Sentencia 19508 de febrero 27 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

LAS PENSIONES NO SE PAGAN CON FONDOS DEL TESORO PÚBLICO

LA ACUMULACIÓN DE DOS PENSIONES NO ESTÁ PROHIBIDA POR LA CONSTITUCIÓN

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena Ltda. Telecartagena, contra la sentencia de fecha 29 de mayo de 2002 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el juicio seguido por Héctor Emilio Blandón Cuesta contra la recurrente.

I. Antecedentes

Héctor Emilio Blandón Cuesta demandó a la referida entidad con el fin de que se le condenara a devolver la totalidad de las sumas descontadas de su pensión convencional de jubilación y ordenar que no se sigan descontando dichas sumas de por vida. Además, solicitó que se le condenara a pagar la sanción de que trata la Ley 10 de 1972, las costas y aplicarle la indexación a las mesadas adeudadas.

Como fundamento de sus pretensiones manifestó que en el año de 1985 la demandada le reconoció una pensión de jubilación convencional en cuantía de 100% de su salario mensual por haber prestado más de 20 años a la empresa y tener más de 50 años de edad. Posteriormente, en el año de 1995 el Instituto de Seguros Sociales le reconoció una pensión vitalicia de vejez, por haber cotizado las semanas necesarias para dicha prestación. A partir del mes de enero de 1996, la empresa de manera unilateral consideró las pensiones compartidas y por ello le viene deduciendo de su pensión convencional lo que le paga el ISS, suma que supera los cuatro millones de pesos hasta el mes de junio de 1997. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado han considerado que dichas pensiones son compatibles y, por ello se han hecho los reclamos correspondientes a la empresa para que se abstuviera de seguir haciendo esas deducciones, sin resultado positivo, con lo cual ha incurrido en la sanción contemplada en la Ley 10 de 1972.

La entidad demandada aceptó los hechos relacionados con el reconocimiento de las pensiones y su compartibilidad. Negó los demás o los consideró argumentos de derecho que deben ser resueltos por el juez a quo. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción de inexistencia del derecho reclamado.

Mediante sentencia del 16 de febrero del 2001, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, condenó a la empresa demandada a pagarle al demandante la suma de $ 4.040.035, por concepto de devolución de los descuentos realizados a la pensión de jubilación compartida con la pensión de vejez desde el 31 de enero de 1995; y la suma de $ 3.041.338,00 por concepto de indexación laboral de la totalidad de los descuentos efectuados al actor. Le ordenó a la demandada abstenerse de descontar al demandante la mesada pensional de vejez que le paga el ISS. No accedió a la excepción propuesta por la demandada y le impuso a ella las costas del proceso. Mediante providencia de fecha 30 de marzo de 2001, el juzgado del conocimiento adicionó la sentencia anterior, y condenó a la demandada a pagar la suma de $ 11.321.122,95, por concepto de mesadas pensionales a partir del 1º de julio de 1997 a 31 de enero de 2001; y $ 852.254,13 por concepto de indexación laboral de la suma anterior.

II . Sentencia del tribunal

Al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en sentencia del 29 de mayo de 2002, modificó las sentencias principal y complementaria en cuanto a la suma a devolver, y condenó a la empresa a devolver o reembolsar al demandante la suma de $ 14.061.385 que le fuera descontada de su pensión de jubilación durante el período comprendido entre el 1º de febrero de 1996 y el 31 de enero de 2001. Revocó los puntos referentes a la indexación y en su lugar absolvió por dicho concepto. La confirmó en lo demás y no impuso costas en esa instancia.

Consideró el tribunal que en atención a que la pensión convencional fue reconocida con anterioridad a la vigencia del Acuerdo 29 de 1985 (5 de marzo), y no haberse pactado que ella era compartible con la de vejez a cargo del ISS, es innegable la concurrencia de ambas y por ello esta pretensión prospera. En apoyo de su tesis cita apartes de una sentencia de esta corporación.

En cuanto a la indexación consideró que no era procedente, pues las pensiones de jubilación se reajustan periódicamente como lo señala la ley.

III . Demanda de casación

Inconforme con la anterior determinación, la parte demandada interpuso el recurso de casación.

(...).

Segundo cargo.

“Acuso la sentencia recurrida por la causal primera de casación señalada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, esto es de ser violatoria, por la vía directa de la ley sustancial en la modalidad de infracción directa de los artículos 4º de la Ley 151 de 1959; 1º del Decreto-Ley 1713 de 1960, 77 del Decreto 1848 de 1969; en relación con el artículo 64 de la Constitución anterior y artículo 128 de la Constitución de 1991; lo que condujo a la indebida aplicación de los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966 del ISS, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, 5º del Acuerdo 29 de 1985 del ISS, aprobado por el Decreto 2879 de 1985; 18 del Acuerdo 49 de 1990 del ISS aprobado por el Decreto 758 de 1990; 8º, 24, 43 y 48 del Decreto-Ley 1650 de 1977; 193, 259, 260, 467, 468, 476 del Código Sustantivo del Trabajo artículos 1º , 2º y 5º de la Ley 4ª de 1976; 1º y 2º de la Ley 71 de 1988 y 14, 50, 142, 143 de la Ley 100 de 1993” (fls. 31 y 32 del cuaderno de la Corte).

