José Jair González, detuvieron la volqueta; en efecto este manifestó que detuvieron la volqueta y les ordenaron a los ocupantes que bajaran con la manos en alto; el conductor, Jesús Alberto Bedoya atendió el requerimiento y fue requisado; mientras el agente González al ver que Héctor Jaime Muñoz se había bajado con un arma en la mano, le solicitó que la soltara, llegaron otras unidades policiales, escuchó dos detonaciones, aseguró al conductor, fue por la parte izquierda del vehículo y encontró al agente en posición de ataque cubriéndose con la volqueta, momento en el cual reaccionó la unidad policial, desconoce de donde provenían los disparos. Agregó, que después de aquel haber sido herido, intentó incorporarse tratando de agredir nuevamente al agente González, por lo que este y el dragoneante Castrillón volvieron a hacer uso de sus armas. El teniente Uribe Corredor, llegó luego de los primeros disparos, vio a Muñoz Bermúdez apuntando a su lado izquierdo y escuchó múltiples disparos, pero indicó que era “difícil establecer si él disparó o no, porque no veía muy bien yo, pero se veía humo”, señaló que, al observar el cuerpo, había un revólver a su costado derecho.

La prueba técnica que obra en el proceso no permite aclarar la situación. La transcripción de las comunicaciones confirman que un “radioaficionado” avisó del hurto de las volquetas, una de ellas de placa LAK 470, que no coincide con las de las dos retenidas, LAK-460 y LAK-461, debe reiterarse que ese es el único fundamento del operativo policial.

La inspección judicial, solo permite determinar las posiciones del conductor, el occiso y los policiales, que son coincidentes en todas las declaraciones. En la necropsia se anotó que el cuerpo presentaba 10 heridas de arma de fuego con trayectoria de abajo a arriba y de derecha a izquierda, excepto en dos, no resulta de ello alguna circunstancia que dé la razón al dicho de los declarantes.

Por lo expuesto, el asunto se reduce a determinar si Héctor Jaime Muñoz Bermúdez disparó el revólver que portaba contra el agente González, primero al bajarse del vehículo y después, cuando ya estaba herido, al tratar de levantarse. El primer medio técnico, para establecer si disparó el arma, era la prueba de absorción atómica a las manos del occiso, que no pudo practicarse, pues la orden de la fiscalía 171 fue tardía, siete horas después del hecho, cuando el cuerpo ya había sido entregado a los familiares. En el acta de levantamiento se indica que se ordenó esa prueba, cuando no era claro que la víctima y los demás retenidos cometieron un delito y que no se dio de baja a un jalador de carros, como lo afirmaron los agentes de la Sijín.

Si bien existe una prueba de balística, en la que se determina que tres vainillas fueron disparadas por el revólver que portaba el occiso y que estas fueron, supuestamente, tomadas de la escena de los hechos, carece de valor probatorio, toda vez que se violaron los requisitos mínimos de la cadena de custodia de la prueba(5). Ciertamente, quien realizó el levantamiento del cadáver fue la Fiscalía 171 seccional de Medellín, que lo hizo en la Unidad Intermedia de Belén y no en el sitio de los acontecimientos. El episodio ocurrió alrededor de las 9:10 de la mañana y solo hasta las 2 de la tarde, el suboficial Upegui, involucrado en el hecho, aportó el revólver y las vainillas incriminadas, nunca se precisaron las condiciones de recolección de las mismas, como tampoco la manera cómo fueron embaladas y recolectadas.

Todo lo considerado, pone en duda el fundamento probatorio de la causa extraña alegada por la demandada. Para que se acredite la culpa exclusiva de la víctima, es necesario demostrar que su comportamiento fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño. Y, conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la prueba de esa eximente de responsabilidad corresponde a la demandada, quien no cumplió con esa carga.

