Sentencia 19405 de febrero 7 de 2003

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Acta Nº 7

Rad.: 19405

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá D.C., siete de febrero de dos mil tres.

La Corte decide el recurso de casación interpuesto por Construyecoop Entidad Cooperativa Financiera —Construyecoop— (en liquidación), contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de octubre de 2001, en el proceso ordinario que le sigue Gladis Margot Vados Coral.

I. Antecedentes.

La demandante inició proceso social de dos instancias contra la demandada, a fin de que se le reintegrara al cargo desempeñado al momento de la terminación del contrato de trabajo, con el pago de los salarios y prestaciones dejados de devengar entre el despido y el reintegro; subsidiariamente a que se la pagara la indemnización por despido, el valor de las 12 semanas de descanso, la remuneración de horas extras diurnas, la indemnización moratoria, indexación y costas del proceso.

Fundó sus pretensiones, en que: prestó sus servicios a la demandada mediante contrato de trabajo a partir del 10 de agosto de 1996 y que el 5 de mayo de 1998 avisó a su empleador, por escrito, su estado de embarazo, y que ante ese hecho el empleador montó en improperios y la conminó a que renunciara, que ante su negativa este le ordenó a la secretaria elaborar la carta de renuncia y de inmediato la obligó, bajo amenaza a firmarla ; que para disfrazar ese hecho y para su defensa en el futuro ordenó que la carta tuviese como fecha el 4 de mayo de 1998, un día antes de enterarse del estado de embarazo, y por ello fue despedida en forma unilateral por el empleador; que al momento de la terminación del contrato devengada $ 850.000. como sueldo básico.

II. Respuesta a la demanda.

La entidad llamada a juicio, una vez noticiada de la demanda, le dio respuesta, en la cual aceptó la relación laboral, el extremo inicial del contrato y que la trabajadora, durante su ejecución fue ascendida a sicóloga de recursos humanos. Que el 5 de mayo avisó por escrito del estado de embarazo en que se encontraba, negó los demás hechos, se opuso a las pretensiones y formuló la excepción de inexistencia de los derechos reclamados.

III. Decisión de primera instancia.

En audiencia de juzgamiento, el juzgado décimo tercero laboral del circuito de Bogotá, condenó a la demandada a pagar la indemnización por despido, la indemnización especial por despido en estado de embarazo, la absolvió de las demás pretensiones y la condenó en costas.

IV. Decisión del tribunal

En segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia acusada en el recurso extraordinario, revocó la de primera y ordenó el reintegro y el consecuente pago de $ 28.333.33 diarios desde el momento del despido y hasta cuando sea reintegrada, y no fijó costas en la instancia.

Dijo el tribunal:

“El juzgado consideró que la carta de renuncia no fue voluntaria sino coaccionada por la parte empleadora y dijo que si bien la Corte Constitucional ha señalado que el despido que se produce por el estado de embarazo no produce efectos y por ende ordena el reintegro también lo es que la sociedad demandada se encuentra en liquidación obligatoria tal como da cuenta el certificado de la Cámara de Comercio visto a folio 20 del expediente y por lo tanto considera que no inaconsejable el mismo y por tanto absuelve a la demandada por dicha petición y procede a estudiar las peticiones subsidiarias.

“No se encuentra en discusión lo relacionado con la carta de renuncia provocada por el empleador, pues la parte demandada desistió del recurso de apelación y por lo tanto aceptó los planteamientos del juzgado que consideró demostrado ese hecho de esa forma por lo tanto la Sala se ocupará privativamente de los puntos expuestos en la censura, pues no tiene porque entrar a dilucidar inconformidades que no han sido puestas a su consideración, toda vez que ese es el alcance del recurso según el genuino entender del artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 al exigir la sustentación de la alzada, en orden a determinar lo que persigue la apelante con su recurso, como lo ha definido con reiteración la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que sobre el particular en reciente sentencia expuso (…).”

