Sentencia 19391 de febrero 12 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PARTICIPACIÓN EN PARO DECLARADO ILEGAL

PARA DESPEDIR AL TRABAJADOR SE DEBE PROBAR SU PARTICIPACIÓN ACTIVA

EXTRACTOS: «Para los efectos de la cabal utilización de la justa causa de terminación del contrato de trabajo que allí se consagra por la participación de un trabajador en un cese ilegal de actividades, ese precepto debe ser analizado como un todo normativo con las disposiciones que lo han reglamentado.

Así lo explicó esta Sala de la Corte en la sentencia del 9 de marzo de 1998, radicado, 10354:

“No puede pasarse por alto que cuando se hizo la interpretación tomando en consideración el texto en vigor del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, igualmente se tuvo en cuenta que el Decreto 2164 de 1959 reglamentó dicha disposición junto con el artículo 451 del mismo código, reglamentación cuya finalidad fue precisamente evitar que los patronos por su aplicación inadecuada abusaran de la libertad de despedir a quienes habían intervenido o participado en el paro de trabajo declarado ilegal; diferenciándose por ello en dicho decreto entre la situación de aquellos trabajadores que hasta el momento de producirse la declaración de ilegalidad se limitaron a la cesación pacífica del trabajo determinada por las circunstancias creadas por las condiciones mismas del paro, y que pudieron haber sido ajenas a su personal voluntad, de la de quienes, una vez conocida la declaratoria de ilegalidad, “persistieren en el paro por cualquier causa”, tal como textualmente lo dice el artículo 1º del Decreto 2164 de 1959”.

De lo transcrito se desprende con claridad que si bien, como lo recuerda la censura, en el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo se establece que “declarada la ilegalidad de una suspensión o paro del trabajo, el empleador queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido o participado en él”, sin que esa participación contenga calificación de grados o formas, la facultad que allí se establece para el empleador necesariamente debe ser ejercida en los términos que precisa el artículo 1º del Decreto Reglamentario 2164 de 1959, cuya finalidad, como se precisa en el fallo transcrito, es evitar que los empleadores utilicen sin limitaciones esa facultad legal, la apliquen de manera inadecuada y eventualmente abusen de su libertad de despedir afectando trabajadores involucrados en el cese por circunstancias ajenas a su voluntad.

En efecto, el referido precepto reglamentario consagra que

“Declarada la ilegalidad de un paro, el Ministerio del Trabajo intervendrá de inmediato con el objeto de evitar que el patrono correspondiente despida a aquellos trabajadores que hasta ese momento hayan hecho cesación pacífica del trabajo pero determinada por circunstancias ajenas a su voluntad y creadas por las condiciones mismas del paro. Es entendido, sin embargo, que el patrono quedará en libertad de despedir a todos los trabajadores que, una vez conocida la declaratoria de ilegalidad, persistieren en el paro por cualquier causa”.

De lo dispuesto en la norma anteriormente transcrita, analizada en conjunto con el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, se desprende que, contrariamente a lo afirmado por la censura, la sola participación de un trabajador en un cese de actividades automáticamente no autoriza la terminación del contrato de trabajo, porque frente a la realidad de un paro, pueden diferenciarse varias situaciones que ameritan un tratamiento jurídico diverso.

Así lo explicó esta Sala en la sentencia del 31 de octubre de 1986, que sirvió de fundamento al ad quem en los siguientes términos:

“...el despido fundado en un cese de actividades declarado ilegal, permite distinguir tres situaciones:

a) La del trabajador que participa activamente, promoviendo, dirigiendo u orientando el cese de actividades;

b) La del empleado que toma parte en la suspensión de labores en forma pasiva y simplemente como consecuencia de su obligación de acatar la decisión mayoritaria que ha optado por la huelga. Es el caso de quienes terminan involucrados en el movimiento sin desearlo e incluso a pesar de haber intervenido disidentemente;

c) La de quienes, declarada la ilegalidad de la suspensión de labores, persisten en ella, no regresan a sus actividades o no acatan la orden de reiniciación de los trabajos. La persistencia no admite distinción sobre el grado de activismo del trabajador implicado en ella.

“Ello significa que la participación puede tener diversos orígenes y distintas expresiones, ubicándose en sus extremos la del activista que promueve o dirige el cese de actividades y la del empleado que simplemente acepta la decisión mayoritaria que dispone la suspensión de actividades.

Dentro de tales nociones, la del participante activo y la del aceptante pasivo o por inercia, hay profundas diferencias en todos los órdenes y naturalmente el tratamiento normativo no puede ser igual.

Por ello la distinción correspondiente es necesaria para evitar una aplicación indiscriminada de lo preceptuado en el numeral 2º del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo que podría conducir a decisiones patronales inequitativas y contrarias al espíritu sancionatorio de la norma que obviamente puede orientarse en contra de la conducta que merece tal efecto punitivo. Por tanto, ''la libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido o participado...'', en la suspensión de labores no puede tomarse literalmente sino referida a quienes hubieren tenido parte activa en ella.

Pero naturalmente la determinación del grado de participación no es sencilla y no puede dejarse exclusivamente al arbitrio del patrono.

Claro que el patrono puede proceder a despedir quienes considere implicados y éstos tendrán la acción judicial para demostrar lo contrario y obtener el resarcimiento consecuente con el despido injusto del cual han sido objeto, pero en tal momento ya se ha consolidado el perjuicio que preferiblemente debe de evitarse.

Por ello la intervención del Ministerio del Trabajo para calificar el grado de participación y según el mismo determinar quienes pueden ser despedidos por estar incursos dentro de lo previsto en el numeral 2º del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, es de gran importancia, pues ello supone la autorización específica para cada despido sin riesgo de generación de situaciones injustas y sin necesidad de poner en marcha los mecanismos judiciales para resolver la controversia que de allí pueda surgir.

