Sentencia 19547 de julio 16 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Número 78

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego

Bogotá, D. C., dieciséis de julio de dos mil dos.

Vistos

La Corte se pronuncia sobre la solicitud de libertad provisional, así como la de levantamiento de la suspensión en el ejercicio de las funciones dispuestas para hacerse efectiva la medida de aseguramiento que se le impuso el procesado Gonzalo Martínez Villalobos.

Antecedentes y consideraciones

1. La unidad delegada ante los tribunales de Bogotá y Cundinamarca, mediante Resolución del 24 de mayo de 1999, al momento de resolver la situación jurídica del doctor Martínez Villalobos, quien por entonces fungía como Fiscal 122 de la Unidad Cuarta de Delitos contra el Patrimonio Económico con sede en esta ciudad, decretó su detención preventiva, sin derecho a la libertad provisional, por el delito de prevaricato por acción, en concurso homogéneo y sucesivo. Posteriormente, la medida se adicionó para cobijar también el delito de falsedad ideológica en documento público (jul. 23).

En la misma providencia, el organismo instructor sustituyó esa medida por la detención domiciliaria, garantizada con caución prendaria de $ 150.000 (la cual fue reducida posteriormente a $ 50.000), y ordenó oficiar a la dirección seccional administrativa y financiera para que se le suspendiera en el ejercicio del cargo con el fin de hacer efectiva la detención domiciliaria, lo que se cumplió al librarse la comunicación 1075 del 25 de mayo de 1999. El siguiente 28 de mayo, esa dependencia emitió la Resolución 21335 suspendiendo en el ejercicio del cargo como fiscal a Gonzalo Martínez Villalobos.

2. El 9 de junio del mismo año, el doctor Martínez Villalobos aportó el respectivo título judicial representativo de la caución prendaria exigida y suscribió la respectiva diligencia de compromiso, en la que fijó el lugar donde la medida sustituva se iba a cumplir.

3. Mediante oficios números 1224 y 1226 del 9 y 10 de junio de 1999, dirigidos al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, y al comandante de la estación de Policía de Suba, respectivamente, la fiscalía les informa sobre la imposición de las mencionadas medidas de aseguramiento al procesado, el lugar donde se cumplir la domiciliaria y la solicitud para que se vigile y controle su acatamiento.

4. El imputado, con escrito recibido en la fiscalía el 25 de junio de 1999. Solicitó autorización para adelantar un curso de introducción a computadores, la cual le fue concedida con Resolución del 28 de los mismos mes y año.

5. Martínez Villalobos fue acusado con resolución del 29 de noviembre de 1999, por el delito de prevaricato por acción en concurso heterogéneo con el de falsedad ideológica en documento público, decisión que confirmó la unidad de fiscalía delegada ante la Corte, con providencia del 27 de enero de 2000, en la que además le concedió permiso para trasladarse desde el lugar donde cumplía la detención preventiva a la secretaría de esa dependencia, con el fin de revisar la actuación.

6. La Sala de Decisión Penal del Tribunal superior del Distrito Judicial de Bogotá, luego de superar algunas incidencias procesales que se desarrollaron en el juicio, mediante Sentencia del 21 de febrero del año en curso, absolvió al doctor Gonzalo Martínez Villalobos de los cargos relacionados con los delitos de falsedad ideológica en documento público y con uno de prevaricato por acción, que le fueron imputados en el pliego de cargos.

7. En el mismo fallo lo condenó como autor responsable del delito de prevaricato por acción, a las penas principales de 60 meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la privativa de la libertad. Igualmente, declaró la procedencia de la prisión domiciliaria.

8. Con oficio de fecha 26 de febrero siguiente, el tribunal informó a la dirección del INPEC sobre el otorgamiento de la prisión domiciliaria al procesado, al tiempo que le solicitó que llevara a cabo la respectiva vigilancia. Ese mismo día, Martínez Villalobos suscribió la correspondiente diligencia de compromiso.

9. El recurso de apelación que interpusieron tanto el enjuiciado como su defensor, fue concedido el 7 de mayo que pasó. Por esta razón, aquél acude ante esta Sala reclamando tanto la concesión de libertad provisional, con base en la causal prevista en el artículo 365-2 del Código de Procedimiento Penal, como el consecuente levantamiento de la suspensión en el ejercicio de las funciones.