“(…) Entonces esta norma prevé la prohibición de despedir “por motivo de embarazo o lactancia”, la cual se presume, cuando no se ha invocado una justa causa y máxime si no existe autorización de la autoridad competente y en tal evento en que se presente, es decir, que si el despido se produce por motivo de embarazo o lactancia, real o presuntamente (porque no se obtuvo el permiso para el efecto, que solo puede ser concedido cuando se prueba una justa causa), se deduce que en este caso el despido no produce efectos.

Esta interpretación concuerda con la que efectuó la Honorable Corte Suprema de Justicia, antes transcrita, respecto del entendimiento de los artículos 239 y 241 tipifica la conducta de la demandada, en relación con la demandante, pues sin existir justa causa de despido procedió a despedir a la demandante en forma indirecta haciéndole la carta de renuncia y obligando a la demandante a firmar, por el hecho del embarazo, tal como se demostró con las declaraciones de las testigos, tal como igualmente lo dedujo el juzgado y lo acepta la misma demandada al no manifestar inconformidad al respecto al producirse la sentencia de primera instancia sin entrar a valorar que ello constituía una discriminación y que la misma norma laboral (CST, art. 239), la prohíbe en su numeral primero.

Además dicha norma en su numeral segundo establece la presunción de que el despido se ha efectuado por ese hecho, cuando ha tenido lugar dentro del periodo de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, es decir, que la trabajadora no necesita demostrar sino el hecho del despido dentro de dicho periodo, para que la ley presuma que se trató de una discriminación por dicho embarazo. Entonces en estos casos es ineficaz el despido.

Ahora, las indemnizaciones son válidas y procedentes, conforme el numeral 3 del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando el patrono, sin haber solicitado el respectivo permiso a la autoridad competente procede a despedir a la trabajadora, pero existiendo una justa causa para ello es decir que en estos casos si sería válido el despido cuando exista una justa causa de despido y por ende la respectiva indemnización.

Pero como en el presente caso no se demostró que existió justa causa, ya que ni siquiera se alegó, máxime cuando se desvirtuó la renuncia de la demandante por lo tanto se determina que el despido obedeció a una discriminación por estado de embarazo y conforme lo explicó la Corte Suprema de Justicia en estos casos el despido es ineficaz.

Por lo tanto, le corresponde al patrono demostrar que existía una justa causa para que se desprenda y ahí bajo esos parámetros pueda aplicar el numeral tercero de dicha norma, en el sentido que sea procedente en ese caso las respectivas indemnizaciones.

Entonces se concluye que en el presente caso en primer lugar no se alegó ni demostró la existencia de una justa causa por lo tanto no era aplicable el numeral tercero del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, en cambio la situación si tipificó lo señalado en los numerales primero y segundo que de acuerdo con la interpretación de la misma Corte Suprema de Justicia en estos casos en despido también es ineficaz.

La circunstancia de que la entidad demandada se encuentre en liquidación será un hecho que debe tener en cuenta la entidad demandada para dar por terminado el contrato de trabajo cuando se presente una causa legal, pero ello no es óbice para hacer nugatorio el reintegro por la declaratoria de ineficacia del despido indirecto que se ha demostrado en el presente caso.

Por lo anterior se accederá a la petición de la parte apelante y en consecuencia se revocará la decisión de primera instancia y en su lugar se declarará ineficaz el despido indirecto y en consecuencia se condenará a la demandada a reintegrar a la actora al cargo que venía desempeñando y a pagarle los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta cuando se efectúe el reintegro”.

V. El recurso de casación.

La parte demandada, para que se case totalmente la sentencia acusada y en sede de instancia, se confirme la de primer grado, formula dos cargos, que fueron oportunamente replicados.

VI. Primer cargo.

“Acuso la sentencia recurrida por la causal primera de casación señalada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado por el artículo 7º de la ley 16 de 1969, esto es de ser violatoria, por la vía directa, de la ley sustancial en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 239 (modificado por el 35 de la Ley 50 de 1990), y 240 y 241 (modificado por el artículo 8º del Decreto 13 de 1967) todos del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965”.

