Sentencia 19300 de mayo 7 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 50

Magistrado Ponente

Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Bogotá, D.C., siete de mayo de dos mil dos.

Asunto

El Tribunal Superior de Bogotá, mediante providencia de marzo 11 de dos mil dos, decidió no aceptar el impedimento manifestado por la magistrada Consuelo Díaz de Perea. Dirimirá de plano la Sala, de acuerdo con el artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, la cuestión planteada.

Antecedentes

El Juzgado 27 Penal del Circuito de Bogotá, el 11 de enero de 2002, condenó a Guillermo Garzón Álvarez y a Carlos Julio Montaño, por el delito de estafa, a la pena de 32 meses de prisión y multa de $ 12.000. Esa decisión fue apelada por el defensor del primero de los nombrados y el proceso fue enviado, para lo de su competencia, al Tribunal Superior de Bogotá.

El 27 de febrero del año en curso, la doctora Consuelo Díaz de Perea, magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior, a quien correspondió el asunto por reparto, manifestó hallarse impedida para conocer del mismo, de acuerdo con lo estatuido en el numeral 6º del artículo 99 del Código de Procedimiento Penal, por haber intervenido en el proceso en calidad de agente del Ministerio Público.

Posición del tribunal

El tribunal considera que la causal aducida por la funcionaria no da lugar a que se le separe del conocimiento del proceso. Dentro de la causa adelantada a Guillermo Garzón Álvarez y a Carlos Julio Montaño, su intervención se redujo a notificarse del proveído por medio del cual se fijó fecha para la realización de la audiencia. Tal acto, dice el tribunal, no compromete en modo alguno su criterio e imparcialidad. Por tanto, esa simple circunstancia no puede erigirse como razón suficiente para separarse de la actuación.

Consideraciones

No le cabe duda a la Sala de que la causal de impedimento invocada por la doctora Consuelo Díaz de Perea, en su circunstancia particular, no se configura. El hecho de haberse notificado del auto mediante el cual se fijó fecha para la realización de la audiencia pública en el proceso adelantado a Guillermo Garzón Álvarez y a Carlos Julio Montaño, y dado que en las etapas procesales anteriores y posteriores no emitió concepto de fondo sobre la cuestión debatida, no compromete su criterio al momento de hacer expreso su juicio, en decisión colegiada, sobre la responsabilidad penal de los acusados.

El artículo 99 del Código de Procedimiento Penal, en su numeral 6º, relaciona como causal de impedimento la participación del funcionario dentro del proceso. Pero la comprensión de este concepto no debe asumirse en sentido literal. Es preciso que esa intervención, para que adquiera un efecto trascendente acorde con los fines de la norma, tenga la aptitud suficiente para comprometer la ecuanimidad y la rectitud de la magistrada. Su actividad dentro del proceso, dicho en otros términos, debe haber sido esencial y no simplemente formal.

Si la doctora Consuelo Díaz de Perea apenas vino a tomar parte en el proceso cuando se fijó la fecha para la realización de la audiencia pública —mayo 7 de 2001, según puede verificarse al folio 22 vuelto—, y si posteriormente no conceptuó ni intervino en ningún sentido, es de suponer que no tuvo, ni ha tenido, acceso activo al fondo de lo que es objeto de debate en esta causa.

Difícil sería dar por sentado lo contrario. La participación de la magistrada Díaz de Perea en el proceso, por la naturaleza ritual de la notificación, no implica de suyo una toma de posición frente a la esencia del litigio. Por estas razones, expuestas en dirección a desentrañar el sentido de la norma, la Sala considera que el motivo manifestado por la funcionaria, tal y como lo estimó el Tribunal Superior de Bogotá, no constituye obstáculo para que haga parte del colectivo de sentenciadores dentro de este proceso.

En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

INADMITIR el impedimento manifestado por la magistrada Consuelo Díaz de Perea.

Cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

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