Sentencia 19391 de agosto 17 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 062

Magistrada Ponente:

Dra. Marina Pulido de Barón

Bogotá, D.C., agosto diecisiete de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Único cargo en relación con el delito de fraude procesal. Violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea:

Sobre dos aspectos del tipo penal de fraude procesal, por el cual se condenó a su defendido, gravita la censura del casacionista para colegir que la hermenéutica de los juzgadores no fue acertada. En primer lugar, cuestiona la entidad del acto de inducción, pues a su juicio no ostentó la idoneidad indispensable para llevar a error al servidor público y, en segundo orden, discute que en este caso no se produjo acto administrativo, ya que solo se llegó a un acto preparatorio, de lo cual infiere que la conducta es atípica.

Procede, en consecuencia, referirse a cada uno de los aspectos planteados por el censor de manera independiente.

En relación con el primer tópico, resulta pertinente precisar, que el acto de inducción desplegado por el agente y que se exige para la estructuración de la conducta punible objeto de análisis, ha de contar con la fuerza o idoneidad suficiente para encaminar hacia un raciocinio errado al servidor público.

Si se comprueba que ese acto no reviste esa especial connotación, no será viable el juicio de adecuación típica, pues si bien el legislador prevé la utilización de “cualquier medio fraudulento” para el propósito indicado en la norma, este debe contar con la aptitud o la fuerza necesaria para incidir en el razonar del sujeto pasivo de la conducta, hasta el punto de sustraerle a una verdad específica, para introyectarle, en su defecto, una convicción distante de la realidad.

Reiterados han sido los pronunciamientos de la Sala en ese sentido. Recientemente se precisó, en relación con esa temática, lo siguiente:

“Los medios engañosos deben comportar la idoneidad para la obtención de los fines sucesivos a que hace referencia el tipo penal, esto es, provocar el error y, como consecuencia de este, la emisión de una providencia contraria a derecho” (1) .

En ese mismo sentido, previamente ya se había señalado por la Sala que:

“como reiteradamente la jurisprudencia de esta Sala lo ha señalado, para que se estructure este delito no es indispensable que el servidor público efectivamente haya sido engañado, sino que el medio utilizado tenga la potencialidad suficiente para engañar, lógicamente debe entenderse que cuando tales medios no son idóneos porque de la manera como se presenta la ley no les otorga ninguna validez, no puede en consecuencia predicarse la existencia de este delito” (2) (negrillas fuera de texto).

Frente al caso que concita la atención de la Sala, a diferencia de lo que plantea el actor, sin dificultad alguna se advierte que el medio fraudulento atribuido al procesado Joaquín Clímaco Fernández de Castro Henríquez, esto es, la presentación de una constancia laboral al fondo de previsión social del Congreso con el fin de obtener el reajuste de su pensión como congresista, cuyo contenido se pudo establecer posteriormente es espurio, constituye medio con la suficiente idoneidad para inducir en error al servidor público, en este caso a los funcionarios de la entidad referida que tenían asignada la labor de analizar la documentación presentada en procura del beneficio pensional y consecuencialmente, de los funcionarios que, con base en dicho estudio previo, proferían el acto administrativo.

A la anterior conclusión se llega tras la ponderación de los medios probatorios del expediente que permiten reconstruir los antecedentes del caso y de la normatividad que en relación con la pensión para los ex congresistas pretendió acogerse el procesado, con lo cual se desvirtúa el argumento expuesto por el actor en el sentido de que para los fines que perseguía su patrocinado no era incidente la presentación de tal constancia, por tratarse de un medio ayuno de la indispensable idoneidad para inducir en error al funcionario.

Está demostrado que el fondo de previsión social del Congreso de la República reconoció pensión de jubilación a Joaquín Clímaco Fernández de Castro Henríquez mediante Resolución 780 del 20 de diciembre de 1990, en calidad de ex director administrativo de la Cámara de Representantes, pero que el aludido, inconforme con esa mesada, el 16 de septiembre de 1997, a través de abogado, presentó ante esa misma entidad solicitud (radicada bajo el número 1128) con el objeto de que se le concediera pensión como ex congresista, la cual fue negada mediante la Resolución 190 del 3 de abril de 1998, decisión contra la cual su apoderado interpuso recurso de reposición con resultados adversos.

