Sentencia 19733 de mayo 12 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

NEGATIVA DEL PROCESADO A LA PRÁCTICA DE UN EXAMEN PSIQUIÁTRICO

PUEDE SER RAZONABLE DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS DEL PROCESO

EXTRACTOS: «De otra parte, cuando en la sentencia el tribunal refuerza el aparente argumento con que la actitud de rebeldía está plasmada en el proceso porque no acudió al examen de psiquiatría forense, no hace evidente de qué forma alguien que se muestra remiso a acatar una determinada orden judicial, así sea además conflictivo, mentiroso, envidioso y sagaz, puede estar comprometido en un homicidio o tenga la potencialidad anímica de cometerlo, luego el argumento carece de sostén atendible en cuanto no especifica la relación de causa a efecto entre la negativa a acudir al examen como rasgo característico de la personalidad de la procesada, y el hecho de coautoría del homicidio que por ese hecho le atribuye.

Pero además, si bien el delegado extiende la garantía de no autoincriminación consagrada en el artículo 33 de la Constitución Política, en aquellos eventos en los cuales “la materialidad misma de la persona, o su forma de razonar, o sus afectaciones síquicas, pueden servir de prueba en su contra” y dado el caso “no puede ser examinado por expertos siquiatras si voluntaria e informadamente no presta su consentimiento, pues de lo contrario se coartaría su libertad inmanente y se afectaría su garantía de no autoincriminación”, la falencia del uso de la circunstancia como elemento integrador del indicio no descansa propiamente allí.

En efecto, la garantía en cuestión ha sido delimitada dentro del plexo de valores y principios que informan la Constitución, al ámbito restringido de las actuaciones penales, correccionales o de policía, para proteger otros valores, principios y garantías de orden fundamental, pues “con el artículo 33 superior el constituyente quiso de un lado respetar la dignidad y garantizar la autonomía de la voluntad del individuo llamado a declarar en juicio contra sí mismo o contra sus familiares más próximos, y de otro, proteger la armonía y la unidad familiar que puede verse amenazada si se impone la obligación de declarar en contra tales parientes, proscribiendo toda actuación de las autoridades que busque obtener la confesión involuntaria de quien es parte en un proceso, o la denuncia penal de los familiares cercanos, en las mismas circunstancias de involuntariedad” (C. Const., Sent. 1287 de dic. 5/2001).

El derecho a no declarar contra sí mismo está enlazado con el de defensa y con el de presunción de inocencia, los cuales, en oposición a la carga de la prueba que para desvirtuar esta le compete al estado a través de su órgano jurisdiccional, podrían llevar a la lectura que hace el señor agente del Ministerio Público, en el sentido de que así como no es posible forzar o inducir de modo alguno al justiciable para que declare contra sí mismo o se confiese responsable, tampoco se le podría compulsar para que preste su concurso en la obtención de pruebas que impliquen la comprobación de un determinado estado biológico o psíquico, o su presencia en ámbitos espaciales y temporales específicos mediante la obtención de fluidos corporales o la práctica de exámenes.

Tal concepción de carácter absoluto, restringiría el ámbito de acción de las autoridades judiciales en su finalidad esencial de proteger la libertad y asegurar la convivencia pacífica e introduciría un desequilibrio procesal.

La práctica de ese tipo de pruebas, sin perjuicio de la garantía de no autoincriminación, aunque supeditada al respeto de la dignidad humana, no buscan que el individuo reconozca ciertos hechos o circunstancias, sino que se trata de pericias de resultado incierto, que no implican contribuciones que signifiquen la obligación de autoincriminarse, y que están sometidas, desde luego, a la debida controversia probatoria, cuya validez y eficacia está condicionada a la fundamentación técnico científica del dictamen, al aseguramiento de calidad aplicado, al sistema de cadena de custodia tenido en cuenta y a los demás elementos probatorios que obren dentro del proceso (CPP, art. 257).

Tanto es así, que en virtud del Acto Legislativo 03 de 2002, en su artículo 2º, modificatorio del 250-3 de la Constitución, se le asignó a la Fiscalía General de la Nación la función de “asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello”, previsión que autoriza el tipo de intervenciones de que se trata, siempre y cuando se propenda por el respeto y protección a los derechos y garantías fundamentales.

