SENTENCIA 1970 DE SEPTIEMBRE 21 DE 1992

 

Sentencia 1970 de septiembre 21 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SOCIEDADES EN LIQUIDACIÓN

NO PROCEDE SU FUSIÓN POR ABSORCIÓN

EXTRACTOS: «Conforme al artículo 458 del Código de Comercio, cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad, por debajo del 50% del capital suscrito, los administradores se abstendrán de iniciar nuevas operaciones y convocarán inmediatamente a la asamblea general para informarla completa y documentalmente de dicha situación.

En el evento sub lite, según consta en el acta Nº 8 del 18 de marzo de 1991, protocolizada en la escritura pública número 1045 de 4 de abril de 1991 (fls. 71 a 82), el gerente de Sociedad Universal de Luz S.A., informó a la asamblea de accionistas la precaria situación financiera de la compañía.

El artículo 459 ibídem, que es norma especial para las sociedades anónimas, establece:

“La asamblea podrá tomar u ordenar las medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio por encima del cincuenta por ciento del capital suscrito, como la venta de bienes sociales valorizados, la reducción del capital suscrito conforme a lo previsto en este código, la emisión de nuevas acciones, etc. Si tales medidas no se adoptan, la asamblea deberá declarar disuelta la sociedad para que proceda a su liquidación.

Estas medidas deberán adoptarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se queden consumadas las pérdidas indicadas”.

Estatuye, por su parte, el inciso 2º del artículo 220 del Código de Comercio, que es norma general aplicable a todas las sociedades comerciales.

“No obstante, los asociados podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso, según la causal ocurrida y observando las reglas prescritas para la reforma del contrato, siempre que el acuerdo se formalice dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia de la causal”.

La asamblea de accionistas de la sociedad Universal de Luz S.A., al enterarse de la situación financiera de la misma, resolvió:

“Declarar la disolución de la Compañía Universal de la Luz S.A. —Uniluz S.A.— por ocurrencia de la causal de pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, contemplada en el numeral 2º del artículo 457 del Código de Comercio...” (fl. 80).

Significa lo anterior, que fue voluntad de la asamblea de accionistas, abstenerse de tomar u ordenar las medidas conducentes para restablecer el patrimonio por encima del 50% del capital suscrito, como lo prevén el inciso 1º del artículo 459 e inciso 2º del artículo 220 transcritos, procediendo a declarar la disolución de la sociedad.

Obrando en consecuencia, registró en la Cámara de Comercio de Bogotá el 12 de abril de 1991 la escritura pública número 1045, contentiva de la declaratoria de disolución y el estado de liquidación de la citada sociedad, en la que aparecen los nombres de los liquidadores designados y la adición, al nombre de la sociedad, de la expresión “en liquidación”.

El punto central de la controversia se reduce a establecer si en las circunstancias estudiadas anteriormente, podía o no la asamblea de accionistas, aprobar y solicitar la fusión de la sociedad Ceat General de Colombia S.A., como absorbente y Universal de Luz S.A., como absorbida, en los términos del artículo 172 del C. de Co.

Señala el artículo 172:

“Habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otras o para crear una nueva...”

Estima la Sala que, de acuerdo con el contenido de los artículos 220 y 459 del Código de Comercio, la expresión de la voluntad del órgano máximo de la sociedad de fusionarse, debió adoptarse en la reunión en que se puso en conocimiento de la asamblea de accionistas la situación financiera de la sociedad Universal de Luz S.A., como quiera que se trata de un correctivo tendiente a restablecer el patrimonio, pues al ser absorbida por una sociedad solvente, como afirman las actoras, podía continuar desarrollando su objeto social o su actividad empresarial, garantizando a los socios y acreedores la plena satisfacción de sus derechos. Sin embargo, al optar por la disolución, que había podido evitar, pasó a la etapa liquidatoria, que le impide aspirar a la fusión, por las siguientes razones:

Preceptúa el artículo 222 del Código de Comercio:

“Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Cualquiera operación o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados expresamente por la ley, hará responsables frente a la sociedad, a los asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador y al revisor fiscal que no se hubiere opuesto.

El nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse con la expresión “en liquidación”. Los encargados de realizarla responderán de los daños y perjuicios que se deriven de dicha omisión”.

Consagra, por su parte, el artículo 223 del mismo código:

“Disuelta la sociedad, las determinaciones de la junta de socios o de la asamblea, deberán tener relación directa con la liquidación...”

Conforme al artículo 238 del Código de Comercio, los actos atinentes a la liquidación son los tendientes a continuar y concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la disolución; exigir cuentas de la gestión a los administradores anteriores o a cualquiera que haya manejado intereses de la sociedad; cobrar créditos activos de la sociedad; obtener la restitución de bienes sociales que estén en poder de asociados o de terceros; vender bienes sociales; y liquidar y cancelar cuentas de terceros y de socios.

De lo anterior se infiere que, en estado de liquidación, la sociedad carece de capacidad jurídica para realizar actos distintos a los ya citados, y, por ello, la asamblea de accionistas no podía prescindir del estado de liquidación en que se colocó, para solicitar la fusión por absorción, pues, conforme a los términos de los artículos 222 y 223 transcritos, estaba limitada su capacidad jurídica a los actos de liquidación únicamente. Por estas razones los actos acusados se ajustaron a derecho y por lo mismo no hubo quebranto de los artículos 333 y 25 de la Constitución Nacional; 172, 220 y 223 del Código de Comercio.

Finalmente, en cuanto al artículo 250 del Código de Comercio se refiere, tampoco se vislumbra la violación aducida, dado que esta disposición, que debe estudiarse en armonía con lo previsto en el artículo 251 ibídem, y que permite a los asociados prescindir de hacer la liquidación, sometiéndose a las disposiciones pertinentes sobre fusión y enajenación de establecimientos de comercio y que es una excepción a realizar actos diferentes a los liquidatorios, sólo es aplicable cuando la modalidad de fusión que se pretende es la de crear una nueva sociedad —que no es el caso sub-judice— mas no para la fusión por absorción —que sí lo es—».

(Sentencia de septiembre 21 de 1992. Expediente 1970. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

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