Sentencia 19569 de mayo de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 19569

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Germán Orozco Cortés y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura.

Asunto: reparación directa

Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se demanda la reparación integral de los daños soportados por el señor Germán Orozco Cortés durante el lapso transcurrido entre el 3 de octubre de 1994 y el 29 de octubre de 1997, los cuales —según el recurrente— se derivaron de la falla en el servicio policial, del error judicial y/o el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

De acuerdo con la fecha en la cual el demandante alegó sufrir los daños y se dictó la sentencia absolutoria, las fuentes normativas relacionadas con la responsabilidad patrimonial de la administración pública por daños causados con ocasión del servicio judicial eran la Constitución de 1991, que estableció la responsabilidad del Estado por “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” y la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia— que reguló el derecho a la indemnización por los mencionados supuestos de responsabilidad patrimonial del Estado.

Corresponde a la Sala determinar si la responsabilidad de la administración en eventos como el planteado, supone, como alega el actor, una hipótesis de fallña(sic) en el servicio policial, error judicial y/o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en proceso de doble instancia, seguido contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Consejo Superior de la Judicatura en el cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Previo a decidir, debe precisarse que el recurso de alzada contra la sentencia, solo lo interpuso la parte actora, por lo tanto, la Sala resolverá a partir de lo señalado en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(22), es decir, abordará el estudio sin hacer más gravosa la situación del apelante único, respetando así el principio de la non reformatio in pejus.

2. Prueba Trasladada.

El demandante pidió oficiar a la secretaría de los juzgados regionales, para que remitieran copia auténtica de todo el expediente del proceso penal que se adelantó en su contra, el cual se conoció con el número 3356-b en el Juzgado y 8081 en el Tribunal Nacional.

Los demandados, Consejo Superior de la judicatura(23) y Ministerio de Defensa - Policía Nacional(24), en sus respectivos libelos contestatorios, manifestaron que se allanaban a la prueba referenciada en el párrafo anterior, la cual fue solicitada por su contraparte en la demanda.

El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante oficio 8272 de octubre 7 de 1999(25), solicitó a los juzgados regionales que allegara a la mayor brevedad copia auténtica de todo el expediente penal adelantado contra el demandante, con el fin de que obrara como prueba en el actual proceso de reparación directa.

Del expediente de la referencia se evidencia que los juzgados penales del circuito especializados de Bogotá, D.C., no atendieron la solicitud realizada por el Tribunal Administrativo del Tolima.

Para la Sala los juzgados penales del circuito especializados de Bogotá, D.C., en un acto de absoluta negligencia, pese a los múltiples requerimientos, no enviaron copia auténtica del expediente penal, lo que a juicio de la Sala resulta absolutamente reprochable.

Así las cosas, la Sala, en aras de garantizar la justicia material, valorará y tendrá en cuenta el proceso penal que se adelantó en contra del demandante, Germán Orozco Cortés, por el delito de homicidio en persona protegida y porte ilegal de armas, en atención a que se llevó a cabo con audiencia de la contraparte, respetando su derecho de defensa y cumpliendo con el principio de contradicción(26).

Esta Sala ha sostenido que una de las reglas para la valoración de las pruebas rendidas en otro proceso y trasladadas al contencioso administrativo, es que estas hayan sido solicitadas por ambas partes, tal como acaece en el caso sub judice, pues la parte demandada coadyuvó la petición realizada por el demandante, tendiente a allegar al proceso administrativo copia auténtica del proceso penal y adicionalmente, durante el proceso contencioso administrativo nunca se controvirtieron los hechos de la demanda que se sustentan en la actuación penal, sino que por el contrario, los demandados los tomaron como ciertos y en consecuencia, ejercieron su defensa con base en ellos(27).

Adicionalmente, la Sala advierte que de conformidad con el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil las posibles nulidades procesales que se hubiesen presentado debido a la ausencia de copia auténtica del expediente penal, se tendrán por saneadas, ya que la parte demandada no las impugnó oportunamente por medio de los recursos que dicho código establece.

3. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización” de la responsabilidad del Estado y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados(28), sin distinguir su condición, situación e interés(29). Como bien se sostiene en la doctrina,

“La responsabilidad de la administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(30); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”(31).

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(32) tanto por la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada—; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional). Adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En cuanto al daño antijurídico, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado social de derecho. Así pues, el precedente jurisprudencial constitucional ha señalado,

“La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración”(33).

De igual manera, el precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra a los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(34).

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(35), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(36). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”(37).

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(38). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(39).

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que estos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(40). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(41).

Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación.

En ese sentido, el precedente jurisprudencial constitucional indica:

“... el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible(42). Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, sí no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde solo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”(43).

A lo que se agrega por el mismo precedente,

“En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kaufmann: el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad, en la cual existen dos fundamentos de la responsabilidad, a saber:

1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. V.gr. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce —un peatón cae en la zanja— surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo —prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario— (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro.

Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro para los bienes jurídicos .y su fundamento no es la solidaridad sino la creación del riesgo. Son deberes negativos porque su contenido esencial es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Corresponde a la máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los demás.

2) Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. V.gr. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso.

Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en estos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos(44)(45).

16. En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de si una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante.

“Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa sí el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa. V.gr. Si alguien maneja una represa y el agua se desborda ocasionándole daño a una población, en el juicio de imputación lo sustancial no es si el operario abrió la compuerta más de lo debido (acción) o simplemente no la cerró a tiempo (omisión); lo fundamental es si cumplió o no con los deberes de seguridad que surgían del control de una fuente de peligro. Lo mismo acontece, cuando en virtud de relaciones institucionales se tiene el deber de resguardar un determinado bien jurídico contra determinados riesgos. El padre de familia incumple sus deberes de protección frente a su hijo, no solo cuando entrega el arma homicida, también lo hace cuando no evita que un tercero le ocasione una lesión mortal. En la actualidad, se afirma que la técnica moderna y el sistema social, hacen intercambiables la acción y la omisión(46). Günther Jakobs ha demostrado que todos los problemas del delito de omisión son trasladables a la acción. Hay conductas activas, socialmente adecuadas, que se convierten en un riesgo jurídicamente desaprobado cuando la persona tiene una posición de garante. Ejemplo: es socialmente adecuado apagar la luz del portón de una casa (acción) aun cuando sea probable que un peatón puede tropezar en la oscuridad; pero se convierte en un comportamiento prohibido (apagar la luz) si el propietario ha realizado una construcción frente a ella, porque al crear una fuente de peligro aparecen deberes de seguridad en el tráfico: alumbrar la obra para que nadie colisione con ella”(47).

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme al anterior esquema, se analizará el caso a resolver.

4. Caso concreto.

4.1. Problema jurídico.

¿Cabe imputar responsabilidad al Estado por los daños ocasionados al señor Germán Orozco Cortés como consecuencia de la vinculación al proceso penal adelantado, sin el lleno de los requisitos legales, y posterior condena, cuando la segunda instancia decidió revocarla y en su lugar absolverlo?

4.2. Daño antijurídico.

La Sala encuentra probado que al señor Germán Orozco Cortés se le dictó medida de aseguramiento de detención preventiva, resolución de acusación, sentencia condenatoria en primera instancia y sentencia absolutoria en segunda instancia y, por otra parte, también encuentra probado que el proceso penal se adelantó con base en pruebas que fueron recaudadas de forma ilegal y, en consecuencia, aportadas ilegalmente al proceso.