Posteriormente, el procesado declinó de la representación profesional y en forma directa insistió en su solicitud, para lo cual anexó constancias laborales en las que se certificaba su gestión como inspector de policía del corregimiento de Orihueca en el municipio de Ciénaga (Magdalena) y como examinador de cuentas de la contraloría municipal del mismo municipio, cargos desempeñados entre el 22 de febrero de 1952 al 12 de abril de 1955 y del 1º de enero de 1958 al 31 de diciembre de 1961, respectivamente.

En virtud de esta nueva solicitud y de la pruebas novedosas que a ella se acompañaron, se profirió proyecto de resolución (sin fecha ni número) suscrita por Iván C. Gutiérrez Noguera y Jairo Escobar Cifuentes, director y jefe de la división de prestaciones económicas, respectivamente, del fondo de previsión social del Congreso, por cuyo medio se revocó la Resolución 780 del 20 de diciembre de 1990 y se reconoció en favor del sindicado pensión mensual vitalicia de jubilación por $ 5.076.984,22, en condición de ex congresista.

De lo anterior se desprende de manera inconfutable que el procesado tenía como objetivo el reconocimiento de su pensión como ex congresista, dado que ostentó tal investidura durante dos períodos constitucionales consecutivos comprendidos entre el 20 de julio de 1970 al 6 de diciembre de 1978, pues no estaba conforme con la que le fue reconocida el 20 de diciembre de 1990, en calidad de ex director administrativo de la Cámara de Representantes.

Para tal efecto, como ya se señaló, otorgó poder a un profesional del derecho, quien elevó la solicitud respectiva sin aludir al tiempo de servicio como examinador de cuentas en la Contraloría Municipal de Ciénaga (Magdalena).

Significa lo anterior que como por las vías legales no fue posible acceder al fin propuesto de alcanzar la pensión como ex congresista, el procesado se decidió por utilizar medios fraudulentos y para llegar a esa conclusión cobra vital importancia lo que señaló el abogado Vives Echeverría, precisamente quien lo apoderó inicialmente en el trámite de reclamación ante el fondo de previsión social del Congreso, al señalar que nunca fue enterado por el interesado sobre esos tiempos anteriores de servicio que definitivamente tenían incidencia en su pretensión.

En su nueva petición de fecha febrero 19 de 1999, que el sindicado presentó en forma directa, si bien perseveró en su mismo objetivo, aportó un nuevo elemento de juicio del cual no se tenía conocimiento en la anterior solicitud. De esa forma, como ya se señaló, adjuntó la referida constancia laboral, que luego pudo establecerse tenía carácter espurio, por medio de la cual acreditaba un desempeño laboral comprendido entre el 1º de enero de 1958 al 31 de diciembre de 1961, es decir cuatro años exactos, como examinador de cuentas de la Contraloría Municipal de Ciénaga.

Dicha constancia era fundamental para los intereses del procesado, pues de acuerdo con la normatividad que regulaba la materia franqueaba el acceso, con visos de legalidad, a la anhelada pensión como ex congresista, significativamente superior a la que recibía en calidad de ex director administrativo del Senado de la República.

En efecto, contrariamente a lo que sostiene el actor, para quien de acuerdo con la normatividad sobre la materia bastaba con acreditar la edad (50 años) al momento de desempeñarse como congresista sin que ninguna repercusión tuviera el tiempo de servicio que en su criterio ya estaba demostrado prescindiendo de esta constancia, es lo cierto es que esa afirmación no se aviene con la realidad que precisamente dimana de la Ley 4ª de 1992 y, especialmente, del Decreto 1353 de 1993 que la reglamentó, de acuerdo con la cual la única forma de que Fernández de Castro alcanzara su pretensión era acreditando que había cumplido 20 años de servicio en esa condición, así fuera en diferentes entidades del sector público.