9.1. El precepto invocado por el peticionario, establece que el procesado tiene derecho a la libertad provisional, cuando en cualquier estado del proceso ha permanecido en detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por la conducta punible que se le imputa. Agrega el segundo inciso de la disposición que “se considera que ha cumplido la pena, el que lleve en detención preventiva el tiempo necesario para obtener libertad condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla”.

Esa disposición remite con claridad, a uno de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, denominado libertad condicional, que está consagrado en el artículo 64 del Código Penal.

Los requisitos que exige esta norma para el otorgamiento de esa figura son: a) que se haya impuesto pena privativa de la libertad superior a 3 años; b) que haya cumplido las tres quintas partes de la condena, y, c) observancia de buena conducta en el establecimiento carcelario, a partir de la cual se permita deducir que no existe necesidad de continuar con la ejecución de la pena. A la petición se debe acompañar, de conformidad con el artículo 480 del Código de Procedimiento Penal, concepto favorable del consejo de disciplina del respectivo establecimiento carcelario, o en su defecto del director del mismo; y copia de la cartilla biográfica.

De la precedente reseña procesal se desprende que en virtud de la medida sustitutiva de detención domiciliaria, la cual se formalizó el 9 de junio de 1999, el procesado ha estado privado de la libertad un lapso de 37 meses y 14 días. Este tiempo es superior a 36 meses que equivalen a las tres quintas partes de los 60 meses de prisión a que fue condenado Martínez por la sentencia de primera instancia.

Evidente, entonces, que el factor objetivo se halla satisfecho. Lo mismo puede decirse del subjetivo, por cuanto el director de la cárcel del distrito judicial “La Modelo”, informa que Gonzalo Martínez Villalobos ha cumplido cabalmente con la detención domiciliaria otorgada por la fiscalía, y el mismo modo califica la conducta de aquél como buena.

Sin apoyo, por tanto, resultan las posteriores afirmaciones del peticionario —y por supuesto las demandas que hace con fundamento en ellas—, en el sentido de que la fiscalía omitió cumplir con la comunicación a las autoridades carcelarias de la existencia de la medida que lo afectó, porque es notoria la existencia de los oficios en ese sentido, dirigidos al INPEC y al comandante de una estación de policía, reseñados en el punto 3 de estas consideraciones.

Cabe agregarse, entonces, que la fuente jurídica de su estado de detención lo fue la resolución que la impuso, así como la subsiguiente formalización o materialización, ocurrida en el preciso instante en que rubricó la diligencia de compromiso. No desnaturaliza la juridicidad de la medida, ni su cumplimiento fáctico, el que hipotéticamente las autoridades encargadas de vigilar y controlar no desarrollen su misión, circunstancia que aquí no aparece de modo fehaciente; además, tanta certeza tendría el procesado de que se hallaba en esa condición limitada de su libertad de locomoción, controlada al menos judicialmente, que solicitó permisos para estudiar o para desplazarse a la sede de la fiscalía con el fin de revisar su proceso, los cuales le fueron otorgados.

Corolario de lo anterior, es que se concederá la libertad provisional al procesado Gonzalo Martínez Villalobos, la cual deberá garantizar con caución prendaria equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales, los cuales deberá consignar en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario, a órdenes de la Corte. Prestada la caución y suscrita la diligencia de compromiso, se hará efectiva la libertad provisional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código de Procedimiento Penal.

9.2. En lo que tiene que ver con la solicitud de levantamiento de la orden de suspensión emitida como consecuencia de la medida de detención que se le impuso a Martínez Villalobos, resulta oportuno traer a colación lo analizado por la Corte, para concluir su procedencia como fruto de la libertad provisional.

En auto del 10 de octubre de 2001, con ponencia del magistrado Carlos Eduardo Mejía Escobar, dentro de la radicación de segunda instancia 17576, en un caso de similares características al que ahora nos ocupa, se hizo el siguiente estudio:

“1. La Ley estatutaria de la administración de justicia en el artículo 131 determina claramente cuáles son las autoridades nominadoras de cada una de las escalas de los servidores del servicio público de administración de justicia.

2. El numeral 7º de ese artículo señala: Las autoridades nominadoras de la rama judicial son: “(...) Para los cargos de jueces de la República: El respectivo tribunal”.

