Sentencia 19459 de abril 23 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN PENSIONES

EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN SE RIGE POR LA LEY 100 DE 1993

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Isaac Náder

Radicación Nº 19459

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil tres (2003).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado del señor Luis Fernando Logreira Arrázola, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia el 8 de marzo de 2002, en el proceso ordinario laboral que le sigue al Instituto de Seguros Sociales.

I. Antecedentes

1. El Instituto de Seguros Sociales fue llamado a proceso por el señor Luis Fernando Logreira Arrázola, para que se le condenara a reliquidarle la pensión de jubilación por aportes que le reconoció mediante Resolución 3 del 9 de enero de 1998, teniendo en cuenta el salario promedio que sirvió de base para los aportes en el último año de servicios, incluidas las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada anualidad, los reajustes legales, la corrección monetaria y los intereses moratorios.

Como sustento de sus pretensiones adujo lo siguiente: 1) Prestó servicios al Instituto de Fomento Municipal, al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio de Salud, Seccional Boyacá, por espacio de 11 años, 2 meses y 24 días, lapso durante el cual cotizó para la pensión de jubilación a la Caja Nacional de Previsión Social; 2) Posteriormente laboró para la sociedad Álvarez y Collins Ltda. del 11 de enero de 1979 al 31 de agosto de 1997 (sic), es decir, por 10 años, 7 meses y 17 días, tiempo que estuvo afiliado al ISS para los riesgos de IVM; 3) Nació el 14 de junio de 1937; 4) Por reunir los requisitos señalados en la Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario 2709 de 1994, solicitó al ISS su pensión de jubilación por aportes, derecho que le fue reconocido a partir del 1º de septiembre de 1997, en cuantía de $ 1.469.188 y de $ 1.728.940 a partir del 1º de enero de 1998; 5) Interpuso los recursos legales contra el acto administrativo que hizo tal reconocimiento, por considerar que dicha prestación no debió liquidarse con base en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio de los salarios devengados entre el 1º de abril de 1994 y el 30 de agosto de 1997, sino tomando el promedio del salario que sirvió de base para los aportes del último año de servicios, como lo ordena el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994, aunque tal reconocimiento se hubiera hecho con fundamento en la Ley 71 de 1988; 6) La forma en que el ISS liquidó su pensión es ilegal, por cuanto los artículos 7º de la Ley 71 de 1988 y 7º y 8º del Decreto 2709 de 1994 están vigentes y son de aplicación preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 de la Ley 100 de 1993, en armonía con los artículos 5º de la Ley 57 de 1887, 53 de la Constitución Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a la condición más beneficiosa, como lo ha considerado la Corte Constitucional en la sentencia C-168-95; 7) El verdadero valor inicial de su pensión equivale a la suma de $ 2.200.000 que corresponde al 75% del salario promedio base de cotización de aportes del último año de servicios; 8) Como el ISS no ha reconocido el valor de la pensión conforme a la ley, le debe intereses moratorios, según lo dispone el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y, 9) Agotó la vía gubernativa.

2. Al responder la demanda el Instituto de Seguros Sociales se opuso a la prosperidad de las pretensiones; sobre los hechos manifestó que no le constaban. Formuló las excepciones de buena fe, cobro de lo no debido, imposibilidad del ente de seguridad social de disponer del patrimonio de los coadministrados por fuera de los cánones legales, falta de agotamiento de la vía gubernativa y la genérica.

II.Decisiones de instancia

En sentencia del 24 de abril de 2001, el juzgado del conocimiento, que lo fue el Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, absolvió al ente demandado de las súplicas de la demanda y condenó en costas al actor.

Del recurso de apelación interpuesto por el demandante, por disposición de la descongestión judicial ordenada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, la cual mediante sentencia del 8 de marzo de 2002, confirmó la decisión del juzgado.

Para arribar a esa conclusión el tribunal dijo que la norma a aplicar en el sub lite para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes, corresponde al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en tanto para el 1º de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia el nuevo sistema pensional, al actor le faltaban menos de 10 años para acceder al derecho pensional referido y, por consiguiente, el ingreso base para liquidar la pensión corresponde al promedio de lo devengado en el tiempo que le hacia falta para acceder a la prestación cuyo reajuste reclama, es decir, entre el 1º de abril de 1994 y el 14 de junio de 1997, fecha en que cumplió 60 años de edad.