No surge duda de que la referida Ley 4ª de 1992, entre otros aspectos, estableció un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones para los congresistas, pero el Decreto 1353 de 1993 en su artículo 7º, que se ocupó de establecer a quienes se otorgaba, dicha pensión como ex congresistas, precisó al respecto que “quienes en su condición de senadores o representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el artículo 1º, parágrafo 2º de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o hayan cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hayan cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio, que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º y 6º del presente decreto” (negrillas fuera de texto).

Significa lo anterior que no asiste razón al actor cuando señala que bastaba con acreditar 20 años para acceder al beneficio pensional como ex congresista y que por eso el tiempo certificado en la constancia supuestamente desempeñado por su defendido como examinador de cuentas en la Contraloría Municipal de Ciénaga no tenía ninguna incidencia y carecía de idoneidad para inducir en error porque en todo caso su defendido superaba con creces ese lapso, pues esa particular hermenéutica no encuentra sustento en la preceptiva transcrita, según la cual para alcanzar el beneficio era imprescindible también acreditar que al cumplir los 20 años de servicio el interesado ostentaba la condición de congresista, situación que conocía el procesado y por ello se decidió por presentar la aludida certificación.

Sin embargo, para que no quede incertidumbre alguna en punto de la incidencia de la aludida constancia y su aptitud para inducir en error al servidor público, se suma a lo expuesto el hecho de que tan pronto se tuvo conocimiento sobre su declaratoria de nulidad, decretada por la Contraloría Municipal de Ciénaga, mediante la Resolución 52 del 20 de septiembre de 1999, tras establecer “una serie de adulteraciones efectuadas a los libros que contienen las nóminas de pago, específicamente en el nombre de Joaquín Clímaco Fernández de Castro Henríquez”, el fondo de previsión social del Congreso, mediante Resolución 1033 del 11 de octubre siguiente, negó el reconocimiento de la pensión en favor del mencionado como ex congresista, revocando implícitamente el proyecto de resolución que la avalaba.

En este último acto administrativo concretamente se expresó que “en consecuencia al quedar sin efectos legales la certificación expedida por la Contraloría Municipal de Ciénaga, este tiempo no es válido, por consiguiente el peticionario no cumple los veinte años de servicio en su condición de congresista motivo por el cual se debe negar lo solicitado tal como se hará en la parte resolutiva de esta providencia”.

Si la constancia tantas veces aludida, como lo señala el libelista, no hubiera tenido ninguna incidencia de cara a la pretensión del procesado y para inducir en error al servidor público que inicialmente reconoció la pensión en el proyecto de resolución, no se explica entonces por qué con base exclusivamente en su declaratoria de nulidad los mismos funcionarios que profirieron el proyecto favorable al procesado, esto es, los mismos que fueron objeto del engaño, se retractaron de lo declarado en precedencia. Obvio que ello ocurrió, luego de percatarse del error al que fueron conducidos con base en la certificación falsa.

Todo lo expuesto permite a la Sala concluir, en relación con este punto, que no es admisible el argumento del casacionista en el sentido de que el medio fraudulento utilizado careció de idoneidad para inducir en error al servidor público.

En segundo lugar, tampoco tiene asidero su reparo orientado a que no es viable imputar la conducta delictiva porque finalmente no se produjo un acto administrativo, habida cuenta que solo se obtuvo un “proyecto, ensayo, acercamiento o trabajo de preparación”.

Al respecto, oportuno se ofrece precisar que, como acertadamente lo señala el representante de la sociedad, una tal crítica resultaría pertinente frente al tipo penal de prevaricato por acción, en cuanto que dentro de sus elementos constitutivos se exige el proferimiento de “resolución, dictamen o concepto”, pero como precisamente en este caso no se obtuvo dicho resultado, en la actuación se precluyó investigación en favor del procesado por esa conducta.