3. Esas mismas autoridades nominadoras son las llamadas por la ley a definir ciertas situaciones administrativas de los funcionarios y empleados de los que les competa su nominación.

4. El artículo 135 de la ley estatutaria, señala cuáles son las situaciones administrativas en que pueden hallarse funcionarios y empleados de la rama judicial.

Dentro de ellas está la de ser “separado temporalmente del servicio de sus funciones, esto es: en licencia remunerada que comprende las que se derivan de la incapacidad por enfermedad o accidente de trabajo o por el hecho de la maternidad, y las no remuneradas; en uso de permiso; en vacaciones; suspendidos por medida penal o disciplinaria o prestando servicio militar”.

5. El artículo 147 de la ley estatutaria define las causas de suspensión en el empleo, advirtiendo que ésta se produce como sanción disciplinaria o por orden de autoridad judicial.

En ese mismo artículo se intenta contestar a todos los interrogantes que una decisión de tal índole pueden generar, cuando se trata de una actuación penal. Así:

5.1. ¿Cuándo se suspende?

Cuando la autoridad judicial lo solicita, o cuando se ha creado la vacancia por la captura inmediata del funcionario o empleado.

5.2. ¿Qué tipo de vacancia se produce?

Vacante temporal.

5.3. ¿Cómo se llena la vacante?

Por nombramiento provisional o el encargo que corresponda.

5.4. ¿Cuándo se reintegra?

Cuando la autoridad nominadora lo disponga. En todo caso, nunca antes de ser levantada por la autoridad judicial la orden de suspensión, por desaparecimiento de la necesidad de mantenerla.

5.5. ¿Cuándo se le reintegran los dineros dejados de percibir durante la suspensión y se declara que no hubo solución de continuidad en el servicio?

Cuando se dicte en favor del suspendido preclusión de la instrucción, cesación de procedimiento o se le absuelva.

6. La precisa situación administrativa de suspensión por medida penal, exige así mismo un análisis desde la perspectiva de la actuación de la jurisdicción ordinaria en su especialidad penal, por ser de ésta de la que debe provenir la orden de suspensión.

Desde esa óptica, es a esa autoridad judicial a la que le corresponde el estudio de los requisitos formales y sustanciales de la medida penal y el de disponer la suspensión del funcionario o empleado de la rama judicial que sea sujeto pasivo de la misma. El artículo 359 del Código de Procedimiento Penal (399 anterior) establece como regla general de trámite que la suspensión procede cuando se haya impuesto medida de aseguramiento. Allí se obliga a que “en la misma providencia se solicitará a la autoridad respectiva que proceda a suspenderlo en el ejercicio del cargo” y que de no hacerse dentro de los 5 días siguientes, se dispondrá la captura del sindicado. Así entonces, son claras las siguientes conclusiones:

6.1. La suspensión tiene un único propósito desde el punto de vista penal: hacer efectiva la medida de aseguramiento.

6.2. La solicitud de la suspensión tiene un único propósito desde el punto de vista administrativo: evitar la perturbación de la buena marcha de la administración. Si el funcionario judicial hizo la solicitud es porque a su juicio la privación inmediata de la libertad del funcionario o empleado puede afectar el normal desarrollo del servicio público al que pertenezca.

6.3. Si no se atiende la solicitud de suspensión, la responsabilidad por la perturbación de la buena marcha de la administración será única y exclusivamente de la autoridad administrativa. Pues en todo caso después de 5 días de haberse realizado la solicitud se debe disponer la captura del asegurado.

7. Hasta esta altura de la actuación, no existe mayor dificultad en cuanto tiene que ver con la determinación clara de las competencias en uno y otro campo. En el penal para la imposición de la medida de aseguramiento y hacer efectiva la misma. En el administrativo en cabeza del nominador para la adopción del acto administrativo que corresponda para decretar la suspensión del funcionario o empleado, si se atiende la solicitud de la autoridad judicial, o para enfrentar la perturbación de la buena marcha de la administración, si en el término legal no se atendió la solicitud.

La dificultad aparente surge como en este caso concreto cuando se ha dispuesto la libertad provisional del suspendido. Agregándose como elemento adicional que contra el mismo se dictó sentencia condenatoria de primera instancia contra la que se interpuso apelación que se encuentra pendiente de solución.

