Sentencia 19464 de junio 18 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Segunda instancia 19.464

Aprobado Acta 64

Magistrado Ponente:

Dr. Édgar Lombana Trujillo

Bogotá, D.C., junio deiciocho de dos mil dos

Vistos

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensora de la acusada, Dra. Beatriz del Rosario Rivero Martínez, contra la providencia que admitió como parte civil a la Nación —Unidad Administrativa Especial— Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, “DIAN”.

Antecedentes

1. Con resolución del 7 de junio de 2001, la Fiscalía Cuarta de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Cartagena de Indias, acusó a la doctora Beatriz Rivero Martínez —Juez primero penal municipal de esa ciudad—, como autora del delito de prevaricato por acción por haber tutelado de manera irregular los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad económica del accionante Ezzat Ibrahim Ajram, representante legal de la Agencia Marítima Karime Ltda. Determinación que fue confirmada por la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el 1º de agosto de 2001.

Los hechos por los cuales la procesada fue convocada a juicio criminal, fueron sintetizados en la resolución de acusación de la siguiente manera:

“En operaciones conjuntas realizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y la Armada Nacional, en aguas territoriales de Colombia, fueron intersectadas las naves de bandera extranjera Natalia, el 8 de mayo de 2000, Chubasco y Nani, el 9 de mayo, y Gradys y Maric, el 29 de abril, cuando se encontraban en un área de tránsito hacia Bahía Portete. Realizada la inspección de fiscalización y control, se encontraron en las citadas embarcaciones mercancías que según la legislación aduanera no podían ingresar al país por el puerto al cual se dirigían, motivo por el cual los funcionarios ordenaron como medida cautelar la aprehensión de las mismas. Las motonaves fueron trasladadas a la ciudad de Cartagena en donde se continuó el procedimiento aduanero. Respecto de algunos de los bienes incautados la autoridad aduanera ordenó el decomiso y en relación con otros dispuso su devolución y la continuación del trámite aduanero. Los afectados interpusieron en contra de las medidas de decomiso los recursos gubernativos procedentes…

2. A raíz de los hechos antes mencionados, se adelantan en las fiscalías seccionales 2 y 31 de Cartagena dos indagaciones por el presunto delito de contrabando.

3. El señor Zacarías Sahli Khalil, en ejercicio del poder conferido por Ezzat Ibrahim Ajram, en calidad de representante legal de la Agencia Marítima Karime Ltda, interpuso el 22 de diciembre de 2000 acción de tutela “como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable”, en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Administración Especial de Cartagena, por supuesta violación a los derechos fundamentales al buen nombre, honra, trabajo, libertad económica, debido proceso, presunción de inocencia y dignidad humana.

La Juez Primero Penal Municipal de Cartagena, doctora Beatriz Rivero Martínez, a quien fue repartido el asunto, asumió el conocimiento a pesar de que por virtud del Decreto 1382 de 2000, la competencia estaba asignada al Tribunal Superior de Distrito Judicial. Y mediante providencia de enero 10 de 2001 resolvió tutelar los derechos al debido proceso y a la libertad económica del accionante y negó la tutela respecto de los demás derechos solicitados. En virtud de lo anterior, declaró la nulidad de lo actuado desde el momento de la aprehensión de la mercancía, y el posterior trámite aduanero, así como la orden de decomiso de las manufacturas, textiles y cigarrillos de las embarcaciones Chubasco, Natalia, Nani, Gladys y Maryc. A su vez dispuso que en el término improrrogable de un día contado a partir de la fecha y hora de la notificación de la providencia se entregaran al accionante las mercancías aprehendidas y decomisadas. Para el efecto de “salvaguardar los intereses y la economía nacional”, ordeno que las autoridades tomaran “las precauciones del caso para que los mencionados productos salgan por embarcaciones de las aguas nacionales con rumbo al exterior y no entren al país artículos no autorizados”. Finalmente, exoneró al accionante del pago del bodegaje”.

2. Providencia recurrida en reposición y apelación.

Estando en curso la etapa de juzgamiento, la Nación —Unidad Administrativa Especial— Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, instauró demanda de constitución de parte civil, a través de apoderado.