En tratándose del fraude procesal, tiene dicho la Sala que es un delito de mera conducta, el cual se consuma con el despliegue de cualquier medio fraudulento que idóneamente induzca en error al funcionario, sin importar que este se traduzca en el proferimiento de sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.

En este sentido se pronunció la Sala en oportunidad anterior al destacar lo siguiente:

“El fraude procesal por ser un delito de simple conducta, se consuma con la inducción en error, previa la ejecución de los actos engañosos que desdibujan la realidad, sin que sea necesaria la materialización de un perjuicio o de un beneficio, mas allá de lo que el acto funcional mismo tenga de perjudicial o beneficioso. No exige, que se obtenga el resultado porque se considera agotado cuando se realiza el comportamiento descrito en el verbo rector ‘inducir’ que es el que constituye el núcleo de la acción” (3) .

Son suficientes los argumentos expuestos para colegir que carece de razón el casacionista cuando censura que no se produjo un acto administrativo, en tanto una cosa es que la conducta se agota cuando se obtiene el proferimiento de las decisiones que el tipo penal señala y otra muy distinta es que para su consumación o estructuración basta con el despliegue del mecanismo fraudulento con idoneidad suficiente para inducir en error al servidor público.

El cargo no prospera.

2. Primer cargo (principal) en relación con el delito de falsedad material de particular en documento público, agravada por el uso. Violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea:

Considera el actor que la vulneración de la ley sustancial aludida se configuró en relación con este delito, porque bajo la misma hermenéutica aplicada por los sentenciadores de instancia al prescindir de las conductas de falsedad ideológica en documento público y estafa, por cuanto se estimó fueron subsumidas por la falsedad material en documento público y el fraude procesal, en su orden, ha debido aplicarse exclusivamente el tipo penal de fraude procesal, por tratarse del delito con mayor entidad y que “corresponde a su más acabada tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad”, en tanto subsume el desvalor de la acción falsaria al estar siempre dirigida a inducir en error al funcionario para obtener el reconocimiento pensional, luego dicha conducta medio utilizada (la falsedad) quedó inmersa en la que lesiona el bien jurídico de la administración de justicia que finalmente se pretendió.

Sobre el particular, la Sala tiene definido a través de su jurisprudencia reiterada que las conductas de falsedad y fraude procesal concursan efectivamente y que no existe razón para inferir que el fenómeno que se suscita es aparente (4) .

En soporte de esa conclusión se ha señalado que el concurso aparente de tipos penales tiene como presupuestos básicos la unidad de acción, esto es, que se trata de una sola conducta que encuadra formalmente en varias descripciones típicas, pero que realmente solo encaja en una de ellas, que la acción desplegada por el agente persiga una única finalidad y que lesione o ponga en peligro un solo bien jurídico (5) .

Con base en los anteriores razonamientos, pronto se advierte que en el caso que se somete a consideración de la Sala, no se configura el pretendido concurso aparente de tipos penales alegado por el censor.

Sobre el particular se tiene que la conducta realizada por el procesado Joaquín Clímaco Fernández de Castro Henríquez, a diferencia de lo que se sostiene en la demanda, no se puede concebir naturalísticamente como unidad de acción.

En efecto, comprendida la acción como fenómeno óntico, bien se trate de acciones lícitas o ilícitas, siempre tiende hacia un fin dirigido por la voluntad, en cuyo desarrollo el agente selecciona los medios necesarios para conseguir el objetivo propuesto, pero si en ese proceso incurre en conductas igualmente típicas, estas no se pueden integrar a la acción original, por resultar plenamente autónomas e independientes y atender a una finalidad distinta (6) .

En el caso que concita la atención de la Sala, la conducta consistente en determinar la adulteración material de unas nóminas para obtener así una constancia laboral espuria es totalmente divisible de la que se llevó a cabo posteriormente presentando dicho documento al servidor público competente para alcanzar un reconocimiento pensional ilegal, esto último en cuanto con ello se birlaban, como se señaló en el acápite anterior, los requisitos exigidos en la normatividad pertinente.

