Sentencia 19444 de mayo 21 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 54

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil dos.

Vistos

Decide la Sala el conflicto negativo de competencia surgido entre el Juzgado Penal del Circuito Especializado de San Gil y el Juzgado Primero Penal del Circuito del Socorro, en virtud del cual ambas dependencias rehúsan conocer del juicio que por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, se adelanta contra el procesado Roberto Tirado.

Antecedentes

1. Hacia las 10:15 de la mañana del 20 de marzo de 2001, en la vía pública frente a la casa cural de la parroquia de Chiquinquirá del municipio del Socorro, Santander, fue ultimado con arma de fuego Gonzalo Rodríguez Bautista, hermano de Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", Comandante del Ejército de Liberación Nacional.

2. Por tales hechos fue vinculado al proceso el capturado en la misma fecha Roberto Tirado, contra quien por resolución del 14 de noviembre de 2001 un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación por el delito de homicidio con fines terroristas, decisión que al ser impugnada se confirmó el 20 de febrero del año en curso, con la adición de acusar además por el delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

En la decisión de segunda instancia se dijo expresamente que no merecía reparo alguno la calificación que de la conducta se hizo como tipificadora del delito de homicidio agravado por haberse cometido con fines terroristas, "artículo 324 numeral 8º del Código Penal", toda vez que con el testimonio de la hija del obitado se descartaba la existencia de un móvil distinto a la "intención de producir terrorismo, por cuanto es un supuesto relevante y esencial, que Gonzalo Rodríguez Bautista era hermano de Nicolás Rodríguez Bautista alias "Gabino" jefe máximo del Ejército de Liberación Nacional, ELN, con lo que se pretendía causar conmoción, zozobra y terror, si se tiene en cuenta que en la circunstancia afirmada por la prenombrada (hija de la víctima) nadie hubiera tenido algún interés especial en eliminarlo, lo que quiere decir que ello ocurrió sólo por ser el hermano del comandante máximo de ese grupo subversivo".

3. Ejecutoriada la acusación, el proceso se remitió al Juzgado Penal de Circuito Especializado de San Gil para la iniciación del juicio, despacho que mediante auto del 10 de abril del año en curso rehusó asumir el conocimiento del asunto porque en su criterio no se configura en este caso la causal de agravación contenida en el numeral 8º del artículo 324 del Código Penal de 1980, hoy artículo 104, numeral 8º de la Ley 600 de 2000.

Sostiene el titular de dicha dependencia no estar de acuerdo con la Fiscalía en cuanto a la existencia de los "fines terroristas" que se predica del homicidio ejecutado en Gonzalo Rodríguez Bautista, puesto que la circunstancia de agravación del numeral 8º del anterior Código Penal, en esencia de similar contenido a la establecida en el artículo 104 de la nueva legislación, deviene de la definición que de actos terroristas consagraba el artículo 187 del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 1º del decreto 180 de 1988, convertido en legislación permanente por el artículo 4º del Decreto 2266 de 1991, y recogido hoy en el artículo 343 de la nueva normatividad penal con identidad en sus contenidos.

De allí que el homicidio con fines terroristas exige, además de crear un estado de miedo, angustia, turbación u horror por el hecho delictivo en sí del homicidio, que con dicho acto o su resultado "se haya alcanzado la vulneración o puesta en peligro de otros bienes jurídicos de un conglomerado de personas, como la seguridad pública, sus vidas, patrimonio económico y a través de medios idóneos como armas de guerra, elementos explosivos o granadas, etc.".

En el presentía caso, el ingrediente subjetivo finalista del terrorista no se halla demostrado; el arma utilizada por el sujeto activo fue una pistola nueve milímetros, y aunque la muerte del conocido comerciante causó estupor en la comunidad socorrana por ser una persona ampliamente conocida, "la acción homicida no revela la intención del terrorista".

