Sentencia 19455 de febrero 18 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

REINTEGRO DE TRABAJADORES PARTICULARES

LA SUPRESIÓN DEL CARGO NO ES IMPEDIMENTO

EXTRACTOS: «El problema, por consiguiente, se reduce en determinar si por haber contratado la demandada con un tercero tales actividades, que antes cumplía directamente a través de su personal, ello se constituye en una imposibilidad para cumplir con el reintegro, como lo afirma la censura.

El tribunal no lo consideró así, en tanto sostuvo que “...si bien se demostró que Avianca contrató con la sociedad Serdan S.A. el cargue y descargue de los aviones (fls. 138 y siguientes), este hecho no implica imposibilidad de cumplir el reintegro ordenado por el juez de primer grado...”, entre otras razones, porque la firma demandada es grande y, por ende, no tendría dificultad para reubicar al actor en otro cargo, además, porque éste no era un trabajador calificado, de dirección o manejo, lo que también facilitaba su reenganche.

A juicio de la Sala, como bien lo señalo el tribunal, esa sola circunstancia no imposibilita a la empleadora para procurar el reintegro del actor, pues no necesariamente debe producirse en el mismo cargo que antes venía desempeñando, en tanto tan sólo basta para cumplir la obligación, preservar unas iguales condiciones de empleo, siendo indiferente si éstas se dan en otros puestos de trabajo dentro de la misma empresa; de ahí que, la sola circunstancia de no estar disponible la vacante por haberse contratado con terceros la labor que antes se ejecutaba directamente, no constituye per se un obstáculo insalvable para la empleadora que imposibilite el cumplimiento de su obligación.

Así se dijo en sentencias del 7 de diciembre de 1988 y 9 de abril de 2002 (Rad. 17399) que ahora se reiteran.

En lo pertinente se señaló:

“La circunstancia de que haya desaparecido el cargo al cual debía ser reintegrado no es impedimento valedero para el reintegro del trabajador, primero porque el artículo 8º, ordinal 5º, del Decreto 2351 de 1965, no prescribe el reintegro a idéntico cargo, sino “en las mismas condiciones de empleo” términos éstos que implican un concepto mucho más amplio que abarcan todos los puestos de trabajo que resulten acordes con aquél que desempeñaba el empleado al momento de su despido; siempre y cuando contemplen retribuciones y condiciones laborales por lo menos iguales a las del antiguo empleo”.

No se le escapa a la Sala, las otras decisiones cuyos apartes copia la censura, para hacer ver que también se ha dicho que el reintegro resulta físicamente imposible cuando se ha suprimido el cargo, (ver sentencias 10779 del 17 de julio de 1998 y 10425 del 30 de abril de 1998), mas sucede que en tales casos la Corte analizó la pretensión de reintegro de trabajadores oficiales, pues se trataba de servidores vinculados a la rama ejecutiva del poder público, donde en verdad se concluyó que no era procedente, precisamente pensando en el ámbito oficial donde tales trabajadores se desempeñaban, mientras que en el asunto que ahora ocupa la atención de la Sala, se trata de un trabajador al servicio de un empleador particular, lo cual es una situación completamente distinta.

Es que la supresión de cargos o el cierre total de una entidad en el sector público, obedece a prescripción legal, es decir, ordenada por ley, ordenanza o acuerdo, según se trate del nivel nacional, departamental o municipal de la administración pública, mandato que por lo mismo resulta de forzoso cumplimiento. Sería absurdo en tal ámbito ordenar un reintegro por vía judicial, pues ello sería contrario a los fines esenciales del Estado, en tanto “no tendría ningún sentido que, por un lado, en desarrollo de facultades constitucionales y por medio de actos jurídicos que se hallan plenamente vigentes se ordenase la reestructuración de una entidad territorial y la supresión de cargos, y que, por otro lado, mediante una decisión judicial, se determine el restablecimiento de los contratos de trabajo terminados al amparo de esa autorización, pues esa decisión, además de causar traumatismos de orden administrativo y de no ser viable por sustracción de materia por no existir ya físicamente los empleos, implicaría un desconocimiento de esas precisas facultades constitucionales, cuyo ejercicio en ningún caso puede ser suspendido, ni mucho menos supeditado a determinadas eventualidades que surjan de las relaciones laborales existentes con quienes presten sus servicios a las entidades cuya reestructuración haya sido legalmente ordenada”, como expresamente lo dijo esta Sala en la sentencia 10779 citada por la censura.

De todos modos, no está por demás señalar que en el sector particular, no siempre debe autorizarse el reintegro de trabajadores a quienes se les desvinculó por cierre total y definitivo de la empresa, puesto que habrá casos donde ello no resulta posible, luego la situación en este ámbito debe examinarse caso por caso, esto es individualmente y no de forma generalizada como sucede en el sector público.

En la situación que se estudia, no es ese el caso, porque se repite, la desvinculación del actor se debió a que la empresa demandada sencillamente delegó en un tercero la realización de las labores propias de un sección de la cual hacía parte el demandante, circunstancia que legalmente no le impide reintegrarlo en un empleo de la misma dependencia o en otro de similares condiciones laborales, como lo ordena el ordinal 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965».

(Sentencia de casación, 18 de febrero de 2003. Radicación 19.455. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder).

______________________________