Consideró improcedente la aplicación de la Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario 2709 de 1994 para efectos de liquidar la pensión de jubilación por aportes con base en el promedio del salario del último año de servicios, puesto que en virtud de la aplicación inmediata del artículo 36 ibidem, dicha prestación debía liquidarse conforme los parámetros previstos en el inciso 3º ejusdem.

Resalta que por reconocerse la pensión en las condiciones de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, se dio aplicación a lo establecido en el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la citada Ley 100, en cuanto para su otorgamiento se tuvo en cuenta que el beneficiario de la misma había adquirido ese derecho en un régimen anterior, lo que significa que el monto de dicha prestación debía calcularse con el 75% del promedio salarial obtenido conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100, procedimiento que efectivamente fue el utilizado por el ISS.

Señala que la intención del legislador con el régimen transitorio del artículo 36 de la referida Ley 100, fue el de respetar y conservar unos derechos mínimos a aquellas personas que reunieran las exigencias establecidas por el mismo legislador, pero que impuso otras condiciones, como la que se presenta en este caso, al indicar “sobre qué promedio salarial era que debía aplicársele el porcentaje previsto en un régimen anterior para obtener el monto de dicha pensión”.

Seguidamente trae a colación apartes de la sentencia de esta Sala del 27 de marzo de 1998, en la que se dijo que el régimen de transición incluía la edad, tiempo o número de cotizaciones y el monto de la pensión y, que las demás condiciones, entre éstas la liquidación de la pensión por vejez, sería la prevista en la Ley 100 de 1993, excepto para quienes a 1º de abril de 1994, les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, para quienes “el ingreso base de liquidación será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor”.

Por último, consideró que en el presente caso no puede alegarse un derecho adquirido, porque para el 1º de abril de 1994, fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993 en materia pensional, el actor aún no reunía el requisito de la edad, lo que significa que simplemente tenía una mera expectativa.

lII. Recurso de casación

Por impugnación de la parte demandante, el tribunal concedió el recurso que luego admitió la Corte al igual que la demanda que lo sustenta. Se procede a decidirlo.

Según lo declara en la demanda extraordinaria al fijarle el alcance de su impugnación, pretende el recurrente que se case la sentencia del tribunal para que una vez en sede de instancia, se revoque la de primer grado y, en sustitución, acceda a las pretensiones del libelo inicial.

Con tal fin, y con apoyo en la causal primera de casación, formula dos cargos que no fueron replicados, los cuales se estudiarán conjuntamente, toda vez que están orientados por la misma vía, acusan las mismas disposiciones y tienen el mismo propósito.

En el primero acusa la sentencia de infringir directamente los artículos 53 de la Constitución Política, 7º de la Ley 71 de 1988 y 6º del Decreto Reglamentario 2709 de 1994, lo que conllevó a la aplicación indebida del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Entre tanto, en el segundo y también por la vía directa, acusa la sentencia del tribunal de violar las mismas disposiciones, pero en el concepto de aplicación indebida.

Manifiesta que entre los principios que debe contener el estatuto del trabajo, se encuentra el de la condición más beneficiosa, el cual significa que deben mantenerse las estipulaciones laborales que más beneficien al trabajador frente a aquellas aplicables por una nueva regulación.

En el primer cargo señala que el tribunal no tuvo en cuenta este principio para resolver la litis, en tanto en el segundo, que no le dio los alcances que tiene el mismo, en virtud del cual debía respetar la situación concreta de la pensión por aportes fijada por los artículos 7º de la Ley 71 de 1988 y 6º del Decreto Reglamentario 2709 de 1994, que indica que entratándose del ISS, el salario base de liquidación de la referida pensión, será el promedio que sirvió de base para los aportes del último año.

En punto al monto de la pensión, manifiesta que si se hace la comparación del caso, resulta más benéfico para el actor la condición prevista en el artículo 7º de la Ley 71 ibídem y en el artículo 6º de su decreto reglamentario que la señalada en el artículo 36 de la Ley 100.

