Sentencia 19659 de julio 16 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge E. Córdoba Poveda

Aprobado acta Nº 78

Bogotá D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil dos (2002).

Vistos

Resuelve la Sala la impugnación que presenta el doctor Álvaro Mendieta Ortegón, en su condición de Fiscal 3º Delegado ante el Tribunal de Manizales, contra la decisión del pasado 30 de mayo, por medio de la cual esta corporación revocó la medida de aseguramiento impuesta al procesado, doctor Miguel Ángel Escobar Cardona, y ordenó su libertad.

Antecedentes

1. Contra el doctor Miguel Ángel Escobar Cardona se adelanta proceso penal por hechos sucedidos cuando se desempeñaba como Fiscal 1º Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de La Dorada (Caldas).

El 8 de febrero de 2002, la Fiscalía 3ª Delegada ante el Tribunal Superior de Manizales profirió resolución de acusación contra el citado funcionario por el delito de concusión, motivo por el cual prosiguió en detención domiciliaria, la que sustituyó la detención preventiva que inicialmente se le impuso.

Ejecutoriado el pliego de cargos, se inició la fase de juzgamiento ante el Tribunal Superior de Manizales que luego de convocar y practicar la audiencia preparatoria, recibió solicitud del defensor en el sentido de que se revocara la medida de aseguramiento, con fundamento en la sentencia de constitucionalidad C-774 de 2001, por medio de la cual se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 363 de la Ley 600 de 2000, y las decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que imponen la obligación de que se estudien los fines de la detención preventiva, a efectos de establecer si es necesario o no privar de la libertad.

2. Por proveído del 30 de mayo pasado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales accedió a la pretensión del defensor, pues consideró que, en efecto, la sentencia C-774 de 2001 habla señalado como derrotero para la imposición de la medida de aseguramiento de la detención preventiva, el estudio de los fines de la misma para efectos de verificar su procedencia y pertinencia.

Y para llegar a la conclusión de que con relación al procesado Miguel Ángel Escobar Cardona no se cumplirían los fines de la detención preventiva, al tenor de lo expuesto en los artículos 3º y 355 del Código de Procedimiento Penal, sostiene la corporación que éste se presentó voluntariamente a rendir indagatoria (fls. 569, 577, 581 y 586 cdno. 2) para lo cual tuvo que desplazarse de la ciudad de Medellín a Manizales y que se sometió a las restricciones propias de la detención domiciliaria una vez le fue impuesta, sin que se haya reportado intento alguno de fuga, ni siquiera en los dos meses siguientes a la indagatoria y antes de que le fuera resuelta la situación jurídica, lapso en el que permaneció en libertad (fls. 596 cdno. 2 y 865 cdno. 3).

Éstos, asevera, son "signos" de que el procesado comparecerá al proceso y al cumplimiento de la ejecución de una eventual sanción.

Igualmente, que no hay prueba alguna que sugiera que el procesado haya tratado o tratará de distorsionar, manipular o dificultar el recaudo de la prueba, máxime si se tiene en cuenta que es mínima la que, decretada, hace falta por recaudar.

Así mismo, que la carencia de antecedentes penales y su diligencia para comparecer al proceso, hacen pensar que no se trata de un "procesado avezado o habitual" que requiera reclusión carcelaria, a lo que se suma las condiciones personales y su preparación profesional, que impiden colegir un peligro para la comunidad.

En consecuencia revoca la medida de aseguramiento y ordena la libertad inmediata.

3. Inconforme con la determinación, el fiscal la recurre, manifestando que sus argumentos se centran en la decisión proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (1) , que sugieren la necesidad de estudiar ponderada y razonablemente los requisitos para imponer medida de aseguramiento y, en el caso de encontrar la verificación de uno de ellos, proceder en tal sentido.

(1) Auto del 30 de noviembre de 2001. M.P. Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar.

Asegura que en este caso se está frente a un evento de "corrupción" en perjuicio de la administración de justicia, donde aparece que uno de los presuntos autores es un fiscal que en desempeño de sus funciones y en compañía de su asistente judicial, al parecer, solicitaba dineros aprovechando su condición, lo cual se corrobora probatoriamente con las interceptaciones telefónicas, cuyas transcripciones reposan en el proceso.