8. El texto del artículo 359 del Código de Procedimiento Penal enseña que el propósito de la suspensión del servidor público es hacer efectiva la medida de aseguramiento. Que esa suspensión surja por la solicitud anterior a la captura o por efecto automático de ésta, es problema que la ley defiere al juicio de la autoridad judicial que es la autorizada para estimar si es necesaria aquélla o se puede disponer la captura de manera inmediata sin efectuar el servicio público.

Si la autoridad judicial que dictó la medida de aseguramiento es la llamada a determinar el efecto de su ejecución sobre el servicio público, es a ella igualmente a la que le corresponde estimar la consecuencia de la libertad provisional sobre la suspensión del servidor público.

Si el efecto de la suspensión es privar de la libertad al servidor público, única manera en la que puede hacerse efectiva una medida de aseguramiento de detención preventiva sin derecho a la libertad provisional. El efecto que genera la libertad provisional que se otorga en la actuación penal a ese mismo servidor público, no puede ser otro que el del levantamiento de la orden de suspensión que se había emitido. La razón es elemental: el desaparecimiento del supuesto fáctico que generó la orden de suspensión. Esa orden debe emitirse por parte del funcionario judicial con destino a la autoridad nominadora, la que además deber recibir copia de la providencia con la cual se dispuso la libertad provisional, para que en uso de sus competencias administrativas disponga aquello a lo que en derecho haya lugar. En consecuencia, así se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

9. Pero de esa situación particular surge un nuevo interrogante: ¿es funcional y administrativamente aceptable que un funcionario judicial afectado con medida de aseguramiento que implica la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional y por ello ha sido suspendido de la función, regirse a ejercerla por haber sido favorecido con el beneficio de la libertad provisional, aunque siga vinculado al proceso penal?

La respuesta a ese interrogante no puede ser otra que negativa. Pero no pasaría de ser un concepto del “deber ser” si no hubiera sido objeto de reglamentación legal en el ordinal 3º del artículo 150 de la Ley estatutaria de la administración de justicia. Al estatuirse normativamente, sin dejar de tener un fundamento ético, su cumplimiento se convirtió en un imperativo legal.

En tal artículo como “Inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial” se anota que “No podrá ser nombrado para ejercer cargos en la rama judicial:

“1. (...)

“2. (...)

“3. Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional.

El parágrafo de la misma norma ordena que “Los nombramientos que se hagan en contravención de lo dispuesto en el presente artículo y aquellos respecto de los cuales sugiere inhabilidad en forma sobreviniente, serán declarados insubsistentes mediante providencia motiva, aunque el funcionario o empleado se encuentra escalafonado en la carrera judicial”.

9. El supuesto de hecho que permite la realización de la consecuencia jurídica prevista en la norma es claro: hallarse bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional. Ese supuesto es fáctico y jurídico: fáctico en cuanto surge del acontecimiento de una medida de aseguramiento concreta: la detención preventiva; de una circunstancia precisa: que se haya declarado que no hay lugar a la libertad provisional y que por tanto debe privarse de la libertad; y jurídico, en cuanto sus efectos dependen del supuesto fáctico y no se desvanecen por la obtención de la libertad a través de alguna de las causales que existan para acceder provisionalmente a ese beneficio.

10. La relación que la Ley estatutaria establece entre la imposición de la medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional y la declaratoria de insubsistencia del nombramiento del asegurado que se halla en desempeño del cargo, es directa y objetiva. Pero esas características de objetividad e inmediatez no significan que la declaratoria de esa inhabilidad sobreviniente pueda hacerse de plano. Como el parágrafo de la norma citada exige que sea mediante providencia motivada y se trata de una decisión que afecta los derechos del funcionario o empleado, debe adoptarse con las garantías del debido proceso que la Constitución garantiza para cualquier actuación administrativa y dentro de los parámetros de las de tal naturaleza de acuerdo a lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo.

Esa relación de inmediatez y de objetividad entre el supuesto fáctico del aseguramiento sin derecho a la libertad provisional del funcionario o empleado y la declaratoria de la inhabilidad sobreviniente que a partir de ella se genera, es la que impone el deber legal a los nominadores de la rama judicial de asumir de oficio el procedimiento general administrativo para estudiar si hay o no lugar a la declaratoria de la inhabilidad sobreviniente.