De lo expresado se derivan estas consecuencias:

1. En presencia del factor de participación en el cese de actividades resulta necesario determinar la clase, origen o naturaleza de ella para resolver si el implicado merece o no la aplicación del despido autorizado en el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, pues si no ha tenido una participación activa no hay lugar a aplicarle la medida.

2. Si a pesar de ello habiendo permanecido pasivo, el empleador procede al despido del trabajador, éste se tendrá por injusto y a través de la vía judicial podrá obtener el resarcimiento pertinente.

3. Para la definición del grado de participación, se ha previsto normativamente la intervención del Ministerio del Trabajo[,] quien procederá a calificar los trabajadores susceptibles de ser despedidos, y es frente a ellos que debe entenderse referida la libertad de despido establecida en el artículo que se viene analizando.

Es decir, el despido de los empleados incluidos en la lista autorizada por el Ministerio se entiende amparado por la ley y en consecuencia no genera indemnización de ninguna especie.

4. La persistencia representa una situación diferente en la cual se presenta una inasistencia injustificada y ella por sí misma, sin importar su origen o duración, se encuadra dentro de la autorización de despido. Ello significa que no requiere de calificación previa por el Ministerio del Trabajo.

5. Por tanto los despidos autorizados por el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, en su numeral segundo corresponden a los de los trabajadores que han tenido una participación activa en el cese de actividades o que han persistido en el mismo aunque hubieran tenido una participación simplemente pasiva...” (Gaceta judicial, Tomo CLXXXVI, Vol. II, Págs. 1647a 1649)...).

Criterio que expresamente ratificó en la ya memorada del 9 de marzo de 1998, que también sirvió de estribo al juez de la alzada, en la que igualmente asentó:

“...los despidos autorizados en dicha norma legal ''corresponden a los de los trabajadores que han tenido una participación activa en el cese de actividades o que han persistido en el mismo aunque hubieran tenido una participación simplemente pasiva''.

No puede pasarse por alto que cuando se hizo la interpretación tomando en consideración el texto en vigor del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, igualmente se tuvo en cuenta que el Decreto 2164 de 1959 reglamentó dicha disposición junto con el artículo 451 del mismo código, reglamentación cuya finalidad fue precisamente evitar que los patronos por su aplicación inadecuada abusaran de la libertad de despedir a quienes habían intervenido o participado en el paro de trabajo declarado ilegal; diferenciándose por ello en dicho decreto entre la situación de aquellos trabajadores que hasta el momento de producirse la declaración de ilegalidad se limitaron a la cesación pacífica del trabajo determinada por las circunstancias creadas por las condiciones mismas del paro, y que pudieron haber sido ajenas a su personal voluntad, de la de quienes, una vez conocida la declaratoria de ilegalidad, ''persistieren en el paro por cualquier causa'', tal como textualmente lo dice el artículo 1º del Decreto 2164 de 1959”.

Por ende, a la luz de los criterios jurisprudenciales traídos a colación, no resulta equivocado el entendimiento del ad quem al inferir que para efectos de la aplicación del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo se hacía necesaria la prueba de la participación activa del actor en el cese de actividades parcial.

Con todo, cabe destacar que para apoyar su argumentación la recurrente transcribe un aparte de la sentencia de la Sala proferida el 25 de enero de 2002, radicado 16661, en el que manifestó que:

“...queda claro entonces que si el trabajador, como en este caso, adelanta un proceso con miras a demostrar que no intervino en una suspensión de actividades declarada ilegal, pero no logra acreditarlo, no puede pretender que se declare que su despido fue injusto con fundamento en que previamente a tal determinación no se le adelantó un procedimiento administrativo o disciplinario, pues sin lugar a dadas el varias veces citado artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, faculta expresamente al empleador para despedirlo si considera que aquél participó en la suspensión de actividades declarada ilegal” (fl. 9 del cuaderno de la Corte).

Con el fin de disipar cualquier equívoco que pudiera surgir de la cita que parcialmente y fuera de contexto se hace de ese fallo, debe precisar la Corte que la circunstancia de que allí se indicara que el empleador está facultado por el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo para terminar el contrato de trabajo del empleado que participó en un cese ilegal de actividades, en modo alguno puede ser interpretada como una variación de su tradicional criterio sobre la utilización de la facultad de despido establecida en ese precepto, como tampoco que a partir de ese pronunciamiento el grado de participación en el cese de actividades carezca de relevancia jurídica y cualquiera sea la intervención del trabajador constituirá motivo para la terminación de su contrato, como sin razón lo aduce la impugnante.

El entendimiento que la impugnante le da al citado fallo es equivocado, pues, se reitera, la circunstancia de que en esa providencia se exprese de manera general que la participación en un cese de actividades autoriza el despido de un trabajador no significa que se trate de cualquier participación, ni que las diferentes conductas que eventualmente tuvieren los trabajadores en el cese deban ser tratadas de idéntica manera, pues esa alusión debe entenderse hecha dentro de la comprensión que se le ha dado al artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, que ese precepto autoriza el despido del trabajador que participe en un cese de actividades, pero diferenciando las diversas situaciones que surgen del grado de participación o compromiso del trabajador en el cese respectivo.

De lo que viene de decirse se concluye que el cargo no demuestra el quebranto interpretativo que le atribuye al fallo impugnado, razón por la cual no prospera».

(Sentencia de casación, 12 de febrero de 2003. Radicación 19.391. Magistrada Ponente: Dra. Isaura Vargas Díaz).

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