Sentencia 19368 de febrero 13 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 19368

Acta Nº 9

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López.

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil tres.

La Corte decide el recurso de casación, que interpuso la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 4 de diciembre de 2001, en el proceso adelantado por Nhora Stella Tabares Velasco, contra el Banco Cafetero, Bancafé.

Admítase el impedimento manifestado por el doctor Germán G. Valdés Sánchez.

I. Antecedentes

Con la demanda inicial, como pretensiones principales, solicita la actora, se condene al demandado a reintegrarla al cargo que desempeñaba cuando fue despedida, o a uno de igual o mejor categoría, y al pago de lo dejado de percibir por salarios y prestaciones compatibles con el reintegro y sus respectivos aumentos legales y/o convencionales. Subsidiariamente, sea condenado a reconocerle y pagarle, lo que le adeude por concepto de salarios, horas extras, primas, subsidio familiar, calzado y vestidos de labor, vacaciones, bonificaciones, cesantías e intereses sobre las mismas, indemnización por despido sin justa causa, prestaciones, indemnizaciones legales y extralegales, la pensión restringida de jubilación de que trata el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y/o la pensión de jubilación, sanción moratoria, indexación y las costas del proceso.

Estas pretensiones, tienen como fundamento, los siguientes hechos:

Que trabajó para el accionado, por contrato de trabajo a término indefinido, entre el 14 de marzo de 1988 y el 26 de septiembre de 2000, cuando fue despedida sin justa causa, siendo su último cargo el de auxiliar de servicios bancarios, con un salario mensual de $ 657.979; que durante dicha vinculación estuvo afiliada al sindicato de la empresa “UNEB” y se beneficiaba de las convenciones colectivas, de conformidad con las cuales y el reglamento interno de trabajo, el trabajador de Bancafé que hubiere cumplido 10 años de servicio y fuere despedido, sin justa causa, tiene derecho al reintegro en las mismas condiciones de empleo de que antes gozaba y al pago de los salarios dejados de percibir; que la demandada violó el procedimiento convencional para desvincularla; que el Decreto 1388 del 17 de julio de 2000, es inconstitucional e ilegal; que esa entidad le adeuda salarios, prestaciones e indemnizaciones legales y extralegales; que nació el 11 de enero de 1966 y que le presentó reclamación laboral el 8 de noviembre de 2000.

II. Respuesta a la demanda

La entidad llamada a juicio, al contestarla, aceptó la existencia del contrato de trabajo, los extremos de la relación, el último sueldo y cargo desempeñado y su afiliación al sindicato de la empresa; dejó a la actora, la carga de probar los demás hechos y dijo haberle pagado la totalidad de salarios, prestaciones e indemnizaciones a que por ley y convencionalmente tenía derecho y que no le dio por terminado el contrato de trabajo, como consecuencia de una justa causa, sino por lo prescrito en el Decreto 1388 del 17 de julio de 2000, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual se le ordenaba adecuar su planta de personal, limitando el número de trabajadores a 4.800, por lo que debía cancelar los contratos de trabajo, de las personas a su servicio, que considerara necesarios. Propuso como excepciones las de: prescripción, pago, compensación, e inexistencia de las obligaciones reclamadas.

III. Sentencia de primera instancia

En sentencia de primera instancia, del 22 de octubre de 2001, emanada del Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, absolvió al accionado de todas las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante.

IV. Sentencia de segunda instancia

En sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 4 de diciembre de 2001, confirmó íntegramente la de primer grado y condenó en costas a la demandante.

El tribunal encontró demostrado, como lo advirtió el juzgado del conocimiento, que la demandante prestó sus servicios al accionado, entre el 14 de marzo de 1988 y el 25 de septiembre de 2000, fecha en la cual se finalizó el vínculo, por supresión del cargo, invocando las facultades que le otorgó el Decreto 1388 de 2000; también, que el último cargo que desempeñó fue el de auxiliar bancario, con un sueldo promedio de $ 657.979.

Sobre las pretensiones principales de la demanda, es decir el reintegro y las consecuencias que de él se derivan, aspecto que es el que interesa para el recurso de casación, el ad quem estuvo de acuerdo con las apreciaciones del juez de primera instancia, en el sentido de que éste no era aconsejable, en razón de que el cargo fue suprimido por autoridad legal, previa indemnización, según lo dispuesto en el Decreto 1388 de 2000, que dictó la planta de personal de la entidad demandada y ordenó a su administración la reducción de ésta; así como por considerar, que según un estudio técnico de marzo de 2000, aportado como prueba, el banco demandado venía acumulando cuantiosas pérdidas desde 1998, por lo que debió adoptar un plan de reestructuración y tomar una serie de medidas, entre las que se encontraba la reducción de la planta de personal, para evitar su desaparición.

Luego hizo alusión a un caso que consideró similar, en el cual se habían suprimido cargos, sin extinción de la entidad, y trascribió apartes de la sentencia proferida por esta Sala el 29 de marzo de 1996, en proceso contra la Caja Agraria, radicado 8247, en la cual se decidió que no tiene efectividad el reintegro consagrado en la convención colectiva, dada la incompatibilidad con los decretos 2138 de 1992 y 619 de 1993, expedidos en desarrollo del artículo 20 transitorio de la Constitución Nacional, relacionados con la reestructuración de la demandada, porque éstos contenían un régimen especial.

