Sentencia 1998-1389 de mayo 9 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 73001-23-31-000-1998-1389-01 (19468)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Luz Marina Peralta y Otros

Demandado: La Nación - Ministerio de Tranporte y Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil once.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 6 de julio de 2000 mediante la que se dispuso:

“Primero: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa pasiva, propuesta por el Ministerio de Transporte.

Segundo: NEGAR las pretensiones de la demanda.

Tercero: CONDENAR en costas a la parte demandante”.

Antecedentes

1. La demanda.

Fue presentada el 29 de julio de 1998 (fls. 37 a 51 cdno.1), por Luz Marina Peralta, en su propio nombre y en representación de sus menores hijos de edad Feiber y Yeini Grajales Peralta, María Grauden Blandón, William Grajales Blandón, Wilson Grajales Blandón, Holmes Grajales Blandón, Lucelly Grajales Blandón, Luz Dary Grajales Blandón, Damaris Grajales Blandón, María Idalia Grajales Blandón, Rodolfo Grajales Blandón, Lubián Grajales Blandón Y Grauden Grajales Blandón, Luz Estella Bedoya Peña, en nombra propio y en representación de sus menores hijos María Bárbara Rojas Bedoya, Régulo Rojas Bedoya Y Rafael Antonio Rojas Bedoya; mediante apoderado y en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas.

“Primera. Declárase a La Nación-Ministerio de Transporte-Policía Nacional, Policía de Carreteras, administrativamente responsable del accidente de tránsito ocurrido aproximadamente a la 1:30 A.M. del 30 de julio de 1996 en la carretera nacional que conduce de la Dorada (Caldas) a Honda (Tolima) en jurisdicción de Honda, y por cuya causa murieron los señores Wilman Grajales Blandón y Regulo Rojas Castillo.

Segunda. Como consecuencia de la anterior declaración se CONDENA a La Nación Colombiana-Ministerio de Transporte-Policía Nacional, Policía de Carreteras, a pagar, a título de indemnización de perjuicios, a las personas que se relacionan a continuación, las siguientes sumas de dinero:

1. El valor de un mil gramos oro, al precio que certifique el Banco de la República para la fecha de ejecutoria de la sentencia a la señora Luz Marina Peralta, compañera permanente de Wilman Grajales Blandón.

2. El valor de un mil gramos oro al precio que certifique el Banco de la República para la fecha de ejecutoria de la sentencia a cada uno de los menores Feiber Grajales Peralta y Yeini Grajales Peralta, hijos de Wilman Grajales Blandón.

3. El valor de un mil gramos oro al precio que certifique el Banco de la República para la fecha de ejecutoria de la sentencia a María Grauden Blandón, madre de Wilman Grajales Blandón.

4. El valor de un mil gramos oro al precio que certifique el Banco de la República para la fecha de ejecutoria de la sentencia a cada uno de los demandantes William Grajales Blandón, Wilson Grajales Blandón, Holmes Grajales Blandón, Lucelly Grajales Blandón, Luz Dary Grajales Blandón, Damaris Grajales Blandón, María Idalia Grajales Blandón, Rodolfo Grajales Blandón, Lubián Grajales Blandón y Grauden Grajales Blandón, hermanos de Wilman Grajales Blandón.

5. El valor de un mil gramos oro al precio que certifique el Banco de la República para la fecha de ejecutoria de la sentencia a la señora Luz Estella Bedoya Peña, compañera permanente de Regulo Rojas Castillo.

6. El valor de un mil gramos oro al precio que certifique el Banco de la República para la fecha de ejecutoria de la sentencia a cada uno de los menores María Bárbara Rojas Bedoya, Régulo Rojas Bedoya y Rafael Antonio Rojas Bedoya, hijos de Regulo Rojas Castillo.

B Por indemnización de perjuicios materiales:

1.El cincuenta por ciento (50%) de la suma mensual de trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000) a la señora Luz Marina Peralta por toda su vida probable a partir del treinta (30) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), atendiendo las tablas de vida probable de las compañías de seguros y debidamente actualizada la suma inicial con los incrementos del índice del costo de vida que certifique el DAÑE, más sus intereses, con aplicación de las matemáticas financieras y dividida en dos períodos: la debida hasta la fecha de la sentencia y la futura de tal fecha hasta la fecha probable de la muerte de la señora Luz Marina Peralta.

2. El veinticinco por ciento (25%) de la suma mensual de trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000), o el mayor porcentaje que determinare el sentenciador, por partes iguales, a los menores hijos Feiber Grajales Blandón y Yeini Grajales Blandón, desde el treinta (30) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), hasta cuando cumplan veinticinco años de edad, suma que se actualizará a la fecha de la sentencia atendiendo los incrementos del índice del costo de vida que certifique el DAÑE, más sus intereses, con aplicación de las matemáticas financieras y dividida en dos períodos: la debida hasta la fecha de la sentencia y la futura hasta cuando cumplan los veinticinco años.

3. El cincuenta por ciento (50%) de la suma mensual de trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000) a la señora Luz Estella Bedoya por toda su vida probable a partir del treinta (30) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), atendiendo las tablas de vida probable de las compañías de seguros y debidamente actualizada la suma inicial con los incrementos del índice del costo de vida que certifique el DAÑE, más sus intereses, con aplicación de las matemáticas financieras y dividida en dos períodos: la debida hasta la fecha de la sentencia y la futura de tal fecha hasta la fecha probable de la muerte de la señora Luz Estella Bedoya.

4. El veinticinco por ciento (25%) de la suma mensual de trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000), o el mayor porcentaje que determinare el sentenciador, por partes iguales, a los menores hijos María Bárbara Rojas Bedoya, Régulo Rojas Bedoya y Rafael Antonio Rojas Bedoya, desde el treinta (30) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), hasta cuando cumplan veinticinco años de edad, suma que se actualizará a la fecha de la sentencia atendiendo los incrementos del índice del costo de vida que certifique el DAÑE, más sus intereses, con aplicación de las matemáticas financieras y dividida en dos períodos: la debida hasta la fecha de la sentencia y la futura hasta cuando cumplan los veinticinco años”.

Como fundamento de las pretensiones, el actor expuso los hechos que la Sala sintetiza así:

El señor Wilman Grajales Blandón, conductor del camión marca Ford F350, tipo furgón, modelo 1995, de placas SQA-744, partió a Santafé de Bogotá junto con su ayudante el señor Regulo Rojas Castillo el 30 de julio de 1996 a la 00:15 A.M aproximadamente, con el vehículo cargado con limones de propiedad de este último, con el fin de vender el producto agrícola en la corporación de Abastos de esta ciudad.

Al aproximarse a Honda el camión Ford se estrelló contra el remolque del tracto camión de placas MCE-870, el cual se encontraba estacionado en su totalidad sobre la calzada derecha, en el mismo sentido que llevaba el camión Ford, sin utilizar la berma sino el carril de tránsito, ocupándolo por completo. Los ocupantes del camión Ford, fueron trasladados inmediatamente al Hospital San Juan de Dios de Honda, donde llegaron sin vida.

La tracto mula que se encontraba estacionada fue impactada en el lado derecho de su remolque, no tenía ninguna clase de señales que anunciaran su presencia en la vía. No había señales reflectivas ni mecheros ni ninguna señal preventiva de cualquier naturaleza y sus luces estaban apagadas.

El tracto camión que se encontraba estacionado había partido de Barranquilla el sábado veintisiete de julio de 1996, en las horas de la mañana, al mando de su conductor Alfonso Retallak Silva.

El tracto camión se había estacionado en el sitio en que ocurrió el accidente al menos desde la madrugada del veintinueve de julio de 1996.

