Sentencia 194 de julio 27 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 0194

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Actor: Carlos Antonio Córdoba Bolaños.

Recurso de apelación contra la sentencia de 25 de abril de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Bogotá, D.C., veintisiete de julio de dos mil seis.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

En el caso sub examine la controversia se circunscribe a determinar si la Comisión Nacional de Televisión debió o no acceder a lo solicitado por el actor el 19 de octubre de 1999, referente a la rectificación de la información presentada el 19 de septiembre de 1999, en el Programa Séptimo Día, del Canal Caracol.

Al respecto, la Sala observa lo siguiente:

El artículo 30 de la Ley 182 de 1995, citado, entre otros, como fundamento del acto acusado, prevé:

“ART. 30.—Derecho a la rectificación. El Estado garantiza el derecho a la rectificación, en virtud del cual, a toda persona natural o jurídica o grupo de personas se les consagra el derecho inmediato del mismo, cuando se vean afectadas públicamente en su buen nombre u otros derechos e intereses por informaciones que el afectado considere inexactas, injuriosas o falsas transmitidas en programas de televisión cuya divulgación pueda perjudicarlo.

Podrán ejercer o ejecutar el derecho a la rectificación el afectado o perjudicado o su representante legal si hubiera fallecido el afectado, sus herederos o los representantes de estos, de conformidad con las siguientes normas:

1. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la transmisión del programa donde se originó el mensaje motivo de la rectificación, salvo fuerza mayor, el afectado solicitará por escrito la rectificación ante el director o responsable del programa, para que se pronuncie al respecto; este dispondrá de un término improrrogable de siete (7) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud para hacer las rectificaciones a que hubiere lugar. El afectado elegirá la fecha para la rectificación en el mismo espacio y hora en que se realizó la transmisión del programa motivo de la rectificación. En la rectificación el director o responsable del programa no podrá adicionar declaraciones ni comentarios ni otros temas que tengan que ver con el contenido de la rectificación.

2. En caso de negativa a la solicitud de rectificación, o si el responsable del programa no resuelve dentro del término señalado en el numeral anterior, el medio tendrá la obligación de justificar su decisión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a través de un escrito dirigido al afectado acompañado de la pruebas que respalden su información. El afectado podrá presentar inmediatamente su reclamo ante la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, la cual decidirá definitivamente dentro de un término de tres (3) días hábiles. Lo anterior sin perjuicio de las acciones judiciales a que pueda haber lugar.

No obstante lo anterior, se garantizan el secreto profesional y la reserva de las fuentes de información previstas en la Ley 51 de 1975, artículo 11. En este caso, no podrá solicitarse la valoración del testimonio de persona no identificada.

3. Si recibida la solicitud de rectificación no se produjese pronunciamiento tanto del responsable de la información o director del programa controvertido, como de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, la solicitud se entenderá como aceptada, para efectos de cumplir con la rectificación.

4. El derecho a la rectificación se garantizará en los programas en que se transmitan informaciones inexactas, injuriosas, o falsas, o que lesionan la honra, el buen nombre u otros derechos.

PAR. 1º—El incumplimiento por parte del medio de lo consagrado en este artículo dará lugar, según la gravedad de la falta y sin perjuicio de otros tipos de responsabilidad, a una de las siguientes sanciones:

1. Multas que impondrá la Comisión Nacional de Televisión entre 100 y 1.000 salarios mínimos mensuales.

2. Suspensión del servicio por el término de uno (1) a treinta (30) días.

3. Revocatoria de la licencia para operar la concesión.

4. Caducidad administrativa del contrato.

Los miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión que se sustraigan a la obligación de velar por la realización del libre ejercicio de este derecho, incurrirán en causal de mala conducta.

Las sanciones descritas en el párrafo anterior estarán precedidas del procedimiento y garantías establecidos en la Constitución Política.

PAR. 2º—Cuando por orden de la Comisión Nacional de Televisión o de un juez competente en decisión definitiva, un operador del servicio de televisión, a cualquier nivel o concesionario de espacios de televisión o contratista de televisión regional deba rectificar por más de tres veces informaciones inexactas, injuriosas o falsas, o lesivas de la honra o del buen nombre de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, se hará acreedor a una reconvención pública por parte de la Comisión Nacional de Televisión. Esta será suficientemente difundida y divulgada por los medios de comunicación, con cargo al presupuesto de la Comisión Nacional de Televisión. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el presente artículo”.