Finalmente y para referirse a un caso de imposibilidad de reintegro, citó y reprodujo apartes de la sentencia de tutela SU-879 de 2000 de la Corte Constitucional, dentro de una acción instaurada por ex trabajadores de la extinguida Caja Agraria.

V. El recurso de casación

Persigue la parte demandante con el recurso, que esta Sala, CASE totalmente la sentencia de segundo grado y en sede de instancia, revoque la emitida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá el 22 de octubre de 2001, y en su lugar, se acceda a las pretensiones principales de la demanda.

Con ese fin invocó la causal prevista en el numeral 1º del artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado parcialmente por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, en relación con el Decreto 2651 de 1995, artículo 5º, y formuló cuatro cargos que fueron replicados, de los cuales el segundo y tercero se decidirán conjuntamente, al estar orientados por la misma vía, acusar en esencia las mismas disposiciones y servirse de similares argumentaciones.

VI. Primer cargo

Acusa la sentencia por haberse incurrido en ella en violación directa de la ley por aplicación indebida del artículo 20 transitorio de la Constitución Política de 1991, en relación con el Decreto 1388 de 2000, artículos 1º y 3º; artículos 1º, 3º, 9º, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 8º (subrogado por la L. 64/46, art. 2º) y 11 de la Ley 6ª de 1945, artículos 26, 27, 42, 44, 47, 48, 49, 50 y 51 del Decreto 2127 de 1945. Se incurrió igualmente en violación directa del artículo 8º de la Ley 153 de 1887, artículos 4º, 177, 303, 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil. Las violaciones anteriores sirvieron de medio para llegar a la aplicación indebida de los artículos 467, 468, 476 y 478, del Código Sustantivo del Trabajo, y del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 en relación con las siguientes disposiciones: Convenios internacionales 87 y 98 de la OIT, ratificados por las leyes 26 y 27 de 1976; artículos 1º, 4º, 5º, 25, 29, 39, 53, 55, 58, 93, 122, 123, 189-14, 228, 229 y 230 de la Constitución Política; artículos 25, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo, Decreto 1388 de 17 de julio de 2000 y artículo 115 de la Ley 489 de 1998; artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, y artículo (sic) del Decreto 1042 de 1978.

De los razonamientos dados en desarrollo del cargo, sobresalen los siguientes:

“El honorable Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, para confirmar la sentencia del juzgado, sostiene que

“En realidad las apreciaciones del a quo criticadas por el recurrente no parecen tan descabelladas, pues ellas son acordes con las jurisprudencias reiteradas de nuestras altas cortes de justicia que al respecto han soslayado, en lo referente a la terminación del contrato de trabajo, con fundamento en los decretos presidenciales en razón de la potestad reglamentaria del artículo transitorio de la Constitución Política de 1991, han señalado que la terminación de la relación laboral lo es por una causa legal previa, la correspondiente indemnización por el perjuicio causado, como ocurrió en el caso de autos no es procedente la figura del “Reintegro convencional”, pues en caso similar de reintegro convencional advirtió la Sala Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia en casación del 29 de marzo de 1996, radicación 8247 en proceso contra la Caja Agraria, por simple supresión de cargos sin extinción del ente señaló ...”.

“El despido de la demandante lo fue con fundamento en el Decreto 1388 de 2000 y no en virtud del artículo 20 transitorio de la Constitución de 1991. Este artículo transitorio no fue el fundamento del mencionado decreto presidencial, se expidió en virtud de las facultades consagradas del artículo 189 numeral 14 de la Constitución Política, y aun, si se hubiese hecho uso del artículo 20 transitorio, este Decreto 1388 habría sido abiertamente inconstitucional por cuanto el término de 18 meses de que habla la norma están más que vencidos.

“El cargo no controvierte la legalidad o ilegalidad del Decreto 1388 del 17 de julio de 2000, lo que se controvierte es la aplicación indebida que el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, hace del artículo 20 transitorio de la Constitución para justificar el no reintegro convencional del demandante y así confirmar la sentencia del juzgado.

“La sentencia de la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, del 29 de marzo de 1996 y en la que se apoya el tribunal, tampoco viene al caso en cuanto el fundamento jurídico del que ahora se debate no es el artículo 20 transitorio de la Constitución de 1991, ni en él se apoyó la Presidencia de la República para expedir el Decreto 1388 de 2000.

“La honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en la sentencia que hace suya el tribunal, termina sosteniendo “que no tiene efectividad el reintegro consagrado en la convención colectiva, dada su incompatibilidad con los decretos 2138 del 30 de diciembre de 1992 y 619 de 130(sic) de marzo de 1993, los cuales, se repite, obedece al desarrollo del artículo transitorio 20 de la Constitución Nacional y se relaciona con la reestructuración de la Caja Agraria” (fl. 305, cdno. 1).

“Para reforzar sus argumentos el honorable tribunal igualmente transcribe la sentencia la honorable Corte del 15 de diciembre de 1998, radicación 11.352, en la cual niegan el reintegro por “cierre total del lugar”, “desaparición de la empresa”, por cuanto, agrega la Corte, que se “... aplican principios básicos del derecho común sobre la posibilidad del objeto de toda prestación, pues, como se dijo en el párrafo anterior, no es jurídicamente posible asumir una obligación que tenga por objeto un hecho o un acto jurídicamente imposible, ni le está dado al juez hacer cumplir lo que se escapa de las leyes físicas” (fl. 367, cdno. 1).