Así las cosas, si bien aparece que, por lo anterior, Leticia estaría, en principio, en la obligación de acceder a la práctica del aludido examen psiquiátrico, el juzgador debió establecer si la negativa aparecía razonable de conformidad con las condiciones materiales del proceso y del objeto de la investigación.

Tal prueba fue ordenada por la oficina instructora mediante auto del 4 de abril de 2000, en la que aduciendo la necesidad de perfeccionar la investigación y considerarla indispensable, dispuso en el numeral 4º:

“Para que sea sometida a una evaluación por parte del grupo de psiquiatría forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y dictaminen sobre su estado mental, remítase a la sindicada Leticia..., adjuntando al oficio del petitorio fotocopia del resumen de atención aportado al proceso por el declarante Ricardo de la Espriella”.

Obsérvese que no se señaló por qué era necesaria la práctica del mencionado examen, cuál era el estado mental que se quería establecer, si el que tenía la procesada para el momento de los hechos o el que atravesaba para esa altura del proceso, como tampoco si se requería para comprobar un eventual estado de inimputabilidad al momento de ejecución de la conducta o para descartarlo. En otras palabras expresado, la prueba no conducía a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso, o al menos la fiscalía no mencionó cuál aspecto se pretendía demostrar.

Luego, ante la evidente irracionalidad del ordenamiento de esa prueba, ordenada en un auto de impulso que no era susceptible de ataque alguno, la única posición razonable que podía observar la procesada era la de negarse a prestar su concurso para la práctica, en un ejercicio de desobediencia ante una determinación, además, arbitraria. De ese modo, al no advertirse las condiciones que ligaban el decreto de la prueba y la rebeldía de la procesada, el tribunal unió esta con las versiones que la señalaban con unos rasgos de la personalidad negativos, para concluir de buenas a primeras, que éstos eran indicativos de su coautoría en el homicidio.

De otra parte, debe señalarse que acierta el delegado cuando observa que, para apuntalar el indicio, el tribunal valoró el testimonio del psiquiatra de la Espriella, médico que atendió en tal especialidad a la procesada, y quien, en tal calidad, estaba obligado a resguardar el secreto profesional en la relación surgida entre médico y paciente.

Para destacar el yerro, que resulta vulnerante de las garantías de la procesada, baste con recordar el pronunciamiento que la Corte, con ponencia de quien ahora cumple el mismo cometido (sent. de mar. 7/2002, rad. 10.043), hizo sobre el particular:

“En este caso, el médico, el fiscal y los juzgadores olvidaron flagrantemente el derecho al secreto profesional, que no se traduce en un privilegio para el profesional que recibe la confidencia, sino que apunta a preservar los derechos fundamentales de la intimidad, la honra y el buen nombre de la persona confidente. La estructura dinámica del secreto profesional es la de un derecho-deber, porque salvaguarda el derecho a la intimidad de la persona que se ve obligada a confiar en el profesional, quien correlativamente tiene el deber de protegerlo y no comunicarlo a terceros, ni aun a las autoridades, tanto por respeto al confidente como en virtud del interés público en el correcto ejercicio de las profesiones.

Para el médico, el secreto profesional está previsto en el artículo 37 de la Ley 23 de 1981 (estatuto de ética médica), en el sentido de que no puede revelar sin justa causa lo que haya visto, oído o comprendido en razón del ejercicio de su profesión. Aunque la misma norma exceptúa los casos contemplados por las disposiciones legales, la Corte Constitucional ha señalado que tales excepciones legales son las contempladas en el artículo 38 del mencionado estatuto, entre las que no cuenta el requerimiento judicial como declarante, a tono con la rigidez que se otorga al secreto profesional en el artículo 74 de la Constitución Política (sents. C-411/93 y C-264/96).

La última sentencia de constitucionalidad citada, que declaró exequibles los artículos 37 y 38 de la Ley 23 de 1981, señaló que si bien el legislador podía regular todos los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, incluido obviamente el del secreto profesional, no por ello la misma podía autorizar su violación por fuera de las condiciones de necesidad extrema.