El día veintinueve de julio de 1996 varios conductores de taxis que cubren la ruta La Dorada-Honda-La Dorada, y de otros vehículos, se percataron desde tempranas horas del peligro que representaba para los usuarios de la vía un automotor de ese tamaño y peso obrando como un inmenso obstáculo en la zona transitable, sin siquiera hacer uso de la berma, y dieron aviso verbal a la Policía de Carreteras sin lograr que esta cumpliera con su deber, es decir, sin que retirara o hiciera retirar esa mole de la vía.

El tracto camión con placas MCE-870, cargado con 33.000 kilos, se trasladó de Barranquilla a Honda por la vía más corta y plana, es decir por la troncal Barranquilla-La Yé-Bosconia-Aguachica-San Alberto-La Dorada, sin hacer un trayecto mucho más largo y en ascenso, como es la vía que dijo haber transitado el conductor del tracto camión, lo cual sería a todas luces antieconómico no solo mayor costo en pago de peajes, sobre todo si se tiene en cuenta que se trataba de un vehículo de seis ejes, que paga el peaje más costoso de todos. El automotor en mención llevaba al menos veintiuna (21) horas en el sitio en que ocurrió el accidente.

Si la tracto mula se hubiera encontrado estacionada sobre la berma es posible que nada hubiera ocurrido o que el pequeño camión hubiera impactado al remolque en su parte trasera izquierda, pero nada de esto ocurrió. Por el contrario, el tráiler o remolque fue impactado en la parte trasera derecha y para que esto sucediera encontrándose la tracto mula estacionada en la berma necesariamente el camión Ford tenía que venir desplazándose en parte por la berma y en parte por fuera de la carretera. En síntesis, la tracto mula, se hallaba sobre el carril de tránsito. Tanto es así que la placa del remolque ubicada al lado izquierdo, debajo del stop, quedó intacta.

En la carretera no había señales de ninguna naturaleza. No había ninguna obra que se estuviere adelantando en los alrededores sino a varios kilómetros de allí, ni en el croquis la policía corrobora la existencia de señal alguna, ni restos de señales se aportaron como elementos para formar parte de la investigación, ni mechero alguno ni tampoco había rastros del aceite que debía alimentarlo, y además, las luces del tracto camión se encontraban apagadas.

Varios conductores dieron aviso a la Policía Nacional-Policía de Carreteras en Honda y Puerto Bogotá, advirtiendo sobre las fatales consecuencias que podría tener la permanencia de la tracto mula en plena vía, pero estos avisos no obtuvieron respuesta alguna.

2 Actuación procesal en primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Tolima el 21 de septiembre de 1998 admitió la demanda (fls. 57 y 58 cdno.1), la cual fue notificada al Ministerio de Defensa - Policía Nacional y al Ministerio de Transporte por conducto del comandante de Departamento de Policía de Tolima y del director de la oficina regional del Ministerio de Transporte respectivamente. (fls. 61 y 62 cdno.1)

El Ministerio de Defensa contestó la demanda el 17 de noviembre de 1998 dentro de la oportunidad legal, mediante escrito en el cual se opuso a todas las pretensiones y manifestó no constarle los hechos, de manera que cada uno de estos debía probarse. Así mismo, planteó que por medio de los elementos probatorios, el ente demandado demostraría la exoneración de responsabilidad administrativa. (fls. 68 a 70 cdno.1).

Por su parte, el Ministerio de Transporte, contesto la demanda el 19 de noviembre de 1998 oponiéndose a todas las pretensiones y señaló no constarle los hechos. Propuso las excepciones de Falta de legitimación en la causa por pasiva, Falta de responsabilidad del ente demandado y la genérica, las cuales se decidan en la sentencia, que el fallador encuentre probadas (fls. 115 a 120 cdno.1).

Agotada la etapa probatoria a la que se dio inicio mediante auto del 18 de diciembre de 1998 (fls. 124 a 126 cdno.), se ordenó mediante auto del 6 de septiembre de 1999 convocar a las partes a audiencia de conciliación para el día 26 de octubre de 1999 a las 9:00 a.m. (fl. 148 cdno.1).

El 26 de octubre de 1999 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, en donde no se llegó a ningún arreglo conciliatorio. (fl. 153 cdno.1).

Mediante auto del 16 de diciembre de 1999 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y se señaló del traslado especial a que hay lugar en caso de haber sido solicitado por el Ministerio Público. (fls.157 cdno.1).

El Ministerio de Defensa, Policía Nacional presentó oportunamente el escrito de alegatos de conclusión (fls. 158 a 161, cdno.1) el 25 de enero de 2000, donde manifestó que,

“(...) en el presente caso no se encuentra probada la falla del servicio por parte de la Entidad demandada muy por el contrario se evidencia que la causa del Accidente de Tránsito ocurrida el 30.07.96 se dio (sic) por culpa exclusiva de la víctima...

(...).

De lo anterior tenemos que en ningún momento el insuceso se dió (sic) por causa de la presunta omisión en el cumplimiento de las funciones de la Policía de carreteras, muy por el contrario se evidencia que el vehículo sí estaba bien estacionado, con señales de prevención que quedaron destruidas y que el hecho se dió (sic) por culpa exclusiva de la víctima. Pues KILMAN (sic) Grajales Blandón elevó el riesgo al desplazarse a excesiva velocidad. La actividad de conducir vehículos, implica de antemano: Pericia del conductor para maniobrar el vehículo, conocer y tomar siquiera las mínimas medidas de precaución que esta actividad le exige...”.

Por su parte, el Ministerio de Transporte, mediante escrito presentado el 26 de enero de 2000 (fls. 170 a 173 cdno.1), argumentó que “A lo anterior se propuso excepciones, declarando de oficio las que se encuentre probadas por el honorable tribunal al momento de dictar sentencia, resaltando la excepción fundamental “falta de legitimación en la causa por pasiva”, que permite concluir la no existencia de relación sustancial siquiera de actos que le sean imputables y que hayan generado algún daño que se le atribuya al Ministerio de Transporte pues de expresarse que la protección que debe el Estado a las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, también atenderse el actuar de la persona la que debe ejercer de manera prudente y diligente cualquier actividad peligrosa como es el caso de conducir en vehículo automotor y no argumentar que para ello está el Estado”.

Finalmente, la parte demandante concluyó en su escrito de cierre (fls. 165 a 169 cdno.1), allegado al proceso el 25 de enero de 2000, que las pretensiones de los demandantes están llamadas a prosperar comoquiera que se demostró:

“A. La falla del servicio.

En este caso consistió en la omisión de la administración en el retiro del tracto camión SQA 744, el cual permaneció estacionado desde el día 28 de julio de 1996, la noche de esa fecha, el día veintinueve de julio y su noche hasta la madrugada del 30 de julio, en el tramo de carretera nacional La Dorada - Honda. Esta carretera La Dorada-Honda-Santafé de Bogotá hace parte de la denominada Troncal del Magdalena que comunica el interior del país con la Costa Atlántica y también de la autopista Santafé de Bogotá- Medellín.

Son bastantes los testigos que declaran sin lugar a dudas que ese vehículo llevaba allí estacionado alrededor de 40 horas. También que se había inmovilizado ocupando la totalidad de la calsada (sic) derecha, no utilizando la berma ni siquiera en parte, lo cual se encuentra corroborado en el plano o croquis que hace parte del informe del accidente elaborado con ocasión de la colisión.

En ese plano aparece consignada la presencia en el lugar de los hechos de la señal SR-07, que no indicaba la presencia del tracto camión en la vía sino que advierte un giro a la derecha. Copia de esta señal reglamentaria 07 que aparece en el manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras publicado por el Ministerio de Obras Públicas se anexa a este memorial.