Y en cuanto a la circunstancia de que la víctima sea hermano del comandante alias "Gabino", debe destacarse que frente a la nueva normatividad penal esta circunstancia del parentesco desapareció, limitando la agravación del numeral 10 a cuando la víctima sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, dirigente sindical, político o religioso y que la acción delictiva se hubiere adelantado en razón de ella, codificación que es más favorable al procesado.

Sobre tales razonamientos el mentado funcionario envió por competencia el proceso al Juez Penal del Circuito, Reparto, del Socorro, proponiéndole colisión negativa de competencia en el evento de no estar de acuerdo con su tesis.

El conocimiento correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito del Socorro, despacho que mediante auto de abril 23 del año en curso se mostró en desacuerdo con el pensamiento del juez especializado, pues en su sentir y contrariamente a lo expresado por el colisionante, se tiene que el homicidio de Gonzalo Rodríguez Bautista se ejecutó "no por el simple hecho de verlo morir, sino por el hecho de ser hermano del comandante de uno de los grupos guerrilleros que tienen asolado al país".

Además, agrega, se llevó a cabo en momentos en que se vislumbraba un posible acuerdo de paz entre el grupo guerrillero y el gobierno, "con el solo propósito de prender la mecha que impediría, que este encuentro por la paz, se lograra".

El procesado y quienes están detrás de él, aprovechándose de la situación de indefensión de la víctima y su permanencia en el municipio del Socorro, vinieron a darle muerte, lo cual produjo "consternación, estupor, rabia y desasosiego dentro de la comunidad". Las consecuencias del hecho son impredecibles, pero en el ambiente "se nota y se siente el peso que éste causó a la provincia comunera. No es la muerte de la persona en sí la que generó este estado, como nos lo quiere hacer ver el fiscal en su decisión, se trata del hecho mismo, de la forma en como ocurrió, del sitio en que se realizó y de las circunstancias que lo generaron".

Cita el criterio expuesto por esta corporación en la decisión del 25 de junio de 1996 con ponencia del Magistrado Dídimo Páez Velandia, para concluir que se ajusta al caso debatido pues la acción realizada lleva implícito el carácter terrorista, aceptando de esta manera la colisión planteada por su homólogo especializado.

Consideraciones de la Corte

Ha sostenido la Sala en reiterada jurisprudencia que si el juez a quien se envía un asunto para la fase del juzgamiento evidencia un error en la calificación jurídica impartida por la Fiscalía, que haga variar la competencia de la "justicia especializada" a los jueces penales del circuito, o viceversa, inmediatamente debe proponer colisión con el fin de que la Corte la dirima, caso en el cual, por vía de excepción, le es permitido a la Sala analizar los elementos constitutivos de la tipicidad en tanto determina el factor objetivo de competencia, pero sin que pueda inmiscuirse en la verificación de la existencia material del ilícito ni en la responsabilidad que pudiera corresponder al procesado.

Tal criterio jurisprudencial continúa vigente a la luz del nuevo Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000), toda vez que de acuerdo con los artículos 401 y 402, si el juez a quien le llega el asunto en virtud de la ejecutoria de la resolución de acusación, antes de celebrar la audiencia preparatoria, encuentra que no es competente para adelantar la causa porque la calificación jurídica de la conducta es errónea, no puede desplegar ningún trámite orientado a variar dicha calificación, sino que debe plantear la colisión de competencia, como adecuadamente se hizo en el presente caso.

Tiene razón el Juez Penal del Circuito Especializado cuando aduce que para la solución de la controversia es menester tomar como punto de partida la descripción típica que acerca del hecho punible de terrorismo realiza el artículo 343 de la Ley 600 de 2000, de similar contenido a la establecida en el artículo 187 del derogado Código Penal. Enseña dicha norma:

"El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices valiéndose de medios capaces de causar estragos incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta.

"Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video casete, o escrito anónimo, la pena será de dos (2) a cinco (5) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes".

