Sentencia 1974-04287 de julio 15 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz RUeda

SC9166-2014

Rad.: 11001-3103-015-1974-04287-01

(Aprobada en sesión de diecisiete de junio de dos mil catorce)

Bogotá D.C., quince de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS. «Consideraciones

1. Ha de memorarse, que se pidió por la demandante la reivindicación de un área de terreno que se afirma hace parte de la «zona verde 1», cedida al D. E. en la «u. P.» de esta ciudad, en la cual funcionan unas canchas de tenis al servicio del «colegio C.», y en razón a que esa franja se halla incorporada a un predio comprado al «G. F.», la convocada le denunció a este el pleito, a fin de exigirle la obligación de saneamiento por evicción.

2. El juzgador ad quem ratificó la decisión de primer grado desestimatoria de las pretensiones del actor, al advertir esencialmente que no se encontraba «determinada claramente la titularidad del derecho de dominio [de] la parte actora, ni tampoco sobre la posesión inequívoca de la parte a quien se le llama a juicio»; además por considerar que la acción promovida no es la vía idónea para despejar las dudas y vacíos que subyacen en la titulación y tradición de los bienes, específicamente en lo atinente a «la extensión y real alinderación de los predios contiguos que ponen límite a los derechos de los contendientes», de donde infiere que respecto de la porción de terreno reclamada, al actor «no puede tenérsele inequívocamente como propietario, y así verificar si los actos del accionado son meramente de posesión o de dominio pleno».

3. Por su lado, la acusación se apoya en que el Tribunal incurrió en error de hecho derivado de la desatinada valoración de las escrituras públicas XXX de 17 de diciembre de 1943 y XXX de 30 de junio de 1967, al deducir que la accionada también funge como propietaria de la citada zona verde 1, cuando en el primer documento referido se hace mención a la transferencia mediante permuta de «una casa de habitación, junto con el globo de terreno donde está edificada, sus jardines y predios adyacentes, con nomenclatura 4-26 de la calle 80»; mientras que en el acto de la cesión al D. E., según consta en la «escritura XXX de 6 de abril de 1952», las respectivas franjas se localizan entre las calles 80 y 82, con carrera 4A a la 7ª, infiriendo de ahí que aunque aluden a direcciones contiguas, son diferentes; además sostiene que no aparece especificada el área reclamada, y en el certificado de tradición del predio con matrícula inmobiliaria XXX, figura el D. E. como dueño; así mismo, porque se pasó desapercibido que «el predio reclamado no podía ser englobado por el G. F.como parte de la venta realizada a C., en cuanto el terreno en disputa es de uso público».

4. En razón a que el terreno objeto del litigio corresponde a una franja considerada por el ente territorial demandante como parte integrante del espacio público, dado que hace parte de zonas de cesión en la «u. P.» de esta ciudad, y que la convocada estima es de su propiedad, se hace necesario precisar los presupuestos normativos a partir de los cuales se establece lo concerniente a la legitimación en causa y lo relativo a los requisitos sustanciales para la prosperidad de «pretensión reivindicatoria».

Sobre el particular, consagra el artículo 946 del Código Civil, que la «acción de dominio, es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla», procediendo también de conformidad con el precepto 948 ídem, respecto de «[l]os otros derechos reales (…), excepto el derecho de herencia», al igual que de «una cuota determinada pro indiviso de una cosa singular», según el 949 ejusdem, y al tenor del canon 950 ejusdem, cuando es el dominio el derecho en disputa, autoriza promover la señalada acción, al titular de «la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa» y, según el 952 ibídem, ha de convocarse para enfrentarla al «actual poseedor».

La jurisprudencia y la doctrina, coinciden en aceptar que para el éxito de la «pretensión reivindicatoria», deben concurrir y demostrarse los siguientes supuestos: «derecho de dominio» en cabeza del actor; posesión material ejercida por el demandado sobre «cosa corporal, raíz o mueble», y que la misma sea singular o una cuota determinada de ella susceptible de reivindicación, e identidad entre el «bien mueble o inmueble» reclamado por quien acciona y el detentado por el convocado.