Es pues evidente la omisión, la negligencia, la incuria absoluta de la administración, llámese Ministerio de Transporte o Policía Nacional - Policía de Carreteras_ en el cumplimiento del deber al que estaban legalmente obligados y que no era otro que el retiro del tracto camión de la calsada (sic). En la eventualidad casi segura de que la Policía de Carreteras no cuente en ese tramo de esa vía con grúa de la suficiente capacidad como para la movilización de un tracto camión como en efecto no cuenta esa carencia del equipo necesario para el cabal cumplimiento de su deber se traduce en la confirmación absoluta de la falla del servicio. Pero lo que aquí constituye la falla del servicio es la omisión de las autoridades, bien por deficiencias funcionales o por simple y pura pereza, en el retiro del pesado tracto camión que durante un lapso prolongado, que abarcó periodos diurnos y nocturnos, obstruía por completo la calzada derecha de la vía en el sentido en que se desplazaba el camión mediano ocupado por los fallecidos Wilman Grajales y Régulo Rojas. Y es que también se probó que la policía tuvo conocimiento del peligroso estacionamiento del gigantesco vehículo, ya que varios conductores le dieron aviso de la peligrosa situación. Se abstuvieron pues las autoridades de retirar el vehículo tal y como se lo imponían una previsión y una prudencia medianas y el artículo 143 del C. N. de T. que reza que ese tracto camión parqueado en zona de estacionamiento prohibido no podía estar allí pues “está prohibida la reparación de vehículos en vías públicas...” y que solo “podría permanecer el tiempo necesario para su remolque”. Por otra parte el artículo 231 de la misma obra, que dota a la administración de las herramientas coercitivas del caso, encaminadas a proteger a los usuarios de las vías dice: “La autoridad de tránsito podrá retirar con grúa o cualquier otro medio idóneo los vehículos que se encuentren estacionados en zonas prohibidas (....)”, máxime si la mole vehicular que ocasionaba el peligro se hallaba allí desde hacía muchas horas sin las señales que obligatoriamente impone el art. 59, literal f), del C. N. de T.

Y es que en Colombia las carreteras, sean autopistas o no, en ascenso, en descenso o en terreno plano, se han convertido en una especie de inmensos talleres permanentes que se prolongan por cientos de kilómetros. En verdad, si un aparato de estos se vara, se repara en plena carretera con el baladí argumento de que “para qué pagar grúa” y solo se transborda la carga cuando esta es perecedera. Las tracto mulas permanecen días y semanas parqueadas en la vía a la espera de que el propietario con mecánico a bordo se traslade desde su sitio de origen, baje el motor, la caja de cambios, las transmisiones o la pieza a refaccionar, la cual será reparada en la ciudad de su elección y regrese a montarla nuevamente para echar a andar la tracto mula. ¿Quién no ha sido testigo directo cuando se dirige a cualquier lugar del país a pasar varios días de que el tracto camión que se encontraba varado en el viaje de ida aún permanece al cuidado del conductor cuando se regresa, a la espera del ansiado repuesto?

Y las señales contempladas en el artículo 59 del C.N. de T., literal f) y que deben portar todos los vehículos (señales en forma de triángulo, en material reflectivo (sic) y provistas de soportes para ser colocados en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla independiente de la instalación eléctrica del vehículo y con suficiente duración de alumbrado. Las señales pues, no son ni ramas ni palos, como las que acostumbran en Colombia. Un vehículo varado del peso y las características del que ocasionó el accidente, con una carpa que en la noche lo confunde con la oscuridad, ocupando todo un carril es como si una piedra inmensa pintada de color oscuro se encontrara en plena vía a media noche. No la ve nadie e inexorablemente acarreará un accidente.

La Policía de Carreteras no retiró el tracto camión de la vía; tampoco le exigió la señalización de rigor. Ni siquiera lo hizo estacionar en la berma. Es, decir, no cumplió con su deber y esa omisión es la gravísima falla del servicio que da origen al accidente.

B. La relación de causalidad.

Las muertes de Wilman Grajales y de Régulo Rojas son atribuibles única y exclusivamente a la omisión de la autoridad pública en el cumplimiento de su deber. Son consecuencia directa de esta omisión.

Es evidente que la presencia del tracto camión en la vía fue la única causa del accidente. De haberse dado la actividad que la Ley impone a las autoridades encargadas de hacer cumplir las normas de uso de las vías, tal y como lo señala el art. 39 del C.N. de T., o al menos de haberlo hecho utilizar la berma, en los dos días previos a la tragedia, nada habría sucedido. Varios testigos relatan, en concordancia con la planilla de carga del camión que este había permanecido dos días con sus noches en el lugar en que finalmente se produjo el accidente.

C. El daño.

El daño que provocó la negligencia de la autoridad se encuentra plenamente probado. Abundan los testimonios que ilustran a la honorable corporación en cuanto a los perjuicios morales y materiales ocasionados a los demandantes”.

3 Sentencia de primera instancia.

1 Tribunal Administrativo del Tolima denegó las súplicas de la demanda por considerar que no había lugar a proferir sentencia condenatoria, toda vez que no se verificó prueba suficiente para establecer que por la inactividad de la Policía Nacional se haya causado el daño.

2 El a quo, fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:

“Los hechos se centran, que en la madrugada del 30 de julio de 1996, en la carretera nacional que conduce de la Dorada Caldas a Honda Tolima, en jurisdicción de Honda, sucedió un accidente de tránsito en que perecieron los señores Wilman Grajales Blandón y Regulo Rojas Castillo, al estrellarse el camión marca Ford F350, tipo furgón, modelo 1995 de placas SQA-744, conducido por el señor Grajales Blandón y acompañado por el señor Rojas Castillo, con el remolque del tracto camión de placas M CE-870, que se encontraba estacionado en la calzada derecha en dirección a Honda, que no utilizaba la berma sino el camino de tránsito, ocupándolo por completo, sin señales de prevención; que el tracto camión se encontraba estacionado desde la madrugada del día 29 de julio de 1996, que muchos de los conductores de taxis que cubren la ruta Dorada-Honda, se percataron del peligro que ofrecía el automotor MCE-870, dando aviso a la Policía de carreteras, sin que estos cumplieran con su deber, de retirar o hacer retirar el tracto camión.

Por el citado accidente de tránsito se demandó a La Nación Ministerio de Transporte y la Policía Nacional de Carreteras; el Ministerio de Transporte al contestar la demanda propone excepciones de falta de legitimación en la causa pasiva y falta de responsabilidad del ente demandado, y trae como sustento de las mismas la Ley 53 de 1989, los decretos 1344 de 1970, 1809 de 1990, 1951 de 1990, 2591 de 1990 y Ley 105 de 1993, si bien, las excepciones adolecen de una técnica jurídica, de su exposición, se puede concluir que la intención es demostrar que el Ministerio de Transporte no tiene responsabilidad alguna en los perjuicios causados en los hechos sucedidos en la madrugada del 30 de julio de 1996 y están llamadas a prosperar, por cuanto no encuentra esta corporación prueba que vincule y responsabilice al Ministerio de Transporte en los hechos aquí narrados, además, dentro de las funciones señaladas en el artículo 6º del Decreto 2171 de 1992, no aparece que el ministerio sea el encargado del control de las carreteras nacionales, por el contrario, esta función le corresponde a la Policía Vial por mandato del artículo 7º del Decreto 1344 de 1970, modificado por el artículo 4º del Decreto 2591 de 1990. Así las cosas, se declararan probadas las excepciones propuestas.

Como quiera que, la Policía Nacional Vial o de Carreteras, tiene como función el control de las mismas, se procederá analizar el grado de responsabilidad de la misma en los sucesos que da cuenta la demanda.