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en providencia del 12 de febrero del corriente año, admitió la demanda y en consecuencia dispuso tener a la DIAN como parte civil y al abogado como su representante.

La decisión se funda en el contenido del artículo 137 del Código de Procedimiento Penal, que dispone que en todos los procesos contra la administración pública es obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada.

Haciendo eco de la demandante, considera el tribunal, que el delito no produjo daños materiales porque la orden de entrega no fue cumplida, lo que sí sucedió con los daños morales que traduce en el impacto moral recibido por la DIAN con la providencia reprochada, el desestímulo para la lucha contra el contrabando, y en el menoscabo de la ética del servicio público y la moralidad de la autoridad aduanera, al frustrarse los objetivos del control aduanero.

Por último, encontró reunidos en la demanda las exigencias de forma del artículo 48 del Código de Procedimiento Penal.

(...).

Consideraciones de la Sala

1. Como la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, viene juzgando en primera instancia a la doctora Beatriz Rivero Martínez, en calidad de juez primero penal municipal de esa ciudad, incumbe a esta corporación desatar el recurso de apelación interpuesto por su defensora contra la decisión que reconoció como parte civil a la Nación —Unidad Administrativa Especial— Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de acuerdo con lo normado por el numeral 3º del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal.

2. La determinación combatida será revocada, en razón a que con la conducta punible atribuida a la doctora Rivero Martínez, la persona jurídica de derecho público reconocida como parte civil, no sufrió perjuicios de orden patrimonial ni extramatrimonial. Veamos:

2.1. Al tenor de lo estatuido por los artículos 94 y 96 del Código Penal y artículos 45 y 46 del Código de Procedimiento Penal, la conducta punible origina en el responsable penalmente y en quienes con arreglo a la ley sustancial estén obligados a responder, el deber legal de reparar los daños materiales y morales causados a las personas naturales o a sus sucesores y a las jurídicas perjudicadas directamente con la conducta punible, quienes tienen la facultad de ejercer la acción indemnizatoria en la actuación penal o por fuera de ella en la jurisdicción civil.

A su turno, el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, consagra como norma rectora el restablecimiento del derecho, el cual compete al funcionario judicial a adoptar las medidas necesarias para lograr que los efectos producidos por la conducta punible cesen, que las cosas vuelvan a su estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados con ella.

3. Así entonces, es evidente que el nuevo Código Penal al igual que el derogado consagra dos clases de daños, los materiales y los morales; entendidos los primeros como aquellos que afectan el patrimonio del perjudicado y los segundos, los que inciden en cualquiera de las esferas de la persona diferentes a la patrimonial.

Con arreglo a la ley civil, los daños materiales están constituidos por el daño emergente referido a las erogaciones crematísticas hechas por el perjudicado para atender las consecuencias del delito; y el lucro cesante traducido en las ganancias o lo que deja de percibir el perjudicado a causa de la comisión del injusto penal.

De otro lado, la jurisprudencia y la doctrina de antaño han aceptado la concurrencia de dos tipos de daños morales, los objetivados y los subjetivos.

Los objetivados consistentes en aquellos daños que repercuten en la capacidad productiva o laboral de la persona agraviada, y que por consiguiente son cuantificables pecuniariamente.

Y los subjetivos “pretium doloris”, que lesionan el fuero interno de las personas perviviendo en su intimidad y se traducen en la tristeza, el dolor, la congoja, o la aflicción que sienten las personas con la pérdida, por ejemplo, de un ser querido. Daños que por permanecer en el interior de la persona no son cuantificables económicamente. A ellos se refiere el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal al prescribir “En los casos de perjuicios no valorables pecuniariamente, la indemnización se fijará en la forma prevista en el Código Penal”.

Consecuentemente, la Sala viene aceptando que las personas naturales y jurídicas pueden sufrir perjuicios morales objetivados, pero en estas últimas siempre que como consecuencia del delito se disminuya considerablemente su capacidad productiva o laboral, o ponga en peligro su existencia.