Al respecto esta corporación, en el citado fallo CSJ, 8 abr. 2014, rad. 2006-00639-01, precisó:

(…). En cuanto a la ‘reivindicación o acción de dominio’, según las disposiciones insertas en el Título XII, Libro 2° del Código Civil, ha de acreditarse: (i) que el demandante es titular del derecho de dominio, (ii) la posesión material por parte del accionado, (iii) singularidad de la cosa objeto de la ‘reivindicación’ o cuota determinada pro indiviso de una ‘cosa singular’ y (iv) identidad entre el bien pretendido por el actor y el poseído por el demandado; (…).

5. Ahora, en razón a la connotación que con relación a la acción promovida tiene la naturaleza jurídica del bien pretendido por la actora, el que ha catalogado como de «uso público», se hace necesario aludir a algunos aspectos generales concernientes a su definición y regulación, dada la repercusión en el tema a probar, lo que interesa para el caso debido a la modalidad del reproche planteado.

El artículo 674 del Código Civil, estatuye que «[s]e llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. – Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de las calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio» (se resalta).

Con base en la citada disposición, se ha entendido que involucra los denominados (i) «bienes fiscales», caracterizados porque sirven a las entidades estatales para el desarrollo de sus actividades y prestación de los servicios atinentes a sus funciones, los que a pesar de estar regidos por el derecho público, son poseídos y administrados como lo hacen los particulares con los que integran su patrimonio, por ejemplo, los edificios de su propiedad abiertos a la comunidad con ese propósito, y de otro lado, (ii) los «bienes de uso público», cuyo disfrute constituye una prerrogativa concedida a todos los habitantes, hallándose de manera permanente a su disposición, como las calles, los parques, etc.

Con relación a esa temática, en sentencia CSJ, 6 oct. 2009, rad. 2003-00205-01, se memoró:

‘En cuanto atañe a las diferencias entre la propiedad ejercida por el Estado sobre los bienes de uso público y la que ostentan los particulares frente a los propios, dijo esta Corporación ‘sostienen distinguidos expositores de derecho que en los bienes de dominio público no tiene el Estado lo que propiamente se llama propiedad, ya que analizados los elementos de que esta se compone, se encuentra, el usus no es del Estado, pertenece a todos los habitantes del país; el fructus no existe, en tesis general, y el abusus tampoco existe en relación con tales bienes por su condición de inalienables, vale decir, sustraídos del comercio, no susceptibles de propiedad privada. En esos bienes, observa Demófilo del Buen, el Estado no tiene, hablando con propiedad, sino un derecho de administración o gestión en unos casos, y en otros una función de policía para que no se entorpezca y se coordine el uso común: en todo caso el dominio del Estado sobre los bienes de uso público, es un dominio sui géneris´ (Sala de Negocios Generales de 26 septiembre de 1940, G.J. Tomo L, pág 254)’.

Igualmente, en el fallo CSJ, 29 jul. 1999, rad. 5074, se expresó:

(…) El artículo 674 del Código Civil, luego de precisar que los bienes de la Unión son las cosas cuyo dominio corresponde a la República, distingue entre aquellos cuyo ‘... uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos’ y a los cuales denomina ‘bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio’, de estos otros, también de la Unión, ‘cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes ...’, a los que llama simplemente ‘bienes de la unión o bienes fiscales’.

De la simple lectura del aludido precepto se infiere que, según el Código Civil, los bienes de la ‘Unión’ se clasifican en dos: De un lado, los de uso público, como las calles, plazas, puentes y caminos, y, de otro, los fiscales, es decir, aquellos que no estando adscritos a la prestación de un servicio público, forman parte del patrimonio estatal, ya sea por disposición constitucional, o porque han sido adquiridos por la Nación, los departamentos, los municipios y, en general las entidades de derecho público, para destinarlos a la organización de los fines que le son propios, siendo su uso común restringido o reprimido, distinción ésta que, como es sabido, se funda en conceptos de un nítido perfil romanista.