Se dice, que varios conductores de taxis en forma verbal le informaron a la Policía que en la vía Dorada-Honda, en el sitio denominado el mesuno, se encontraba mal estacionado y sin señales de prevención un tracto camión, desde la madrugada del 29 de julio de 1996. Entre las personas que declararon están los señores Jorge Albeiro Acevedo Buitrago, Ider Darío Mahecha Bernal, Pedro Pablo Ariza, José Adán Díaz, Víctor Julio Romero y Jhon Jairo Teuta, todos sin excepción son enfáticos en afirmar que el automotor Tracto muía se encontraba sobre la berma y sin señales de prevención, pero en cuanto al aviso que dieron a la Policía, el primero dice que le informó a los agentes que se hacen en el ropoy (sic) de Honda, pero no especifica a qué clase de agentes, si eran los de la vial o de Tránsito o simplemente bachilleres; el Segundo manifiesta que le informó a la Policía de Guarínocito, pero igual que el anterior no específica; el tercero, el quinto y el sexto no le informaron a nadie y el cuarto manifiesta que le informó a un agente que se encontraba en la plaza del Carmen de Honda, pero en las mismas condiciones de los dos primeros no se precisa a qué clase de agente; Así pues, no se puede tener como un hecho cierto, la afirmación de los declarantes, porque si los agentes que se encontraban en ropoy (sic) y plaza del Carmen de Honda, no tenían como función la del control de carreteras y por el contrarío si se encontraban o no en servicio, o en cumplimiento de alguna misión diferente, porque la expresión de los declarantes dejan duda al decir” no puedo decir a quien, a los policías que se parquean en el ropoy de Honda “ (fl. 203, cdno. 2) y “ lo único que había ahí en el parque el Carmen de Honda, era un agente de policía, pero yo le comuniqué, “(fl. 209, ídem), no ofrecen una certeza en su afirmación y en cuanto al informe dado a la Policía de Guarínocito, no aparece ninguna prueba que se haya hecho, que se ha de suponer se hizo en el Comando de ese sitio, y como tal debe quedar registro de dicho informe, el cual no aparece en estas diligencias.

De lo anterior, se desprende que no hay prueba suficiente para establecer que por la inactividad de la Policía Nacional se haya producido el insuceso, aún más, si se tienen en cuenta las pruebas recaudadas por la Fiscalía 32 de la unidad seccional de Honda, como es: el informe del agente Torres Cardona José Manuel - placa 50787, de donde se desprende que el tracto camión, tenía señales preventivas y se encontraba orillado, que el accidente se debió a la velocidad del vehículo Ford 350 - de placas SQA-744 tipo furgón, conducido por el señor William Grajales; en el croquis levantado, igualmente se dice que tenía señales reglamentarías y el otro vehículo venía muy ligero, refiriéndose al Furgón conducido por el señor Grajales; las fotos del lugar, se observa, que el vehículo varado el tracto camión, se encontraba bien estacionado, que por el tamaño del mismo, le era prácticamente imposible quedar totalmente fuera de la berma y la providencia de la Fiscalía 32 (fls. 183 a 186 cdno. 2), mediante la cual se precluye la investigación, concluye en afirmar que el accidente fue por culpa del vehículo furgón Ford 350 conducido por el señor Grajales, desvirtuando totalmente lo dicho por los declarantes, por cuanto estas pruebas se recaudaron inmediatamente sucedieron los hechos mientras que aquellos lo hacen mucho tiempo después, de donde se puede concluir, que el fatídico accidente fue por culpa exclusiva de la víctima no existiendo ningún nexo de responsabilidad de la Policía Nacional. En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda”.

4 El recurso de apelación.

Mediante escrito de fecha 17 de julio de 2000 (fl. 182 cdno. 4) el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 6 de julio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

El Tribunal Administrativo del Tolima mediante auto del 16 de agosto de 2000, concedió el recurso de apelación presentado oportunamente por la parte demandante. (fl. 184 cdno.4)

El 25 de octubre de 2000 el apoderado de la parte demandante sustenta el recurso de apelación (fls. 182 a 189 cdno.4), el cual es admitido por esta corporación mediante auto del 23 de febrero de 2001 (fl. 194 cdno. 4).

5 Actuación en segunda instancia.

Esta corporación admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima (fl. 194 cdno.4) y mediante auto del 16 de marzo de 2001 y se corrió traslado a las partes por el término de 10 días para presentar alegatos de conclusión. (fl. 196 cdno. 4).

El 2 de abril de 2001 el apoderado de la parte demandante presentó alegatos de conclusión (fls. 197 a 199 cdno. 4), en donde manifiesta las razones por las cuales deben prosperar las pretensiones por responsabilidad extracontractual del Estado, en el que reiteró lo sostenido en otras instancias procesales.

El Ministerio Público y la parte demandada guardaron silencio. (fl. 263 cdno. 2).

Consideraciones

Corresponde a la Sala a resolver el recurso de apelación que formulara la parte demandante, en juicio de dos instancias, con el objeto de que revoque la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

Para resolver el asunto sometido a conocimiento de la Sala, se abordará el estudio de los siguientes aspectos: 1) aspectos procesales previos; 2) el objeto del recurso de apelación y la decisión de primera instancia; 3) presupuestos para la responsabilidad extracontractual; 4) La responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares como consecuencia de la desatención de las autoridades públicas en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; 5) los hechos probados; 6) problemas jurídicos; 7) el daño antijurídico y; 8) la imputación de la responsabilidad.

1. Aspectos procesales previos.

Previo a abordar el análisis respecto al objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala advierte que se tendrá en cuenta la copia auténtica de las diligencias adelantadas por la Fiscalía Seccional 32 - Unidad Seccional de Honda de la Dirección Seccional de Fiscalías del Tolima con número 32-1235 de 1993, adelantado por los hechos ocurridos en la noche del 30 de julio de 1996 en la vía que de La Dorada conduce a Honda en los cuales perdieron la vida los señores Wilman Grajales Blandón y Régulo Rojas Castillo, por reunir los requisitos establecidos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, además fue solicitado como prueba en este proceso por ambas partes(1).

En consecuencia, y teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial de esta Sala, la prueba trasladada será valorada, entendiendo que fue solicitada por las dos partes en el proceso, de manera que no se requiere para su perfeccionamiento su ratificación en la instancia contencioso administrativa, de lo contrario se estaría desconociendo el principio de lealtad procesal(2).

Conforme a lo anterior, se deja sentado que los medios de prueba que se trasladan son de tipo documental, los cuales han sido sometidos al principio de contradicción en la forma establecida en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil.

2. Objeto del recurso de apelación y la decisión de primera instancia.

Ahora bien, resulta necesario precisar que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante está encaminado a que se revoque la sentencia proferida por el tribunal en razón a que el mismo no valoró adecuadamente el acervo probatorio obrante en el proceso. Al respecto señaló el apelante que

“estos serios fundamentos de la demanda no le merecen análisis alguno al tribunal, que con una superficialidad asombrosa termina negando las pretensiones apoyado solamente en dos pobrísimos argumentos como son la exigencia a los demandantes de que deben PROBAR que su aviso se dio a la Policía de Carreteras, pues la prueba del aviso a la Policía Nacional no le satisface y además el de que las diligencias preliminares penales sí son convincentes así consistan solo en declaraciones parcializadas del único beneficiado con el auto inhibitorio”.

Para el Tribunal a quo, la responsabilidad del Estado no se encuentra comprometida en razón a que “no hay prueba suficiente para establecer que por la inactividad de la Policía Nacional se haya producido el insuceso, aún más, si se tienen en cuenta las pruebas recaudadas por la Fiscalía 32 de la Unidad Seccional de Honda, como es: el informe del Agente Torres Cardona José Manuel —placa 50787, de donde se desprende que el tracto camión, tenía señales preventivas y se encontraba orillado, que el accidente se debió a la velocidad del vehículo ford 350— de placas SQA-744 tipo furgón, conducido por el señor William Grajales; en el croquis levantado, igualmente se dice que tenía señales reglamentarías y el otro vehículo venía muy ligero, refiriéndose al Furgón conducido por el señor Grajales; las fotos del lugar, se observa, que el vehículo varado el tracto camión, se encontraba bien estacionado, que por el tamaño del mismo, le era prácticamente imposible quedar totalmente fuera de la berma y la providencia de la Fiscalía 32 (folios 183 a 186 cuad. 2), mediante la cual se precluye la investigación, concluye en afirmar que el accidente fue por culpa del vehículo furgón ford 350 conducido por el señor Grajales, desvirtuando totalmente lo dicho por los declarantes, por cuanto estas pruebas se recaudaron inmediatamente sucedieron los hechos mientras que aquellos lo hacen mucho tiempo después, de donde se puede concluir, que el fatídico accidente fue por culpa exclusiva de la víctima no existiendo ningún nexo de responsabilidad de la Policía Nacional”.

3. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización” de la responsabilidad del Estado y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados(3), sin distinguir su condición, situación e interés(4). Como bien se sostiene en la doctrina,

“La responsabilidad de la administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(5); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público(6)”.

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(7) tanto por la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada—; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional), y; adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En cuanto al daño antijurídico, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado social de derecho. Así pues, el precedente jurisprudencial constitucional ha señalado,

“La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración”(8).

De igual manera, el precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución(9)”.

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(10), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(11). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas(12)”.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(13). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(14).

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(15). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(16).

Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación.

En ese sentido, el precedente jurisprudencial constitucional indica:

“… el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible(17). Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano(18)”.

A lo que se agrega por el mismo precedente,

“En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kaufmann: el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad, en la cual existen dosfundamentos de la responsabilidad, a saber:

1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. Vg. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce —un peatón cae en la zanja— surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo —prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario— (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro.

Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro para los bienes jurídicos y su fundamento no es la solidaridad sino la creación del riesgo. Son deberes negativos porquesu contenido esencial es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Corresponde a la máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los demás.

2) Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. Vg. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso.

Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en éstos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos(19)(20).

16. En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante.

“Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendentepara la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio deuna actividad peligrosa. Vg. Si alguien maneja una represa y el agua se desborda ocasionándole daño a una población, en el juicio de imputación lo sustancial no es si el operario abrió la compuerta más de lo debido (acción) o simplemente no la cerró a tiempo (omisión); lo fundamental es si cumplió o no con los deberes de seguridad que surgían del control de una fuente de peligro. Lo mismo acontece, cuando en virtud de relaciones institucionales se tiene el deber de resguardar un determinado bien jurídico contra determinados riesgos. El padre de familia incumple sus deberes de protección frente a su hijo, no sólo cuando entrega el arma homicida, también lo hace cuando no evita que un tercero le ocasione una lesión mortal. En la actualidad, se afirma que la técnica moderna y el sistema social, hacen intercambiables la acción y la omisión(21). Günther Jakobs ha demostrado que todos los problemas del delito de omisión son trasladables a la acción. Hay conductas activas, socialmente adecuadas, que se convierten en un riesgo jurídicamente desaprobado cuando la persona tiene una posición de garante. Ejemplo: es socialmente adecuado apagar la luz del portón de una casa (acción) aun cuando sea probable que un peatón puede tropezar en la oscuridad; pero se convierte en un comportamiento prohibido (apagar la luz) si el propietario ha realizado una construcción frente a ella, porque al crear una fuente de peligro aparecen deberes de seguridad en el tráfico: alumbrar la obra para que nadie colisione con ella”(22).

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme a lo anterior esquema, se analizará el caso a resolver.

4. La responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares como consecuencia de la desatención de las autoridades públicas en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Sobre la responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares como consecuencia de la desatención de las autoridades públicas en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, la jurisprudencia de esta corporación(23) ha señalado que el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio. En efecto, la Sala ha indicado que es necesario efectuar, de un lado, el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado y, de otro, el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. En este sentido se ha sostenido:

“«... responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones de control que a ella le corresponden [se refiere a la Policía Vial] (...) no es objetiva, pues requiere que los perjuicios que se reclamen puedan imputarse al incumplimiento de una obligación determinada.

“Esta responsabilidad, incluso bajo la óptica del artículo 90 de la Constitución Política, sólo puede surgir cuando se evidencia la existencia de una falla del servicio, teniendo en cuenta que tal concepción es relativa. Su régimen fue precisado por la Sala en sentencia del 5 de agosto de 1994 (Exp. 8487, actor VICTOR JULIO PARDO , ponente, Carlos Betancur Jaramillo), en la cual se señaló:

"1. En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO. (...)

“2. Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, sólo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.

“La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como “anormalmente deficiente” (mayúsculas dentro del texto original. Subrayas fuera de él)(24).

Ahora bien, una vez que se establece que la entidad responsable no ha observado o lo ha hecho de forma deficiente, un deber que legalmente le correspondía, esto es, se ha sustraído, por omisión, del recto acatamiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha impuesto, es ineludible determinar si tal irregularidad en su actuar tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño, acatando, de acuerdo con la orientación que reiteradamente ha sostenido la Sala, a las exigencias derivadas de la aplicación de la teoría de la causalidad adecuada. En ese sentido, la Sala ha precisado lo siguiente:

“«2. Aunque en el tema de definir si determinado daño puede imputarse a una autoridad pública, estudiado como el elemento "relación de causalidad", cuando el perjuicio ha sido producto de causas concurrentes, no pueden señalarse reglas absolutas, ni desecharse el peso que tiene en el punto la valoración subjetiva del juzgador, sí estima la Sala que sobre él pueden establecerse las siguientes pautas generales:

“a. No puede determinarse, como única causa de un daño, aquella que corresponde al último suceso ocurrido en el tiempo. Este criterio simple, que opone la causa inmediata a la causa remota, implicaría, en últimas, confundir la causalidad jurídica con la causalidad física y no tomar en cuenta hechos u omisiones que, si bien no son la última causa del daño sí contribuyeron a determinar su producción.

“A objeto de diferenciar las causas físicas de las jurídicas, el profesor Soler, enseña:

“Así, no debe sorprendernos que la solución jurídica concreta de tal cuestión se detenga, a veces, en un punto determinado, situado más acá de donde iría el examen físico de una serie causal, y se desinterese de causas anteriores. “Otras veces, en cambio, va más allá de la verdadera causación física y hace surgir responsabilidad de una relación causal hipotética, basada precisamente en la omisión de una causa”. (Soler, citado por Ricardo Luis Lorenzetti, en la obra Dela Responsabilidad Civil de los médicos, Rubinzal, Culzoni, editores, 1.986, pág. 257.)

“b. Tampoco puede considerarse que todos los antecedentes del daño son jurídicamente causas del mismo, como se propone en la teoría de la equivalencia de condiciones, o de la causalidad ocasional expuesta por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 17 de septiembre de 1.935, según la cual "en estos casos si la persona culpable se hubiera conducido correctamente, el perjuicio no habría ocurrido", a la cual se refiere también un salvamento de voto del doctor Antonio J. de Irisarri del 8 de octubre de 1986 (exp. 4587), en el cual se expresa que "con fines simplemente analíticos, para verificar esa relación de causa a efecto, puede examinarse qué ocurriría o habría ocurrido, si el suceso - causa no se hubiera dado. Si la respuesta es en el sentido de que el efecto no habría sucedido, ha de admitirse que aquél sí constituye causa de éste, porque justamente para que el efecto se dé en la realidad, tiene que ocurrir aquél. En la hipótesis contraria no existiría esa relación de causalidad.

“Tal posición llevaría a que en el clásico ejemplo citado por José Melich, el sastre que retrasa por negligencia la entrega de un abrigo de viaje, tendría que responder por el accidente ferroviario que sufrió su cliente que debió por tal motivo aplazar su viaje. Como lo señala el doctor Javier Tamayo Jaramillo, "deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría absurdamente, buscar responsables hasta el infinito.

