Sentencia 19309 de septiembre 3 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 101

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge E. Córdoba Poveda

Bogotá, D.C., tres de septiembre de dos mil dos.

EXTRACTOS: «La Corte considera

El objeto de la impugnación lo funda el defensor en la irregular tramitación dada al proceso adelantado contra la doctora Betty Romero Valenzuela, señalando que los yerros en que se incurrió son, a su juicio, los siguientes:

1. Haberse reasignado el proceso a un fiscal distinto del que inicialmente había asumido conocimiento, es decir, haberse facultado al fiscal 4º delegado ante el tribunal, para decidir, en primera instancia, los recursos interpuestos contra la resolución de acusación, cuando quien venía tramitando la instrucción era el fiscal 3º, quien fue trasladado a la ciudad de Barranquilla.

2. No haberse dado el debido trámite al impedimento manifestado por el fiscal 4º, sino haberse "resuelto" por un fiscal de la misma categoría.

3. No haberse notificado el auto en que se decidió el recurso de reposición contra el pliego acusatorio, a pesar de tratarse de una providencia interlocutoria, con lo que no sólo se vulneró la garantía del debido proceso sino que se le cercenó la posibilidad de adicionar los argumentos sustento de la apelación, al tenor del artículo 200 del Decreto 2700 de 1991.

4. No haberse escrito en el encabezamiento de la resolución de acusación y del auto que negó reponerla, la denominación y categoría de los fiscales que las profirieron y, por ende, que se hacían responsables de las mismas.

Vistas las razones que para solicitar la invalidación del proceso postula el defensor, debe expresarse por la Sala que ninguna razón le asiste, por lo que la decisión apelada será confirmada, así:

En lo que atañe a las dos primeras irregularidades denunciadas, consistentes en que el fiscal 3º delegado ante el tribunal fue indebidamente reemplazado por el 4º y en que al impedimento por éste manifestado no se le dio el trámite previsto en la ley, la Sala carece de competencia para pronunciarse, pues tales aspectos no fueron planteados en primera instancia, cuando por otros motivos se solicitó la nulidad de la actuación, en el término de traslado de que trataba el artículo 446 del estatuto procesal entonces vigente, ni, por lo tanto, fueron objeto de la providencia apelada, sino que aparecieron cuando, al tenor del inciso 3º del artículo 200 del Decreto 2700 de 1991, se adicionaron los argumentos de la apelación, al haberse negado la reposición del auto que no decretó la nulidad y concedió la alzada.

Conforme al artículo 202 del Decreto citado (191 del actual) la apelación procede contra las sentencias y las providencias interlocutorias de primera instancia, es decir, tiene por objeto que se modifique, aclare o revoque lo allí resuelto, en forma tal que no puede utilizarse, sin desconocer la estructura del proceso y la coherencia y lógica de los recursos y sin sorprender a los demás intervinientes, para una finalidad diferente, como pretender el pronunciamiento del superior sobre aspectos que no se propusieron ni fueron objeto de la determinación impugnada, por lo que no fueron conocidos ni pudieron ser controvertidos por los demás sujetos procesales.

Era obvio, al tenor del artículo 200, citado, (194 de la L. 600/2000) que los argumentos expuestos al solicitar la reposición podían ser adicionados al negarse ésta, pero sin que ello pudiera implicar la posibilidad de formular temas nuevos, no presentados ni, por ende, decididos por el inferior.

En otros términos, al desatar la apelación, el ad quem mantiene dos límites: la providencia recurrida y los aspectos de la misma que hayan sido impugnados, salvo en lo referente a aquellos asuntos inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación (arts. 202 y 217 del D. 2700/91 y 191 y 204 de la L. 600/2000), fuera de los cuales carece de competencia para pronunciarse, por lo que en cuanto a los puntos aludidos, la Sala se abstendrá de decidir.

En cuanto al tercer vicio por el que se reclama, concerniente, según el apelante, a que el auto que desató la reposición interpuesta contra el pliego acusatorio, no obstante ser interlocutorio, no fue notificado, tampoco le asiste razón, pues aunque es cierto que se trata de un proveído de esa índole y que, por lo mismo y por norma general, debía notificarse, el criterio que hasta el presente ha imperado, atendiendo la estructura del estatuto procesal, tanto del anterior como del vigente, es el de que las únicas providencias que se notifican son las que pueden ser impugnadas, no pudiendo serlo la que resuelve la reposición (arts. 201 del Código del 91 y 190 de la L. 600/2000), a menos que contenga puntos que no hayan sido decididos en la anterior, o cuando alguno de los sujetos procesales, a consecuencia de la reposición, adquiera interés jurídico para recurrir, lo que aquí no ocurrió.

En consecuencia, como no había obligación de notificar la determinación, en ninguna irregularidad se incurrió.

Ahora bien, aun aceptando, como hipótesis de discusión, que fuera notificable, el apelante no lo demuestra ni encuentra la Sala, cómo esa irregularidad socavó la estructura del proceso o afectó las garantías de los sujetos procesales, máxime si se considera que el defensor contó con el plazo de seis días al tenor de la ley a la sazón vigente, para adicionar sus argumentos y que no dice cuáles fueron ni cómo de haber sido conocidos por el fiscal delegado ante la Corte, hubieran redundado en una decisión favorable a la acusada.

Es más, si interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, era obvio que estuviera atento a la decisión del primero, si tenía la intención, en caso de serle adversa, de ampliar los argumentos, lo que no hizo. Por lo tanto, tampoco por este aspecto se puede invalidar lo actuado.

Finalmente, en lo que atañe a la última propuesta de nulidad, aunque es cierto que en el encabezamiento de la resolución de acusación y del auto que decidió la reposición de la misma, no se consignó la nomenclatura de los fiscales que las profirieron, sin embargo, al final de las respectivas providencias y bajo el nombre y la firma, se hizo la anotación pertinente (fls. 251 y 319), de modo que ninguna duda hay sobre quiénes fueron sus autores y a qué despacho pertenecían, por lo que tampoco se cometió ningún desatino, si bien lo lógico y deseable hubiera sido que tales datos se hubieran escrito en el encabezamiento de las mencionadas determinaciones.

Afirmar que el lugar que dentro de la resolución deben ocupar esas anotaciones, es condición de validez de la misma, no sólo implica que se hace caso omiso de los principios que gobiernan la ineficacia de los actos procesales, sino el deseo de magnificar innecesariamente una circunstancia intrascendente.

Por lo tanto, tampoco con relación a este aspecto se dispondrá la nulidad de la actuación.

En consecuencia, no existiendo fundamento atendible para declarar las nulidades que solicitó el recurrente, las providencias, en lo que fue materia de censura, se confirmarán.

En razón y mérito de lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. ABSTENERSE de pronunciarse sobre los motivos de nulidad que no fueron propuestos al a quo, al tenor de lo considerado en la parle motiva.

2. CONFIRMAR las providencias objeto de apelación, en lo que fue motivo de censura.

Comuníquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

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