Para comenzar, conviene indicar que tales conductas tuvieron un contexto espacio-temporal diverso, en tanto la primera se realizó en el municipio de Ciénaga, sitio en donde se alteraron los libros de nómina de la contraloría municipal de dicha localidad con el objeto de hacer figurar a Fernández de Castro Henríquez como examinador de cuentas durante el lapso comprendido entre el 1º de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 1961, y así obtener un constancia laboral que certificara esa condición, mientras que la otra tuvo materialización posteriormente en Bogotá, a donde se presentó dicho documento ante el fondo de previsión social del Congreso en procura de obtener el ansiado reconocimiento pensional como ex congresista.

Es decir, no hubo coincidencia temporal ni espacial entre las dos conductas, fueron ejecutadas en momentos y lugares distintos, pero no solo eso, pues también es evidente, en sentido contrario a lo que sostiene el actor, que se quebró la unidad de acción cuando el primer objetivo perseguido orientado a obtener un documento falso, erigió una conducta delictiva autónoma respecto de la que se consumó ulteriormente al pretender engañar con dicho documento al servidor público para obtener una decisión favorable (fraude procesal). Uno fue el propósito de falsificar, aun cuando haya sido medio, y otro el de engañar al servidor público para obtener una decisión ilegal, constituyendo dolos diversos, que ameritan sanción penal independiente.

Por otro lado, también es pertinente resaltar que se elimina la posibilidad de admitir el pretextado concurso aparente entre los delitos de falsedad y fraude procesal para el caso sub examine, en virtud de los denominados principios de especialidad, subsidiariedad y consunción.

De acuerdo con el primero, una preceptiva penal es especial respecto de otra cuando al comparar los tipos penales se observa que uno de ellos es genérico frente al que regula la conducta de forma más precisa y completa, lo que impone optar por aplicar este último en lugar de aquel, desvaneciéndose la posibilidad de un concurso real.

En relación con el delito de falsedad, el cual según el libelista se subsume en el fraude procesal, se observa que sanciona a quien por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. Como se precisó con antelación, se trata de un ilícito de mera conducta, que protege el bien jurídico de la administración de justicia, mientras que el delito de falsedad material de documento público reprime a la persona que falsifique documento público que pueda servir de prueba. Así las cosas, al cabo que el primero es un delito de mera conducta, el segundo es de resultado; además, como con facilidad se puede apreciar, se trata de dos entidades delictivas totalmente autónomas, cuyos elementos estructurales y bien jurídico protegido son distintos, ambas, además, son tipos penales especiales, motivo por el cual no es viable inferir una relación de género a especie entre ellas o que una sea apenas una modalidad de la otra.

En cuanto a la diversidad de bien jurídico protegido se tiene que la falsedad cometida con la expedición de la constancia entrañó lesión efectiva a la fe pública, toda vez que con ese proceder se vio afectada la confianza depositada por los miembros del conglomerado social en los documentos expedidos por un funcionario con capacidad certificadora, como en efecto lo es el Contralor Municipal de Ciénaga, quien con base en la información adulterada de los libros de nóminas, expidió el documento espurio de fecha enero 26 de 1999.

Por su parte, cuando con posterioridad a la comentada falsedad, mediante dicha constancia se indujo en error al servidor público para obtener el reconocimiento pensional, ya no se vulneró exclusivamente la confianza en el tráfico jurídico de los documentos públicos, sino que a ello se sumó la lesión al bien jurídico de la administración de justicia, al verse afectado el juicio ecuánime del servidor en orden a tomar una determinación, con ocasión del acto engañoso desplegado por el agente.

En segundo lugar, tampoco se puede colegir que exista subsidiariedad entre los tipos penales en mención, porque tal situación se evidencia cuando solo uno de ellos puede ser aplicado al subsumirse en el que sanciona con mayor severidad la transgresión del mismo bien jurídico; en estos casos, el mismo precepto por regla general se encarga de prevenir sobre su carácter accesorio señalando que solo puede ser aplicado si el hecho no está sancionado especialmente como delito, o no constituye otro ilícito.

