Sentencia 19663 de marzo 5 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Carlos Isaac Náder

Acta Nº 14

Rad.: 19663

Bogotá D.C. cinco de marzo de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Se considera

De manera preliminar corresponde destacar que los cargos son inestimables por cuanto persiguen que luego de casada la sentencia del tribunal se profiera un fallo de instancia donde se condene a las demandadas a pagar por concepto de pensión la suma de $712.468 a partir del 1º de enero de 1999, como se pidió explícitamente en el alcance de la impugnación (fl. 11, cdno. de la Corte), es decir, un valor sensiblemente inferior al reconocido espontáneamente por las propias entidades que la otorgaron, y sobre cuya cuantía no formulan ningún reparo, luego no es dable para la Corte aceptar solicitud semejante dado que ello entrañaría un desconocimiento de los principios de los derechos adquiridos y de la irrenunciabilidad de los derechos legales mínimos de los trabajadores, con mayor razón cuando tan exótica e inusual petición no se sustenta en la existencia de fraude o error.

No obstante, si por amplitud entendiera la Sala que se trata de un lapsus calami, bajo el entendido que el recurrente apunta a un mejoramiento del monto de su pensión, la acusación tampoco está llamada a salir avante, por lo siguiente:

Los cargos sostienen, en síntesis, que como quiera que el demandante era beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, su pensión debió liquidarse con base en los salarios devengados durante el último año de servicios, solución que, a su juicio, se desprende de la propia norma antes citada ya que cuando ella se refiere al “monto” está aludiendo a los factores con que debe liquidarse la pensión.

Para resolver la acusación es conveniente tener en cuenta que como los cargos se enfilan por la vía directa es dable entender que no es materia de discusión el siguiente hecho que el tribunal dio por acreditado implícitamente: que cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 para los trabajadores territoriales (jun. 30/95), el demandante no había cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, aunque le faltaban menos de diez (10) años para ello.

Establecida ese circunstancia, que además no es controvertida por el impugnante, el adquem asumió que el ingreso base para computar la pensión no podía ser el salario promedio del último año de servicios, sino el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho pensional, actualizado anualmente de acuerdo con la variación el índice de precios al consumidor según certificación que expida el DANE.

Delimitados de esa forma los términos de la controversia, es evidente que la razón está del lado del tribunal porque en realidad el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en modo alguno establece que a los trabajadores beneficiarios del régimen de transición que le faltaren menos de 10 años para adquirir el derecho pensional se les liquidará éste con base en el promedio de los salarios del último año de servicios. Lo que estatuye tal precepto es que el derecho en cuestión se les liquidará con base en lo devengado durante el tiempo que les hiciera falta para ello que, en este caso concreto, estimó era de cuatro (4) años.

No hay que perder de vista que en la Ley 100 de 1993 se distinguen varias situaciones, dentro de las cuales, para efectos de estos cargos, cabe destacar las dos siguientes:

1. La de los que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 tenían reunidos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o vejez, quienes conservarán todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, según lo manda el artículo 11 ibídem.

2. La de los que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 cuenten más de 40 años de edad si son hombres, o 35 si son mujeres, o quince (15) o más años de servicios o cotizados, para quienes la edad para acceder a la pensión, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión, serán los establecidos en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Sin embargo, el IBL de estas personas, cuando les faltare menos de diez años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en ese lapso, es decir, el comprendido entre la entrada en vigencia la Ley 100 y el momento en que cumplan los requisitos para la pensión.

No hay lugar a entender que cuando el referido artículo 36 habla del monto de la pensión está refiriéndose a los salarios del último año de servicios puesto que tal expresión hace relación únicamente al porcentaje del ingreso base a tener en cuenta para liquidarla, el cual en el caso de los trabajadores oficiales es el 75%.

De suerte que en el caso del demandante la pensión es equivalente al 75% de los salarios devengados durante el tiempo transcurrido entre el momento que entró a regir la Ley 100 de 1993 y aquel en que completó los requisitos para acceder a dicha prestación, en el entendido que, para el ad quem, se reunieron tales requisitos en la fecha del retiro del trabajador, aspecto este que no es posible entrar a constatar en razón de la vía escogida para el ataque.

Por consiguiente no pudo cometer el juzgador de segundo grado los dislates que se le endilgan.

Los cargos, por lo tanto, no prosperan.

Sin costas en el recurso extraordinario, por cuanto no se causaron.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 13 de junio de 2002, en el proceso ordinario laboral seguido por Álvaro Enrique Villate a la Caja de Previsión Social de Boyacá y otro.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

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