Éste, sostiene el impugnante, es el "marco de referencia" que se debe tener en cuenta para el estudio de la situación, delimitado por la imputación del delito de concusión, que no es otra cosa que poner en venta la administración de justicia, habiéndose hecho a un lado el deber de rectitud esperado de todo funcionario judicial.

Por ello, considera que si una persona ha demostrado que no respeta las obligaciones legales, se debe concluir que su privación de libertad es necesaria para el cumplimiento de los fines de la detención preventiva, sin que su presentación voluntaria a rendir indagatoria o el cumplimiento sin reparo de la detención domiciliaria, sean suficientes para colegir que no hay mérito para la medida.

Si a lo anterior se agrega que las constancias procesales demuestran que al procesado se le adelantan otros procesos penales, como uno en Puerto Boyacá, por el delito de aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado, en el que el 17 de octubre de 2001 se le profirió resolución de acusación, así como también por "otros hechos" sucedidos en la ciudad de Medellín que atañen a "la incautación de $1.400.000.000.oo, que hacen referencia a un "viejito que tenía unos C.D.T. y donde se pudo conocer a través de las interceptaciones hechas al acusado donde menciona que entró en negociaciones con el supuesto propietario del dinero con quien se permutó un terreno en el sector de San Miguel —dos cuadras vereda Providencia—, por un apartamento ubicado en uno de los municipios de la zona metropolitana —Valle del Aburrá— y un carro, lo que para Escobar Cardona fue un gran negocio, un regalo que él mismo se hizo, como lo menciona en el diálogo sostenido con su ex asistente judicial Rodrigo ...", "... donde se menciona una investigación adelantada por parte de una de las fiscalías de primera instancia de la Unidad Delegada ante el Tribunal de la ciudad de Medellín".

Por ello, no entiende cómo en la providencia impugnada se dice que no ha sido señalado como incurso en conductas delictivas.

Con la comprobación de que se adelantan otros procesos penales por hechos ilícitos y atendiendo al "entorno y dinámica" de los mismos, advierte que teniendo en cuenta los fines de la pena y, particularmente, la prevención general, se justifica la detención preventiva, "en consideración a que se le ha dado una lectura diferente al proceso que se adelanta al acusado ya mencionado".

Luego de transcribir el auto en comento (2) , concluye que posee sólidos elementos de juicio para afirmar que la medida de aseguramiento en este caso se encuentra "justificada", por lo que debe revocarse la decisión del Tribunal de Manizales.

(2) Auto del 23 de octubre de 2000, Rad. 16.977. M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

La Corte considera

La decisión adoptada por el Tribunal Superior de Manizales, objeto de censura, será revocada por las siguientes razones:

Es cierto que la Corte Constitucional mediante sentencia C-774 de 2001, declaró la exequibilidad condicionada del articulo 363 del Código de Procedimiento Penal, sin embargo, de allí no puede colegirse que la institución de la detención preventiva desapareció.

Por el contrario, se ratificó su procedencia, acorde con los nuevos valores constitucionales siempre y cuando el funcionario judicial no solamente verifique que se reúnen los requisitos señalados en la ley para su operancia (C.P.P., arts. 356 y 357), sino que también establezca, bajo un pronóstico racional, proporcional y, especialmente, motivado, que se cumplen los fines y objetivos de la misma, es decir, que el procesado comparecerá en cualquier tiempo al proceso, bien sea para la instrucción, el juzgamiento o la ejecución de la pena, que preservará la prueba, esto es, no ocultará, destruirá o deformará elementos relevantes para el proceso o entorpecerá su aducción, y que no colocará en peligro a la comunidad.

Ante esta situación, se hace necesario analizar los efectos de esta determinación en la situación concreta y particular del aquí procesado, pero advirtiendo que no por desvirtuarse el cumplimiento de uno de los fines, se puede colegir que no es procedente la medida.

Así, de las circunstancias de que el procesado se haya presentado voluntariamente, no habiendo sido necesaria la orden de captura para que compareciera, y de que haya cumplido con las obligaciones y deberes de la detención domiciliaria, lo único que puede inferirse es que posiblemente comparecerá al proceso y a la eventual ejecución de la pena privativa de la libertad, es decir, que ese fin de la detención preventiva no se cumple.

Sin embargo, la labor del funcionario judicial no puede quedarse allí, sino que es preciso evaluar los demás fines, en orden a establecer si se cumplirían o no, bastando que uno solo de ellos justifique la detención, para que se profiera.