Fácil se comprueba que esa relación de subordinación no se patentiza en tratándose de los dos tipos penales por lo cuales fue condenado el sindicado. Por el contrario, cada uno de ellos, como ya se señaló, es especial y no protege el mismo bien jurídico, de suerte que, en caso de concurrir, se verifica un concurso real de conductas punibles.

En tercer orden, aparece el principio de consunción, en virtud del cual, si bien los delitos que concursan en apariencia tienen su propia identidad y existencia, el juicio de desvalor de uno de ellos consume —de ahí su nombre— el del otro y, por tal razón, solo se procede por un solo comportamiento.

Una tal situación tampoco se configura en el evento que se analiza, dado que el juicio de desvalor de cada una de las conductas concursantes se evidencia como autónomo e independiente, sin que la especial gravedad de uno, tenga la virtud de hacer sucumbir la del otro.

En síntesis, como estima la Sala que en el asunto objeto de estudio no se configura un concurso aparente de delitos que deba ser solucionado a través de los principios de especialidad, subsidiariedad o consunción, evidente resulta que los argumentos del censor orientados en tal sentido no consiguen ser admitidos en punto de la pretendida casación del fallo objeto de impugnación.

Al igual que la anterior, esta censura tampoco prospera.

3. Primer cargo subsidiario en relación con el delito de falsedad de particular en documento público agravada por el uso. Violación directa de la ley sustancial.

El presupuesto sobre el cual el actor endereza su cuestionamiento no tiene razón y por ello el reproche se desestimará.

En efecto, indica el casacionista que el juicio de responsabilidad erigido en contra de su defendido por el delito de falsedad material de documento público se basó exclusivamente en el indicio de interés que le asistía, porque él era el único beneficiario con su obtención; sin embargo, se advierte que los sentenciadores en sus providencias, que en este caso constituyen una unidad jurídica indisoluble, cimientan el juicio de responsabilidad en otro medio de prueba, con lo cual pierde toda posibilidad de éxito su pretensión.

El tribunal, por ejemplo, se refirió en particular a la negativa de Alfredo Correa Galindo, quien se desempeñaba como Contralor Municipal de Ciénaga para el período comprendido entre enero de 1960 a febrero de 1961, a reconocer que el procesado hubiera laborado en dicha entidad durante su gestión, aspecto sobre el cual también fue enfático el juzgado, de la siguiente manera:

“Ahora bien, dentro del plenario quedo sólidamente evidenciado que Joaquín Clímaco no se desempeñó como examinador de cuentas, ni ningún otro cargo en la Contraloría Municipal de Ciénaga para los años 1958 a 1961, la deponencia de Alfredo Correa Galindo es elocuente en este tema, con el ítem de que fue contralor municipal de aquella localidad desde enero de 1960 a febrero de 1961 y enfatiza que el imputado ‘... no fue nunca empleado de la contraloría durante mi período...’ (C.C., fl. 42). Testimonio digno de credibilidad por cuanto no tiene ningún interés de declarar en uno u otro sentido o de manera tal que lo perjudique, ya que el tema es a la postre instrascendente para quien depone, solo pretende dar una respuesta consecuente con su realidad. Las censuras con las cuales vocero y defensor pretenden enervar su valor probatorio son esencialmente subjetivas, porque no está demostrado que el atestante padezca de amnesia, muy por el contrario del contexto de sus respuestas se concluye seguridad en lo vertido y claridad mental. Es más, recuerda el breve segmento durante el cual detentó el cargo de contralor precisando su inicio y su término, lo que a las claras muestra lucidez mental y capacidad evocativa”.

De lo anterior emerge diáfano que el indicio de interés en la conducta no fue el único que se estructuró en contra del procesado, porque ante su insistencia de haber desempeñado el cargo certificado en la constancia falsa, se contrapone el dicho de este testigo que le refuta en forma contundente y que permite así edificar otro indicio de responsabilidad en su contra, que incluso el casacionista controvierte en la siguiente censura.