Acerca de la legítima defensa en materia de responsabilidad extracontractual del Estado, la Sala, en sentencia del 11 de marzo de 2004, señaló lo siguiente:

“Debe tomarse en cuenta que el artículo 26 del Código Penal Militar (D. 2550/88), vigente al momento de los hechos, establecía, en su numeral cuarto, la legítima defensa como causal de justificación: “El hecho se justifica cuando se comete... 4) Por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión”. La legítima defensa establecida como causal de justificación de la conducta en la citada norma penal, es aplicable en el campo de la responsabilidad patrimonial como causa exonerante de la misma; sobre este particular los tratadistas Mazeud y Tunc expresan:

“El derecho penal suprime la responsabilidad en caso de legítima defensa o de un tercero. La misma regla se aplica en el derecho civil; por supuesto, no porque se haya suprimido la responsabilidad penal, sino por aplicación directa de los principios que definen la culpa en materia civil. Desde luego se precisa, como lo exige el derecho penal, que la agresión sea actual, que sea injusta y que la defensa empleada no exceda manifiestamente de la medida del ataque.

“Esos principios, así como acaba de decirse, derivan necesariamente en la definición de la culpa. El que le causa un daño a su agresor o al agresor de un tercero, a fin de impedirle a este último (ofensor) que realice un perjuicio, ¿incurre en culpa? Para responder, hay que preguntarse lo que habría hecho un individuo situado en iguales circunstancias. La solución se impone: ese individuo cuidadoso se hubiera esforzado por impedir que el agresor consiguiera su propósito; para ello, no habría dudado en causarle un daño al agresor. La emoción que causa el ataque puede excusar incluso una defensa demasiado enérgica. Sin embargo, y por descontado, que no todo medio de defensa es legítimo. Como puntualiza con razón el proyecto de reforma del Código Penal Francés (art. 113), la defensa debe “ser proporcionada a la gravedad de la agresión”(6).

“La Sala, en reiterada jurisprudencia, ha reconocido la legítima defensa como causal de exoneración de responsabilidad de la administración;(7) sin embargo, en situaciones como la que se discute en el presente proceso, ha prestado especial atención a los casos en que la ley permite el uso de las armas por parte de los miembros de la fuerza pública en el cumplimiento de sus funciones(8). Así lo consideró, por ejemplo, en sentencia del 27 de julio de 2000:

“Se agrega que aún en el evento de que los señores Orlando y James Ospina hubieran sido delincuentes y que pretendieran extorsionar a la señora Mélida Díaz, los funcionarios no estaban legitimados para sancionarlos con la pena de muerte, pues si bien es cierto que el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y por lo tanto, recurrir a las armas para su defensa, esta potestad solo puede ser utilizada como último recurso, luego de haber agotado todos los medios a su alcance que representen un menor daño. Lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas”(9).

“Similares consideraciones ha hecho la Asamblea General de Naciones al aprobar el “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, en la 106ª sesión plenaria del 17 de diciembre de 1979, para establecer, en el artículo 3º, que: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”; sobre dicha norma comenta que el uso de la fuerza debe ser excepcional, en la medida de lo razonablemente necesario. Tal ha sido también el entendimiento que condujo a la aprobación de los “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, en agosto y septiembre de 1990, en los cuales se establece:

“4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

“(...).

“9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.

“Por ello, el examen de la proporcionalidad que debe existir entre, la respuesta de la fuerza pública y la agresión que ella misma padece, en este tipo de eventos, para que su conducta pueda configurar una legítima defensa, debe someterse a un examen más riguroso que el que se pudiera hacer en el común de los casos. Efectivamente, los elementos configurantes de la legítima defensa deben aparecer acreditados de manera indubitable, de modo que el uso de las armas de fuego aparezca como el único medio posible para repeler la agresión o, dicho de otra forma, que no exista otro medio o procedimiento viable para la defensa; que la respuesta armada se dirija exclusivamente a repeler el peligro y no constituya una reacción indiscriminada, y que exista coherencia de la defensa con la misión que legal y constitucionalmente se ha encomendado a la fuerza pública”(10).

En efecto, la supuesta agresión de Héctor Jaime Muñoz, contra los miembros de la patrulla de la Sijín, se fundamentó en que disparó el revólver que portaba, pero ninguno de los declarantes lo observó de manera directa y la prueba que podría acreditarlo, presenta graves deficiencias en la cadena de custodia.