“En el caso que nos ocupa, es un hecho notorio que no requiere prueba (art. 177 del Civil) que el banco demandado Bancafé no ha desaparecido, no ha sido cerrado ni total ni parcialmente, sigue funcionando, sigue prestando los servicios bancarios común y corriente a lo largo y ancho del país (D. 1388/2000), a diferencia de la Caja Agraria que se liquidó totalmente, desapareció físicamente como institución; Bancafé, no ha desaparecido, por lo cual esta sentencia de la Sala Laboral de la Corte (rad. 11352) que cita y trascribe el honorable tribunal tampoco viene al caso controvertido.

“Si el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, se hubiese percatado que no estábamos en presencia de las facultades constitucionales del artículo 20 transitorio, habría revocado el fallo de primera instancia y habría ordenado el reintegro, atendiendo, además, que con el reintegro, la ejecución del contrato de trabajo en el futuro va a estar exento de todo tropiezo...

(...).

“No hay tal supresión del cargo que haga desaconsejable el reintegro, pues el Decreto 1388 del 17 de julio de 2000 no suprimió el cargo de auxiliar de servicios bancarios en la oficina de Buenaventura, ocupado por la demandante, si tenemos en cuenta que no es lo mismo supresión del empleo que supresión del empleado”.

VII. La réplica

Sobre este cargo se pronunció la parte demandada, en los siguientes términos:

“... El cargo no controvierte la legalidad o ilegalidad del Decreto 1388 del 17 de julio de 2000, lo que se controvierte es la aplicación indebida que el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, hace del artículo 20 transitorio de la Constitución para no justificar el reintegro convencional del demandante y así confirmar la sentencia del juzgado.

“Si es aceptado por el mismo demandante la legalidad del Decreto 1388 del 17 de julio del año 2000, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y mediante el cual se dio por finalizada la relación de trabajo, significa que esa terminación se ajusta a derecho, pues no otra cosa puede deducirse de los apartes del recurso transcritos.

“Ahora, para no ordenar el reintegro el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la forma pedida en la demanda partió de la apreciación de considerar que la terminación del contrato de trabajo no obedeció a una justa causa, hecho que desde la misma contestación del libelo la entidad demandada ha aceptado como cierta, esto es, que no lo fue como consecuencia de una justa causa, sino por razón distinta, contemplada en ese Decreto 1388 del 17 de julio del año 2000, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual, se ordenó adecuar la planta de personal del Banco Cafetero, limitando el número de sus trabajadores a la cantidad de cuatro mil ochocientos (4.800). Por tal razón y en cumplimiento de lo allí ordenado se dijo que “... la administración del Bancafé reducirá la planta de personal cancelando los contratos de trabajo de las personas al servicio de esa institución que considere necesarios...”, en un plazo de siete meses (7) y así fue como se procedió a dar por terminado el contrato de trabajo que tenía suscrito con quien demanda.

“Por otra parte, si bien es cierto que la norma convencional que consagra el reintegro establece que por razón del despido sin justa causa el trabajador debe ser reinstalado en las mismas condiciones de empleo de que gozaba antes del despido y con el pago de los salarios dejados de percibir durante todo el tiempo que estuvo cesante hasta su reincorporación, no menos cierto resulta que la terminación del contrato de trabajo puede derivar por hechos distintos de las justas causas y aun por otras circunstancias que no necesariamente están contempladas como modos de cancelación de los consagrados en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, entre ellas, como por ejemplo, causas legales, como lo es la adecuación de la planta de personal ordenada por el decreto citado precedentemente.

(...).

“Puede ser igualmente admisible el argumento, según el cual, la supresión del cargo de quien demanda no puede ser alegada por el empleador como circunstancia para crear una incompatibilidad, puesto que si ello se aceptara, podría pensarse que siempre quedaría a voluntad del patrono permitir o no el reintegro, según le plazca, mas sin embargo, el cierre no está condicionado única exclusivamente a que éste sea total, lo que significa que puede ser parcial, y ese cierre o adecuación puede necesariamente conllevar a que subsistan cargos que eran desempeñados por los trabajadores que fueron afectados con la terminación de sus contratos de trabajo, pero que debido a las graves y evidentes alteraciones de la normalidad económica, era indispensable prescindir de sus servicios. Aquí prevalece el interés general sobre el particular (C.N., art. 58).

(...).

“Aquí no se discute la posibilidad de que el accionado pueda seguir desarrollando su objeto social para que procedan los reintegros, sino la de poder, hasta cierto punto, seguir subsistiendo, por lo que, tampoco es de recibo el argumento según el cual, que por la circunstancia de continuar funcionando a la fecha y el hecho de que se hayan cerrado algunas de sus dependencias, no implican de manera alguna que la accionada esté en imposibilidad de desarrollar su objeto social y en tal sentido reubicar su trabajador, en las mismas o en mejores condiciones laborales que en las que se encontraba al momento del despido.