Para el desarrollo del cargo afirma que, como se enfiló por la vía directa, acepta, como lo encontró demostrado el tribunal, que la actora fue despedida el 5 de mayo de 1998 en estado de embarazo, y que no existió permiso previo para ello.

Agrega que el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe despedir a la trabajadora en estado de embarazo y sin autorización de las autoridades respectivas, pero el juez condenó a las indemnizaciones y el tribunal ordenó el reintegro cuando la empresa, como lo admite la sentencia acusada, se encontraba en liquidación, por ello, como lo ha resuelto la jurisprudencia (Sent. dic. 2/97, Rad. 10157), en esos casos el reintegro es un imposible.

VII. La réplica.

Expresa que antes de entrar al análisis de los cargos, reitera lo dicho ante el tribunal, respecto de los padecimientos causados a la demandante con el despido, a quien le tocó dar a luz a su hijo valiéndose de la caridad de sus amigos ya que no estaba inscrita a ningún sistema de salud.

Respecto del primer cargo, anota que no se incluyen todos los preceptos legales sustantivos relacionados con el trámite de la liquidación de las empresas, obligaciones del liquidador, extinción de la entidad deudora, ni se alude a la norma sustancial sobre aplicación analógica del numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, lo cual implica que la proposición jurídica es incompleta y el cargo es anti técnico e ineficaz.

Agrega que la sentencia del ad quem se fundamenta en la realidad procesal y en la recta aplicación del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo que tipifica como ineficaz el despido en estado de embarazo; que además la Corte Constitucional en Sentencia C-470 de 1997, concluye que la única decisión admisible es integrar en el ordenamiento legal los mandatos constitucionales sobre igualdad, de suerte que debe entenderse que carece de todo efecto el despido de la trabajadora durante el embarazo o en los tres meses siguientes al parto, sin la autorización previa del funcionario competente. Esa doctrina, de la estabilidad reforzada de la mujer embarazada se ha venido aplicando por la Corte Constitucional en acciones de tutela en que se declara que el despido carece de todo efecto.

VIII. Se considera.

No le asiste razón a la réplica cuando advierte que en la proposición jurídica no se incluyen como acusadas las disposiciones legales correspondientes a la liquidación de las empresas, esto es las leyes 222 de 1995 y 550 de 1999, porque el ad quem había considerado que, aunque la empresa demandada se encontraba en trámite liquidatorio, ordenaba el reintegro, estimando frente a este punto que el hecho de estar la entidad demandada en liquidación, era algo que se debía tener presente cuando fuera a dar por terminado el vínculo contractual y ello solo si se daba una causa legal, pero que tal situación no era talanquera para hacer nugatorio el reintegro por la declaratoria de ineficacia del despido indirecto demostrado en los autos, ya que de un lado esas disposiciones no contienen derechos sustanciales, y de otro, ese debe, conforme al artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, llevado a legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, lo cumplió citando los artículos 239, 240 y 241 del Código Sustantivo del Trabajo.

El tribunal, para lo que interesa a los fines del cargo, edificó su condena en la siguiente consideración:

“Entonces que (sic) concluye que en el presente caso en primer lugar no se alegó ni demostró la existencia de una justa causa por lo tanto no era aplicable en (sic) numeral tercero del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, en cambio la situación se tipificó lo señalado en los numerales primero y segundo que de acuerdo con la interpretación de la misma Corte Suprema de Justicia en estos casos el despido también es ineficaz.

“Por lo anterior los argumentos expuestos por el juzgado al considerar que es inaconsejable el reintegro no son de recibo, ya que esta facultad para el juez de determinar la aconsejabilidad o no del reintegro la consagra la ley para los reintegros que establece el numeral 5º del artículo 8º del Decreto-Ley 2351 de 1965, y no para los casos del reintegro por discriminación en estado de embarazo, que contemplan las normas antes mencionadas.

