Sentencia 19700 de noviembre 19 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

LIBERTAD DEL CAPTURADO

POR VIOLACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES O LEGALES

EXTRACTOS: «Estos hechos, que se encuentran debidamente acreditados y que nadie pone en duda, revelan para la Sala la objetiva transgresión en lo pertinente inc.. 3º) del artículo 383 del Decreto 2700 de 1991, vigente en ese momento, y que aparece recogido en los mismos términos por el artículo 353 de la Ley 600 de 2000.

Dicho precepto reza:

“Libertad inmediata por captura o prolongación ilegal de privación de la libertad. Cuando la captura se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o legales, el funcionario a cuya disposición se encuentre el capturado, ordenará inmediatamente su libertad.

Lo dispuesto en el inciso anterior también se aplicará cuando la persona sea aprehendida en flagrancia por hecho punible que exige querella y esta no se hubiere formulado.

La persona liberada deberá firmar un acta de compromiso en la que conste nombre, domicilio, lugar de trabajo y la obligación de concurrir ante la autoridad que la requiera”.

Esta norma prevé una forma de control sobre la legalidad de la aprehensión por parte del mismo funcionario que conoce de la actuación, la cual la distingue de la acción pública de hábeas corpus, que es otro mecanismo de control de legalidad pero a cargo de un juez por completo ajeno al trámite del proceso y especialmente regido por el artículo 430 y siguientes del anterior estatuto procesal penal, vigente para la época de los hechos. No obstante que una y otro tienen idéntico fundamento y proceden por las mismas hipótesis (captura ilegal y prolongación ilícita de privación de la libertad).

Cuando la persona no es puesta dentro del término legal a disposición de la autoridad que ordenó su captura o el fiscal deja vencer el plazo previsto en el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal para oírla en indagatoria (D. 2700/91, art. 386), el mismo funcionario está en la obligación de dejarla inmediatamente en libertad.

Si falta a este imperativo legal, el afectado, o cualquier persona a su nombre, podrá intentar la acción pública de hábeas corpus ante otro funcionario judicial para que decida a más tardar dentro de las 36 horas siguientes si decreta la libertad.

Cuando es el mismo fiscal quien ejerce dicho control al interior del proceso, al tiempo que restablece la garantía vulnerada mediante la libertad del capturado, está en el deber de imponer a este la suscripción de un acta en la que se comprometa a presentarse cuando se le solicite. En ella, además, se deberá consignar los datos personales que permitan su localización.

Una interpretación razonable del último inciso del precepto transcrito, indica que si el procesado incumple la obligación de presentarse cuando el fiscal lo requiera para oírlo en indagatoria, procede librar una nueva orden de captura.

No antes, pues tal como se encuentra redactada la norma no deja duda de la necesidad de restablecer la garantía vulnerada en toda su extensión, de manera que impida aplicar inmediatamente cualquier restricción al derecho de locomoción del afectado, que no sea por su propia voluntad de desatender el llamado del funcionario.

Esta medida opera no solo como una forma de restablecimiento de la garantía quebrantada, sino a manera de prohibición para el funcionario judicial en orden a impedirle que a su arbitrio pueda sanear mediante un acto de simple convalidación la privación de la libertad o la prolongación ilícita de la misma.

Lo anterior no significa, desde luego, que una vez el procesado se presente voluntariamente a rendir indagatoria, atendiendo al compromiso adquirido, el fiscal pierda la posibilidad de privarlo de la libertad, pues de subsistir o surgir razones para considerar que hay lugar a imponer medida de aseguramiento, nada le impide proceder de esa manera (arts. 382 anterior, 341 del actual).

En tal medida, entonces, si la captura o la privación de la libertad se producen con violación de las garantías constitucionales o legales, una vez restablecidas estas resulta ineficaz cualquier medida restrictiva de la libertad de locomoción.

Empero, si el sindicado desatiende la obligación impuesta en el acta de compromiso y se niega a comparecer, podrá el funcionario judicial ordenar la captura para escucharlo en indagatoria».

(Sentencia de segunda instancia, noviembre 19 de 2003. Radicación 19.700. Magistrado Ponente: Dr. Mauro Solarte Portilla).

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