En la demostración del cargo manifiesta que el tribunal olvidó el artículo 64 de la Constitución Nacional, vigente al momento en que el ISS reconoció la pensión de vejez al actor, y según el cual hay incompatibilidad para recibir más de una asignación del tesoro público.

Precisó, que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el fenómeno de la compatibilidad de la pensión convencional con la del ISS, a partir del 17 de octubre de 1985, sólo es aplicable al sector privado, pues en el sector oficial existe el mandato constitucional anteriormente citado y que fue reproducido por el artículo 128 de la Constitución actual.

Tercer cargo.

“Acuso la sentencia recurrida por la causal primera de casación señalada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 esto es por ser violatoria por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 4º de la Ley 151 de 1959; 1º del Decreto-Ley 1713 de 7960, 77 del Decreto 1848 de 1969; en relación con el artículo 64 de la Constitución anterior y artículo 128 de la Constitución de 1991, lo que condujo a la indebida aplicación de los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966 del ISS, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, 5º del Acuerdo 29 de 1985 del ISS, aprobado por el Decreto 2879 de 1985; 18 del Acuerdo 49 de 1990 del ISS aprobado por el Decreto 758 de 1990; 8º, 24, 43 y 48 del Decreto-Ley 1650 de 1977; 193, 259, 260, 467, 468, 476 del Código Sustantivo del Trabajo artículos 1º, 2º y 5º de la Ley 4ª de 1976; 1º y 2º de la Ley 71 de 1988 y 14, 50, 142, 143 de la Ley 100 de 1993.

La violación de la ley se produjo a consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que pueden coexistir dos (2) pensiones estatales por servicios oficiales.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la pensión convencional decretada por Telecartagena, por medio de resolución, no podía coexistir totalmente con la pensión reconocida por el ISS por servicios prestados a la misma empresa.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la pensión convencional podía suspenderse para evitar la violación constitucional y legal de la coexistencia total de las dos (2) pensiones.

(...)”.

En la demostración del cargo reitera que la compartibilidad o compatibilidad (o coexistencia de las dos pensiones completas) es de recibo en los “entes privados” pero no lo es en los “entes públicos”, de conformidad con las normas constitucionales citadas y desarrolladas por el artículo 4º de la Ley 151 de 1959 y por el artículo 1º del Decreto 1713 de 1960.

V.Consideraciones de la Corte

A pesar de que los cargos segundo y tercero se formulan por vías distintas, la Corte procede a su estudio de manera, conjunta en atención a que ambos buscan demostrar la incompatibilidad para recibir más de una asignación del tesoro público, y tienen una respuesta común: que las reservas pensionales de las que proviene el pago de la pensión de vejez objeto de la controversia, no hacen parte del tesoro público, como pasa a indicarse.

Los recursos para el pago de las prestaciones que se originan en el sistema general de pensiones son de carácter parafiscal como lo ha enseñado la doctrina.

Uno de los elementos esenciales de la parafiscalidad es la de que esta clase de recursos constituyen un patrimonio de afectación, esto es, que los bienes que lo integran han de destinarse a la finalidad que la ley les señala en el momento de su creación; así, los fondos constituidos con las cotizaciones o los aportes que efectúan por mandato de la ley, el Estado o los particulares, a cualquiera de los regímenes de pensiones, han de consagrarse exclusivamente a pagar las prestaciones del servicio de la seguridad social en pensiones, como lo determina el artículo 283 de Ley 100 de 1993.

De los patrimonios de afectación no puede predicarse propiedad —sólo antitécnicamente— por cuanto nadie puede ejerce el poder de libre disposición sobre ellos. Por esta razón es que las normas de la Ley 100 de 1993 que regulan el fondo de solidaridad pensional (art. 25) o el régimen de prima media con prestación definida, (art. 52) o el de ahorro individual con solidaridad (art. 90), sólo le otorgan el carácter de administradoras a las entidades a las que se le confía la gestión de los recursos.

Así entonces, el fondo económico del que proviene el pago de las pensiones de vejez, de invalidez o de sobrevivientes aunque esté radicado en cabeza del Instituto de los Seguros Sociales, no es propiedad suya, sino que éste es sólo administrador de aquellos.

La Constitución Nacional señala las entidades que contribuyen a conformar el tesoro público: la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas, dentro de las que está comprendido el Instituto de Seguros Sociales, por su carácter de Empresa Industrial y Comercial del Estado, e integran el tesoro con los bienes y valores que sean propios de cada una de ellas; como las reservas pensionales con las que el Instituto cubre el valor de la pensión de vejez, no son de su propiedad, sino que son sólo administradas por él, no hacen parte del tesoro público.

Así, entonces, el tribunal ad quem no infringió la prohibición prevista en el artículo 128 de la Constitución Nacional.

Por lo tanto los cargos segundo y tercero no prosperan.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 29 de mayo de 2002, en el juicio seguido por Héctor Emilio Blandón Cuesta contra la Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena Ltda. Telecartagena».

(Sentencia de casación, 27 de febrero de 2003. Radicación 19.508. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo López Villegas).

_______________________________