“El informe técnico sobre los cambios introducidos al banco, como consecuencia de su reestructuración, es prueba suficiente de la existencia de razones objetivas, que hacen imposible el reintegro a la demandada y ello no significa que esas circunstancias no se hubieran dado en la práctica, pues nada más fácil que negar de plano, sin razones válidas, que una cosa o situación no es como se le presenta, siendo necesario que por parte del demandante se controvirtieran esos hechos o circunstancias, lo que nunca se produjo”.

VIII. Se considera

Analizando cuidadosamente la sentencia recurrida, ninguna dificultad ofrece concluir, que las consideraciones que en ella se hicieron, tienen como fundamentos esenciales, para absolver del reintegro, uno jurídico y otro fáctico, veamos:

El primero, que la terminación del contrato de la demandante, se hizo con base en el Decreto 1388 de 2000, del que debe presumirse su legalidad, que el cargo no cuestiona, por medio del cual se dictó la planta de personal del Banco Cafetero, expedido por el Gobierno Nacional, en uso de las facultades conferidas por los artículos 189, numeral 14 de la Constitución Nacional y 115 de la Ley 489 de 1998, y no en el artículo 20 transitorio de la Constitución Nacional, por lo que el tribunal, no pudo haber infringido la disposición acusada, que valga decirlo, por norma general, no es atacable por medio del recurso extraordinario de casación, al no consagrar derechos u obligaciones.

Y el segundo, el estudio técnico, sobre la difícil situación económica y financiera de la entidad demandada, del que igualmente concluyó que no era aconsejable el reintegro; por lo tanto era deber del recurrente destruir ese soporte, sobre el que también se basó el fallo, imposible de abordar en un cargo por la vía directa, ya que significaría auscultar el documento que lo contiene, para deducir de él una errada o falta de apreciación por parte del ad quem, aspecto fáctico que quedó incólume, que sería suficiente para mantener la sentencia.

Pero es bueno anotar, tal como lo dejó sentado el tribunal, y no es objeto de controversia, que la demandante laboró para el accionado, entre el 14 de marzo de 1988 y el 25 de septiembre de 2000, cuando éste le dio por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, invocando para ello las facultades que le confirió el Decreto 1388 de 2000, es decir con autorización legal, a pesar de lo cual, se trató de un despido sin justa causa; así mismo, que para ese momento, era socia de la Unión de Empleados Bancarios y se beneficiaba de la convención colectiva vigente, suscrita entre éste y la empresa, aportada al proceso en copia auténtica, con la constancia de su depósito legal según lo dijo el ad quem, que consagra una indemnización o el reintegro, cuando el trabajador hubiere cumplido diez o más años de servicio y fuere despedido sin justa causa, para lo cual, también estipula, que el juez debe tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio, y si de esa apreciación encuentra que el reintegro no es aconsejable en razón de las incompatibilidades creadas por el despido, podrá en su lugar ordenar la indemnización, conforme al literal d) de la cláusula 10ª de la convención colectiva de folios 181 a 214, aportada conforme al artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo.

Para negar el reintegro de la demandante, el fallador de segunda instancia, estuvo de acuerdo e hizo suyos, los planteamientos del a quo, en el sentido de que éste no era aconsejable, en razón de que el cargo fue suprimido con autorización legal, previa indemnización, según lo dispuesto en el Decreto 1388 de 2000, expedido por el Gobierno Nacional en uso de las facultades conferidas por los artículos 189, numeral 14 de la Constitución Nacional y 115 de la Ley 489 de 1998, que dictó la planta de personal de la entidad demandada y ordenó a su administración la reducción de ésta; igualmente por considerar, que de acuerdo con un estudio técnico de marzo de 2000, aportado como prueba, la accionada venía acumulando pérdidas millonarias desde 1998, por lo que debió adoptar un plan de reestructuración, y tomar medidas, entre las que se encontraba la reducción de la planta de personal, para evitar su desaparición, con la que le causaría un grave perjuicio, no sólo a los usuarios, sino también a la economía del país.

Al respecto dijo el tribunal:

“Como lo anoto (sic) el juzgado del conocimiento, en el proceso a folios 63 a 95, del plenario corren copias auténticas y con constancia de depósito de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre la demandada y la Unión Nacional de Empleados Bancarios, “UNEB”, vigentes en los años 1997, 1995 y 1999. La convención colectiva de trabajo de 1972, establece en su cláusula décima las indemnizaciones por despido sin justa causa al igual que la acción de reintegro.

“La norma convencional antes indicada, señala en su literal d) el monto de la indemnización por despido cuando el trabajador a (sic) laborado por más de diez años y dispone en su literal c) que cuando el trabajador hubiere cumplido diez años de servicios y fuere despedido sin justa causa el juez del trabajo, ordenará su reintegro en las mismas condiciones de empleo de que antes gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir a la indemnización en dinero prevista en la misma cláusula: Indica que para decidir entro el reintegro y la indemnización el juez tomará en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio, y si de esa apreciación encuentra que el reintegro no es aconsejable en razón de las incompatibilidades creadas por el despido, podrá en su lugar ordenar la indemnización.

“El juzgado del conocimiento en acatamiento a dicha cláusula convencional absolvió a la demandada, por ser desaconsejable el reintegro en razón a que el cargo fue suprimido por autoridad legal previa indemnización.