Debe agregarse que el conductor de la volqueta, Jesús Alberto Bedoya, afirmó, de manera coherente durante todas sus declaraciones, que en la reacción de la policía no medio advertencia alguna, lo que contradice lo dicho por el suboficial Upegui, quien señaló que si la hubo. Sin embargo, la credibilidad del policial genera duda, pues el uso de la fuerza por parte de la policía se basamentó en que iban en persecución de unos delincuentes, que habían hurtado momentos antes dos vehículos y que un “jalador de carros” fue dado de baja. Desde el inicio del proceso penal, en la diligencia de levantamiento, la Fiscalía 171 de Medellín advirtió que no había fundamento para tales afirmaciones, toda vez que el hecho punible nunca existió, el occiso no presentaba antecedente criminal alguno y el arma que portaba se encontraba debidamente amparada por salvoconducto oficial.

Como se indica en la jurisprudencia citada, en el contexto de un procedimiento estatal, el uso de las armas por parte de la fuerza pública debe ser la razón última, y esta no se encuentra acreditada en el proceso. No está probado que Muñoz Bermúdez disparó a los agentes de la policía y que estos tuvieron que hacer uso de sus armas, por lo tanto no está probada la legítima defensa alegada por la demandada.

Si bien la víctima se bajó del vehículo con el arma a la vista, lo que configuraría una imprudencia y a lo sumo configuraría una legítima defensa putativa, tampoco eximiría de responsabilidad a la administración. Al respecto la Sala ha precisado:

“Por las razones expuestas anteriormente, no comparte esta Sala las conclusiones obtenidas en las providencias que acaban de citarse. En efecto, con fundamento en las pruebas practicadas dentro del proceso penal, resulta claro que la actuación del soldado fue arbitraria, y no había razón para considerar que su conducta estuvo determinada por un error invencible. No obstante, para efectos de precisar la injerencia que dichas conclusiones pueden tener respecto de la determinación de la responsabilidad del Estado, asunto que es objeto del presente proceso, es necesario advertir que en tales providencias se estableció que el soldado procesado no actuó amparado por la causal de justificación consistente en la legítima defensa, sino en la causal de inculpabilidad consagrada en el artículo 36, numeral 3º del Código Penal Militar vigente en el momento en que aquellas fueron expedidas, consistente en obrar con la convicción errada e invencible de que estaba amparado por dicha causal de justificación. Se trata de la denominada legítima defensa putativa, que, si bien permite considerar inculpable la conducta del autor del daño, no tiene la virtud de justificar su conducta, y para efectos de la responsabilidad patrimonial, no rompe el nexo de causalidad existente entre aquella y el daño ocasionado. Al respecto, estima la Sala equivocados los planteamientos expuestos por el Tribunal de Nariño, en el fallo apelado.

“... Cuando se presenta la legítima defensa putativa, no se configura un hecho de la víctima, que permita romper el nexo de causalidad, dado que, en realidad, esta no ha obrado de manera injusta, para vulnerar un derecho ajeno, dando lugar a la reacción legítima del autor del delito, sino que este ha obrado con el convencimiento errado e invencible de que ello era así.

“En estas condiciones, la Sala considera que se encuentra demostrada la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa, por el daño causado al señor José Tulio Timaná”(11).

En efecto, la jurisprudencia citada permite aclarar que la causal de legítima defensa putativa,(12) subjetiva o pensada, no da lugar a una exoneración de la demandada, como si lo sería, efectivamente, en el caso de la causal de justificación de la legítima defensa objetiva, pues su constatación acredita el actuar injusto de la víctima. Cosa distinta es lo que pasa con la declaración de la causal de inculpabilidad, toda vez que es posible pensar que, el error invencible(13) en que incurrió el victimario puede provenir de diversas fuentes. En todo caso el error en la supuesta agresión, no debe ser el producto de una conducta culposa del agente o victimario; así lo ha entendido la doctrina penal más autorizada:

“El presunto agredido no debe ser el causante de la agresión que imagina, porque de lo contrario su repulsa sería ilegítima. Supongamos que “A”, sujeto pendenciero, ha provocado groseramente a “B” en un ademán cuyo sentido es confundido por “A”, se levanta y toma el bastón, no para castigar al provocador sino para retirarse y evitar pendencias; pero “A”, creyendo ver una agresión en la actitud pacífica de “B” se abalanza sobre este, y lo golpea a su vez con el bastón. Cualquiera que haya sido la convicción de “A” acerca de la conducta de “B”, y por mucho que el ademán de este más se pareciera a un ataque que a un abandono del lugar, nunca ese error —aunque fuera esencial, decisivo e inculpable— podía justificar la repulsa de no mediar la provocación, en el ejemplo propuesto podría haber legítima defensa putativa, pero la presencia de la provocación impide afirmar su existencia, por la misma razón que en el caso no habría legítima defensa propiamente dicha.

“Analizados pues, los tres elementos constitutivos de la legítima defensa, debemos llegar a la conclusión de que el “único” de ellos que puede faltar, para que la defensa putativa tenga lugar, es el primero, es decir la agresión ilegítima. El error sobre su existencia, cuando es esencial, decisivo e inculpable, logra la causal de justificación que entraña la legítima defensa putativa”(14).

Por lo anterior, al no estar acreditado el hecho o culpa de la víctima, ya sea porque no se acreditó fácticamente o porque se trató de una legítima defensa putativa, la Sala modificará la sentencia apelada, en el sentido de revocar la configuración de esa eximente de responsabilidad.

Ahora bien, la Sala ha estimado que en aquellos casos en los que se debate la obligación del Estado de indemnizar el perjuicio generado por la utilización de armas de dotación oficial, se debe aplicar el sistema objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional, toda vez que el Estado asume los riesgos a que expone a la sociedad con ocasión de la utilización de artefactos peligrosos o por el desarrollo de actividades de igual naturaleza. En tal sentido, para efectos de determinar la responsabilidad, resulta irrelevante el análisis de la licitud o ilicitud de la conducta asumida por los agentes estatales, comoquiera que es suficiente para imputar el daño antijurídico, a título de riesgo excepcional, la demostración de que este fue causado por el artefacto o por la realización de la actividad peligrosa cuya guarda se encontraba a cargo del Estado. Sin embargo, este podrá ser exonerado de responsabilidad demostrando que la imputación no existe o es apenas aparente, cuando el hecho ha tenido ocurrencia por la intervención de un elemento extraño: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.

Los elementos probatorios aportados al proceso, permiten demostrar, de manera diáfana, que el 25 de junio de 1995, Héctor Jaime Muñoz Bermúdez murió a consecuencia de disparos con armas de dotación oficial. Fueron agentes de la sección de automotores de la Sijín quienes detuvieron la volqueta, iban uniformados y se identificaron en todo momento como miembros de la Policía Nacional, e hicieron uso de sus armas causando con ellas el deceso de Muñoz Bermúdez.

Como ya se consideró, de las pruebas que obran en el proceso, no es posible deducir una conducta atribuible a la víctima que permita configurar la exoneración parcial o total de la demandada.

Como corolario de lo anterior, se revocará la sentencia apelada y se declarará la responsabilidad patrimonial de la administración, a título de riesgo excepcional por actividades peligrosas, al tratarse de la muerte de un ciudadano con un arma de dotación oficial, sin que medie o se configure causa extraña.

4. Respecto de la indemnización de perjuicios se tiene que Héctor Jaime Muñoz Bermúdez era hijo (Sic) Luis Carlos Muñoz Gutiérrez y Nelly Bermúdez Rendón, así mismo son sus hijos Carlos Alberto, Rubén Darío, Ramón Eduardo, Beatriz, Luis Fernando y Jairo de Jesús Muñoz Bermúdez (Sic), conforme a los certificados de registro civil de nacimiento y matrimonio de las notaría única de Apía, Risaralda (fls. 5 a 14).

4.1. La prueba de la relación de consanguinidad permite suponer la existencia de afecto y unión entre el occiso, su madre y sus hermanos. La jurisprudencia ha considerado que el daño corporal de alguno de los miembros de la familia afecta a los demás, en lo que concierne al perjuicio moral.