“c. Tal concepción debe entonces complementarse en el sentido de considerar como causas jurídicas del daño, sólo aquéllas que normalmente contribuyen a su producción, desechando las que simplemente pueden considerarse como condiciones. Tal como lo proponen los partidarios de la teoría de la causalidad adecuada, expuesta por el alemán Von Kries, "sólo son jurídicamente causas del daño, aquellos elementos que debían objetiva y normalmente producirlo".

“H. Mazeaud, citado por José Melich Orsini, en "La responsabilidad civil por los Hechos Ilícitos" (Biblioteca de la academia de ciencias políticas y sociales, Caracas, 1.995, pag. 211 a 215) expresa sobre el punto:

“Hoy día la mayor parte de los autores han abandonado la teoría de la equivalencia de condiciones: ellos no admiten que todos los acontecimientos que concurren a la realización de un daño sean la causa de tal daño desde el punto de vista de la responsabilidad civil. Parece, en efecto, que para ser retenido como causa desde el punto de vista de la responsabilidad civil, es decir, para ser susceptible de comprometer la responsabilidad civil de su autor, el acontecimiento debe haber jugado un papel preponderante en la realización del daño. Pero los jueces serán libres de apreciar si el acontecimiento ha jugado o no un papel suficiente en la producción del daño para ser retenido como causa del daño. No se puede ligar a la jurisprudencia por un criterio absoluto, ni aun por el criterio propuesto por los partidarios de la causalidad adecuada: el criterio de la normalidad. Todo lo que puede exigirse es que el acontecimiento haya jugado un papel preponderante, un papel suficiente en la realización del daño. Quienes no quieren adoptar el criterio de la normalidad propuesto por la teoría de la causalidad adecuada, son partidarios de la llamada tesis de la causalidad eficiente, esto es: que lo que debe investigarse es si el hecho ha jugado o no un papel preponderante, una función activa en la producción del daño”(25)(subrayas fuera del texto original).

En este orden de ideas, se tiene que son dos los elementos cuya concurrencia se precisa para que proceda la declaratoria de responsabilidad administrativa por omisión, como en el presente caso: en primer término, la existencia de una obligación normativamente atribuida a una entidad pública o que ejerza función administrativa y a la cual ésta no haya atendido o no haya cumplido oportuna o satisfactoriamente; y, en segundo lugar, la virtualidad jurídica que habría tenido el cumplimiento de dicha obligación, de haber interrumpido el proceso causal de producción del daño, daño que, no obstante no derivarse —temporalmente hablando — de manera inmediata de la omisión administrativa, regularmente no habría tenido lugar de no haberse evidenciado Esta.

5. Hechos probados.

El 30 de julio de 1996, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, en la vía que de Honda conduce a La Dorada, en el kilometro 5, sector del “mesuno”, se encontraba averiado el tracto camión Kemwork, modelo 80, de placas MCE-870, por lo que su conductor Alfonso Retallek Silva estacionó en un tramo de la carretera, cuando repentinamente fue embestido por el furgón Ford 350, de placas SQA-724, conducido por el señor Wilman Grajales Blandón, que colisionó por la parte trasera, a consecuencia de lo cual perdieron la vida éste y su auxiliar Regulo Rojas Castillo.

El acta de levantamiento de los cadáveres de los señores Wilman Grajales Blandón y Regulo Rojas Castillo practicada el 30 de julio de 1996, por la Fiscalía 38 Seccional Delegada de Honda, así como los protocolos de necropsia practicados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dan cuenta de la muerte violenta de los arriba mencionados producida por efecto propio del estrellamiento contra el tracto camión.

Obran en el expediente el informe de la Estación de Policía de Carreteras del Departamento del Tolima, en donde se deja a disposición de la Fiscalía al señor Alfonso Retallek Silva y se allega el croquis levantado en el lugar de los hechos.

Del informe rendido por el Agente José Manuel Torres Cardona (fl. 30, cdno.2) se destaca: “El vehículo tracto camión, presentó daños en dos de sus ruedas del cabezote lado derecho, segundo eje, por lo tanto el conductor paró la marcha del mismo ahorillandose(sic), quien a su vez se dispuso a poner señales de pare y a prender unm(sic) mechero, valiéndose de unas vallas que se encontravan(sic) sobre la vías(sic), (Vallas de madera, y un mechero de filtro) estando puestas las señales, apareció el vehículo ford 350 de placas SQA744, y por su velosidad(sic) o tal vez por otros medios que le impidieron actuar com(sic) pericia, fué(sic) a dar contra la tractomula, llevándose por delante las señales y destrullendalas(sic), se pudo verificar la existencia de señales, ya que quedaron destruhidas(sic) en el lugar de los hechos”.

Del informe del accidente (fls. 31 y 32, cdno.2) se observó que las características de la vía en donde ocurrió el incidente eran: recta, pendiente, con berma, de doble sentido, de una calzada, de dos carriles, enasfalto, en buen estado, en condición seca y demarcada con línea central, línea de borde y carril. Por su parte el croquis levantado, entre la 1:30 y 2:00 de la madrugada del 30 de julio de 1996, por el Agente Torres Cardona muestra al tracto camión estacionado sobre la calzada derecha en sentido La Dorada – Honda y codifica la causa probabledel accidente con Cod. 116. Exceso de velocidad.

El 31 de julio de 1996 la Fiscalía 32 Seccional Delegada ante los juzgados penales del circuito de Honda, profirió resolución de pertura de Instrucción ordenado, entre otras diligencias, escuchar en indagatoria el señor Retallek Silva y la práctica de inspección judicial a los vehículos involucrados en el accidente.

Respecto de la diligencia de inspección judicial (fls. 62 a 68, cdno. 2) efectuada a los vehículos; i) tractomula marca Kenworth 80 de placa MCE-870, color amarillo, tráiler placa R17098 carpado y; ii) camión tipo furgón marca Ford de placas SQA-744, color azul metalizado, se evidenció que:

El tracto camión:

“(...) En la parte trasera presenta un impacto… La carpa presenta un perforación pequeña y otra grande en la parte trasera… los dos conjuntos de stop y freno () traseros se encuentran sin pasta…(...) se verifica con el vehículo prendido el sistema de luces y con un bombillo se hace la prueba dando como resultado que la luz de parqueo y direccional funcionan en ambos cocuyos traseros, la luz de media también funciona en ambos. La luz de freno funcionó en le cocuyo izquierdo ya que el derecho está totalmente aplastado y no funcionó (...)”.

El furgón:

“(...) la cabina la cual se encuentra totalmente destrozada, carece de placa delantera la cual fue encontrada desprendida en el suelo de lo que queda de la cabina y se anexa a ésta diligencia. El vehículo como ya se dijo está destrozado en su parte delantera y la parte que separa el furgón de la cabina está reventada y aplastado el asiento trasero, las llantas en especial las delanteras se encuentran en extremo sumo por lo que se ven totalmente lisas o sin labrado. (...) No fue posible verificar el sistema de la máquina ni de luz ni de frenos toda vez que están totalmente destruidos a nivel de la cabina y control de mandos. (...)”.

El 8 de agosto de 1996 la fiscalía 32 Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Honda resolvió la situación jurídica del señor Retallek Silva (fls. 96 a 99 c.2) y se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en contra del imputado al evidenciar la falta de indicio grave de responsabilidad.

El 25 de febrero de 1997 la Fiscalía 32 – Unidad Seccional de Honda calificó el merito del sumario (fls. 183 a 186, cdno.2) adelantado en contra del señor Retallek Silva, sindicado del punible de Homicidio por accidente de tránsito, precluyendo la investigación. Fundamento su decisión en que,

“sobre el particular se observa en las fotografías presentadas por el procesado que el camión había sido estacionado sobre su derecha, en la berma, aunque pisando parte de la calzada, sin que pudiera orillarlo más, posición que coincide parcialmente con la ubicación registrada en el croquis del agente de tránsito, siendo por ello motivo de objeción de parte de RETALLEK SILVA. Deriva de ello que el estacionamiento fue el apropiado, observando los reglamentos de tránsito.