“Las apreciaciones del a quo para la Sala no tienen ningún reparo, pues de todas las pruebas que obran en el proceso en realidad se acredita que la desvinculación del actor se produjo por la decisión de la demandada de dar por terminado el contrato de trabajo a partir del 26 de septiembre de 2000, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1388 del 17 de julio de 2000, pues el Decreto 1388 del 17 de julio de 2000 obra en fotocopia a folios 168 y 169 estableció la nueva planta de personal del Banco Cafetero S.A., Bancafé, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 489 de 1999 y ordenó a la administración del banco adecuar el número de trabajadores al servicio de la entidad. De lo anterior se concluye que el retiro de la demandante se produjo por supresión del cargo en desarrollo del Decreto 1388 del 17 de julio de 2000, hecho este que se adujo en la carta de terminación del contrato de trabajo y en la cual se reconoció la indemnización por despido correspondiente. Así las cosas, puede concluirse claramente que el despido de la trabajadora se produjo por causa legal previa indemnización mas no por justa causa, pues a más arrimó a proceso la demandada, el estudio técnico de marzo de 2000 (fls. 89 a 107), en el cual se consignó que el banco demandado venía presentando pérdidas desde el año de 1998, llegando a presentar un acumulado en las mismas para el año de 1999 de $ 538.766 millones de pesos, esas pérdidas se originaron en causas semiestructurales y coyunturales...

“De acuerdo con lo anterior la demandada debió adoptar un plan de reestructuración a todo nivel con el objeto de evitar su desaparición, adoptando para el efecto una serie de medidas, entre las que se encuentran la reducción de la planta de personal. De donde el juzgado del conocimiento consideró que el reintegro del trabajador despedido injustamente, pero por causa legal, no es aconsejable, pues como ha quedado demostrado, el cargo desempeñado por la actora desapareció por supresión del mismo y en desarrollo de medidas de choque tomadas por el banco demandado a fin de evitar su desaparición, pues de llegar a sucederle se causaría un grave perjuicio no sólo a los usuarios de la entidad sino a la economía del país, así se ha demostrado en los últimos años con la desaparición de algunas entidades financieras, cualquiera que hayan sido las causas que dieron lugar a ello, lo cual indica que en el caso de autos ha de prevalecer el interés general sobre el particular, que en todo caso estuvo a salvo con el pago de la indemnización a favor del accionante al término de la relación laboral”.

Aunque pareciera que el ad quem hubiera cometido un lapsus al confundir la reducción con la supresión del cargo, expresión esta que no se contiene en el precitado decreto; la verdad es que en su artículo 3º se dijo que “...la administración del banco reducirá la planta de personal cancelando los contratos de trabajo de las personas al servicio de esa institución que considere necesarios ...”, lo que para nada incide en la conclusión a que llegó, en el sentido de no ser aconsejable el reintegro, acatando lo estipulado en el decreto, cumpliéndose con la finalidad de la reestructuración autorizada con apoyo en la Constitución y en la ley, debiéndose entender que necesariamente para reducir la planta de personal, se hace necesario suprimir o restar los cargos o los empleos, a través de la simple terminación del contrato de trabajo, que fue lo que realizó la entidad crediticia, a efecto de aminorar su estado crítico y garantizar su continuidad en el mercado, despojándose de una indemnización preconcebida en la convención colectiva.

Fue por lo anterior que, cuando ya había determinado que no era aconsejable el reintegro, en lo que debe entenderse como algo accesorio a sus principales consideraciones, dijo que éstas, eran acordes con las jurisprudencias reiteradas de las cortes Constitucional y Suprema de Justicia, en lo referente a la terminación de los contratos de trabajo, de conformidad con los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, en uso de las facultades que le otorgó el artículo 20 transitorio de la Constitución Política, y al referirse a un caso que estimó similar, citó y trascribió una sentencia de esta Sala del 29 de marzo de 1996, en proceso contra la Caja Agraria, radicación 8247, donde sí se dio por terminado el contrato, por la supresión de un cargo de celador, con fundamento en los decretos 2138 de 1992 y 619 de 1993 y se dijo que no tenía efectividad el reintegro consagrado en la convención colectiva, dada su incompatibilidad con éstos, que contenían un régimen especial, pues obedecían al desarrollo del artículo 20 citado y se relacionaban con la reestructuración de dicha entidad.

Por lo expuesto, el cargo se desestima.

VlIll.(sic) Segundo cargo

Impugna la sentencia por haberse incurrido en ella en violación directa de la ley en la modalidad de infracción directa de los artículos 3º, 4º y 492 del Código Sustantivo del Trabajo, 19 de la Ley 6ª de 1945 y artículos 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, lo que condujo a aplicar de manera indebida la Ley 443 de 1998, artículos 37 y 39; el artículo 64 numeral 5º del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado inicialmente por el artículo 8º, ordinal 5º del Decreto 2351 de 1965 y posteriormente por el artículo 6º, parágrafo transitorio de la Ley 50 de 1990, en relación con el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 4º y 305 del Código de Procedimiento Civil; artículos 467, 468, 476 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 22 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificados por Colombia, convenios internacionales 87 y 98 de la OIT, ratificados por las leyes 26 y 27 de 1976; artículos 25, 39, 55, 58, 93, 122, 123, 228, 229, 230 de la Constitución Política; 2º de la Ley 64 de 1946; 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965; 30 del Código Civil; 25, 60, 61 y f45 (sic) del Código Procesal del Trabajo, Decreto 1388 de 2000, artículos 1º y 3º.