Otra razón que determina el fracaso de la propuesta contenida en el cargo radica en que en definitiva ninguna demostración consecuente con la violación de una norma sustancial se infiere de su contenido, cuando quiera que su disertación se restringe al contenido de certeza frente a la prueba que deviene de una norma que no ostenta ese carácter (estatuto procesal actual, art. 232 y D. 2700/91, art. 247).

De conformidad con lo brevemente expuesto, se concluye que este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.

4. Segundo cargo subsidiario en relación con el delito de falsedad de particular en documento público agravada por el uso. Violación indirecta de la ley sustancial a consecuencia de un error de hecho por falso raciocinio:

Para el demandante el sentenciador vulneró el principio de antecedente-consecuente, porque no es posible inferir que como el procesado buscaba el reajuste pensional necesariamente fue quien llevó a cabo las alteraciones de las nóminas; argumento que a su juicio solo tendría coherencia, si se hubiera demostrado que eran los únicos documentos viables para acceder a la pensión de jubilación como ex congresista, lo que aquí no sucede por cuanto lo esencial, insiste, era la edad y no el tiempo de servicio.

En esta censura el casacionista recae en el mismo error aludido en la parte inicial de la respuesta dada en esta providencia al único cargo formulado en relación con el delito de fraude procesal, hasta tal punto que su viabilidad, como él mismo lo señala, pende de considerar que ninguna incidencia tenía el tiempo de servicio para la época en que su defendido fungió como congresista, puesto que lo realmente importante era la acreditación de la edad para esa misma época.

Como atrás se explicó de forma pormenorizada, con base en la normatividad que regula la materia, y que por razones metodológicas no conviene repetir, el aspecto concerniente al tiempo de servicio en calidad de congresista sí era determinante para alcanzar la sustancial mejora pensional pretendida por el acusado.

Permite lo anterior inferir que no se desconoció el principio señalado por el actor, porque se equivoca el censor en el condicionamiento que él mismo impuso para su viabilidad.

Tampoco desconoció el sentenciador el principio de razón suficiente, dado que no es cierto que el procesado haya centrado su interés en las actas de posesión pues, como bien lo resalta el agente del Ministerio Público, no solicitó dichos documentos al advertir la imposibilidad para ubicarlas.

Pero lo que resulta de mayor incidencia en orden a inferir la inviabilidad del reparo, es que salvo su referencia a los principios anteriores, no asoma vulneración alguna a las reglas de la sana crítica, porque el actor fundamentalmente cuestiona la prueba desde su perspectiva personal, lo que particularmente se evidencia cuando reprocha la credibilidad concedida a la declaración de Correa Galindo, con la intención de que prevalezca frente al juicio de los sentenciadores, distanciándose abiertamente de la esencia del recurso extraordinario de casación.

Al igual que los reproches anteriores, este también se desestima.

Cuestión final:

La confrontación con la resolución acusatoria, permite corroborar que tal decisión comprendió los delitos de falsedad material de particular en documento público, falsedad ideológica en documento publico “agravada por el uso”, fraude procesal y tentativa de estafa agravada por la cuantía.

Por su parte, el fallador de primera instancia, subsumió la falsedad ideológica en la falsedad material de particular en documento público y la tentativa de estafa agravada por la cuantía en el fraude procesal, sin que ningún reparo al respecto ofreciera el tribunal cuando resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión del a quo. En tal sentido, este último funcionario adujo los siguientes argumentos:

“Disentimos en forma cordial en cuanto a la presencia de la falsedad ideológica y la estafa. A nuestro juicio la falsedad consumada en las nóminas constituye el delito medio y la expedición de la certificación se convierte en el delito fin, vale decir que era indispensable para lograr ese certificado, la adulteración de las referidas nóminas, convirtiéndose en un solo hecho las dos conductas. Como que era requisito sine que non el ejercicio ilícito previo o inicial para la consecución del documento final. Las dos conductas son secuenciales, integradoras de un todo y de un único dolo. Así que nuevamente a nuestro entender y salvo mejor criterio la falsedad ideológica no se tipifica como delito autónomo e independiente.