Resalta de que el nuevo sistema pensional previsto en la citada Ley 100, entró a regir el 1º de abril de 1994, mientras que el Decreto Reglamentario 2709 aludido, fue expedido el 13 de diciembre de 1994, es decir, con mucha posterioridad no sólo a la emisión de la Ley 100, sino a la entrada en vigencia del referido sistema pensional.

Aduce que desde la expedición del Decreto 2709 de 1994 y con relación al monto de la pensión de jubilación por aportes, el actor tenía una situación concreta ya reconocida, que debe ser respetada por ser más favorable que la situación regulada por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Por último, respecto del primer cargo, sostiene que indudablemente las normas aplicables eran las acusadas por infracción directa, mientras que en el segundo, que el tribunal al decidir la litis, aplicó de manera indebida las disposiciones denunciadas en la proposición jurídica.

IV.Consideraciones de la Corte

No fue objeto de controversia que el actor, en su condición de servidor público, aportó para su pensión de jubilación a la Caja Nacional de Previsión Social durante 11 años, 2 meses y 24 días e, igualmente, que cotizó al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte por espacio de 10 años, 7 meses y 17 días. Tampoco hubo discusión acerca de la fecha de su nacimiento, que lo fue el 14 de junio de 1937.

La discrepancia está en la norma que tomó en consideración el tribunal para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes, si se tiene en cuenta que el censor estima que esa corporación se rebeló en contra de la aplicación del artículo 6º del Decreto 2709 de 1994, reglamentario de la Ley 71 de 1988, que lo condujo a aplicar indebidamente el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, relacionado con el procedimiento utilizado por el organismo demandado para obtener el ingreso base de liquidación de la susodicha pensión.

Para una mejor comprensión del asunto, es bueno traer a colación el texto del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, que a la letra dice:

“A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital, y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco años (55) o más si es mujer”.

No hay duda que con la expedición de esta norma, el legislador quiso proteger a aquellos trabajadores que hasta la fecha de su vigencia habían aportado a las cajas de previsión social de cualquier orden y al Instituto de Seguros Sociales, pero que no alcanzaban a completar las cotizaciones necesarias para acceder a la pensión de jubilación o a la de vejez, según fuera el caso, para que en adelante, pudieran sumar los aportes efectuados durante el tiempo servido en las entidades públicas y las cotizaciones al ISS y, de esa manera acceder a la pensión de jubilación o por aportes como la definió la misma ley.

Así se consignó en la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, donde tal artículo fue adicionado al proyecto presentado inicialmente por el Gobierno Nacional. Esto se dijo:

“También era un sentir genérico, la necesidad de solucionar el tiempo acumulado en diversas empresas por los trabajadores, que veían desaparecidas sus esperanzas de obtener una pensión; hoy gracias al artículo 7º se consagra la pensión compartida en condiciones normales y asequibles a cualquier ciudadano que ha logrado completar las condiciones allí establecidas”. (Pág. 406, Historia de las leyes, II Época, Tomo IV, 1988).

Posteriormente, con el fin de unificar la diversidad de regímenes pensionales que existían en el país, entre otras razones, se expidió la Ley 100 de 1993, que en su artículo 33 dispuso que para obtener el derecho a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, se requiere:

“1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta (60) años de edad si es hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil semanas en cualquier tiempo.

PAR. 1º—Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, y en concordancia con lo establecido en el literal f del artículo 11 se . tendrá en cuenta ...”.

Por su parte, el literal f del artículo 13 ibidem, establece que el sistema general de pensiones, entre otras características, tendrá la siguiente:

“f) Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas o el tiempo de servicio”.

Como puede apreciarse, la nueva ley, esto es la 100 de 1993, no solamente hizo acopio de la denominada pensión de jubilación por aportes creada por la Ley 71 de 1988, sino que fue más allá de sus previsiones, porque además de permitir la sumatoria de los aportes efectuados a las cajas o fondos de previsión social y en cualquier tiempo, con las semanas cotizadas al ISS, también contempló la posibilidad de sumar a las anteriores cotizaciones y/o aportes, el tiempo de servicio como servidores públicos.