En desarrollo del mismo, pone de presente que la entidad demandada no ha desaparecido por cierre total y que la supresión de cargos, no es justa causa para despedir trabajadores oficiales; además que constitucional y legalmente, la figura de la planta de personal, es predicable y aplicable exclusivamente para los empleos públicos de vínculo legal y reglamentario, y la supresión del empleo público en la planta de personal, es causal legal de retiro, únicamente de los empleados públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 39 de la Ley 443 de 1998.

Dijo también, que en todo contrato de trabajo, se consideran incorporadas, entre otras, las disposiciones convencionales y se debe siempre aplicar, por mandato constitucional y legal, la norma más favorable al trabajador, como, en el presente caso, donde se pactó por dicho medio el reintegro del trabajador.

X. La réplica

La oposición al referirse a este cargo, dice que está dirigido por la vía directa pero como consecuencia de la infracción directa de varias normas, partiendo del supuesto que el demandante es un trabajador oficial, cuando de acuerdo a los estatutos que rigen al ente demandado, el régimen aplicable a sus trabajadores, es el de las normas del Código Sustantivo del Trabajo, de conformidad con el Decreto 092 del 2 de febrero de 2000. Agregó, que no sobra recordar, que el reintegro previsto en la convención colectiva de trabajo que se invoca, no se consagra de manera fulminante y automática, sino que también pende de las circunstancias anteriores, concomitantes o ulteriores al hecho que como tal lo puedan hacer o no aconsejable, según criterio del sentenciador de instancia. También manifiesta, que las razones de fondo expuestas para la anterior acusación, son de recibo en el presente cargo y a ellas se remite.

XI. Tercer cargo

Acusa la sentencia por haberse incurrido en la violación directa de la ley por aplicación indebida de los artículos 37 y 39 de la Ley 443 de 1998 en relación con los artículos 1º y 3º del Decreto 1388 de 2000; artículos 1º, 3º, 9º, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 8º (subrogado por la L. 64/46, art. 2º) y 11 de la Ley 6ª de 1945, artículos 26, 27, 42, 44, 47, 48, 49, 50 y 51 del Decreto 2127 de 1945. Se incurrió igualmente en violación directa del artículo 8º de la Ley 153 de 1887, artículos 4º, 177, 303, 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil. Las violaciones anteriores sirvieron de medio para llegar a la aplicación indebida de los artículos 467, 468, 476 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 25 y 28 del Decreto 2400 de 1968; artículos 105 y 244 del Decreto 1950 de 1973; artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 en relación con las siguientes, disposiciones: Convenios internacionales 87 y 98 de la OIT, ratificados por las leyes 26 y 27 de 1976; artículos 1º, 4º, 5º, 25, 29, 39, 53, 55, 58, 93, 122, 123,189-14, 228, 229 y 230 de la Constitución Política; artículos 25, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo; artículo 115 de la Ley 489 de 1998; artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, y artículo 2º del Decreto 1042 de 1978.

El recurrente, sustenta la acusación diciendo que el tribunal aceptó como legal y justa causa la supresión del cargo, aplicando indebidamente los artículos 37 y 39 de la Ley 443 de 1998 y 25 y 28 del Decreto 2400 de 1968, normas que no se ajustan al caso controvertido, por tratarse de una trabajadora oficial, y además, porque la figura de la planta de personal sólo es predicable para los empleos públicos, del vínculo legal y reglamentario.

XII. La réplica

Para controvertirlo, la parte demanda expresó que desde la contestación de la demanda viene insistiendo que el contrato de trabajo terminó sin justa causa, pero por disposición legal contenida en el Decreto 1388 de 2000, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual se ordenó adecuar la planta de personal del Banco Cafetero, limitando el número de sus trabajadores a cuatro mil ochocientos (4.800), por lo que, lo dicho sobre las acusaciones precedentes, lo hace extensivo a este cargo, pero manteniendo la independencia jurídica de una y otra acusación, ya que buscan igual finalidad, pero por vías distintas.

XIII. Se considera

Antes de un pronunciamiento expreso sobre los cargos, valga poner de presente, lo siguiente:

Respondiendo los planteamientos del censor, es bueno advertir que en las consideraciones sobre la primera acusación, claramente se indicó, que el lapsus en que incurrió el tribunal al confundir la reducción con la supresión del cargo, expresión esta que no se contiene en el precitado Decreto 1388 de 2000, lo cierto era que no tenía ninguna incidencia en las resultas a que llegó, en el sentido de no ser aconsejable el reintegro, porque simplemente se acató lo estipulado en el decreto, cumpliéndose con la finalidad de la reestructuración autorizada con apoyo en la Constitución y en la ley, pues se debía entender, que era obvio que para reducir la planta de personal, se hacía necesario suprimir o restar los cargos o los empleos, a través de la simple terminación del contrato de trabajo, que fue lo efectuado por el banco, en razón de menguar la crisis económica y financiera en que se encontraba.