Desde esa perspectiva, es lógico que las personas jurídicas públicas no sufrirán este tipo de daños, por cuanto siendo su creación constitucional o legal, la comisión de un delito en su contra no tiene la posibilidad de reducir la prestación del servicios público que les es propia, y menos de poner en riesgo su supervivencia.

En armonía con estos conceptos, esta Sala de Casación en providencia dictada el 11 de febrero de 1999 en el radicado 14.523, con ponencia del magistrado doctor Jorge Aníbal Gómez Gallego, expuso:

“En relación con la segunda cuestión propuesta por el apelante, es decir, la existencia de perjuicios extrapatrimoniales, es cierto que las personas jurídicas pueden padecerlos, verbigracia, cuando se afecta su buen nombre y reputación, mas tales consecuencias sólo son estimables como detrimento resarcible cuando amenaza concretamente su existencia, o merman significativamente su capacidad de acción en el concierto de su desenvolvimiento o las ponen en franca inferioridad frente a otras de su género o especie, si es que se mueven en el ámbito de una competencia comercial o de la prestación de servicios apreciables por la demanda de usuarios.

En relación con las personas jurídicas de derecho público que nacen y se desenvuelven por mandato y privilegio constitucional o legal, sin necesidad de un reconocimiento gubernativo de personería jurídica... el desprestigio que sus servidores le ocasionan con algunas conductas desviadas hace parte de la naturaleza, gravedad y modalidades propias de cada delito (daño público), pero en manera alguna se proyecta en un menoscabo particular que pongan en peligro su existencia o la disminuya considerablemente en su operatividad, porque, aun con la presencia de funcionarios corruptos, la actividad estatal no puede detenerse ni arredarse.

Como ese deterioro de la imagen de la institución pública, que se produce por la acción delictiva del servidor público, no puede deslindarse de la esencia misma del hecho punible, ni es extraño a los fines preventivos generales y especiales que está llamada a cumplir la eventual pena, tampoco será posible individualizar un perjuicio que justifique el ejercicio simultáneo de una acción con fines compensatorios como es la civil.

En efecto, de acuerdo con el sistema penal colombiano la sola pena está determinada para recomponer el ordenamiento jurídico violado, y es esa la manera principal como el Estado autoconstata su imperio y le confirma a los ciudadanos la vigencia de las instituciones y el derecho, a demás de ser un modo singular de recuperar la imagen comprometida no sólo con el comportamiento del servidor que comete un delito especial o común, sino también por la conducta de cualquier particular que por la misma vía se burla de la ley.

Gracias a la regulación del artículo 104 del Código Penal, en relación con los artículos 43, 48 y 56 del Código de Procedimiento Penal, que reseñan y hacen énfasis en la naturaleza privada de la acción resarcitoria (así la llegare a ejercer un ente de derecho público), el perjuicio susceptible de reclamación por la vía unitaria del proceso penal no sólo debe ser real sino que debe connotarse como algo distinto a los fines que atiende la acción penal (C.P., art. 24). Es decir, aquellas pretensiones que apuntan a una reposición de la imagen deteriorada de la institución agraviada, como se pregona en el caso, quedan satisfechas con el desarrollo del objeto principal del proceso penal, como consecuencia de la ordenación o reordenación de la convivencia o de los fines colectivos y/o estatales que se buscan con la pena, sin que sea procedente acudir a una excesiva y extraña compensación monetaria o simbólica que no puede justificarse en otra realidad dañina, que pueda permanecer después de la sanción principal. Cosa distinta es que ese efecto nocivo consustancial al delito se extienda a otras personas o a un en el mismo titular del bien jurídico, después de presupuestada la pena como ocurre patéticamente, por ejemplo, con el ciudadano que es víctima de una exacción por la vía de un injusto de concusión...”.

4. En el presente caso, es evidente que la DIAN no sufrió ningún perjuicio de orden patrimonial, comoquiera que no cumplió el fallo que le ordenaba devolver la mercancía aprehendida e incautada en las tres embarcaciones que se desplazaban por mar territorial, como expresamente lo admite la demanda al descartar la presencia de esta clase de agravio.

Tampoco se produjeron los daños morales declarados por la demanda y sobre cuya supuesta existencia el tribunal admitió como parte civil a la DIAN.