Establecido el parentesco con los registros civiles, la Sala da por probado el perjuicio moral en los demandantes con ocasión de la muerte de su hijo y hermano, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el daño sufrido por un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, entendida la familia como núcleo básico de la sociedad.

Las reglas del común acontecer, y la práctica científica han determinado de manera general, que cuando se está ante un atentado contra la integridad física o psíquica de un ser querido, se siente aflicción.

Así las cosas, como la entidad demandada no desvirtuó la presunción de aflicción ocasionada a los demandantes por la muerte de su hijo y hermano, de acuerdo con los registros civiles, y certificados, allegados al proceso, la Sala da por probado el daño moral con fundamento en la presunción judicial o de hombre, que constituye un criterio de valoración; en el derecho americano a dichas presunciones judiciales se les llama “inferencias”; la presunción es un razonamiento que está basado enteramente en la lógica y la experiencia, por ello no se puede confundir con el indicio ya que este es un hecho. Sin embargo, en su estructura lógica-deductiva, participa de la naturaleza de los indicios, comoquiera que el juez las deriva de premisas mayores y de inferencias lógicas.

Conforme a lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado.

En ese orden de ideas, respecto de los gramos de oro solicitados como indemnización se hará la equivalencia a salarios mínimos legales mensuales del 2010 y se condenará, a la demandada, a pagar la suma equivalente a 100 salarios a la madre del occiso, y 50 para cada uno de los hermanos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 8 de agosto de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Antioquia, en lugar se resuelve lo siguiente:

DECLÁRASE a la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, patrimonialmente responsable por la muerte de Héctor Jaime Muñoz Bermúdez, ocurrida en Medellín, el 21 de junio de 1995.

CONDÉNASE a la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, a pagar, por concepto de perjuicios morales, a Nelly Bermúdez de Muñoz, la suma equivalente en pesos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

CONDÉNASE a la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, a pagar, por concepto de perjuicios morales, a Jairo de Jesús Muñoz Bermúdez, Luis Fernando Muñoz Bermúdez, Beatriz Muñoz Bermúdez, Ramón Eduardo Muñoz Bermúdez, Rubén Darío Muñoz Bermúdez y Carlos Alberto Muñoz Bermúdez la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, a cada uno de ellos.

DENIÉGANSE las demás pretensiones de las demandas.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Que obran en copia auténtica en el presente proceso de acuerdo con el oficio de la auditoria auxiliar de guerra Nº 68, de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra (fls. 85 y 92).

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de septiembre de 2002, expediente: 13.399, actores: Raúl Alberto Dajil Rocha y otros. En el mismo sentido se puede ver las sentencias: sentencia del 19 de septiembre de 2002, expediente: 13399; sentencia del 4 de diciembre de 2002, expediente: 13623; de cuatro de diciembre de 2002, expediente: 13.623, actores: Bernardina Mendoza y otros; de 29 de enero 2004, expediente: 14.018 (R- 0715), actores: Eduardo Varón Caro y otros; de 29 de enero de 2004, expediente: 14.951, actores: María Leonor Ahumada de Castro y otros.

(3) A folios 253 a 262 obran los registros de matrícula de los dos vehículos, en la Secretaría de Transportes y Tránsito de Bello, no presentaban ningún tipo de irregularidad, aunque como propietario figuran Carlos Mario Joya Cardona y Harbey Diez Giraldo, de las volquetas LAK 460 y LAK 461, respectivamente.

(4) De anotarse que obra otro dictamen balístico de una sub ametralladora Uzi para establecer si tres proyectiles fueron disparados por esa arma, no se determina de donde proviene el arma, como tampoco los proyectiles (fls. 224 a 226).

(5) “La cadena de custodia es un método diseñado para controlar la confiabilidad de la prueba, que permite demostrar que el intercambio de evidencia ocurrió realmente en el momento del hecho. Si esto no es así, se pierde el valor probatorio de un elemento y se habla de contaminación. La cadena de custodia debe garantizar la pureza de la evidencia desde el momento mismo de la recolección, puesto que estos elementos materiales probatorios pueden finalmente convertirse en pruebas cuya legalidad debe estar garantizada para que puedan ser descubiertas y controvertidas en juicio”. En Nathalie Marulanda Paredes y otras, “La cadena de custodia ¿Una obligación para el profesional de la salud?”, en revista Médico Legal, 2006, Nº 31, http://www.medicolegal.com.co/ediciones/1_2006/resp_jur_1.htm.