Además, no es cierto como lo manifiesta el recurrente, que la figura de la planta de personal, sólo sea predicable para empleos públicos de vínculo legal y reglamentario, pues no hay norma expresa que así lo determine y por el contrario, bien puede concebirse, que la planta de personal está referida a empleados públicos y a trabajadores oficiales, pues a manera de ejemplo existen disposiciones legales vigentes, que indican que se trata de una expresión genérica, que cobija tanto a trabajadores oficiales como a empleados públicos, como es el caso del artículo 72 del Decreto-Ley 1042 de 1978.

Ahora bien, estos dos cargos, presentan las mismas falencias técnicas que el anterior, si se tiene en cuenta, como se dijo al resolverlo, que el fallo impugnado se basó fundamentalmente en la legalidad del Decreto 1388 de 2000, y en el estudio técnico realizado; de donde se dedujo el estado crítico del banco, que lo situaba a punto de colapsar en sus actividades, de lo cual el tribunal concluyó que no era aconsejable el reintegro de la demandante, aspectos no atacados por el recurrente, los cuales permanecen incólumes y soportan la presunción de acierto y legalidad de la sentencia.

Además de lo expuesto al resolver los anteriores cargos, y admitiendo sólo en gracia de discusión que estuvieren bien planteados, tampoco estarían llamados a prosperar, porque como lo enseña la jurisprudencia laboral, no es concebible, que por disposiciones constitucionales y legales de naturaleza especial, se autorice la reestructuración de las entidades para hacerlas eficientes y viables, y con decisiones judiciales, se contravengan los fines y objetivos de las mismas.

Al respecto, dijo esta Sala, en sentencia del 17 de julio de 1998, radicación 10779:

“Debe precisarse que no le asiste razón a los impugnantes en los argumentos que presentan para demostrarlo, pues, como acertadamente lo pone de presente la réplica, en cuanto guardan una estrecha vinculación con los fines esenciales del Estado, las disposiciones dictadas en relación con su estructura, organización y desarrollo de sus funciones, así como las de las entidades territoriales en que se divide, además de tener un indiscutible carácter de normas de derecho público, deben entenderse promulgadas en interés general, razón por la cual predominan sobre las que únicamente atienden al interés individual, de conformidad con el claro postulado expresado en el artículo 58 de la Constitución Política.

“Fuera de lo anterior, no tendría ningún sentido que, por un lado en desarrollo de las facultades constitucionales y por medio de actos jurídicos que se hayan plenamente vigentes se ordenase la reestructuración de una entidad territorial y la supresión de cargos, y que, por otro lado mediante una decisión judicial, se determine el restablecimiento de los contratos de trabajo terminados al amparo de esa autorización, pues esa decisión, además de causar traumatismos de orden administrativo y de no ser viable por sustracción de materia por no existir ya físicamente los empleos, implicaría un desconocimiento de esas precisas facultades constitucionales, cuyo ejercicio en ningún caso puede ser suspendido, ni mucho menos supeditado a determinadas eventualidades que surjan de las relaciones laborales existentes con quienes presten sus servicios a las entidades cuya reestructuración haya sido legalmente ordenada.

“Es por esa razón que en los casos de conflicto entre las normas laborales o convencionales que garantizan la estabilidad en el empleo y las especiales que en desarrollo de mandatos constitucionales permiten la supresión del empleo que ocupaba un trabajador y su consiguiente desvinculación, la jurisprudencia laboral ha dado prelación al régimen especial”.

Por lo dicho inicialmente, estos cargos se desestiman.

XIV. Cuarto cargo

En él se impugna la sentencia por haberse incurrido en violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 467, 468, 476 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º y 11 de la Ley 6ª de 1945; artículos 13, 25, 39, 55, 58, 93, 122, 123, 228, 229, 230 de la Constitución Política; Decreto 1388 de 2000, artículos 1º y 30; artículos 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; en relación con los artículos 37 y 39 de la Ley 443 de 1998; artículos 1º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21 y 28 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 4º, 177, 303, 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil; convenios internacionales 87 y 98 de la OIT, ratificados por las leyes 26 y 27 de 1976; 2º de la Ley 64 de 1946; 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965; 30 del Código Civil; artículos 26, 27, 42, 44, 47, 48, 49 y 50 del Decreto 2127 de 1945; artículos 37 y 38 de la Ley 50 de 1945, Decreto 2400 de 1968, artículo 2º y Decreto 1042 de 1978, artículo 2º.

La aplicación indebida, según el recurrente, se originó en errores evidentes de hecho, los cuales precisó así:

“1. Dar por cierto, sin serlo, que la supresión del cargo, es una causal legal para la terminación del contrato de trabajo de los trabajadores oficiales (“De lo anterior se concluye que el retiro de la demandante se produjo por supresión del cargo... Así las cosas, puede concluirse que el despido de la trabajadora se produjo por causa legal” (fl. 360, cdno. 1).

“2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el cargo ocupado por la demandante de auxiliar de servicios bancarios de la oficina de Buenaventura desapareció, lo que hacía desaconsejable el reintegro al mismo cargo que ocupaba a la fecha del despido la demandante.

“3. No dar por demostrado, estándolo, que el despido de la demandante fue injusto e ilegal.