Luego, entonces, causar terror no significa cosa distinta a infundir miedo muy grande o intenso —como semánticamente definido se tiene dicho vocablo— a través de actos que quepan catalogarse de terroristas, calificación esta que necesariamente dice relación con las circunstancias modales y temporo-espaciales empleadas en la ejecución del hecho.

Con base en tal regulación, que, se repite, fue reproducida con idénticas connotaciones a la contenida en el anterior Código Penal, la Sala tuvo oportunidad de definir el homicidio agravado por los fines terroristas como "aquel que se comete con la finalidad, directamente querida o por lo menos necesariamente vinculada a los medios seleccionados por el autor para lograr su cometido criminal, de provocar o mantener en estado de zozobra a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices valiéndose de medios capaces de causar estragos.

"El homicidio con fines terroristas implica entonces, además del atentado contra la vida, la puesta en peligro efectivo de otros bienes jurídicos como la seguridad y la tranquilidad públicas, que el sujeto agente amenaza utilizando artefactos con capacidad para producir daños de considerable magnitud, siempre que las circunstancias tempero-espaciales y modales de realización de la conducta criminal representen peligro común o general para las personas o sus bienes" (Auto de septiembre 28 de 2000, rad. 17.365, M.P. Fernando E. Arboleda Ripoll).

De acuerdo con el antecedente jurisprudencial que acaba de verse, reiterado por la Sala, no basta para la configuración del delito de terrorismo la sola obtención de un resultando consistente en provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población o a una parte de ella, sino que es necesario que ello se logre a través de actos que amenacen la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, y utilizando medios aptos para ocasionar estragos.

Por lo mismo, la circunstancia de agravación del homicidio por los fines terroristas, "no se logra por el solo miedo acentuado que sienta la población o un sector de ella, como consecuencia de las aisladas o frecuentes acciones de individuos, bandas o grupos armados; es necesario que ese resultado se consiga, en razón de conductas y medios idóneos para causar estragos (por ejemplo utilización de bombas, granadas, cohetes, etc.), siempre que dicho uso produzca un peligro común o general para las personas, toda vez que además de la ofensa al bien supremo de la vida, se trata de amenazar otros bienes jurídicos tutelados, como la seguridad y la tranquilidad públicas" (Auto de diciembre 19 de 2000, rad. 17.700, M.P. Nilson Pinilla Pinilla).

En el caso a estudio, esa finalidad terrorista en el homicidio investigado, no emerge de la circunstancia de que la víctima fuera hermano de Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", comandante del grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional ELN” pues aunque no se discute que el hecho suscitó intranquilidad en un sector de la población, no se realizó por formas comportamentales y medios dirigidos a ese resultado. Por el contrario, la clase de arma utilizada —pistola nueve milímetros—, y la ausencia de reivindicación de un grupo o de individuo que tuviera repercusión, contra la seguridad y la tranquilidad públicas, son aspectos que en lugar de acreditar la finalidad terrorista, la descartan.

De otro lado, si bien es cierto que el numeral 10 del artículo 104 del nuevo Código Penal mantuvo como circunstancias de agravación del homicidio cuando se cometa “en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, dirigente sindical, político o religioso en razón de ello”, excluyó a sus “parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”, que explícitamente consagraba el numeral 8º del artículo 324 del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 30 de la Ley 40 de 1993.

Así las cosas, como el homicidio investigado en este proceso no se halla agravado por el circunstancia establecida en el numeral 8º del artículo 104 del Código Penal, se asignará el conocimiento del proceso al Juzgado Primero Penal del Circuito del Socorro, al que se remitirá el expediente en forma directa por la secretaría de la Sala.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.

RESUELVE:

DIRIMIR la presente colisión negativa de competencia atribuyendo el conocimiento del asunto al Juzgado Primero Penal del Circuito del Socorro, Santander.

DISPONER la inmediata remisión de las diligencias al Juzgado en quien se radica la competencia, dando aviso de lo aquí decidido al juzgado Penal del Circuito Especializado de San Gil.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese y cúmplase.

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