Consigna además el informe, en total coincidencia con el sindicado en su injurada, que éste había colocado las suficientes señales de peligro o de advertencia, como valla de madera y mechero de filtro o a base de a.c.p.m., las que destruyó el camión conducido por el occiso, las mismas que quedaron desparramadas a lo largo de la vía, razón por la cual el agente de tránsito de codificó exceso de velocidad. Esas señales también aparecen refeljadas (sic) en las fotografías tomadas por los técnicos de laFiscalía (fl.109), por manera que sí existían.

Corrobora lo anterior José Manuel Torres Cardona, agente que conoció el caso y estuvo en el sitio delsiniestro (sic) inmediatamente tuvo ocurrencia, quien dijo: “… Había unas vallas que decían peligro, el mechero de filtro de ACPM, pero todas quedaron dañadas, al rato fue que volvimos acolocar (sic) señales”.

Las declaraciones rendidas en este proceso José Albeiro Acevedo Buitrago, Eder Darío Mahecha Bernal, Pedro Pablo Ariza, Víctor Julio Romero, José Adán Díaz y John Jairo Unda Teuta (fls. 201 a 213, ccdno.2) coinciden en afirmar que vieron el tracto camión estacionado en el kilómetro 5 de la vía que conduce de Honda a La Dorada el día anterior y el día mismo de la ocurrencia del accidente, sobre la calzada y sin ningún tipo de señales de advertencia. Sin embargo, tres de ellos aseguran haber puesto en conocimiento de dicha situación irregular a diversas autoridades de Policía, mientras que los otros no dieron aviso a nadie de tal hecho.

6. Daño antijurídico.

Para la Sala se encuentra suficientemente demostrada la ocurrencia de un accidente de tránsito el 30 de julio de 1996 en la vía que de Honda conduce a La Dorada, producido por la colisión entre el furgón que era conducido por el hoy occiso Wilman Grajales Blandón y Regulo Rojas Castilloy un tracto camión conducido por el señor Alfonso Retallek Silva.

7. Problema jurídico.

Establecer si la ocurrencia del hecho dañino resulta jurídicamente imputable a la entidad pública demandada, es decir, si el ordenamiento jurídico les señalaba la obligación de adoptar alguna medida que, en el caso concreto, hubiera conducido a evitar la ocurrencia del accidente, por una parte y, por otra, si la intervención de la entidad cuestionada habría tenido la virtualidad de interrumpir, en condiciones normales, el proceso causal de producción del daño.

8. Imputación de la responsabilidad.

En primer lugar, resulta necesario señalar que aun cuando a la fecha han sido derogadas las normas de tránsito vigentes para la fecha de los hechos, por expresa disposición del artículo 170 de la Ley 762 de 2002, se hará referencia a las mismas por ser aplicables al caso concreto.

En relación con el tránsito terrestre, el Código Nacional de Tránsito (D. 1344/70) establece los siguientes preceptos:

“ART. 1º—Las normas del presente código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, animales y vehículos por las vías públicas y por las vías privadas que estén abiertas al público.

El tránsito terrestre de personas, animales y vehículos por las vías de uso público es libre, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades, para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes.

ART. 2º—

(...).

Agente de circulación: Cualquier miembro de la Policía Nacional, encargado de vigilar el cumplimento de las normas de transporte y tránsito. Se refiere especialmente al personal que constituye la policía vial, y accidentalmente a cualquier otro agente de policía que intervenga en asuntos de transporte y tránsito.

Igualmente se considera como tal, cualquier persona civil que esté investida de autoridad para intervenir en asuntos de transporte y tránsito.

ART. 3º—Son autoridades de tránsito:

1. El Ministerio de Obras Públicas;

2. El Consejo Superior de Tránsito;

3.Las Secretarías, Departamentos o Dirección de Tránsito de carácter departamental, distrital, intendencial y comisarial; Modificado Decreto Nacional 2591 de 1990.

4. Los alcaldes municipales e inspectores de policía;

5. Los inspectores municipales de tránsito; modificado Decreto Nacional 2591 de 1990.

6. La Policía Nacional en sus cuerpos especializados de Policía Vial y Policía Urbana de Tránsito.

ART. 9º—La Policía Vial ejercerá las funciones que le corresponden a la policía en materia de dirección y vigilancia del tránsito por las vías públicas, y tan ella como la policía nacional también podrán hacerse cargo de la organización y control del tránsito departamental o municipal, por convenios o acuerdos, dentro de sus facultades.

ART. 10.—Las autoridades distritales, departamentales y municipales de policía conocerán de las faltas definidas en el presente código.

ART. 141.—Los conductores que estacionen sus vehículos en las zonas rurales lo harán totalmente fuera de la zona de pavimento destinada al tránsito de vehículos, y colocarán las señales de peligro reglamentarias. Durante la noche, además, dejarán encendidas las luces de estacionamiento o señales luminosas de peligro.

ART. 146.—Ningún vehículo podrá permanecer en sitio de estacionamiento prohibido por un lapso mayor de dos horas, aún en los casos de daños mecánicos o de fuerza mayor.

ART. 238.—La autoridad de tránsito que presencia la comisión de una contravención a las normas establecidas en este código ordenará detener la marcha del vehículo y previa amonestación al conductor lo anotará en una orden de comparendo que para tal fin llevará consigo en la que ordenará al infractor presentarse ante las autoridades de tránsito competentes dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo. (...)”.

La Corte Constitucional(26), al estudiar la exequibilidad de una norma legal de tránsito, explicó que estas disposiciones constituyen medios de protección para las personas, las cuales tienen como propósito evitar que éstas asuman riesgos, por manera que la implementación de políticas coactivas para la salvaguarda de los individuos, a través de una disposición de tránsito, tiene legitimidad en la esfera de lo público por cuanto el Estado actúa con su imposición, como tutor de los derechos propios de cada ciudadano y de terceros.

El artículo 3º del Decreto-Ley 1344 de 1970, modificado por el artículo primero del Decreto 1809 de 1990, a su vez modificado por el artículo segundo del Decreto 2591 del mismo año, establece que son autoridades de tránsito, entre otras, las siguientes: i) las secretarías, departamentos, institutos, direcciones y demás organismos de tránsito de carácter departamental, distrital, intendencial y comisarial; ii) los alcaldes municipales; iii) las secretarías, departamentos, inspecciones y demás organismos municipales de tránsito; iv) las Inspecciones de Policía; v)la Policía Nacional en sus cuerpos especializados de policía vial, policía urbana de tránsito y policía aeroportuaria; vi) los agentes de transporte y tránsito, definidos en el Decreto 1808 de 1990 como “todo funcionario o persona civil identificado exteriormente que esté investido de autoridad para vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de transporte y tránsito”.

Por su parte el artículo 4º del Decreto 2591 de 1990 señala que “sin perjuicio de la colaboración que deben prestarse los agentes de transporte y tránsito y la Policía Nacional, cada uno de ellos ejercerá sus funciones de control de la siguiente manera: La Policía Vial en las carreteras nacionales; los organismos departamentales de tránsito en aquellos municipios donde no haya organismos de tránsito municipal y carreteras departamentales de su jurisdicción; los organismos de tránsito de nivel municipal y del Distrito Especial de Bogotá en el territorio de su jurisdicción".

La Policía Vial fue creada mediante el Decreto 1715 de 1936, según el cual su función específica es la vigilancia en los ferrocarriles, cables aéreos, embarcaciones, carreteras y vías públicas en general. Este cuerpo corresponde a un servicio especializado que se ejerce principalmente en las carreteras del país y en caso de hechos en que resulten daños a personas, vehículos, inmuebles, etc., el agente de policía de tránsito o vial que conozca de los mismos debe proceder a levantar un croquis descriptivo de sus pormenores. (art. 250. Modificado L. 33/86, art. 104).

