Sentencia 19441 de marzo 17 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Hernán Galán Castellanos

Aprobado acta 61

Bogotá, D.C., once de junio de dos mil dos.

Decide la Corte lo conducente a la falta de competencia que el Juzgado Penal del Circuito de Guateque y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja, aducen para conocer el proceso adelantado contra Libardo Sarmiento Peña acusado por el delito de rebelión.

Antecedentes

El 26 de diciembre del año anterior, a eso de las 96:30 de la mañana en la vereda “La escalera” del municipio de Guayatá, se presentó un combate entre los soldados pertenecientes al batallón de infantería Nº 1 “Simón Bolívar” y el grupo insurgente pertenecientes a los frentes 52 y 54 de las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia “FARC-EP”, habiendo resultado herido y posteriormente capturado, en posesión de material bélico el rebelde Libardo Sarmiento Peña conocido con el alias de “Robinson” quien admitió su participación en la célula insurgente, además de haber proporcionado información sobre los integrantes de su grupo.

Actuación procesal.

1. La fiscalía 1ª delegada ante los jueces penales del circuito especializados de Tunja, mediante resolución de diciembre 27 de 2001, profirió resolución de apertura de instrucción, ordenando la práctica de la diligencia de indagatoria del aprehendido Libardo Sarmiento Peña a quien le resolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de rebelión, a la vez, ordenó la remisión de la actuación, por competencia, a la fiscalía seccional de Guateque (Boyacá) (fl. 11), la que al avocar el conocimiento de la actuación atendió la solicitud de sentencia anticipada elevada por el procesado, formulando cargos por el delito, de rebelión los que fueron aceptados por el mismo.

2. El Juzgado Penal del Circuito de Guateque, mediante auto del 5 de marzo del año que avanza se abstuvo de proferir el fallo conforme a los cargos aceptados por el procesado, aduciendo que: “Dentro del informativo en ningún momento está demostrado que quien dijo llamarse Libardo Sarmiento Peña Alias “Robinson” haya cometido el punible de “rebelión” consagrado en el artículo 467 del Código Penal, toda vez que no se ha denunciado por este delito ni probado en la investigación que dicho individuo pretende revocar el Gobierno Nacional, suprimir o modificar el régimen constitucional individualmente considerado y por tanto este despacho sea el competente para conocer de las sumarias. Si en cambio, está establecido por el informe emanado del capitán William Morales Guerrero —oficial S-2 batallón Nº 1 Simón Bolívar de Tunja, y con la misma versión del imputado que dice pertenecer a las FARC asimilándose presumiblemente el caso de autos al delito de “terrorismo” contemplado en el artículo 343 de la obra citada, ya que, él forma parte de los miembros de ese grupo al margen de la ley conformado por quince (15) personas —según su propio dicho—, siendo capturado en combate por el Ejército Nacional en la vereda “La Escalera” del municipio de Guayatá al ser lesionado, tal como se afirma en el informe”, cuyo juzgamiento no corresponde al juzgado penal del circuito, sino a un juzgado penal del circuito especializado.

Por lo anterior, ordenó la remisión de la actuación al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja, advirtiendo que en el evento de que el destinatario se aparte de sus consideraciones, de una vez le propone colisión de competencia negativa.

4. El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja, el 26 de abril del año que avanza, decide no aceptar la competencia que se le deriva para conocer de la actuación, con base en los siguientes razonamientos:

4.1. Sostiene que la interpretación efectuada por el juzgado colisionante no encuentra respaldo siquiera en la relación de los hechos consignados en el proceso y mucho menos en los medios de prueba que sirven de sustento a la fiscalía para resolver la situación jurídica de Sarmiento Peña.

4.2. Sostiene que dadas las condiciones de inseguridad del país, sin duda la presencia guerrilleara en su sector determinado del territorio constituye acto de temor para las gentes que allí habitan; sin embargo, para que a cada uno de sus integrantes se le pueda imputar el tipo penal de terrorismo, la conducta del insurgente debe estar referida a un acto concreto que tenga connotación terrorista, o sea, que esa conducta genere terror, pues de lo contrario el delito de rebelión siempre estaría ligado a cualquier acto que tenga el propósito de lesionar la seguridad pública.

4.3. Considera extraña la posición conceptual del colisionante que en su afán de sustraerse al conocimiento del proceso incurre en evidente contradicción porque de una parte afirma que al combatiente Libardo Sarmiento Peña no se le puede endilgar cargos por rebelión, al no haber sido denunciado por dicho delito no estar probado en este caso que el procesado pretenda derrocar el Gobierno Nacional, y no obstante ello a renglón seguido concluye que la situación de Sarmiento Peña encuentra posible adecuación en el punible de terrorismo, dado que el incriminado, además de admitir que hace parte de las FARC fue capturado en pleno combate con el Ejército Nacional.