El señor Orozco Cortés alega que su libertad fue restringida pues, como consecuencia de la medida de aseguramiento que le fue impuesta, no podía desplazarse libremente por el país, ni trabajar, ni concurrir a sitios públicos, ni cumplir cabalmente sus obligaciones como padre y esposo. No obstante, para la Sala, si bien se encuentra probado que al señor Orozco Cortés se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, lo cierto es que dicha medida jamás se hizo efectiva y en ningún momento fue privado injustamente de la libertad según se desprende de la sentencia absolutoria del Tribunal Nacional(48), en la que se señaló que el demandante fue declarado persona ausente el día 3 de enero de 1995, luego de hacerse imposible su aprehensión física, tras haberse expedido en su contra orden de captura; y, además, el mismo demandante al narrar los hechos en su libelo expresó que “(...) durante el curso del proceso no estuvo físicamente detenido (...)(49) (negrilla fuera de texto).

Considera la Sala oportuno llamar la atención sobre la existencia de deberes constitucionales y el incumplimiento por parte del señor Orozco Cortés de uno de ellos, concretamente, el deber de, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, consagrado en el artículo 95 numeral 7º de la Constitución Política.

Según lo ha señalado la Corte Constitucional, la Constitución incluye disposiciones que contienen deberes y obligaciones dirigidas a los ciudadanos y ciudadanas. Dichos deberes tienen la fuerza normativa que se predica de la propia Constitución, con la limitación que impone la cláusula de preeminencia de la libertad del ciudadano y la potestad amplia de configuración de obligaciones y sanciones reconocida en cabeza del órgano legislativo. Uno de estos deberes es precisamente aquel de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, cuyas características principales son las siguientes: (i) se trata de un deber positivo consagrado en la Carta Constitucional; (ii) es universal, ya que vincula a todos los individuos sometidos al ordenamiento jurídico nacional; (iii) es un deber no retribuido, pues no supone recompensas por parte del Estado; y, (iv) este deber se deriva de la obligación de organización del poder y de la defensa de las libertades ciudadanas(50).

Así mismo, para el alto tribunal, este deber general implica a su vez otros deberes concretos como el deber de proceder con lealtad y buena fe en todos los actos, de obrar sin temeridad, de comparecer oportunamente a las diligencias y audiencias a las que se es citado, de entregar a los servidores judiciales los objetos y documentos necesarios para la actuación y los que fueren requeridos, salvo las excepciones legales, previstas claramente por el Legislador en el mismo Código de Procedimiento Penal(51).

Adicionalmente, la Sala llama la atención sobre el hecho de que el señor Orozco Cortés en ejercicio de su derecho a una defensa material, tuvo la oportunidad de presentarse ante la autoridad judicial que lo llamó a rendir indagatoria, más aun, cuando en vigencia de la legislación penal aplicable al caso concreto, dicha diligencia se configuraba como el escenario más propicio para el ejercicio de dicho derecho; sin embargo, el aquí demandado no se presentó.

Para la Sala, resulta reprochable la conducta desplegada por el aquí demandante quien no compareció ante las autoridades que lo solicitaron y tampoco acató ni cumplió las decisiones proferidas por autoridades judiciales con competencia para ello; todo lo contrario, amparándose en el incumplimiento de un deber constitucional pretendía obtener una indemnización del Estado, lo que a juicio de la Sala se torna en una causa inconstitucional. Esta Sala considera oportuno señalar que en un Estado de derecho las decisiones judiciales se deben controvertir haciendo uso de los mecanismos previstos en la ley y no, como lo hizo el señor Orozco Cortés, escabulléndose de la justicia.

Por otra parte, el demandante alega que es acreedor a una indemnización por los perjuicios que le causó el proceso penal llevado a cabo con pruebas ilegalmente apodadas y valoradas, lo que, en su opinión, configuró una falla en el servicio policial, un error judicial y un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. No obstante, por las razones que se expondrán a continuación, considera la Sala que el aquí demandante no logró demostrar que los daños sufridos, es decir, la imposibilidad de desplazarse libremente por el país, de trabajar, de concurrir a sitios públicos y de cumplir cabalmente sus obligaciones como padre y esposo sean imputables al Estado.

Así, la Sala pone de presente que no obstante constituir el daño un elemento esencial para que se configure la responsabilidad del Estado, en ocasiones, a pesar de existir daño no procede imponer una obligación indemnizatoria, por cuanto el daño es requisito indispensable más no suficiente.

4.3. La imputación de la responsabilidad.

El demandante considera que se debe declarar patrimonialmente responsable al Estado por los daños sufridos en atención a que se configuró una falla en el servicio policial, un error judicial y/o un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

4.3.1. Con relación a la falla del servicio policial, la Sala encuentra probado, según lo señalado por el Tribunal Nacional en segunda instancia “(...) que los efectivos de la policía de Honda-Tolima y de La Dorada Caldas actuaron en abierta trasgresión del artículo 312 del Código de Procedimiento Penal puesto que no estaban facultados para investigar mutuo propio el homicidio de Jairo Senen Osorio Mejía (...), y que las declaraciones de Jhon Jairo Ortiz Villanueva y Librada Portela Cartagena se realizaron con vulneración de las normas del Código de Procedimiento Penal (...) relacionadas con la aducción de pruebas (...)”(52).

Sin embargo, a juicio de la Sala, no se encuentra acreditado en el proceso que los daños sufridos por el demandante se hayan generado como consecuencia de la falla en el servicio policial, puesto que dichos daños se produjeron después de que la fiscalía dictó la medida de aseguramiento en contra del señor Orozco Cortés.

4.3.2. En cuanto al error judicial alegado por el demandante, la Sala considera probada la existencia de un error judicial en la sentencia proferida por el juez de primera instancia el 17 de abril de 1997, por medio de la cual se condenó al aquí demandante a pena principal de 45 años de prisión y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de 10 años, como responsable, a título de determinador, de los delitos de homicidio en persona protegida y porte ilegal de armas de defensa personal, por cuanto el juzgado de primera instancia, tal y como lo confirmó el Tribunal Nacional en segunda instancia, profirió sentencia condenatoria con base en pruebas ilegalmente aportadas al proceso penal, en concreto, declaraciones que debieron considerarse como inexistentes al haber sido recaudadas por funcionarios sin competencia para ello y con violación de varios preceptos del Código de Procedimiento Penal.

Así las cosas, frente a este punto, la Sala sí considera probado que, existiendo una sentencia condenatoria en contra del aquí demandante, este no podía desplazarse libremente por el país, ni trabajar, ni concurrir a sitios públicos, ni ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos, so pena de ser capturado, lo que sin duda le causó un daño.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

Por otra parte el artículo 66 de la mencionada define el error judicial como aquel error “cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”. Y esta corporación lo ha definido como el error que se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, es decir, aquellas actuaciones de interpretar y aplicar el derecho plasmadas en una resolución judicial(53).

En el caso concreto, como ya se señaló, un juzgado regional de la ciudad de Santafé de Bogotá, en primera instancia, emitió sentencia condenatoria en contra de Germán Orozco Cortés el 17 de abril de 1997. Apelada la providencia de primera instancia, el Tribunal Nacional profirió sentencia absolutoria el 29 de octubre de 1997, mediante la cual revocó toda la actuación de la Fiscalía y del Juzgado de Primera Instancia, por considerar que no obraban en el expediente elementos de juicio suficientes para sustentar un fallo condenatorio, pues de las pruebas aducidas, unas eran ineptas por vicios de ilegalidad y otras, generaban dudas sobre la responsabilidad del procesado, las cuales se resuelven a su favor.

Así las cosas, la Sala encuentra plenamente probado que en el ámbito fáctico de la imputación, no es posible endilgar responsabilidad patrimonial por error jurisdiccional a la administración pública, ya que la sentencia del ad quem revocó la providencia contentiva del yerro jurídico e imposibilitó su consolidación en el mundo jurídico; por tanto, se quebrantó el nexo de causalidad entre el daño antijurídico padecido por el demandante y la imputación del mismo a la rama judicial.

Adicionalmente, según el artículo 67 de la misma ley, para que proceda la responsabilidad patrimonial por el error judicial es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que el afectado interponga los recursos de ley, y (ii) que la providencia contentiva del error se encuentre en firme.

En el caso concreto, la Sala advierte que no se configura la responsabilidad extracontractual del Estado por error jurisdiccional, puesto que, si bien, el aquí demandante interpuso los recursos de ley, la sentencia de primera instancia, que condenó al señor Orozco Cortés, fue revocada por el juzgador de segunda instancia y, por ende, no se verificó el segundo requisito exigido por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esto es, que la providencia contentiva del error se encuentre en firme.

En este sentido se pronunció la Corte Constitucional al examinar la exequibilidad del artículo 67 del proyecto de ley estatutaria, así:

“Esta norma se limita a precisar los alcances de la anterior disposición, para lo cual señala como causales de procedencia del error jurisdiccional, el que el afectado interponga los recursos de ley y el que la providencia se encuentre en firme. En cuanto al primero de ellos, su constitucionalidad se explicará al analizar el artículo 70 del presente proyecto de ley. Respecto del segundo, resulta apenas lógico exigir que la providencia que incluye el error que reprocha haya hecho tránsito a cosa juzgada, pues mientras ello no ocurra, el interesado podrá interponer los recursos de ley y hacer notar el yerro que se ha cometido(54) (negrilla fuera de texto).

Posición que ha sido reiterada por esta corporación al exigir para la configuración del error judicial que se den dos presupuestos: primero, que el afectado haya interpuesto los recursos de ley en contra de la providencia contentiva del error y, segundo, que tal providencia se encuentre en firme(55) (negrilla fuera de texto).

En cuanto a la actuación de la fiscalía, cabe señalar que si bien se encuentra acreditado, según el juzgador de segunda instancia, que esta incurrió en un error al proferir una medida de aseguramiento basándose en pruebas ilegales, el demandante no logra probar como la indebida actuación del ente acusador le habría producido los daños por él alegados, pues como ya se señaló, la medida de aseguramiento de detención preventiva decretada por la fiscalía nunca llegó a materializarse.

4.3.3. Finalmente, en relación con el último supuesto de responsabilidad, esto es, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia previsto en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, esta corporación ha establecido que tiene carácter residual, de modo que cuando no existe una providencia judicial de la cual se derive un daño antijurídico por un error judicial o por la privación injusta de la libertad, y existen fallas en la administración de justicia se podría configurar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que podría dar lugar a que el Estado respondiera patrimonialmente. Ahora bien, habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por falla del servicio judicial no por la simple equivocación conceptual en la que pueda incurrir el juzgador, sino, cuando el aparato judicial incurre en eventuales conductas abiertamente contrarias a derecho que resulten ser escandalosamente injurídicas y abiertamente ilegales y generadoras de daños y perjuicios materiales y morales(56).

Así las cosas, mientras el error jurisdiccional se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. Esto es, cuando la lesión se haya producido en el giro o tráfico jurisdiccional, entendido este como el conjunto de las acciones u omisiones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que pueden provenir no solo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales(57).

Es decir, en la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, ni privaciones injustas de la libertad, tienen lugar en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho(58).

En este orden de ideas, la responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se enmarca dentro de la teoría general de la falla del servicio y, por lo tanto, solo de haberse probado dicha falla podría deducirse la responsabilidad patrimonial del Estado, si además, claro está, se acredita la existencia del daño antijurídico(59).

Así las cosas, a juicio de la Sala, en el caso sub lite, no se encuentra probado que en alguna de las etapas procesales se hubiese presentado acción u omisión de autoridad judicial o de particular investido de facultades para administrar justicia, de auxiliares de la justicia que se enmarque dentro de lo que el legislador y la jurisprudencia han denominado responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

En conclusión, la Sala encuentra probado que no existen fundamentos de hecho ni de derecho para imputar responsabilidad patrimonial a las entidades demandadas por falla en el servicio policial, error jurisdiccional o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

5. Las costas.

Habida cuenta de que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, pues si bien la tesis de la parte recurrente no fue de recibo para la Sala, se considera que no hubo abuso en su actuación procesal, ni incurrió en conductas dilatorias ni temerarias, por tanto, en el presente asunto, no habrá lugar a imponerlas(60).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 17 de agosto de 2000, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.

2. REVOCAR la condena en costas a los actores impuesta por el Tribunal Administrativo del Tolima en la sentencia del 17 de agosto de 2000.

3. Cúmplase lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(22) Inciso primero: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

(23) Folio 200 del cuaderno 1.

(24) Folio 209 del cuaderno 1.

(25) Folio 232 del cuaderno 1.

(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010, C.P. Enrique Gil Botero, Exp. 18756.

(27) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 17542.

(28) La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.

(29) La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, Exp. AG-2001-213. En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. París, 1947.

(30) “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que esta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la administración, sino de reacción, de reparación de los daños por esta producidos”. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, p. 120.

(31) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nueva sistema, ob., cit., pp. 120-121.

(32) Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, Exps. 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio acti’. Sentencia de 13 de julio de 1993.

(33) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.

(34) Corte Constitucional, sentencias C-333 de 1996 y C-832 de 2001.

(35) En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio judiciaria), en caso contrario, solo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. KANT, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, p. 35.

(36) El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con este, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 25 de marzo de 2003.

(37) “Tenía razón Welzel al considerar que el derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”. Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003: http://criminet.urg.es/recpc], pp. 6 y 7.

(38) “El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando este fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionados por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp. 77 y ss.

(39) Mir Puig, Santiago. Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p. 7.

(40) Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p. 7.

(41) Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994.

(42) Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt. Zugleich eine Untersuchung zúm Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (1977). Pp. 1 y ss.

(43) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

(44) Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage.Walter de Gruyter, Berlin. New York. 1993. Pp. 796 y ss.

(45) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

(46) Cfr. Javier Sánchez-Vera. Pflichtdelikt und Beteiligung. Zugleich ein Beitrag zur Einheitlichkeit der Zurechnung bei Tun und Unterlassen. Duncker & Humbolt Berlin 1999, Pp. 51 y ss. Kurt Seelmann. Grundlagen der Strafbarkeit. Komentar zum Strafgesetzbuch. Band 1. Reihe. Alternativkommentare. Luchterhand. Neuwied. 1990. P. 389.

(47) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

(48) Folio 49 del cuaderno 1.

(49) Folio 131 del cuaderno 1.

(50) Corte Constitucional. Sentencias T-976 de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería y T-683 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(51) Corte Constitucional. Sentencia C-059 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(52) Folios 67 a 74 del cuaderno 1.

(53) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Exp, 31164.

(54) Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(55) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de septiembre de 1997, Exp. 10285; sentencia del 27 de abril de 2006, exp.14847; y la Sentencia del 13 de agosto de 2008, Exp. 17412.

(56) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 1º de octubre de 1992, Exp. 7058, C.P. Daniel Suárez Hernández. En el mismo sentido, ver también sentencia del 13 de agosto de 1993, Exp. 7869, C.P. Daniel Suárez Hernández y sentencia del 18 de septiembre de 1997, Exp. 12.686, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(57) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Exp. 31164. En este sentido véanse también las sentencias del 16 de febrero de 2006, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Exp. 14307 y de 15 de abril de 2010, Exp. 17507, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(58) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Exp. 31164. En este sentido véase también la sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719.

(59) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Exp. 17301, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(60) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Exp. 10.775.