En efecto, los daños morales objetivados no fueron causados con la decisión reprochada por cuanto con ello supuestamente se vulneró genéricamente el bien jurídico de la administración pública y privativamente la administración de justicia en su prestigio, sin que el mismo hubiese producido la disminución de la prestación de ese servicio público y menos que atentara contra su subsistencia.

Además, de haber pretendido la administración de justicia la constitución de parte civil siendo el daño público inherente a la naturaleza jurídica del delito de prevaricato, su restablecimiento se alcanzaría con la imposición de la pena prevista para ese tipo penal, en el evento de haber lugar a ello, de suerte que estaría de más intentar por esa vía una acción indemnizatoria a favor del Estado.

Empero, como esta clase de delitos puede producir perjuicios a otras personas, la DIAN estaría legitimada para constituirse en parte civil en el caso de haber sufrido perjuicios patrimoniales, lo cual no sucedió debido a que no cumplió la orden expedida por la funcionaria judicial acusada de entregar las mercancías incautadas, con mayor razón si tampoco sufrió daños extra patrimoniales.

El daño moral objetivado que la decisión atacada considera pudo presentarse, no se dio en principio por cuanto la decisión supuestamente prevaricadora no fue adoptada por la DIAN sino por la rama jurisdiccional, de suerte que su reputación y prestigio permaneció intangible.

Ahora, el impacto moral que supuestamente experimentó la entidad, en virtud a la falta de motivación de sus servidores en la lucha contra el contrabando y el menoscabo de la ética del servicio público y la moralidad de la autoridad aduanera, al frustrarse los objetivos del control aduanero con la decisión reputada hasta ahora como torcida; ninguna merma en el cumplimiento de las labores deferidas por la ley a la DIAN podía producir, como quiera que continuó y continúa prestando el servicio público normalmente, y mucho menos puso en riesgo su existencia.

El perjuicio moral subjetivo (pretium doloris), no se presentó en razón a que siendo una persona jurídica la que se reputa perjudicada, no tiene la capacidad de sentir dolor físico o moral.

En síntesis, comoquiera que la DIAN no fue objeto de ningún perjuicio reparable, la Sala revocará la decisión apelada por cuanto dicha entidad carece de personería sustantiva para constituirse en parte civil dentro del proceso y en su lugar rechazará la demanda.

5. De otro lado, y con el único propósito de contestar los argumentos de la defensa, la Sala deja en claro el desacierto en que incurre al aseverar que el artículo 48 del Código de Procedimiento Penal exige como requisito formal de la demanda, la demostración de los daños causados con el delito, dado que dicho precepto sólo requiere la enunciación de los perjuicios materiales y morales que el demandante considera causados con la conducta punible y, adicionalmente, la tasación o estimación de la cuantía de que cifra el perjuicio para su indemnización.

Requisito que asoma coherente con la estructura del proceso penal patrio, que prevé la determinación de los daños y perjuicios de orden moral y material causados con la conducta punible (art. 331-4), como uno de los fines de la etapa instructiva; y en caso de comprobarse la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado, la obligación del juez de liquidarlos de acuerdo a lo acreditado en la actuación, condenando en la sentencia al responsable de los daños causados con la conducta punible.

En lo que si acierta la impugnante es en que el deber que tienen las personas jurídicas de derecho público perjudicadas con un delito contra la administración pública de constituirse en parte civil, según las voces del artículo 137 del Código de Procedimiento Penal; está sujeta a la concurrencia de dos requisitos, que el ilícito haya lesionado o puesto en peligro la administración pública, y que efectivamente la entidad del Estado haya sufrido perjuicios resarcibles, porque si ocurre como en este caso, que no se causaron daños, la entidad carece de legitimidad para constituirse en parte civil, por ausencia de personería sustantiva.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:

RESUELVE:

1. REVOCAR la providencia del doce de febrero del corriente año, con la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, reconoció como parte civil en el proceso a la Nación —Unidad Administrativa Especial— Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y en su lugar rechazar la demanda atendiendo a las razones anteriores.

2. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

3. En firme este proveído devuélvase el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.

Comuníquese y cúmplase.

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