“La circunstancia de que la entidad demandada se encuentre en liquidación será un hecho que debe tener en cuenta la entidad demandada para dar por terminado el contrato de trabajo cuando se presente una causa legal, pero ello no es óbice para hacer nugatorio el reintegro por la declaratoria de ineficacia del despido indirecto que se ha demostrado en el presente caso” (fl. 205).

De allí que el cargo debe enfilarse a desmoronar ese soporte jurídico que viene siendo la base esencial del fallo gravado.

En efecto, auscultando la demanda de casación, el censor expresa que: “El artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe despedir a la trabajadora por motivo de embarazo y “sin autorización de las autoridades…” el juez a quo condenó a la demandada a pagar las indemnizaciones previstas para estos casos; pero el ad quem ordenó el reintegro cuando la empresa como lo admite en la sentencia acusada se encuentra en liquidación; por tanto, como lo ha resuelto la jurisprudencia, en estos casos es un imposible el reintegro (Sent. dic. 2/97, Rad. 10.157, M.P. Germán Valdés Sánchez)” (subrayado propio).

De este enunciado, es palmar que no se elaboró una sólida argumentación tendiente a demostrar porqué el tribunal aplicó indebidamente las disposiciones que enlista en la proposición jurídica, y, desde esa óptica, el cargo se hace inestimable, lo que no obsta para precisar que en la sentencia del 2 de diciembre de 1997, Radicación 10157, cuyo párrafo se acaba de transcribir y en el cual se pretende tener apoyo el recurrente, se trataba de la aplicación del artículo 8 del Decreto 2351 de 1965, donde se consideró que cuando existe cierre total de la empresa es imposible el reintegro y por tanto para nada se refirió al artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Pero, además de lo dicho, el cargo se ha fundamentado en criterio jurisprudencial de esta Sala de la Corte, para asegurar que cuando la empresa está en liquidación no es posible el reintegro; y resulta que la Sala tiene sentado, que, cuando el cargo se funda en un criterio jurisprudencial, la modalidad de infracción es la interpretación errónea. Al respectó razonó la Corte:

“(…) Es entonces, por lo puntualizado, que se asevera que el real fundamento para proferir la condena cuya quiebra se reclama, lo constituye la aplicación de una interpretación jurisprudencial, y ello implica, conforme lo ha definido la Sala en casos similares, que el concepto de violación pertinente no es el de aplicación indebida, ya que esta clase de vulneración excluye divergencias de índole estrictamente hermenéutico entre el tribunal y quien formula el ataque, porque cuando ellas se dan en asuntos como el presente, el único imputable al fallo es la interpretación errónea…” (Sent. nov. 8/99, Rad. 12.274);

Como aquella modalidad no fue la escogida por el ataque, ello conlleva la desestimación del cargo.

Por último, la sentencia acusada se edificó sobre dos supuestos, cuales son:

Por lo expresado, el cargo se desestima.

IX. Segundo cargo.

“Acuso la sentencia recurrida por la causal primera de casación señalada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, esto es de ser violatoria, por la vía indirecta, de la ley sustancial en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 241 (modificado por el artículo 8º del Decreto 13 de 1967), 239 (modificado por el artículo 35 Ley 50 de 1990) y 240, todos del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965.

Dice que la violación de la ley se produjo por los siguientes errores de hecho:

“1. No dar por demostrado, estándolo, que la empresa demandada se encuentra en liquidación, lo que hace imposible el reintegro.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la empresa demandada puede terminar el contrato de trabajo con alguna causa legal, después de que se produzca el reintegro”.

Los errores ocurrieron por la apreciación equivocada de:

“1. La demanda en cuanto contiene confesión de que la empresa se encuentra en liquidación.

2. Certificado de Cámara de Comercio en donde consta que la demandada se encuentra en liquidación obligatoria” (fls. 21 y 22).