Tal actuación debe ser inmediata al conocimiento que deben tener esas autoridades nominadoras en el sentido de que se ha hecho efectiva la medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad, ya sea porque la autoridad judicial haya solicitado la suspensión, o, porque ésta se haya producido como consecuencia de la captura inmediata del servidor.

11. Ninguna duda puede generar la necesidad de la inmediatez de la medida, por la naturaleza esencialmente provisional de la medida de aseguramiento o por la existencia de otra causal de inhabilidad sobreviniente que parecería diferir la decisión administrativa a la declaratoria de responsabilidad penal definitiva del funcionario o empleado procesado. A ese tema se refiere la causal 6ª del artículo 150 de la Ley estatutaria de la administración de justicia cuando señala: que debe declararse la inhabilidad sobreviniente de quien desempeñándose al servicio de la rama judicial “haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier hecho punible, excepto por delitos políticos o culposos”.

No hay entre las causales 3ª y 6ª del artículo 150, ninguna contradicción de la que pueda deducirse que sólo puede aplicarse una de las dos y que la otra es simple y llanamente un error legislativo. No, la diferencia se explica evidentemente en que hay conductas más graves que otras, por lo que aun siendo todas de carácter delictuoso, para algunas se ha dispuesto medida de aseguramiento y para otras no.

Esa distinción de la conducta por la gravedad es la que hace necesario que a unos se les declare la inhabilidad sobreviniente a partir de la medida de aseguramiento que implique privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional y frente a otros deba esperarse hasta que “hayan sido declarados responsables de la comisión de cualquier hecho punible, excepto por delitos políticos o culposos”.

Mayor razón encuentra esta armonización de las causales 3ª y 6ª del artículo 150 de la Ley estatutaria de la administración de justicia cuando se advierte que la única medida de aseguramiento que puede imponerse hoy es la de detención preventiva. Que ella se ha reservado exclusivamente para delitos que el Estado considera de especial gravedad, determinada por eliminación, a partir de la pena mínima del delito (4 años de prisión); o, por inclusión en la lista de aquellos ilícitos que aun careciendo de una pena mínima de 4 años el legislador estimó de especial gravedad (CPP, ord. 2º del art. 357); o porque aun tratándose de un delito considerado no tan grave (por la pena o por la inclusión en la lista), el agente es reincidente en atentados contra el ordenamiento jurídico, demostrable mediante la vigencia de sentencia condenatoria por delito doloso o preterintencional (CPP, ord. 3º del art. 357).

Esa diferencia en grado en gravedad, apreciada por el legislador penal en términos de imposición de medida de aseguramiento únicamente para los delitos más graves, es la misma que se traslada al ámbito administrativo. Es por eso que para los comprometidos en aquellos ilícitos ordena su inhabilitación a partir del momento en que se haga efectiva la medida de aseguramiento. Y, para los delitos menos graves o para las personas no reincidentes, puede aguardarse hasta la emisión de la sentencia condenatoria. No hay tampoco aquí ninguna contradicción. Lo que aparece es una armonización que incluso puede ser expresada de manera ecuacional: mayor gravedad penal = juicio de probabilidad sobre la responsabilidad para inhabilitación administrativa (menor demostración: indiciaria y provisional); y, menor gravedad penal = juicio de certeza sobre la responsabilidad para inhabilitación administrativa (mayor demostración).

Esta opción hermenéutica es así mismo la única que permite salvaguardar la legitimidad del ejercicio de la función, pues no puede ofrecer duda que para administrar justicia la Constitución y la ley presumen condiciones de legitimidad social y transparencia (general e igualitariamente regladas) que se ven evidentemente desvirtuadas cuando al servidor se le ha dictado medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional.

12. La naturaleza provisional de la medida de aseguramiento, no puede ser un argumento para excusar la aplicación del ordinal 3º del artículo 150 de la ley estatutaria. Tampoco puede serlo la precariedad probatoria sobre la que la ley sustenta su imposición. Y, menos aún puede serlo la especulación sobre la ausencia de certeza o la presunción de inocencia de los funcionarios judiciales para imponerla o la de los denunciantes para obtenerla. La ley no puede interpretarse sobre supuestos fácticos excepcionales, sino sobre reglas generales de comportamiento y aunque posteriormente se puedan verificar casos de inocencia judicialmente declarada. Esa es la excepción; la regla es un adecuado ejercicio de tal función y un eficiente desempeño de los controles de instancia. Con semejante argumento, la conclusión conduciría a la inaplicación, no de la causal sobreviniente de inhabilidad, sino de la norma del Código de Procedimiento Penal que autoriza a imponer medidas de aseguramiento que impliquen privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional. Es claro, si se mira exclusivamente desde la perspectiva de la presunción de inocencia, que es mayormente aflictivo para un ciudadano privarlo de su libertad que de su empleo.