“4. No dar por demostrado, estándolo, que por convención colectiva de trabajo, la demandante tenía el derecho adquirido al reintegro al mismo cargo que ocupaba, por haber sido víctima de un despido unilateral, injusto e ilegal.

“5. Aceptar en contravía a lo dispuesto en el artículo 28 del Código Sustantivo del trabajo, que la trabajadora-demandante, tiene que participar de las pérdidas económicas del empleador, al darle plena eficacia al Decreto 1388 del 17 de julio de 2000 y al estudio técnico de marzo de 2000 (fls. 89 al 107).

“Pruebas erróneamente apreciadas:

1. Convenciones colectivas de trabajo (fls. 181 al 250)”.

2. Reglamento interno de trabajo (fls. 259 al 279).

3. Carta de despido (fl. 17, repetido al 69 y 114).

4. Decreto 1388 del 17 de julio de 2000 (fls. 108-109).

5. Constancia de afiliación del demandante a la UNEB (fl. 16).

6. Contrato de trabajo (fls. 12-14, repetido al 70-71).

7. Interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de Bancafé (fls. 58 al 60).

8. Informe técnico del banco (fls. 89 al 107)”.

Para demostrarlo, insiste, como en los dos cargos anteriores, en que la figura de la planta de personal y la supresión del empleo, es predicable y aplicable, sólo a los empleos públicos de vínculo legal y reglamentario y no comprende a los trabajadores oficiales, por lo que el despido de la actora fue injusto e ilegal y por lo tanto, se dan los presupuestos establecidos en la norma convencional, en que se apoya el pedido de reintegro, así como los del reglamento interno de trabajo, donde también se estableció ese derecho, desconocido por el tribunal.

Dice además, que el tribunal incurrió en error al dar por demostrado, sin estarlo, que el cargo ocupado por la demandante desapareció, lo que hacía desaconsejable el reintegro y que dentro del informe técnico, no aparece que la existencia de éste, fuese una de las causas para la crisis económica del banco, o que la oficina de Buenaventura diera pérdidas o que fuere aconsejable cerrarla.

Finalmente sostiene, que el tribunal no estimó, ni apreció las circunstancias, para determinar si era o no aconsejable el reintegro.

XV. La réplica

Manifiesta el opositor que las consideraciones expuestas para los cargos anteriores, son de recibo en éste, independientemente de que la acusación escogida lo sea por la vía indirecta, derivada de errores de hecho, respetando, la técnica que demanda el recurso de casación en cuanto a la individualidad jurídica de cada cargo.

Reitera que la finalización de la relación de trabajo, no lo fue con o sin justa causa, sino por otros modos legales, que por el solo hecho de no estar consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo, no lo hacen ilegal y que aun aceptándolo desde el punto de vista netamente académico, el reintegro jamás sería aconsejable, pues prevalece el interés general sobre el particular, en cuanto a la facultad que tiene el Estado de modernizarse y adecuarse a las necesidades existentes en un momento dado, como así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte.

Por último dijo, que la circunstancia de no haberse cerrado totalmente la entidad bancaria, no significa que la reinstalación en el empleo deba irremediablemente ordenarse, pues se caería en el absurdo jurídico, de que sólo en esos eventos no procedería, cuando la sola inconveniencia derivada de otras hipótesis, es suficiente para abstenerse de hacerlo.

XVI. Se considera

En este cargo, igualmente se presentan falencias técnicas, en especial respecto al primer error de hecho señalado, del cual debe decirse que no tiene tal carácter, porque definir si la figura de la supresión del empleo, es predicable y aplicable sólo a los empleos públicos de vínculo legal y reglamentario y no a los trabajadores oficiales, es un asunto estrictamente jurídico y por ende no atacable por el sendero de la vía indirecta escogida.

El segundo error indicado, es intrascendente, porque, si bien, como ya se dijo, erradamente el tribunal, manifestó que el cargo desempeñado por la demandante desapareció por supresión del mismo, la conclusión final a que llegó, de que no era aconsejable el reintegro, la tomó del Decreto 1388 de 2000 y del estudio técnico, ya referido y además, porque tanto la supresión del cargo, como la terminación del contrato, tienen como finalidad el fenecimiento de la relación laboral.

El tercero y cuarto error, no pudieron ocurrir, porque el ad quem, determinó, al unísono con el planteamiento en el cargo, la injusticia del despido, la afiliación de la demandante al sindicato de UNEB, y tuvo en cuenta la normatividad convencional relacionada con el reintegro, para decidir que no era aconsejable.

En relación con el quinto error, debe decirse, que el tribunal, contrario a lo alegado por el ataque, no concluyó que la trabajadora demandante, debía participar de las pérdidas económicas del banco, a más de que esa es una consideración jurídica, que contiene el artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo, que no se puede involucrar en un cargo por vía indirecta.

Según lo expuesto, como el recurrente, está partiendo de unos supuestos fácticos iguales a los que encontró demostrados el tribunal, el cargo no tiene la virtualidad de prosperar, agregándose el defecto de involucrar, como se vio, aspectos jurídicos.

Por lo razonado, el cargo se desestima.

Costas en contra de la recurrente, toda vez que los cargos fueron replicados.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 4 de diciembre de 2001, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso seguido por Nhora Stella Tabares Velasco contra Bancafé.

Costas en contra de la recurrente.

Cópiese y notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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