La Comisión Nacional de Televisión no accedió a la rectificación solicitada, pues tuvo en cuenta que no fue el medio de comunicación, sino las personas que intervinieron en el programa, quienes dieron declaración acerca de las actividades realizadas por el sacerdote Córdoba Bolaños; que en el programa no se evidencia que el mencionado sacerdote hubiera sido acusado en forma soterrada ni evidente de haber cometido delitos; y las declaraciones de los terceros se consideran opiniones, que no pueden involucrar o comprometer al programa.

De la lectura de la norma transcrita se deduce, como lo interpretó la Comisión Nacional de Televisión, que las informaciones que pueden afectar a una persona públicamente en su buen nombre u otros derechos e intereses, que se consideren inexactas, injuriosas o falsas, respecto, de las cuales procede la rectificación, deben provenir directamente del programa de televisión y no de las terceras personas que en él intervengan.

La Sala Plena de esta corporación en sentencia de 3 de marzo de 1993 (Exp. AC-563, C.P. Miguel González Rodríguez), precisó que la rectificación tiene por destinatario al medio de comunicación y no las personas que hicieron uso de él. Respecto de estas personas están expeditas las acciones judiciales a que pueda haber lugar, que se dejan a salvo en el numeral 2 de la norma transcrita, las cuales en caso de retractación deberán utilizar el mismo medio que emplearon para proferir la injuria y la calumnia.

Conforme se deduce del contenido del programa Séptimo Día presentado el 19 de septiembre de 1999, que la Sala tuvo oportunidad de analizar, en efecto, en el mismo los señores Germán Prieto, Martha Sepúlveda y Gloria de González, afirmaron ser familiares de personas que a pesar de tener diagnóstico médico de padecer enfermedades graves y mortales —una de las cuales a la postre murió—, fueron tratadas por el sacerdote Córdoba Bolaños, quien les manifestó que no presentaban tales enfermedades, y a quienes les prescribió unas gotas curativas, luego de haber tenido que cancelar $ 40.000 por la consulta y $ 70.000 por la supuesta medicina.

De la misma manera, se observa en el video que un reportero del programa fue a una consulta para tratar de establecer los métodos terapéuticos empleados por el sacerdote y manifestó tener dolor en las manos, frente a lo cual este, sin que mediara examen médico alguno ni mucho menos especializado, que es el que se requiere en estos casos, le diagnosticó “artritis”; le dijo que le estaban haciendo “brujería” a través de un muñeco atado al cuello y las manos que tenían enterrado en un cementerio y le practicó un exorcismo en los genitales, los cuales manipuló para indicarle al paciente cómo debía sujetarlos.

El programa consultó con un médico especialista en reumatología, quien aseveró que ese método no era el adecuado para diagnosticar la artritis y que el supuesto paciente no padecía dicha enfermedad.

Igualmente, el programa indagó ante la Secretaría de Salud del Distrito, quien ante las cámaras certificó que el consultorio médico en el que atendía el sacerdote había sido sellado, pues no tenía licencia.

Aparece en el video que el programa se dirigió al Invima para establecer si el medicamento suministrado por el sacerdote a los pacientes tenía el registro que allí se indicaba y frente a las cámaras se mostró una certificación de que dicho registro era fraudulento y la sustancia envasada tenía alto contenido de plomo, perjudicial para la salud.

El programa visitó nuevamente al sacerdote, quien se encontraba laborando en otro consultorio, para que explicara sobre lo anterior, y ante las cámaras el mismo se abstuvo de atender a los reporteros.

Se escuchó el testimonio del obispo de Zipaquirá quien explicó que el sacerdote no era médico; que no tenía licencia para atender como padre fuera de esa jurisdicción y que la práctica del exorcismo requiere autorización del obispo.

Del análisis del video que ha quedado reseñado, y de la conclusión que frente al mismo destaca la entidad demandada en el acto acusado, deduce la Sala que no se vislumbra la falsa motivación ni el abuso de poder a que alude el recurrente; no hubo desfiguración de la verdad; y el material probatorio se valoró adecuadamente, razón por la cual es del caso confirmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de julio de 2006».

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