13. Tampoco puede afirmarse que la aplicación del numeral 3º del artículo 150 de la Ley estatutaria de la administración de justicia pueda excusarse por la del artículo 147 ibídem, pues para qué separar del cargo a quien ya está suspendido.

Una es la suspensión. Esta es una medida esencialmente provisional e inmediata que tiene el único propósito de permitir que se adopten las medidas administrativas necesarias para proveer al reemplazo de la persona que ha sido físicamente separada del servicio público por hacerse efectiva en su contra una medida de privación de la libertad, con lo que se evita la perturbación de la buena marcha de la administración.

Otra es la inhabilitación: con esta medida administrativa de vocación permanente se dispone la separación definitiva del servicio de una persona contra la que se ha dictado medida de aseguramiento que implica privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional. Aquí también se protege la buena marcha de la administración al permitir, de una parte, la solución definitiva del asunto desde el punto de vista administrativo (la generación de la vacancia conduce a que sea llenada a título pleno y no meramente precario); y, precaver que por la mora en los trámites judiciales (esa sí la regla general) pueda regresar al servicio público personas que siguen estando jurídicamente afectadas por medidas penales, aunque personal y temporalmente beneficiadas por alguna situación procesal.

14. Hay entonces una clara diferenciación entre la causal 3ª y la causal 6ª del artículo 150 de la Ley estatutaria de la administración de justicia, que hace perfectamente aplicables cada una de ellas de manera independiente y autónoma”.

Debe precisarse que como el procesado realizó la conducta que se le imputa cuando era servidor judicial vinculado a la Fiscalía General de la Nación, además de las normas pertinentes de la Ley estatutaria de administración de justicia, se le aplican las del estatuto orgánico de esa entidad, contenidas en el Decreto 261 de 2000: así

a) Nominación, artículo 17-2.

b) Situación administrativa, artículo 84-10 (suspensión por orden de autoridad judicial o disciplinaria).

c) Inhabilidad para desempeñar cargo alguno en la Fiscalía General de la Nación, por hallarse bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional, y la inhabilidad sobreviniente por la misma causa que da lugar a insubsistencia mediante providencia motivada, artículo 79-3 y su parágrafo.

El precedente pronunciamiento sistemático armoniza por completo con el contexto normativo que se acaba de citar, por cuanto el punto específico de la inhabilidad sobreviniente comprende, cuando se materializa el supuesto que le abre paso, a todo servidor judicial, con independencia del órgano de la administración de justicia en que desarrolle sus servicios.

De acuerdo con el anterior discurso, como efecto inmediato de la concesión de la libertad provisional al procesado Gonzalo Martínez Villalobos, se dispondrá el levantamiento de la orden de suspensión en el ejercicio del cargo que desempeñaba al momento en que en su contra se dictó detención preventiva sin derecho a libertad provisional, esto es, como fiscal delegado ante los jueces penales municipales de Bogotá.

En consecuencia, para los efectos administrativos a que haya lugar, se remitirán copias de esta providencia y de las partes pertinentes de la actuación, con destino al despacho del Fiscal General de la Nación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Conceder la libertad provisional, en los términos señalados en las consideraciones, al procesado Gonzalo Martínez Villalobos. Prestada la caución y suscrita la diligencia compromisoria se emitirá la respectiva orden de libertad.

2. Levantar la orden de suspensión del fiscal Gonzalo Martínez Villalobos, por habérsele concedido la libertad provisional.

3. Comuníquese esta decisión al peticionario a su defensor y al Fiscal General de la Nación, al que además se remitirán copias de las piezas procesales pertinentes para la actuación administrativa de que trata el ordinal 3º del artículo 150 de la Ley estatutaria de la administración de justicia, en armonía con el artículo 79-3 del Decreto 261 de 2000.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

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