Sentencia 19343 de febrero 7 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO

SE PUEDE TERMINAR AUNQUE SUBSISTAN LAS CAUSAS QUE LE DIERON ORIGEN

EXTRACTOS:«La circunstancia de que el objeto de una empresa determinada subsista más allá de la fecha en que un trabajador se desvinculó de ella, no es razón suficiente para sostener que el contrato debió entenderse celebrado a término indefinido, en razón a la continuidad de las causas que le dieron origen, ya que la misma ley faculta a las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, a que celebren contratos de duración definida, máxime cuando, como ocurre en este caso, y el mismo trabajador lo manifiesta en el libelo genitor, que el empleador está dedicado a prestar servicios de vigilancia a terceros, con quienes seguramente, los contratos de naturaleza civil o comercial son temporales o que indefinidos, en cualquier momento pueden terminarse y de allí la prevención de los empleadores de celebrar contratos a término fijo sucesivos, como ocurrió en el asunto de marras, lo que está plenamente reglamentado en la ley sustantiva laboral.

Ahora, si bien la estabilidad en el empleo ha sido un anhelo de conquista por los trabajadores, a través de largos años de luchas sindicales, ello no puede operar de manera absoluta como una camisa de fuerza, por que de entenderlo así, aunque la Constitución garantiza el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas (C.N., art. 25), ello no quiere decir que el empleador estaría obligado a conservar indefinidamente el puesto de trabajo, independientemente de sus necesidades y de los cambios surgidos en la globalización de los mercados y los nuevos desarrollos tecnológicos que tienen como meta suprimir mano de obra para reemplazarla por maquinaria con tecnología de punta, a efecto de ofrecer una aceptable competencia.

En lo que se refiere al argumento relativo al desconocimiento frontal de la sentencia de constitucionalidad C-16 de 1998, que juzgó el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el artículo 3º de la Ley 50 de 1990, de la que el censor transcribió varios apartes, como soporte de crítica a la sentencia del juez colegiado, se tiene que en realidad en dicha sentencia y en la C-588 de 1995, no se hizo más que interpretar la disposición, para luego dejarla intacta por no ser contraria a la Carta Política, y, visto está, que la Corte Constitucional está llamada a juzgar si determinada disposición se aviene o no a la Constitución, pero no es su misión fijar el alcance y sentido de las normas, ya que esta competencia está radicada en la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de la justicia ordinaria y a la vez órgano unificador de la jurisprudencia patria.

Consecuente con lo anterior, de ninguna manera pudo pensarse por el recurrente que al demandante no se le podía dar por finalizado el vínculo contractual, luego de habérsele dado el aviso que señala el precepto en comento, porque de verdad que no le servía el argumento consistente en que mientras subsistieran las causas que le dieron origen, el vínculo permanecería vigente en el tiempo, lo que sería como cambiarle el término de fijo por el indefinido sin más, cuando el precepto sólo habla de renovación, que de ninguna manera cambia la naturaleza del contrato, lo cual sólo depende del acuerdo de voluntades.

Pero además, la norma que regula la contratación a término fijo, por ninguna parte aparece con el sello de la inexequibilidad, todo lo contrario, lo único que hizo la sentencia C-16 de 1998 fue ratificar su constitucionalidad, darle la interpretación que a bien estimó y dejarla incólume, constituyendo simplemente una doctrina constitucional interpretativa, que como fuente auxiliar del derecho (C.N., art. 230), no tiene el efecto obligatorio erga omnes, que sólo se predica de las sentencias de revisión abstracta de constitucionalidad en los términos del artículo 241-4 de la Constitución Política, con lo que reafirma que la norma quedó vigente en su texto original, que su aplicación por el tribunal se ajustó a derecho y que la sentencia en comento, sólo constituye doctrina constitucional no obligatoria para el operador jurídico, pues como lo ha sostenido esta Sala:

“Sí una norma acusada de ser contraria a la Constitución se declara exequible, no sólo se está descartando la acusación que se le formuló sino que se está ratificando su contenido y su expresión, tal como fue expedida, es decir, no sufre cambio alguno y por tanto continúa idéntica dentro del ordenamiento jurídico pertinente. Si ella no corresponde en rigor al orden constitucional, en su lugar lo que procede es declararla inexequible, total o parcialmente”. (Sent., mayo 11/2000, exp. 13561).

Por todo lo expresado, el cargo se desestima.»

(Sentencia de casación, 7 de febrero de 2003. Radicación 19.343. Magistrado Ponente: Dr. Luis Javier Osorio López).

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