Lo anterior para significar que la Ley 100, en cuanto a la pensión de jubilación por aportes de que se trata, generalizó el sistema por aportes, en tanto estableció condiciones más amplias para alcanzar la pensión de vejez a las que exigía la ley 71 para la referida pensión por aportes, es decir, la obligación de tener en cuenta la totalidad de los aportes y/o cotizaciones, con independencia de si estos se hicieron en cajas o fondos de previsión social o en el Instituto de Seguros Sociales y, además, conservando la misma edad.

Luego, si la Ley 100 de 1993 estableció un sistema omnicomprensivo de la pensión por aportes y estando por fuera de toda discusión la aplicabilidad al caso de la Ley 71 de 1988, aquella debe tomarse en su integridad, a menos que la persona fuera beneficiaria del régimen de transición que trajo consigo, en cuyo evento, la edad, el tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y el monto de la pensión, se regirán por la normatividad que regulaba el régimen pensional al que se encontraba afiliado al momento de entrar en vigencia el nuevo sistema, con excepción de la forma de obtener el ingreso base para su liquidación, puesto que este componente no hizo parte de la aludida transición.

En ese orden de ideas, y como quiera que a 1º de abril de 1994 el actor contaba con más 40 años de edad y más de 15 de aportes y/o cotizaciones, es sin duda beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según el cual, como ya se dijo, para el reconocimiento de la pensión de vejez debe tenerse en cuenta la edad, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto señalado en el régimen pensional anterior al cual se encontraba afiliado, mas no así el ingreso base para liquidarla, pues de conformidad con el inciso tercero ibidem, y toda vez que a la fecha de entrada en vigencia el nuevo sistema pensional al demandante le restaban menos de diez (10) años para adquirir el derecho, la mencionada base para su liquidación deberá extraerse del promedio de lo devengado durante el tiempo que le hacía falta para reunir los requisitos para acceder al mencionado derecho pensional, como reiteradamente lo ha dicho esta Corte.

Desde esa óptica, que es la que corresponde, no es de recibo la afirmación de la censura respecto a que la liquidación de la pensión del actor debió hacerse con fundamento en el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994, en tanto la norma reguladora para ello, es el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, luego no encuentra la Sala que el tribunal hubiese incurrido en el yerro hermenéutico que se le endilga.

Se sigue de lo anterior, que tampoco es aplicable el principio de la condición más beneficiosa previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, puesto que de conformidad con el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, las normas sobre trabajo por ser de orden público producen efecto general inmediato, debiéndose aplicar a los contratos de trabajo que estén vigentes en el momento en que dichas normas empiecen a regir. Así entonces como el demandante cumplió los requisitos para la pensión el 14 de junio de 1997, fecha para la cual las disposiciones de la Ley 100 de 1993 ya estaban en plena operancia, hay que convenir con el tribunal que la codificación aplicable es esa y no el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994.

No desconoce la Sala su pronunciamiento del 28 de agosto de 2001, Radicación 15794, donde se señaló respecto del caso que en esa ocasión se estudió, que para efectos de liquidar la pensión de jubilación por aportes, debían atenderse las previsiones del artículo 6º del Decreto 2709 de 1994 (*) mas sucede que la situación fáctica del asunto en comento era completamente distinta a la que ahora se estudia, en tanto en aquel proceso el demandante había reunido los requisitos para acceder a la mencionada pensión en una fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, mientras que en éste, en el mes de junio de 1997, es decir, cuando ésta ya regía, circunstancia que determina que la disposición aplicable al tema en discusión (liquidación de la pensión), no es otra que el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 ibídem.

(*) Téngase en cuenta, también, que el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994 fue derogado expresamente por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, decreto este vigente desde su publicación en el Diario Oficial 43.056 de junio 6 de 1997 (N. del D.).

En consecuencia, los cargos no prosperan.

No se condena en costas en el recurso extraordinario, por cuanto en el expediente no aparece demostrado que se hubieran causado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y, por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia el 8 de marzo de 2002, en el proceso ordinario laboral seguido por Luis Fernando Logreira Arrázola contra el Instituto de Seguros Sociales.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Carlos Isaac Náder—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero. 

Laura Margarita Manotas González, secretaria.

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