En cuanto a los primeros, los de uso público, débese precisar aquí que se caracterizan, como su nombre lo anuncia, porque, como acontece con algunos de propiedad privada, están destinados al uso común; porque son inalienables e imprescriptibles y, finalmente, porque pertenecen, salvo los privados afectados al uso público, a entidades de derecho público, exigencia esta última entendida en el sentido de que se encuentran sometidos a una singular, pero innegable, potestad estatal que excluye la propiedad privada sobre ellos, ya sea porque, como piensan algunos, tal poder configura un ‘dominio eminente’, traducido en meras facultades de policía administrativa que apenas le conceden a su titular las facultades de guarda y vigilancia, sin estructurar, en todo caso, un derecho de propiedad en sentido estricto, o ya, como piensan otros, como un genuino derecho público de propiedad cuyo ejercicio puede diferir en varios aspectos del modo como los particulares despliegan su poder sobre los bienes, pero sin ser sustancialmente distintos.

De manera complementaria al anterior precedente, en el fallo CSJ SC, 10 sept. 2010 (sic) [2013], rad. 2007-00074, se precisó lo siguiente:

Ambos tipos de bienes hacen parte del patrimonio del Estado. La diferencia entre ellos radica en su destinación y régimen.

Los de uso público están a disposición de la comunidad, es ella quien los utiliza. En síntesis, sus características esenciales son: el titular del dominio es el Estado; están afectados al uso común de los asociados; no son susceptibles de comercializarse; son inalienables e imprescriptibles y su régimen es de derecho público.

Los denominados fiscales no están al servicio de la comunidad, sino para la utilización de su titular con miras a realizar sus fines, independientemente de su connotación de entidad pública. Inclusive, los administra como si fuera un particular, confluyendo en ellos atributos de la propiedad que le permiten gravarlos, enajenarlos o arrendarlos, entre otros actos. De ahí que el régimen jurídico aplicable es el del ordenamiento civil o comercial, sin perjuicio de la reglamentación general y especial aplicable, según el caso.

Sin embargo, a pesar de que su ‘uso no pertenece generalmente a los habitantes’, por ese solo hecho no se desconocen las repercusiones favorables que su detentación irroga a todos los ciudadanos, pues, el propósito de la administración pública en conjunto no es otro sino el bienestar común, es por ello que de conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política ‘[l]os diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines’.

Es claro, entonces, que tanto los bienes de uso público como los fiscales están destinados al cumplimiento de los fines del Estado, y por ello son objeto de protección legal frente a las eventuales aspiraciones de los particulares para apropiarse de ellos. Y esa es la razón por la que la Constitución y la ley consagran la prohibición expresa de que se declare la pertenencia de los mismos.

6. Los elementos fácticos y probatorios con trascendencia para la decisión que se está adoptando, se concretan a los siguientes:

a) Escritura pública XXX de 5 de abril de 1952 de la Notaría 4ª de esta ciudad, en la que consta que la s. S. U. & Cía. Limitada, transfirió «al municipio de Bogotá, con destino al uso público, a título de cesión el derecho de dominio que la sociedad [en mención] tiene en las siguientes zonas de terreno en la u.‘P.’, de esta ciudad (calles 80 a 82 carrera 4ª A a 7ª), zonas determinadas en el plano (…)», dentro de las que se halla la siguiente, que es la única en la que se alude a la colindancia con la institución educativa convocada por denuncia del pleito: a). Para zona verde entre propiedad de G. F. (al occidente de la carrera 4ª) propiedad de M. A. C., J. I. y otra, y B. C. de U. (al norte de la calle 80) carrera 5ª; propiedades de la urbanización y zona que se cede para parque, una zona marcada en el plano con los números 17, 30, 31, 32, 33, 34, 35´, 12´, 34´, 17´, con un área de dos mil ciento setenta y ocho metros cuadrados ochenta centímetros (2.278,80 Mts2) y alindada: ‘Por el norte, con propiedad de la urbanización y zona que se cede para la carrera quinta (5ª); por el oriente, con propiedad del G. F.; por el occidente, con propiedades de la urbanización y zona que se cede para parque, y por el sur, con propiedades que son o fueron de M. A. C. D., L. C. de C., J. I. y otra, y B. C.de U.’ (fls. 3-7, 21-24, cdno.1).