No sería del caso entrar a analizar la trascendencia procesal de los datos revelados, porque el secreto profesional se protege como contenido pero singularmente también como forma o medio de preservación de otros derechos básicos, de modo que cualquier divulgación, relacionada con la vida privada de la paciente y que necesariamente ella haya tenido que confiar al médico en la anamnesis para conservar su salud o su vida, lastimaría el derecho a la intimidad. En este sentido, la sentencia C-264 de 1996, con ponencia del entonces magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, expuso:

“El derecho y el correlativo deber que se derivan de la prohibición de revelar el secreto profesional, tienen carácter formal en cuanto que, en principio, son indiferentes respecto de su contenido concreto. En realidad, lo comprendido por el secreto no es tan significativo desde el punto de vista jurídico como la necesidad de que permanezca oculto para los demás. Aquí se revela una faceta peculiar del secreto profesional y que consiste en servir de garantía funcional a otros derechos fundamentales, entre los que se destaca el derecho a la intimidad, a la honra, al buen nombre, a la información, a la libertad, etc. De otra parte, este nexo funcional, explica por qué las limitaciones que en un momento dado pueden revelarse legítimas y proporcionadas en relación con un derecho fundamental, eventualmente pueden en una situación extrema repercutir sobre el propio ámbito del secreto profesional, inclusive restringiéndolo”.

Y en cuanto al suministro de información a las autoridades, ciertamente el artículo 336 del anterior Código de Procedimiento Penal (así como el art. 291 del vigente), apenas obliga al médico o personal encargado a dar aviso del ingreso al centro asistencial de la persona que padezca un daño en el cuerpo o en la salud, pero no más. Otros datos, salvo lo que tenga que ver directamente con la pericia, están vedados para su divulgación, como lo enseña la Corte Constitucional en el mismo fallo antes citado, así:

“Las informaciones que se suministran a las autoridades judiciales o de higiene y salud, en los casos previstos por la ley, pueden comportar violación al secreto profesional médico si se dan ciertos supuestos.

“En principio, siempre que la prueba o la diligencia en la que interviene un médico, hubieren sido válidamente ordenadas por un juez o autoridad competente dentro de un proceso o actuación pública, la presentación del peritazgo o dictamen en cuanto corresponde al cumplimiento de un encargo legal, no puede considerarse violatorio del deber de sigilo. Esta situación, sin duda, es diferente de la que se presentaría a raíz de la declaración que eventualmente se le podría exigir al médico sobre hechos o circunstancias del paciente, conocidos en razón de su relación profesional, que podrían conducir a su incriminación. En este caso, la condición de “ alter ego” que se predica del médico, impediría que por su conducto se llegare a dicho resultado y la prueba sí practicada no podría tenerse en cuenta (C.P., arts. 29 y 34)””.

Huelga decir, entonces, que ante la evidente ilegalidad de la prueba, esta no podía ser valorada en la construcción del indicio, el cual, por esa razón, acaba por perder cualquier viso de corrección en su diseño».

(Sentencia de casación, 12 de mayo de 2004. Radicación 19.733. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

ACLARACIÓN DE VOTO

He aclarado el voto en relación con una afirmación que se hace en la página 142 de la sentencia, al comienzo de su párrafo tercero: “Así las cosas, si bien aparece que, por lo anterior, Leticia estaría, en principio, en la obligación de acceder a la práctica del aludido examen psiquiátrico...”.

Aun cuando me identifico con la conclusión a la que finalmente arribó la Corte sobre este tema, creo firmemente que ninguna persona procesada puede ser obligada a la práctica de una prueba psiquiátrica. No veo cómo pueda ser posible, especialmente porque ello implicaría que el Estado impusiera su poder para sojuzgar a una persona hasta que permitiera el análisis de su intimidad corporal, más exactamente espiritual o cerebral. Ningún ser humano tiene la obligación de acceder a la prueba que sobre su integridad totalizada quiera ejecutar un investigador o un juzgador. Otra cosa es que en el diario discurrir el ciudadano lo permita, por ejemplo para demostrar su inocencia o para evitar que su negativa pueda convertirse en “indicio” de responsabilidad en su contra.

La pregunta: ¿Qué puede hacer un fiscal o un juez para compeler a un sindicado a que se deje practicar una prueba como la señalada?

La respuesta: por supuesto, nada.

Quizás por ello la Corte ha dicho “... en principio...”.

Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 

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