Sentencia 19488 de mayo 28 de 2002 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

Dr. Jorge E. Córdoba Poveda

Aprobado acta 56

Bogotá, D.C., veintiocho de mayo de dos mil dos.

Vistos

Resuelve la Corte la colisión negativa de competencias surgida entre el Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado 5º Penal Municipal de Neiva, en la causa adelantada contra Víctor Augusto Bautista Morales, por el delito de inasistencia alimentaria.

Antecedentes

1. Mediante Resolución del 15 de junio de 2001, la Fiscalía 303 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Bogotá profirió, en contra de Víctor Augusto Bautista Morales, resolución de acusación por el delito de inasistencia alimentaria.

El proceso se inició a raíz de la denuncia formulada ante la Comisaría 6ª de Familia de Bogotá, el 22 de enero de 1999, por la señora Carmenza Ávila España, madre de los menores Diego Armando y María Fernanda, contra el padre de los mismos, en la que aseveró que residía en el barrio Danubio Azul de esta ciudad.

Posteriormente, en la diligencia de ratificación y ampliación llevada a cabo el 29 de noviembre de 1999, manifestó que los menores se hallaban bajo su cuidado (fl. 16).

La señora Marta Cecilia Ávila España, hermana de la anterior, al rendir testimonio, el 7 de marzo de 2000, sostuvo que los menores residían en la ciudad de Neiva, lo que fue corroborado por el procesado, al rendir indagatoria, el 27 de marzo siguiente.

2. Con la ejecutoria de la resolución de acusación, el proceso fue remitido a los jueces penales municipales de Bogotá, correspondiéndole al 63 penal municipal, despacho que mediante auto del pasado 22 de febrero decidió no avocar el conocimiento, pues consideró que los menores han residido en la ciudad de Neiva desde cuando se formuló la denuncia, como lo revela el diligenciamiento.

Acudiendo a lo normado en el artículo 271 del Código del Menor, al tenor del cual la competencia para el conocimiento del delito de inasistencia alimentaria cuando el sujeto pasivo es un menor, corresponde al juez municipal de la residencia del titular del derecho, y a una decisión de esta Sala de fecha 19 de diciembre de 2001, que cita y transcribe, asegura que el conocimiento compete al Juez Penal Municipal de Neiva, por lo que le remite el diligenciamiento, proponiéndole colisión negativa de competencia, en caso de no aceptar sus argumentos.

3. El Juzgado 5º Penal Municipal de Neiva, al que se asignó el proceso, por auto del siguiente 25 de abril de 2000, aceptó el conflicto, al estimar que no es competente para conocer del proceso y advirtiendo que la remisión efectuada es ligera y “sin fundamento legal”, como quiera que la jurisprudencia de la Sala Penal que se cita y trascribe precisamente contempla que la competencia no puede estar sujeta a los “vaivenes” o cambios de residencia del representante legal de los menores, sino que queda radicada definitivamente en el juez del lugar donde se formula la querella o donde se inicia oficiosamente la investigación.

Como la denunciante fue enfática en señalar, tanto en la denuncia como en la ampliación de la misma, que los menores se encontraban bajo su cuidado, y que ella residía en Bogotá, no queda duda sobra cuál es el juez competente.

Afirma que la situación no cambia por el hecho de que el 7 de marzo de 2000, es decir, un año después, la hermana de la denunciante haya dicho que los menores se encontraban viviendo con sus abuelos maternos en la ciudad de Neiva.

De lo anterior concluye que el competente para conocer es el juez de Bogotá, por lo que, al aceptar la colisión, remite el proceso a esta corporación para que lo dirima.

La Corte considera

1. Como la colisión negativa de competencias se suscitó entre el Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado 5º Penal Municipal de Neiva, pertenecientes a distinto distrito judicial, es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la llamada a dirimirla, conforme lo consagra el numeral 4º del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal.

2. La discrepancia entre los funcionarios judiciales no es jurídica, sino que se refiere al lugar en que residían los menores en el momento en que se formuló la denuncia.

En efecto, ambos aceptan que el competente, al tenor del artículo 271 del Código del Menor y a la jurisprudencia de la Sala, es el juez del lugar donde vivían los menores al momento de formularse la denuncia o iniciarse de manera oficiosa la instrucción, sin que la sede para el juzgamiento de la conducta omisiva varíe por la circunstancia de que el titular del derecho cambie el lugar geográfico de su residencia, pero no están de acuerdo en cuanto al sitio donde vivían los menores Diego Armando y María Fernanda Bautista Ávila, cuando su madre formuló la denuncia, pues mientras el uno asegura que era Bogotá, el otro estima que lo era Neiva.

3. Para la Sala es claro, acorde con lo expuesto por el juez de Neiva y lo revelado en el expediente, que los menores residían en Bogotá, pues así lo atestiguó la denunciante, quien afirmó que vivía en el barrio Danubio Azul de esta ciudad y que los menores se encontraban bajo su cuidado.

Ahora bien, si la tía de los titulares del derecho, varios meses después, sostuvo que vivían en la ciudad de Neiva con los abuelos, quienes se encargaban de su cuidado, tal circunstancia no cambia la competencia, pues como lo ha dicho la Sala (1) el cambio de residencia no modifica la sede para el juzgamiento, puesto que, como la realidad lo enseña, las mudanzas podrían ser indefinidas, lo que llevaría al absurdo de admitir tantos jueces temporalmente competentes como ciudades o poblaciones acogieren a los titulares del derecho.