Ahora bien, el Código Nacional de Policía —D. 1355/70—, también señala que la policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de ésta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados Internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho. A la policía compete la conservación del orden público interno; el orden público que protege la policía resulta de la prevención y la eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad, de la salubridad y de la moralidad públicas.

Del análisis del conjunto normativo que acaba de referirse se desprende, a juicio de la Sala, la existencia de unas competencias, que en materia de transporte, corresponden a la policía vial en las carreteras nacionales. No obstante, se advierte que la obligación relativa a la seguridad de las personas y la protección de los bienes donde quiera que se encuentren, no puede entenderse en términos absolutos. Al respecto el precedente jurisprudencial indica,

“Sobre las obligaciones de la Policía Nacional, relativas a la protección de los ciudadanos, la Sala ha sostenido que éstas deben entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera.

El deber de protección correspondiente a la Policía Nacional explica que sus agentes deben, por principio, estar atentos y desplegar una vigilancia permanente, redoblada cuando la necesidad, las circunstancias o el requerimiento lo indiquen; pero la obligación relativa a la seguridad de las personas y la protección de los bienes donde quiera que se encuentren, no puede entenderse en términos absolutos, de modo que comprometa la responsabilidad del Estado por no encontrarse en disponibilidad inmediata, adecuada y en todo lugar, porque es evidente que no puede esperarse que sea omnipotente, omnisciente y omnipresente por principio. Su presencia inminente para la cobertura de todo el territorio nacional, es un ideal jurídico, un deber ser que debe entenderse como relativo a su poder, es decir, referido a la posibilidad de actuar con los efectivos que tiene a su servicio, la información que puede recaudar por sí y con la colaboración de los ciudadanos y la posibilidad de desplazarse en la geografía nacional, para velar por todos y cada uno de los Colombianos(27)”.

En este caso, no se allegó elemento de juicio alguno que indique que la Policía Nacional, a través de sus agentes, hubiere estado en capacidad de impedir el hecho dañoso, pues las piezas probatorias sólo dan cuenta de que la muerte de los señores Wilman Grajales Blandón y Regulo Rojas Castillo se produjeron por un accidente de tránsito en el cual, los hoy occisos, colisionaron contra un tracto camión que se encontraba estacionado en la vía.

Para la Sala no existe certeza en el plenario acerca de las condiciones en que se encontraba estacionado el tracto camión en la vía, es decir, si ése vehículo estaba sobre la berma o fuera de ella; con señales de advertencia o sin ellas y mucho menos se pudo establecer que algún agente de Policía, a pesar de haber sido informado sobre la supuesta amenaza que representaba el tracto camión, hubiere permitido, de manera negligente y descuidada, el estacionamiento irregular de aquel sobre una vía de alta peligrosidad, sin adoptar las medidas pertinentes, ni se probó el incumplimiento por parte de algún comandante de estación o subestación de sus deberes, que conociendo el riesgo, hubiera permitió el prolongado estacionamiento del citado automotor de transporte de objetos gran calado, exponiendo así a los demás conductores a algún peligro.

En efecto, los testimonios rendidos por los señores José Albeiro Acevedo Buitrago, Eder Darío Mahecha Bernal, Pedro Pablo Ariza, Víctor Julio Romero, José Adán Díaz y John Jairo Unda Teuta (fls. 201 a 213, cdno. 2), no ofrecen, para la Sala, la demostración plena y suficiente de la falla del servicio que se le endilga a la demandada comoquiera que los testimonios antes referidos son sospechosos al tenor del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil ya que existen circunstancias que afectan su credibilidad o imparcialidad en especial al advertirse que los mismos fueron rendidos por personas que tenía relación con las víctimas, que además sus versiones resultaron tan coincidentes sobre el modo irregular en el que se encontraba estacionado el tracto camión y el supuesto aviso que dieron a alguna autoridad de policía.

Así las cosas, no puede considerarse, en el caso sub examine, que una conducta omisiva de la Policía Nacional hubiere contribuido a causar el accidente por el cual resultaron muertos Wilman Grajales Blandón y Regulo Rojas Castillo, en cuanto no se acreditó la posibilidad de la entidad demandada de impedir el daño, ni el incumplimiento de las obligaciones que sobre el particular establece el Código Nacional de Policía, se impone concluir que la administración no se encontraba en condiciones absolutas de interrumpir el proceso causal.

En este orden de ideas, resulta imperioso concluir que el daño por cuya indemnización se demanda no es imputable a la demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 6 de julio de 2000.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de su cargo.

3. ABSTÉNGASE de condenar en costas.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.

Magistrados: Enrique Gil Botero—Olga Valle de De la Hoz—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

 

(1) “Lo anterior, como quiera que la prueba trasladada, en los términos definidos por la jurisprudencia de esta Sala, sólo es susceptible de valoración, en la medida en que las mismas hayan sido practicadas con presencia de la parte contra quien se pretenden hacer valer (principio de contradicción), o que sean ratificadas en el proceso contencioso administrativo. Es posible, además, tenerlas en cuenta, si existe ratificación tácita, esto es que la demandada las haya solicitado, al igual que el demandante; lo anterior conforme al principio de lealtad procesal, como quiera que no resulta viable que si se deprecan… con posterioridad, esa parte se sustraiga frente a los posibles efectos desfavorables que le acarree el acervo probatorio, el cual, como se precisó, fue solicitado en la respectiva contestación de la demanda”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, Exp. 16174, M.P. Enrique Gil Botero. De igual manera se pueden consultar las sentencias sentencias de 20 de febrero de 1992, Exp. 6514 y de 30 de mayo de 2002, Exp. 13476.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de mayo de 2002, Exp. 13476.

(3) La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.

(4) La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, Exp. AG-2001-213. En la doctrina puede verse STARCK, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.

(5) “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que ésta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la administración, sino de reacción, de reparación de los daños por ésta producidos”. MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, p.120.

(6) MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., págs.120-121.

(7) Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, Exps.10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.

(9) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001.

(10) En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. KANT, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, p.35.

(11) El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 25 de marzo de 2003.

(12) “Tenía razón Welzel al considerar que el derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”. MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], págs. 6 y 7.

(13) “El derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionados por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. GIMBERNAT ORDEIG, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp.77 ss.

(14) MIR PUIG, Santiago. Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7.

(15) LARENZ, K. “Hegelszurechnungslehre”, en MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7.

(16) JAKOBS, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994.

(17) Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt.Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977). Págs1 y ss.

(18) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

(19) Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil.Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage.Walter de Gruyter.Berlin.New York. 1993.Pags. 796 y ss.

(20) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

(21) Cfr. Javier Sánchez-Vera. Pflichtdelikt und Beteiligung. Zugleich ein Beitrag zur Einheitlichkeit der Zurechnung bei Tun und Unterlassen. Duncker & Humbolt Berlin 1999. Pags. 51 y ss Kurt Seelmann. Grundlagen der Strafbarkeit. Komentar zum Strafgesetzbuch. Band 1. Reihe. Alternativkommentare. Luchterhand. Neuwied. 1990.Pag.389.

(22) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

(23) Ver sentencias de la Sección Tercera, proferidas el 8 de marzo y el 29 de agosto de 2007 (Expedientes. 16.052 y 27.434).

(24) Sección Tercera, sentencia de septiembre 11 de 1997. Exp. 11.764. M.P. Dr. Carlos Betancur Jaramillo.

(25) Ibídem.

(26) Corte Constitucional. C-309 del 25 de junio de 1997. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. Mediante la cual se declaró la exequibilidad del artículo 178 del Decreto 1344 de 1970, tal y como fue modificado por el artículo 1º del Decreto 1809 de 1990, en cuanto se refiere al uso del cinturón de seguridad.

(27) Sección Tercera. Sentencia del 8 de abril de 1998. Exp. 11.837 M.P. Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros.