Sentencia 19557 de julio 15 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN

PRESCRIPCIÓN DE FACTORES SALARIALES QUE LA CONFORMAN

Magistrada Ponente:

Isaura Vargas Díaz

Rad. 19557.

Acta 53.

Bogotá, D.C., quince de julio de dos mil tres.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Alfonso Rodríguez Verdeza contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de abril de 2002, en el proceso que le sigue a la empresa Licorera del Atlántico.

I. Antecedentes

Para los efectos pertinentes del recurso basta decir que en la demanda inicial Alfonso Rodríguez Verdeza demandó a la empresa de Licores del Atlántico para que fuera condenada a reliquidarle la pensión de jubilación que le reconoció a partir del 1º de julio de 1990 y a pagarle el valor de lo reajustado desde esa fecha, junto con lo de las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, debidamente indexadas, más los intereses moratorias “del 4% mensual, causados desde el primero (1º) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994)” (fl. 2), y los conceptos ultra y extra petita.

Fundó las anteriores pretensiones en que le prestó sus servicios personales a la demandada como trabajador oficial desde el 16 de diciembre de 1970 hasta el 30 de junio de 1990, fecha en que ésta dio por terminado el contrato de trabajo mediante Resolución 283 de 19 de junio de ese año, en la cual también le reconoció la pensión de jubilación a partir del 1º de julio el de 1990 con un salario base en el que “no incluyó todos los factores que por ley o convención corresponde (sic), tales como: horas extras, recargos nocturnos, auxilio de transporte, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de alimentación, bonificaciones convencionales, prima de servicios, etc., ”(fl. 1); y en que por estar afiliado al sindicato de la entidad y al día en el pago de las cuotas respectivas, se le debían aplicar “las convenciones colectivas respectivas vigentes durante la relación laboral contractual” (ibíd.).

La demandada, aun cuando aceptó los términos temporales de la vinculación laboral del actor y que lo pensionó a partir del 1º de julio de 1990, se opuso a las pretensiones de la demanda aduciendo que la pensión de jubilación la reconoció “en base a lo realmente devengado por el actor al momento del retiro de la entidad demandada” (fl. 26). Propuso las excepciones de “prescripción, “inexistencia de la obligación“ y “falta de jurisdicción (fl. 26)”.

El juez del conocimiento, que lo fue el Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, por sentencia de 2 de octubre de 2001, declaró “probada la excepción de cosa juzgada de manera oficiosa” (fl. 155) y, en consecuencia, absolvió a la demandada de las pretensiones de la demanda sin imponer costas.

II. La sentencia del tribunal

La alzada se surtió por apelación del actor y terminó con la sentencia acusada en casación mediante la cual el tribunal confirmó la de su inferior sin lugar a costas.

En lo que al recurso incumbe es suficiente decir que el ad quem, una vez asentó que la excepción de cosa juzgada declarada oficiosamente por el juez de primera instancia no procedía por no ser cierto que en la conciliación judicial que entre las partes se surtió —folios 14 a 15— se hubiera incluido el reajuste de la mesada pensional dado que en ella “lo que se reconoció fue la diferencia dejada de cancelar en la liquidación de su salario” (fl. 26, cdno. 2), aseveró que antes de entrar a determinar la viabilidad de las pretensiones del demandante debía estudiar la excepción de prescripción propuesta por la demandada; y como dio por probado, con base en lo afirmado en la demanda y las documentales de folios 6 y 13, que el actor dejó de laborar para la demandada el 30 de junio de 1990, que el memorial mediante el cual agotó la vía gubernativa fue recibido por la empleadora el 11 de julio de 1997 y que la demanda fue presentada personalmente el 6 de diciembre de 1999, afirmó que lo cierto era que para esta última fecha ya habían “transcurrido nueve (8)(sic) años cinco (5) meses seis (6) de haber terminado la relación laboral” (fl. 28 cdno. 2), de donde concluyó que “como lo que se pretende es el reconocimiento de factores salariales que no se incluyeron al liquidar las mesadas pensionales, esta Sala ha de declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la demandada” (ibíd.).

Para el tribunal, la prescripción “conduce a la seguridad jurídica existente en las relaciones contractuales y en el resto de la vida jurídica nacional” (fl. 27, cdno. 2), razón por la cual el legislador contempló dicho fenómeno en los artículos 2512 y 2535 del Código Civil, los cuales transcribió, y en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, el que copió en integridad.

III. El recurso de casación

Conforme lo declara al fijar el alcance de la impugnación en la demanda con la que sustenta el recurso (fls. 88 a 102, cdno. 3), que no fue replicada, el recurrente le pide a la Corte que case la sentencia del tribunal, en sede de instancia revoque la del juzgado y, en su lugar, acceda a las súplicas de su demanda inicial.

Para tal efecto le formula cuatro cargos.

Primer cargo

Acusa la sentencia por “infracción directa, en la modalidad de interpretación errónea” (fl. 96, cdno. 3), de los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, “en relación con los artículos 2º y 145 del Código Procesal del Trabajo, 2512 y 2535 del Código Civil, 90 del Código de Procedimiento Civil y 4º del Decreto Ley 1045 de 1978” (ibíd.), y su demostración se circunscribe a la aseveración de que el tribunal interpretó erróneamente los preceptos que indica al considerar que el término de prescripción de su derecho al reajuste de las mesadas pensiónales principia a correr a partir de la terminación de la relación contractual “y no a partir de las fechas de causación de las mesadas pensiónales respectivas, tal como claramente lo señalan los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y 488 del Código Sustantivo del Trabajo” (fl. 97, cdno. 3), y al desconocer que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional han asentado “que el derecho al reajuste de las mesadas pensionales es imprescriptible por ser consustancial con el derecho al pago de las mesadas pensiónales, el cual es también imprescriptible por ser de tracto sucesivo y de carácter vitalicio” (ibíd.). Para apoyar su aseveración alude a las sentencias de esta corporación de 21 de octubre de 1985 y 26 de mayo de 1986, y de la Corte Constitucional C-230 de 20 de mayo de 1998.

IV. Consideraciones de la Corte

Entiende la Corte que el recurrente, al atribuir la “infracción directa” de las normas que cita en el cargo, refiere es sencillamente su violación directa por indicar a continuación una modalidad específica de violación de esta vía, esto es, por interpretación errónea, concepto al cual alude en la sustentación.

Significa entonces, que el estudio se aborda respecto al tema de la prescriptibilidad de los factores económicos que conforman la base salarial para efectos pensiónales, o lo que es lo mismo su monto original.

En el sub judice se controvierte la reliquidación del valor del monto inicial de la mesada pensional reconocida al actor en julio 1º de 1990, con fundamento en que se omitió incluir como factores salariales: horas extras, recargos nocturnos, auxilio de transporte, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de alimentación, bonificaciones y prima de servicios.

Surge de ello, la necesidad de distinguir entre el criterio reiterado de la jurisprudencia de la imprescriptibilidad en sí mismo del status de pensionado, que sólo desaparece de la vida jurídica, en principio, por la muerte del extrabajador, y lo relativo a la base salarial que debe tomarse para el reconocimiento del monto de la primera mesada pensional.

En efecto, importa recordar que la Corte, en sentencias como a las que alude el recurrente y, más recientemente, entre otros fallos, los de 23 de julio de 1998 (Rad. 10784) —que remite a sentencias de 26 de mayo de 1986 (Rad. 52) y de 6 de febrero de 1996 (Rad. 8188)—; y de 26 de septiembre de 2000 (Rad. 14184) —que reproduce algunos apartes de la sentencia de 26 de mayo de 2000 (Rad. 13475)—, para citar apenas algunos ejemplos, afirmó, en suma, “la imprescriptibilidad del derecho a la pensión en sí mismo” por ser una prestación social cuyo disfrute obedece al hecho de ser de tracto sucesivo, por regla general y de carácter vitalicio, a pesar de admitir la prescripción de las mesadas pensionales exigibles que no se hubieren cobrado por su beneficiario durante el término prescriptivo común del derecho laboral; y la de los reajustes que pudieron tener ciertas mensualidades que se percibieron sin que aquél hubiera objetado su cuantía durante el mismo término.

Ahora bien, que ciertos estados o, en mejores términos, “situaciones jurídicas” como el estado civil de las personas, las derivadas de las relaciones de familia, en materia laboral, el status de pensionado, etc., sean imprescriptibles, no desconoce que los derechos crediticios surgidos de éstas o de cualquiera otra clase de obligación correlativa sí lo son. Al punto, importa recordar que las acciones surgidas de la relación de trabajo son de carácter personal, que entrañan créditos de carácter económico, como los salarios y prestaciones sociales, las cuales se pueden extinguir por no haber sido ejercidas por su titular en el tiempo que para el efecto concede la ley laboral.

Sin que implique cambio de jurisprudencia —sobre la imprescriptibilidad del derecho pensional en si— debe precisarse que una cosa es el status o calidad de pensionado, el cual por ser de carácter permanente y generalmente vitalicio apareja la imprescriptibilidad de la acción para su reconocimiento —criterio jurisprudencial que se reitera—; y otra, la de los factores económicos relacionados con los elementos integrantes para la obtención de la base salarial sobre la cual se calcula el quantum o monto de la prestación, en la forma como lo hayan dispuesto el legislador, la convención o directamente las partes. Pues, en tanto que la titularidad de pensionado se predica de quien reúne los requisitos para ello, y tal situación se puede extender, por ficción legal en ciertos casos y en relación con ciertas personas, hasta con posterioridad a la muerte del causante; el valor de la pensión nace de manera individual y autónoma, con fundamento en la vigencia de los derechos laborales que la comprenden y que el legislador presume terminada con el acaecimiento del fenómeno prescriptivo previsto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo para las relaciones individuales del trabajo de carácter particular y que el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social amplía a todas “las acciones que emanen de las leyes sociales” del trabajo.

Precisa la Corte que no es dable confundir los hechos en que se funda la demanda de la pensión, cuya declaración judicial de existencia resulta ser imprescriptible (Sent., oct. 21/85, Rad. 10.842), con los derechos personales o créditos que surgen de la relación laboral y que sirven de base o soporte al cálculo de su valor, los cuales, sí prescriben en lo términos de las citadas normas laborales.

No aparece entonces razonable afirmar la extinción de los créditos sociales del trabajador por efectos del acaecimiento de la prescripción al haberse cumplido el plazo trienal establecido por la ley y, a la vez, sostener su vigencia por constituir parte de la base económica de la prestación pensional. Lo lógico y legal es que al producirse la prescripción de la acción personal del trabajador respecto de acreencias laborales o de algunas de ellas, los derechos que ellas comportan se extingan y que no sea posible considerar su existencia para ningún efecto jurídico, dado que al desaparecer del mundo jurídico entran al terreno de las obligaciones naturales que, como es sabido, no tienen fuerza vinculante.

Según lo dicho, como la época de causación del derecho pensional puede o no coincidir con la del establecimiento del monto de la pensión —no de su reconocimiento, que es cosa distinta—, por ser lo cierto que no necesariamente aquélla concuerda en el tiempo con el retiro del servicio del trabajador, que es el que permite, generalmente, fijar la época que cobijan los cálculos necesarios para determinar el monto de la prestación, habrá de distinguirse si los factores salariales que son objeto de reclamo por el pensionado fueron o no pagados por el empleador y, en caso de no haberlo sido, si hubo o no reclamación. En el primer evento, esto es, cuando fueron pagados los presuntos factores salariales base de liquidación, la acción personal del pensionado prescribirá transcurrido el término que para tal efecto prevén los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ello a partir de la fecha del reconocimiento de la pensión; y en el segundo, es decir, cuando no fueron pagados los factores discutidos por el pensionado como no incluidos en la base de la liquidación, se torna vital el momento u oportunidad para que el acreedor durante el término hábil, contado a partir de la exigibilidad de éstos, exija los créditos no satisfechos, porque de lo contrario, si prescribió el derecho a ese pago como factor salarial autónomo, igual suerte tiene el reajuste pensional impetrado por esa causa.

Y es que, se insiste, fijado el monto de la pensión surge para el pensionado el derecho a que éste sea reliquidado por desconocerse algunos de los componentes que constituyeron su base, pero tal reconocimiento está sujeto a la existencia del derecho de crédito que comporta; de tal suerte que, extinguido éste por prescripción no es posible volver a hacerle producir efectos jurídicos.

Las razones expuestas llevan a la Corte a modificar su jurisprudencia —en éste aspecto puntual— por ser claro que la prescripción extintiva contemplada en la ley, específicamente en materia laboral, provee la certeza que es necesaria a la relación de trabajo y a las prestaciones recíprocas que de ella se derivan y, en tal sentido, dan claridad, seguridad y paz jurídicas a las partes, saneando situaciones contractuales irregulares que, de otra manera, conducirían a mantener latente indefinidamente el estado litigioso durante toda la vida de los sujetos mientras subsistan beneficiarios de la pensión.

En consecuencia, no incurrió el tribunal en los yerros jurídicos que el recurrente le atribuye y, por eso, se declara impróspero el cargo.

Por estar igualmente dirigidos por la vía directa y ser común a los cargos segundo y tercero el tema de la prescriptibilidad de los factores económicos que conforman la base salarial para efectos pensionales, por sustracción de materia, dado el análisis realizado en el primero, se torna innecesario nuevamente su estudio.

Cuarto cargo

En este último ataque, tal cual está dicho en el escrito de demanda, acusa el recurrente la sentencia por infracción indirecta, en la modalidad de error de hecho, (...), al omitir el mérito probatorio que tiene todas [las] pruebas aportadas y/o practicadas en el proceso” (fl. 100, cdno. 3), las cuales a continuación relaciona en 20 numerales, y su demostración se contrae al aserto de que “el juez ad quem al incurrir en los yerros materiales de los cargos primero y segundo declaró probada la excepción de prescripción formulada por la parte demandada y se abstuvo de tramitar y pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda y por lo tanto tampoco se pronunció sobre el mérito probatorio que tienen todas las pruebas aportadas y/o practicadas en el proceso” (fl. 102, cdno. 3).

V. Consideraciones de la Corte

Para rechazar el cargo basta decir que, con desconocimiento de lo que establecen los artículos 87 y 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y lo que al respecto ha asentado la jurisprudencia de la Corte el recurrente en este último ataque, no obstante dirigir el cargo por la a de los hechos, no indica el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que estima violado con el fallo atacado, ni expresa los presuntos errores de hecho en que con el carácter de manifiestos pudo haber incurrido el tribunal al dejar de apreciar los medios de prueba que en 20 numerales reseña. Y como si lo anterior no fuera de suyo suficiente, tampoco precisa qué es lo que, en particular, cada uno de esos medios de convicción prueba que fuera determinante para demostrar lo equivocado de la sentencia. Adicionalmente, al intentar demostrarlo, entremezcla injustificadamente las diferentes modalidades de violación de la ley de la vía directa como causa del que como causa del que como “error de hecho” le atribuye al tribunal.

No es más lo que debe decirse para rechazar el cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de abril de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el proceso que Alfonso Rodríguez Verdeza le sigue a la Empresa de Licores del Atlántico.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase al tribunal de origen.

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