Sentencia 19328 de mayo 7 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Sentencia 19328

Aprobado acta Nº 50

Magistrado Ponente

Dr. Jorge E. Córdoba Poveda

Bogotá, D.C., siete de mayo de dos mil dos.

Vistos:

Procede la Corte a decidir de plano el incidente de impedimento propuesto por los magistrados del Tribunal Superior de Bucaramanga, doctores Alfredo Gómez Quintero y Luis Jaime González Ardila, e inadmitido por la Sala respectiva, dentro del proceso seguido contra Alberto Soto García, por el delito de fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.

Antecedentes

1. Los hechos fueron sintetizados por el juzgado de primera instancia, de la siguiente manera:

“Con base en la denuncia instaurada el 25 de marzo del año 2000 por Jorge Aníbal Sanjuán, sobre el hurto de 520 reses de su finca “El Diamante”, ubicada en la vereda Irlanda, en jurisdicción de Sabana de Torres, miembros de la Quinta Brigada, en coordinación con el CTI y la Fiscalía de Santander, dieron inicio el 28 de marzo de aquella anualidad a lo que se denominó operación “Rubí”, que tenía por objeto recuperar los semovientes hurtados y capturar a los responsables; al efecto se desplazaron hacia los corregimientos de San Rafael de Lebrija y Papayal en jurisdicción del municipio de Rionegro, Santander.

“Inicialmente se allanó el predio rural denominado “La Unión”, vereda La Muzanda, corregimiento San Rafael de Lebrija, municipio de Rionegro, donde fueron incautadas algunas armas y elementos al parecer utilizados por miembros de las autodefensas, así como capturado el ciudadano Jhon Richard Gallardo Uribe, a quien se señaló como integrante de aquella organización.

“Posteriormente, se desplazaron hacia el predio “Campoalegre” o “Casa Balcón”, ubicado en jurisdicción de Rionegro, donde fue incautado armamento, munición, radios de comunicación y otros elementos, así mismo, se llevó a cabo la retención de unas veinte personas, entre ellas, el administrador del predio, señor Alberto Soto García, a quien se le ha acusado como autor del delito de “fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas armadas””.

2. Agotada la correspondiente investigación, la Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces Penales de Circuito Especializados de Bucaramanga, el 24 de noviembre de 2000, calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de Rodolfo Monroy Cárdenas, por los delitos de receptación y el consagrado en el artículo 2º del Decreto 1194 de 1989 y contra Alberto Soto García, por el punible de fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

3. La etapa de juzgamiento le correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, el que luego de tramitar la causa, dictó sentencia, el 29 de enero del año en curso, condenando a Alberto Soto García a la pena principal de 3 años de prisión, como autor del delito imputado en el pliego acusatorio. Igualmente, declaró extinguida la acción penal por muerte del procesado Rodolfo Monroy Cárdenas.

4. Apelado el fallo por el defensor del procesado, llegaron las diligencias al Tribunal Superior de Bucaramanga, cuyos magistrados, doctores Alfredo Gómez Quintero y Luis Jaime González Ardila, al tenor del numeral 10 del artículo 99 del Código de Procedimiento Penal, se declararon impedidos para conocer del recurso de apelación interpuesto, toda vez que el defensor del acusado los había denunciado por el delito de prevaricato, lo que dio origen a que rindieran versión libre dentro de la investigación previa adelantada por el Fiscal General de la Nación.

Sobre dicho aspecto, textualmente dijeron:

Entendemos que el dispositivo invocado ofrece dos momentos perfectamente escindibles, edificados alrededor de si la denuncia es formulada por un sujeto procesal antes o después de la iniciación del proceso del cual debe conocer el servidor judicial que manifiesta el impedimento, pudiéndose ubicar nuestra situación dentro de la primera hipótesis del numeral 10, dado que la denuncia por prevaricato se formuló con anticipación a que el negocio hubiese sido siquiera fallado en primera instancia.

“En tales condiciones, no hay duda que el autor de la querella tiene la calidad de sujeto procesal en este negocio; que —como se dijo— fue formulada con antelación al fallo, y que se ha dado la vinculación legal a través de la recepción de versión libre, no requiriéndose para los efectos de esta primera opción de impedimento el que se nos haya oído en indagatoria, como sí sucede en torno a la segunda situación cuando alude la ley a la “vinculación jurídica” del funcionario, distinción esta que debe comportar consecuencias diferentes —como en efecto ocurre— con la “vinculación legal” del primer inciso, pues de no, igual tratamiento recibiría la manifestación de impedimento cuando obedece a una denuncia formulada antes o después de iniciado el proceso, lo que dejaría sin sentido la escisión hecha por el legislador si en uno y otro evento la causal sólo se estructura a partir de la mi indagatoria”.

