Sentencia 19610 de marzo 4 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

PAGO EXTEMPORÁNEO DE APORTES DESPUÉS DE LA MUERTE DEL TRABAJADOR

EXTRACTOS: «Encuentra la Sala pertinente señalar que la falta de cancelación de los aportes necesarios al sistema general de pensiones para el cubrimiento de los riesgos a su cargo al momento de producirse la contingencia, en este caso, la muerte, conduce a que la entidad administradora respectiva no esté obligada a reconocer las prestaciones económicas que le hubieren correspondido frente a un pago regular de cotizaciones. La cancelación tardía no satisface la exigencia de su cubrimiento oportuno, pues el riesgo ya se produjo y, consiguientemente, los efectos que de él derivan ante el incumplimiento de la empleadora, consolidándose en consecuencia las situaciones jurídicas que afectan, de una u otra manera, a las personas naturales o jurídicas, vinculadas al sistema.

Corresponde precisar que la eventual omisión de la administradora en el adelantamiento de las acciones de cobro ante el no pago de las cotizaciones al sistema general de pensiones no tiene los efectos que pregona el ataque, referente a que en tal caso será dicha entidad la responsable de las prestaciones económicas que se hubieren causado frente a un pago regular de aportes, pues la ausencia de cancelación de las cotizaciones tiene unas consecuencias distintas previstas en la ley. En efecto, conforme al artículo 12 del Decreto 2665 de 1988, aplicable por remisión del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, en el período de mora en el pago de los aportes las entidades administradoras quedan relevadas de las obligaciones de otorgar las prestaciones económicas, concretamente para el sistema general de pensiones, las provenientes de invalidez, vejez y pensión de sobrevivientes.

La disposición referida fue ratificada por el artículo 18 del Decreto 1818 de 1996, que modificó parcialmente el Decreto 326 de ese mismo año que organizó el régimen de recaudación de aportes para el sistema de seguridad social integral, al prever que la consecuencia para el empleador de no efectuar el pago de las cotizaciones al sistema es que él responde exclusivamente. Ciertamente, el inciso primero de la normatividad citada dispone:

“Deberes especiales del empleador. Las consecuencias derivadas de no presentar la autoliquidación de aportes, o de errores u omisiones en ésta, como por ejemplo, efectuarlo a una administradora diferente a la que se encuentran afiliados los trabajadores, o de no efectuar el pago de las cotizaciones, que afecten el cubrimiento del sistema de seguridad social integral o la prestación de los servicios a uno o más de los afiliados, serán responsabilidad exclusiva del empleador”.

En un caso muy parecido, concretamente en sentencia de 30 de agosto de 2000, radicada con el número 13818, en igual sentido dijo la Sala:

“Una de las principales características de un sistema de seguridad social es la de corresponder a un régimen contributivo que supone la obligación de cancelar unos determinados aportes por parte de los vinculados al mismo.

Como ese postulado resulta esencial para el equilibrio financiero del sistema y su consiguiente viabilidad depende del recibo oportuno de las cuotas correspondientes, existe mucho celo en la exigencia de esa obligación y así se muestra claramente en la Ley 100 de 1993 y en sus decretos reglamentarios, disposiciones en las cuales no sólo se enfatiza en la obligación de pagar oportunamente los aportes sino que se establece un régimen sancionatorio para los casos de incumplimiento. Los artículos 17 y 22 de la citada ley, señalan el derrotero inicial de ese deber y ubican en cabeza del empleador la mayor responsabilidad frente a su cumplimiento en los casos de relaciones laborales subordinadas.

En el presente caso se encuentra establecido que existió un contrato de trabajo entre la Asociación de Copropietarios del Edificio Marina del Rey y Luis Eduardo García Pérez entre abril 16 de 1992 y febrero 14 de 1997, que en vigencia de ese contrato fue afiliado el 5 de marzo de 1996 al Fondo de Pensiones Protección S.A., que el citado señor García falleció el 1º de abril de 1997, fecha para la cual no estaba cotizando al sistema, y que en el año anterior a su muerte sólo cotizó 8.57 semanas.

Dentro de ese marco resulta evidente que el fondo de pensiones no se encontraba obligado a reconocer la pensión de sobrevivientes que ahora se reclama, como se anotó en el estudio de casación, debido a la insuficiencia de cotizaciones frente a lo preceptuado en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, situación generada por el incumplimiento de la empleadora en la atención de su obligación de responder por el pago correspondiente.

Frente a ello, como no puede concebirse la pérdida del derecho pensional reclamado por la incuria de la empleadora responsable del pago de las cotizaciones, resulta necesario ubicar la situación en la previsión legal correspondiente y sobre el particular el artículo 8º del Decreto 1642 de 1995, en forma concatenada con lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 12 del Decreto 2665 de 1968, impone al empleador privado incumplido la obligación de responder por la pensión de sobrevivientes que se llegare a causar en el tiempo de desprotección de su trabajador.

Lo anterior significa que la obligada a responder por la prestación perseguida en este proceso es la Asociación de Copropietarios del Edificio Marina del Rey en su condición de empleadora del fallecido señor Luis Eduardo García Pérez, quien, como desafiliado del sistema general de pensiones para el momento de su fallecimiento, no pudo completar el mínimo de semanas de cotización exigidas por la ley dentro del año anterior a la muerte para generar, con su deceso, la pensión de sobrevivientes que persiguen las demandantes. No incide en lo anterior, la circunstancia de encontrarse el fallecido desvinculado laboralmente de la citada asociación para el momento de ocurrir su muerte, pues de todas maneras, de haber ésta cumplido con su obligación de cotizar, se hubiera consolidado el derecho perseguido que ahora se ve frustrado ante la entidad de seguridad social, por el incumplimiento de la que tuvo la condición de empleadora y, en tal condición, de responsable por el pago de las cuotas correspondientes, ahora necesarias para trasladar a Protección S.A. la obligación pensional debatida”.

(...).

El afiliado no alcanzó a reunir el número de semanas que dan lugar a la pensión de sobrevivientes, pues realizados los cómputos pertinentes sólo tendría aportadas en el año anterior a su muerte, es decir, entre el 2 de agosto de 1994 y el 2 de agosto de 1995, un total de 21,57 semanas, dado que las cotizadas extemporáneamente por el lapso comprendido ente el 1º de enero de 1995 y el 31 de mayo de mismo año no se pueden contabilizar, porque conforme se indicó al resolver el cargo anterior el pago posterior de los aportes en mora ya no satisface la exigencia de su cubrimiento oportuno, en tanto el riesgo ya se produjo y, consiguientemente, los efectos que de él derivan ante el incumplimiento de la empleadora, consolidándose en consecuencia las situaciones jurídicas que afectan de una u otra manera a las personas naturales o jurídicas vinculadas al sistema.

Ahora, el que la entidad demandada haya resuelto reconocer a los beneficiarios del afiliado fallecido la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes teniendo como válidas las semanas pagadas extemporáneamente por la empleadora, no da lugar a que se convaliden por la Corte, pues esa decisión corresponde a un error o acto suyo al cual no estaba obligada. Desde luego y sin perjuicio de entrar a determinar su legalidad en tanto no es punto de controversia, ello en modo alguno puede originar para la demandada (*) una obligación que no se generó, se repite, por la omisión de la empleadora de realizar los aportes en su oportunidad debida».

(Sentencia de casación, 4 de marzo de 2003. Radicación 19.610. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder).

(*) La parte demandada es el Instituto de Seguros Sociales (N. del D.).

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el respeto acostumbrado discrepo de las consideraciones de la sentencia proferida por la Sala en el proceso instaurado por Emiliano Palacios López, Bárbara López y otros contra el Instituto de Seguros Sociales, en lo que concierne a los razonamientos sobre las consecuencias para el afiliado del incumplimiento del pago oportuno de las cotizaciones por parte del empleador, por lo que paso a indicar.

Lo que aquí se discute son los derechos a la pensión de sobrevivientes de los beneficiarios frente a la entidad administradora de pensiones, los que se han de resolver en términos de saber si se cumplen los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, esto es, que se haya acreditado la condición de beneficiario de un afiliado “que hubiere cotizado al menos veintiséis (26) semanas al momento de su muerte”.

1. El pago inoportuno de las cotizaciones no es oponible a los beneficiarios por parte del ISS como entidad administradora de pensiones, por lo siguiente:

— El afiliado cumple con su deber de cotizar desplegando la actividad económica por la que la contribución se causa.

— La causación de la cotización genera un crédito a favor de la entidad administradora, e intereses moratorias si hay tardanza en el pago; ésta es prueba de la existencia de la cotización para el afiliado frente a la entidad administradora.

— El deber de pago de la cotización está radicado en cabeza del empleador, (L. 100/93, art. 22) y en la entidad administradora, a la que le corresponde garantizar la efectividad de los derechos de los afiliados, mediante acciones de cobro (L. 100/93, art. 24).

— De conformidad con las reglas generales sobre los efectos de las obligaciones la administradora de pensiones no puede oponer el incumplimiento propio de su obligación de gestión de cobro, al afiliado o los beneficiarios que reclaman sus derechos.

— El artículo 75 del Decreto 2665 de 1988 o reglamento general de sanciones, cobranzas y procedimientos del Instituto de Seguros Sociales, establece a partir de cuando es inexistente una cotización, la que lo es luego de que la deuda por aportes se clasifica como incobrable.

— Así, entonces, el afiliado en el caso en comento cumplió con el número de cotizaciones, ya que, como todas fueron pagadas, ellas no pueden ser declaradas como inexistentes.

2. De la mora en el pago de los aportes no puede deducirse un traslado de responsabilidades de la administradora al empleador en el pago de la pensión de sobrevivientes.

— Para la adopción del sistema de seguridad social en pensiones se han expedido normas que regulan de manera íntegra el sistema de afiliación, (D. 692/94 y D. 1642/95), de cotizaciones, (D. 1161/94 y de recaudación, (D. 1818/96, D. 326/96 y D. 1406/99) y en ninguno de ellos se establece la sanción que existía antes de que las entidades administradoras de pensiones queden relevadas del reconocimiento de prestaciones por la mora en el pago de los aportes por parte del empleador.

Esta sanción quedó reservada únicamente para cuando el patrono incumple con la obligación de la afiliación. A manera de ilustración, se observa que sólo en el último de los decretos mencionados, se determinaron las consecuencias derivadas por la mora en el pago por aportes, consistentes en limitaciones específicas a la cobertura, sin comprender éstas, aquélla por la que el empleador debe asumir las prestaciones que corresponden a la administradora de pensiones.

3. Las anteriores consideraciones no desconocen la naturaleza contributiva del sistema, y su viabilidad financiera; a lo que propende es que ésta se obtenga por la vía de un efectivo recaudo de los aportes, —para lo cual las normas dotan a las administradoras de múltiples y eficaces mecanismos de cobro— y no mediante la eliminación de las erogaciones con las que se desprotege al afiliado y a sus beneficiarios y se desnaturaliza la vocación de universalidad del sistema.

Eduardo López Villegas. 

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