En tales circunstancias acepta la colisión de competencia propuesta por el Juzgado Penal del Circuito de Guateque y ordena el envió de las diligencias a esta corporación para que sea resuelto el conflicto planteado.

Consideraciones de la Corte

1. Suscitado el conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Penal del Circuito de Guateque y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja, corresponde a esta Sala de la Corte dirimirlo con arreglo a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 18 transitorio del Código de Procedimiento Penal, sin que importe que pertenezcan al mismo distrito judicial.

2. En motivo de controversia entre los despachos judiciales confrontados en la imputación que debe hacerse al capturado Libardo Sarmiento Peña capturado con posterioridad de un combate suscitado entre los frentes 52 y 54 de las FARC-EP con miembros del Ejército de Colombia, está referido a la tipicidad de su comportamiento, pues a juicio del funcionario colisionante, el procesado debe responder por el delito de terrorismo sobre la base de que pertenece a la guerrilla de las FARC, sin ofrecer mas razones que lo ubiquen dentro del dispositivo penal mencionado, mientras que, el despacho colisionado señala que para la estructuración del delito de terrorismo los hechos deben traducirse en actos de zozobra, terror y alarma colectivas.

2.1. En efecto, las conductas de rebelión y terrorismo fueron reproducidas en el Código Penal (L. 599/2000) en los artículos 467 y 343, cuya redacción gramatical fue recogida literalmente al operarse el tránsito de legislación en materia penal.

“ART. 467.—Rebelión. Los que mediante el empleo de las armas pretendan revocar el Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión de seis (6) a nueve (9) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“ART. 343.—Terrorismo. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta.

” Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, casete, o escrito anónimo, la pena será de dos (2) a cinco (5) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Pues bien, de acuerdo con el primer precepto, las pretensiones de los rebeldes deben cumplirse en actividades específicas y de carácter externo mediante el empleo de las armas, —como condición inescindible al rebelde— como medio expedito para lograr el derrocamiento del gobierno o la modificación o supresión del régimen constitucional o legal vigente, en consecuencia, los móviles que caracterizan esta actividad comportamental delincuencial son siempre político y de interés común en procura de un replanteamiento de las condiciones de vida de acuerdo a la concepción del movimiento insurgente.

Ahora bien, cabe distinguir como terrorista a aquél que mediante la ejecución de actos de ferocidad y barbarie siembra en la población o en un sector de la comunidad un estado de terror, zozobra, pavor o pánico, inseguridad, intranquilidad e inestabilidad sociales, pone en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o sus bienes, o los de la comunidad, sojuzgando la voluntad no sólo de quienes directamente padecen sus consecuencias, sino de toda la población a la cual van dirigidos sus efectos (1) .

(1) CSJ, M.P. Dr. Gómez Gallego, Jorge Aníbal, auto, marzo 29 de 2001.

De este modo, no resiste el menor análisis, la posición traída por el Juzgado Penal del Circuito de Guateque al rehusar aceptar la competencia de la actuación, pues de acuerdo a las piezas procesales que obran en el proceso, no existe el menor registro que informe que el combatiente Libardo Sarmiento Peña, haya incursionado en el trasegar insurreccional, por los senderos del terror, zozobra, ferocidad y barbarie, como para imputársele el delito de “terrorismo”, más si, por el contrario, el proceso refiere del acusado una militancia activa en la guerrilla de las FARC-EP, dado que, su captura ocurrió luego de un enfrentamiento armado con las Fuerzas Armadas de Colombia pertenecientes al batallón de infantería Nº 1 “Simón Bolívar”.

Inane, entonces, resulta el argumento de la juez colisionante, para deshacerse del conocimiento del proceso, en tanto que, los planteamientos del juez penal del circuito especializado, resultan acordes con la realidad que aflora del proceso.

Así las cosas, el conflicto negativo de competencia se definirá asignando el conocimiento del proceso al Juzgado Penal del Circuito de Guateque, que conocerá del delito imputado en la diligencia de formulación de cargos.

En consecuencia, por la secretaría de la Sala remítase de inmediato el expediente al citado funcionario, enviándosele copia de esta decisión al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja.

Esta decisión es proferida de plano y no admite recurso alguno.

Atendidas las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal.

RESUELVE:

1. DECLARAR que la competencia para conocer de este proceso corresponde al Juzgado Penal del Circuito de Guateque, despacho al que se le remitirá el expediente para lo de su cargo.

2. Copia de esta decisión envíese al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja.

Cópiese y cúmplase.

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