(1) Auto diciembre 19 de 2001. Rad. 18517, M.P. Dr. Édgar Lombana Trujillo.

En consecuencia, la competencia para adelantar la fase del juicio radica en el Juez 63 Penal Municipal de Bogotá, al que se le remitirán las diligencias.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DECLARAR que la competencia para conocer del presente proceso adelantado contra Víctor Augusto Bautista Morales, corresponde al Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá. Por lo tanto, remítasele el expediente.

2. Por secretaría de la Sala, infórmese lo decidido al Juzgado 5º Penal Municipal de Neiva.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.

ACLARACIÓN DE VOTO

En cuanto la situación que aquí se trata no difiere ostensiblemente de la que dio lugar a la aclaración de voto expresada en las decisiones de los radicados 18.571, 19.579, 19.224 y 19.1470, a ellas me remito.

Fernando E. Arboleda Ripoll. 

SALVAMENTO DE VOTO

Según el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000) el Decreto 2700 de 1991, sus normas complementarias y todas las disposiciones contrarias a la misma Ley 600 quedaban derogadas.

Era evidente, entonces, que las reglas de competencia previstas en disposiciones que hasta entonces hubieran regido, resultaban insubsistentes a partir de la vigencia de la Ley 600.

Y tan evidente lo era, que el propio código previno qué hacer frente al tránsito de legislación, respecto de dos clases de temas o materias, ambas íntimamente vinculadas con la competencia: lo relativo a la justicia especializada, por una parte, y lo atinente al conocimiento de las hasta entonces contravenciones especiales a que se refería a la Ley 228 de 1995, en procesos iniciados antes de la vigencia de la ley.

De otra parte, la Ley 600 reguló íntegramente lo relativo a los hechos punibles querellables excepcionando de su régimen todas las conductas en las que el sujeto pasivo sea un menor de edad. En ellas la actuación es oficiosa y no están sujetas a condición de procedibilidad alguna. Y dispuso que los procesos por delitos querellables salvo los de injuria y calumnia simples, indirectas, recíprocas e injuria por vía de hecho, serían de competencia de los jueces municipales. Como lo serían también los procesos por lesiones personales (querellables o no) y los procesos por delitos contra el patrimonio económico (querellables o no) cuya cuantía no excediese de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Entonces no se puede invocar el Código del Menor para adscribir a los jueces penales municipales la competencia para conocer de procesos por inasistencia alimentaria. Y basta mirar la enorme cantidad de ilicitudes en que estos pueden ser víctimas o sujetos pasivos, para comprender que el criterio de protección reforzada que invoca ahora la Sala no tiene base, fundamento, ni consistencia alguna porque entonces todo delito, al que apareciera vinculado un menor como víctima o sujeto pasivo tendría que investigarse y juzgarse siguiendo la misma regla o pauta de competencia, lo cual no está dicho por la ley colombiana en ninguna parte.

Hay un temor generalizado, y una discusión generalizada también, sobre el efecto real de esa aparente inconsistencia de la ley procesal, porque aplicando estrictamente el texto de la ley muchos procesos pasarían de las competencias locales o municipales a las seccionales o de circuito. Pero ese es un fenómeno con el que debe contar el legislador cuando aprueba la ley, y no el juez cuando la declara y aplica. En realidad, el devastador efecto de la cantidad de procesos sobre el aparato de justicia es, en este y en muchos otros casos, producto de carencias y disfunciones que en planos no jurídicos originan e incrementan una gran cantidad de conflictos sociales y predisponen una errónea respuesta estatal de criminalización.

Seguramente no fue afortunado el legislador al verificar los elementos de juicio de tipo sociológico y estadístico con que debía haber distribuido las materias sujetas a jurisdicción. Pero no por ello debe hacerlo la Corte cuando resuelve conflictos de competencia con fundamentos que estrictamente no son verificables.

Una última anotación debo hacer. La situación de hoy, no es la misma que existía con el código derogado. En ese entonces, los procesos por inasistencia alimentaria eran de competencia de los jueces municipales dada la cláusula de querellabilidad. La sentencia de la Corte Constitucional, desafectando de la querella los procesos contra menores, no tenía capacidad derogatoria de reglas de competencia. Por eso se justificaba mantenerla en cabeza de los jueces municipales y acudir al estatuto de protección del menor para explicar la razonabilidad de una interpretación que impedía hacerle producir un efecto derogatorio o modificatorio de la reserva legal de competencia a una sentencia de constitucionalidad que regulaba una cuestión de procedibilidad de la acción penal. Pero al haber variado por disposición expresa la fuente formal de competencia, dada la derogatoria de la norma anterior y de todas las que la complementaban y de las que le fueran contrarias, la situación es sustancialmente distinta.

No se puede menospreciar que ambos códigos, el Penal y el de Procedimiento, tuvieron como norte y justificación políticas acabar con la dispersión normativa. Y que esta dispersión la habían generado precisamente los estatutos especiales.

Con todo respeto,

Carlos E. Mejía Escobar. 

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