Y es precisamente la protección a la comunidad, señalada en el articulo 3º del Código de Procedimiento Penal, que es norma rectora y, como tal, prevalente e informadora del resto del ordenamiento jurídico-procesal, la que permite afirmar que se hace indispensable la detención intramural, entendiendo el amparo no únicamente en el ámbito de la prevención especial sino de la general.

Si tenemos en cuenta la naturaleza del delito que se le imputa al aquí procesado, consistente en ponerle precio a la función de administrar justicia y en feriar la dignidad del cargo en espera de remuneración, nos percataremos que se trata de una persona audaz y codiciosa, máxime si se considera que a pesar de que no existe en su contra sentencia condenatoria ejecutoriada, no es el primer proceso que se adelanta en su contra y en el que se requiere su comparecencia ante los estrados judiciales.

Es esa personalidad que puso el afán de lucro por encima de la altísima misión de administrar justicia y a quien no le importó afectar la credibilidad de los asociados en la administración pública y en las instituciones, la que lleva a la Sala a concluir que la prevención especial y la reinserción social, solo se hacen posibles mediante la detención intramural.

Así mismo, la gravedad, naturaleza y modalidades del reato imputado llevan a pronosticar que si pasó por encima de la ley penal, cuando tenía el deber especial de acatarla y de dar ejemplo a los demás, no la seguirá respetando y que, por ende, pondrá en peligro a la comunidad, al no estar en detención preventiva.

Desde el punto de vista de la prevención general, la sociedad debe quedar notificada que la comisión de ciertos comportamientos, dada su particular gravedad, merecen ser tratados de manera drástica, no sólo para fortalecer su confianza en la prevalencia del derecho, desarrollar su actitud de respeto al ordenamiento jurídico y satisfacer su conciencia jurídica, sino porque un tratamiento benigno le llevaría el mensaje de que no hay proporcionalidad entre la lesión del bien jurídico y sus consecuencias penales, esto es, que no hay justicia, con una sensación de apertura a la impunidad, lo que estimularía a otros a seguir el mal ejemplo, pues tendrían la expectativa de que de ser descubiertos serían tratados en forma benévola y con preferencia.

No sobra advertir que a partir del proferimiento de la sentencia de constitucionalidad C-774 de 2001, mencionada, ni en este ni en ningún otro caso resulta lógico ni procedente sustituir la detención preventiva por la domiciliaria, pues esta figura perdió su razón de ser, conclusión que emerge de la consideración de los fines buscados por el legislador al consagrar uno y otro instituto. En efecto, si los elementos de convicción que obran en el diligenciamiento permiten pronosticar que el procesado no va a eludir su comparecencia al proceso y al cumplimiento de la pena, ni obstaculizará la actividad probatoria, ni pondrá en peligro a la comunidad, lo procedente no será proferir medida de detención y sustituirla por la domiciliaria, sino no imponer aquella. En otros términos, si se reúnen los requisitos formales y sustanciales exigidas para la detención preventiva (C.P. P., arts. 356 y 357), pero no se cumplen los fines y objetivos constitucional y legalmente señalados para su procedencia (arts. 3º y 355, ibídem), esto es, si los presupuestos requeridos para abstenerse de decretarla son los mismos que se necesitan para cambiarla por la domiciliaria (C. P., art. 38), lo lógico, coherente y jurídico será no dictarla o revocar la que estuviere vigente.

En síntesis, la única medida de aseguramiento imponible en la actual legislación es la detención intramural, como quiera que si el administrador de justicia concluye que se llenan las exigencias para reemplazarla por la domiciliaria, también deberá colegir que no puede proferir aquélla o que debe revocar la dictada.

En razón y mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Revocar la decisión objeto de censura, quedando, por ende, vigente la detención preventiva impuesta al doctor Miguel Ángel Escobar Cardona, al momento de revolvérsele la situación jurídica.

2. Líbrese la correspondiente orden de captura para hacer efectiva la detención impuesta.

3. Para el cumplimiento de la medida que por este proveído se impone, el procesado doctor Miguel Ángel Escobar Cardona deberá ser recluido en el establecimiento carcelario que designe la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a donde se librará la comunicación correspondiente.

Notifíquese y cúmplase.

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