Sentencia 19643 de agosto 21 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

MORA EN EL PAGO DE CESANTÍAS A TRABAJADORES OFICIALES

NO SE APLICA EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY 244 DE 1995

EXTRACTOS: «El recurrente impugna la sentencia del tribunal en la medida que éste se abstuvo de condenar a la demandada al pago de indemnización por mora, con el argumento de que

“En la demanda se solicitó sólo la sanción moratoria establecida en el artículo 2º de la Ley 244 de 1995 (...) y como en este caso no existe acto administrativo que ordene la liquidación definitiva de la cesantía no se dan los presupuestos que la disposición legal exige, no hay lugar a esa sanción por mora” (fls. 409-410).

Pese que de lo transcrito se colige que para decidirse la pretensión de sanción moratoria se acudió a la norma invocada por el demandante, es sabido que es el juez quien debe determinar si los preceptos legales invocados por las partes en sustento de sus posiciones son los pertinentes para dirimir la controversia.

Se precisa lo anterior porque a pesar que la Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 por su denominación: “por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”, podría dar lugar a entender, como al parecer lo asume el tribunal y el recurrente, que al referirse a “servidores públicos” es aplicable tanto a los empleados públicos como a los trabajadores oficiales, ya que es sabido que tal concepto genérico cobija tanto a los unos como como a los otros, para la Corte ello no es así:

Y no lo es porque, en primer lugar, con la aludida ley, según la exposición de motivos, publicada en la Gaceta del Congreso del 5 de agosto de 1995, se quiso equiparar la situación de esos servidores a los del sector privado para los que el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo consagra la sanción moratoria por el no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales, y es conocido que de esa prerrogativa gozan los trabajadores oficiales con base en el Decreto 797 de 1949; en segundo término, es claro que cuando la Ley 244 hace alusión al “acto administrativo”, ella está dirigida a los empleados públicos, pues en estricto sentido las relaciones administración pública y trabajadores oficiales no se rigen a través de manifestaciones de esa naturaleza, como también que para que empiece a correr la sanción que prevé el Decreto 797 no se requiere la expedición de un acto administrativo.

Por lo tanto, al estimar la Corte que la norma cuya violación, por interpretación errónea, se denuncia, no es aplicable al caso, porque el demandante en sustento de sus pretensiones invoca el carácter de trabajador oficial, ello es suficiente para rechazar el ataque».

(Sentencia de casación, 21 de agosto de 2003. Radicación 19.643. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

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