En el desarrollo del cargo manifiesta que el tribunal no menciona expresamente las pruebas enlistadas, pero como alude al hecho de encontrarse la empresa en liquidación, debe entenderse que tuvo conocimiento de tal hecho por medio de las pruebas anteriores. A continuación transcribe apartes de la sentencia del tribunal, y expresa que la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que en casos de liquidación o supresión de empresas es jurídicamente imposible el reintegro.

IX(sic). La réplica.

Para oponerse al segundo cargo, aduce que, al igual que en el anterior, no debe prosperar por ser incompleta la proposición jurídica y que además en la demostración del cargo solo se limita a hacer transcripciones parciales de sentencias de la Corte, sin señalar la incidencia de los errores de hecho en la resolución de la sentencia recurrida, y además, las sentencias que cita aluden a los casos de liquidación o supresión de empresas, pero no a establecimientos o empresas que están en proceso de liquidación y no han dejado de existir, como ocurre en este caso.

Alude que el artículo 199 de la Ley 222 de 1995 se regula lo concerniente a la extinción de las entidades deudoras como culminación del proceso de liquidación y no basta, como lo ha sostenido esta Sala, que se invoquen los errores evidentes de hecho, provenientes de la equivocada estimación de pruebas o de la falta de apreciación de las mismas, el recurrente está obligado a demostrar el desacierto, poniendo de presente que es ostensible y debe destruir de manera razonada los soportes que sirvieron de fundamento a la decisión acusada.

Reitera que no solo se observa esa falla de carácter técnico, sino que el tribunal se basó en criterio jurisprudencial de la Corte respecto del recto sentido de los artículos 239 y 241 del Código Sustantivo del Trabajo, aplicable a la conducta de la demandada, en relación con la justiciable, que sin existir justa causa de despido, procedió a despedirla en forma indirecta, obligándola a firmar la carta de renuncia; situación jurídica que fue aceptada por la demandada, al no haber formulado reparo frente al fallo de primera instancia.

Que además el tribunal argumentó, contrario a lo elucubrado por el a quo, que el reintegro no era desaconsejable, ya que lo aconsejable o no es propia para los reintegros con base en el artículo 8-5 del Decreto 2351 de 1965 y no para los casos de reintegro por discriminación en estado de embarazo.

IX(sic). Se considera.

Sin necesidad de repetir las argumentaciones dadas para la desestimación del primer cargo, en lo referente a las consideraciones esbozadas por al tribunal para proteger la estabilidad laboral de la accionante a través de la orden de reintegro, debe insistirse en que ellas lo fueron de estirpe estrictamente jurídica, al referirse a que, aunque la empresa demandada se encontrara en liquidación, esa circunstancia se deberá tener en cuenta por la entidad para terminarle el contrato de trabajo a la demandante, cuando se presente la causa legal para ello.

Amén de lo anterior, los dos errores de hecho que el ataque le endilga al tribunal no ocurrieron, el primero por ser un supuesto que halló demostrado el ad quem, lo que conlleva una marcha al unísono del ataque con el fallo gravado y consecuencialmente un supuesto de hecho incuestionado, y el segundo porque, a más de ser un argumento jurídico, es una situación hipotética que, por ende, no puede constituir un dislate fáctico y menos con el carácter de ostensible.

Colofón de lo dicho es que el cargo se desestima.

Costas a cargo del recurrente. Tásense.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de fecha 30 de octubre de 2001, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio seguido por Gladis Margoth Vados Coral contra el Construyecoop Entidad Financiera Cooperativa —Construyecoop—.

Costas en el recurso a cargo del recurrente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Javier Osorio López.—Carlos Isaac Nader.—Eduardo López Villegas.—Luis Gonzalo Toro Correa.—Germán G. Valdés Sánchez.—Isaura Vargas Díaz.—Fernando Vásquez Botero. 

Laura Margarita Manotas González, Secretaria.