En cambio la falsedad material no admite discusión, así como su uso que cumplió un doble estadio: El analizado con antelación y la utilización de la certificación para completar la documentación. Igualmente se indujo en error al servidor público para obtener la resolución con el reconocimiento ansiado que por cierto no logró oficializarse definitivamente ante el descubrimiento de la falsedad. Por manera que también se conculcó el artículo 182 tipificador del fraude procesal.

No se estructura la estafa porque la conducta fue tipificada como fraude procesal. Lo que sucede es que nos encontramos en presencia de un concurso aparente de tipos que se resuelve conforme a los criterios de especialidad, subsidiariedad y consunción”.

De lo anterior se infiere que no obstante que para los sentenciadores desapareció el delito de falsedad ideológica en documento público por subsumirse en la otra modalidad falsaria, en la parte considerativa del fallo del a quo se aplicó la circunstancia agravante del uso del documento a la segunda conducta que de acuerdo con la resolución de acusación no la contemplaba, con el efecto concreto de que sirvió de base para incrementar la pena a imponer en 6 meses. Tan evidente es lo anterior que en el numeral primero de la parte resolutiva de la misma sentencia, se condenó al procesado por el delito de “falsedad material en documento público, agravado por el uso”.

Se ha entendido que una de las formas en que se incurre en violación de la causal segunda de casación, esto es, por advertirse incongruencia entre la sentencia y la resolución de acusación, se genera al incluir en la sentencia una agravante no incluida en el pliego de cargos, situación que se detecta en el presente caso y que amerita corrección.

Por consiguiente, la Sala encuentra la necesidad de casar oficiosa y parcialmente el fallo impugnado en cuanto advierte que la sentencia impugnada es incongruente con la resolución de acusación al condenar al procesado por el delito de falsedad material de particular en documento público “agravada por el uso”, no obstante que dicha agravante no fue incluida específicamente respecto de esta conducta en el pliego de cargos.

En ese sentido, se impone deducir de la pena impuesta al procesado el incremento concerniente a la circunstancia específica de agravación erróneamente deducida en la sentencia.

Para tal efecto, se reducirá la pena en seis (6) meses, en tanto corresponde, como ya se dijo, al quantum que por dicho factor aplicó el juzgado de primera instancia, para un total de pena a imponer al procesado Joaquín Clímaco Hernández de Castro Henríquez de veintinueve (29) meses de prisión, sin que sobre advertir que igual monto se fijará en relación con la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por la que también fue condenado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DESESTIMAR los cargos contenidos en la demanda.

2. CASAR oficiosa y parcialmente el fallo de segundo grado, para reducir la pena principal de prisión y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas impuestas al procesado Joaquín Clímaco Hernández de Castro Henríquez a veintinueve (29) meses, de conformidad con la argumentación precedente.

3. PRECISAR que los restantes ordenamientos de la sentencia impugnada se mantienen incólumes.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.

(1) Sentencia de fecha mayo 19 de 2004; M.P. Dr. Jorge Luis Quintero Milanés. Rad. 18367.

(2) Decisión de fecha 29 de abril de 1998; M.P. Dr. Carlos A. Gálvez Argote. Rad. 13.426.

(3) Providencia del 4 de octubre de 2000 en el expediente 11210 con ponencia del magistrado Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar.

(4) Al respecto pueden consultarse, entre otras, sentencia del 28 de enero de 1999; M.P. Dr. Édgar Lombana Trujillo, rad. 11192 y auto del 3 de septiembre de 2003; M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego, rad. 20747

(5) Sobre el particular, se pueden ver, entre otras, sentencia de casación del 18 de febrero de 2000, M.P. Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll. Rad. 12820; del 10 de mayo de 2001, M.P. Dr. Édgar Lombana Trujillo, rad. 14605 y, más recientemente del 15 de junio de 2005, M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero, rad. 21629.

(6) Sentencia de fecha noviembre 15 de 2000. M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote. Rad. 14.815.

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