Si bien fue expedido con posterioridad, el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, establece sobre el punto:

“Aplicación. Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos.

“La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de autoridad competente.

“PAR.—El Fiscal General de la Nación reglamentará lo relacionado con el diseño, aplicación y control del sistema de cadena de custodia, de acuerdo con los avances científicos, técnicos y artísticos”.

(6) Henri y León Mazeud, André Tunc, Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, tomo I, volumen II, reimpresión, 1993, pág. 138.

(7) Al respecto, ver por ejemplo, sentencia del 19 de febrero de 1999, expediente 10.459, del 10 de marzo de 1997, expediente 11.134, del 31 de enero de 1997, expediente 9.853, del 12 de diciembre de 1996, expediente 9.791, del 21 de noviembre de 1996, expediente 9.531, del 18 de mayo de 1996, expediente 10.365 y del 15 de marzo de 1996, expediente 9.050.

(8) Sobre el uso indiscriminado de armas de fuego por miembros de la fuerza pública la Sala se ha pronunciado, entre otras, en sentencias del 14 de marzo de 2002, expediente: 12054, del 21 de febrero de 2002, expediente: 14016, y del tres de mayo de 2001, expediente: 13.231.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2000, expediente: 12.788, actora: Ofelmina Medina Villa.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de marzo de 2004, expediente 14.777 (R-0806), actora: Ruth Marina Bustamante. En el mismo sentido ver sentencias del 27 de noviembre de 2003, expediente 14.118 (R-0001), del 29 de enero de 2004, expediente 14.222 (R-9852) y del 22 de abril del mismo año, expediente 14.077 (R-9459).

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2001, expediente 12.696, actor: José Julio Timaná y otros, consejero ponente: Alier E. Hernández Enríquez.

(12) “Hay legítima defensa putativa, cuando el agente, obrando bajo la influencia de un error de hecho, reacciona, con medios que serían idóneos para repeler un peligro que, equivocadamente, se pensó que existía. Es aquella, que “tiene origen en un error de hecho y en la cual el medio se proporciona al peligro imaginario” [Peco, “Proyecto de Código Penal”, pág. 69].

“La defensa putativa, como lo indica la palabra, es la creencia en que nos hallamos de ser atacados y que, subjetivamente nos hace pensar que es necesaria la defensa [Jiménez de Asúa, La ley y el delito”, pág. 378]”. En Sisco, Luis P., La defensa justa, (Estudio doctrinario, legal y jurisprudencial sobre la legítima defensa), Buenos Aires, El Ateneo, 1949, pág. 317.

(13) “Según hemos dicho, en la figura jurídica que estudiamos, la agresión propiamente dicha no existe, sino que el agente considera como tal, por un error de hecho no imputable, algo que configura agresión.

“... el error debe ser... esencial, decisivo e inculpable. Cuando con la más elemental prudencia pudo el presunto agredido conocer la verdadera naturaleza del hecho, y comprender que no se trataba de un agresión, es falta de prudencia elemental pone a su cargo la culpa; el error en este caso no puede tener valor de eximente. El error no podrá versar sobre circunstancias accidentales, sino fundamentales, y referirse a la esencia misma del hecho.

“La confusión de ideas que se crea en la mente de presunto invadido, le llevan a dar carácter real a un ataque hipotético. Él ve un ataque allí donde no existe, y se coloca en actitud de defensa respecto de un acto totalmente inofensivo.

“La repulsa en este caso, deberá estar condicionada al hecho hipotético, como si este fuera real; la proporcionalidad deberá establecerse pues, entre el medio utilizado para defender la gravedad del ataque tal como el agente pudo imaginar a este último...”. En: Sisco, Luis P, op. cit., págs. 334 y 335.

(14) Ibídem, págs. 335 y 336.