5. La respectiva Sala del Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante providencia del 15 de marzo de 2002, no aceptó el impedimento, con los siguientes argumentos:

Manifiesta que la Sala ya se había pronunciado sobre el tema cuando el doctor González Ardila se apoyó en el numeral 10 del artículo 99 del Código de Procedimiento Penal para no conocer del proceso, manifestación que no fue aceptada y ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Dice que la norma en que se apoya el impedimento tiene dos situaciones, “alusivas a momentos procesales diferentes: una referente a que el funcionario haya estado vinculado legalmente a una investigación por denuncia que se instaure antes de que se inicie el proceso, por alguno de los sujetos procesales y, la otra, a que se vinculen con posterioridad a la iniciación del proceso”.

En esas condiciones y teniendo en cuenta el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, asevera que “la vinculación de una persona a un proceso presupone, de acuerdo a lo anterior, una resolución formal de apertura de investigación, situación que no se presenta en el caso planteado, pues los magistrados han manifestado que tan sólo rindieron versión preliminar dentro de una investigación previa, lo que indica que no se dan los supuestos de hecho previstos en el artículo 99, numeral 10, del Código de Procedimiento Penal”.

Después de citar una jurisprudencia de la Corte, concluye en la inadmisión del impedimento planteado y, en consecuencia, ordena la remisión del diligenciamiento a esta corporación para que lo dirima de plano.

Consideraciones de la Corte

El instituto de los impedimentos se estatuyó con el fin de garantizar al conglomerado social que el funcionario judicial llamado a resolver el conflicto jurídico, es ajeno a cualquier interés distinto al de administrar una recta justicia y, en consecuencia, que su imparcialidad y ponderación no están afectadas por circunstancias extraprocesales.

Por tal motivo, la manifestación de impedimento del funcionario judicial debe ser un acto unilateral, voluntario, oficioso y obligatorio ante la concurrencia de cualesquiera de las causales que de modo taxativo contempla la ley, para negarse a conocer de un determinado proceso.

Igualmente, dicha manifestación impeditiva debe estar soportada dentro de los cauces del postulado de la buena fe que rige para todos los sujetos procesales y para el funcionario judicial, pues este instituto no debe servir para entorpecer o dilatar el transcurso normal del proceso penal o para sustraerse, indebidamente, a la obligación de decidir.

Con fundamento en las anteriores premisas, procederá la Corte a dirimir de plano la manifestación de impedimento hecha por los doctores Alfredo Gómez Quintero y Luis Jaime González Ardila, la cual no fue aceptada.

Como lo destacó la Sala que no aceptó el impedimento, de conformidad con el artículo 332 de la Ley 600 de 2000, la vinculación jurídica de una persona al proceso penal ocurre cuando se le escucha en indagatoria o se le declara persona ausente, implicando que fue formalmente abierta la correspondiente instrucción.

Por lo tanto, cuando al imputado o denunciado se le escucha en versión libre, en manera alguna puede considerarse vinculado a un proceso que aún no existe, por lo que no se configura el supuesto de hecho de la causal impeditiva

Al respecto ha dicho la Corte:

“La finalidad de los impedimentos es preservar la independencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales, a través de las causales taxativamente consagradas en el Código de Procedimiento Penal, cuyos motivos no se pueden hacer extensivos a situaciones que no se constituyen en riesgo para la recta y cumplida administración de justicia.

“Tiene dicho la Corte que la investigación previa no es requisito para ascender a la etapa instructiva, ni su agotamiento se constituye en condición de validez de la actuación subsiguiente, ni resulta viable cuando se impone el ejercicio inmediato de la acción penal. En esas condiciones no se explica cómo el criterio del juzgador podría verse comprometido ni su actividad entorpecida, cuando aún no se ha determinado si procede o no el adelantamiento en su contra de una investigación penal” (1) .

(1) Impedimento 19207 del 6 de marzo de 2002, M.P. Dr. Carlos E. Mejía Escobar.

En síntesis, carecen de fundamento los motivos de impedimento expuestos por los doctores Alfredo Gómez Quintero y Luis Jaime González Ardila, razón por la cual la Corte declarará infundada la causal invocada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

DECLARAR INFUNDADO el impedimento manifestado por los doctores Alfredo Gómez Quintero y Luis Jaime González Ardila, magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, para conocer de este asunto. En consecuencia, se dispone que intervengan en su trámite y decisión.

Cópiese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

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