b) Certificado de tradición y libertad, expedido el 9 de septiembre de 1974 por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Bogotá, en el que consta la inscripción del citado título, el «14/05/52», describiéndose ahí la zona de terreno reseñada, figurando como dueño el «Municipio de Bogotá» e incluye el número de matrícula XXX (cdno.1, fl. 8).

c) «Escritura pública XXX de 17 de diciembre de 1943 de la Notaría 3ª de Bogotá D.E.», mencionándose en su texto que A. B. (sic) y M. M. de B. (sic) (…), transfieren a título de permuta al G. F., ´(…), el derecho de dominio y la posesión que tienen sobre una casa de habitación, junto con el globo de terreno en donde está edificada, sus jardines y predios adyacentes, situada en el barrio de Chapinero de la ciudad de Bogotá, (…), determinada en la nomenclatura de la ciudad con el número cuatro veintiséis (4- 26) de la calle ochenta (80) y cuyos linderos son los siguientes: ‘Por el sur, con la calle ochenta (80); por el oriente, con la carrera cuarta (4ª); por el norte, con terrenos que fueron de A. P. (sic), después del s. c. de S. J., y hoy de F. S. y H. C. H., y por el occidente, con propiedad de M. A. C. D. y terrenos de P., de los herederos de I. E., hoy de F. S. y H. C. Hermanos.

d) «Escritura pública XXX de 30 de junio de 1967 de la Notaría 10ª de Bogotá D.E.», figurando en ella que el G. F. da en venta y enajenación real y perpetua a favor de la C. C. de S. F., (…), el pleno derecho de dominio y la posesión que (…), el G. F., tiene como propietario sobre un inmueble, situado en la ciudad de Bogotá, distinguido con los números cuatro veintiséis (4-26) y cuatro cuarenta y seis (4-46) de la calle ochenta (80), que incluye el número ochenta cincuenta y tres (80-53) de la carrera cuarta (4ª), de la nomenclatura urbana, todas sus anexidades, usos costumbres y servidumbres activas y pasivas, e integrado por cinco (5) globos de terreno, junto con las edificaciones en él existentes, los que pasan a formar «en conjunto un solo lote, conforme al plano que las partes declaran aceptado y que se protocoliza con esta escritura», especificándose los linderos especiales y sus medidas, además se precisa que el área total mínima es de 14.644 varas cuadradas, acotándose que la venta se hace como cuerpo cierto (fls.54-60, cdno. 2).

e) Documentos aportados por las partes en la inspección judicial practicada el 30 de julio de 2007, entre otros: (i) aerofotografías de 1940, 1943, 1951, 1952, 1955, 1956, 1971, 1977 y 1984 del sector donde se halla el predio de la accionada (fls. 26-34, cdno. 3,); (ii) copia autenticada de una revista del G. F. de noviembre de 1957 y Anuario de 1961 donde se hace alusión a actividades deportivas en la cancha de tenis; (iii) fotografías de las edificaciones y especialmente del lugar donde funciona el citado campo deportivo (fls.173-181, cdno. 1); (iv) planos de la manzana catastral (fls.172-172 y 182, cdno. 1); (iii) informe del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, en el que se alude a los títulos que comprenden la tradición del predio transferido a C., y se concluye que «la zona verde número uno (1), transferida a título de cesión a favor del municipio de Bogotá, de parte de S. U. y Cía. Ltda., fue incluida en la enajenación y el englobe realizado según escritura pública 2882 del 30 de junio de 1967 de la Notaría 10ª de Bogotá» (fls.1 y 2, cdno.3).

f). Dictamen pericial, en el que sobre los puntos sometidos a consideración del experto por las partes y el Juzgado de conocimiento, conceptuó lo siguiente: (i) El inmueble se identifica con la nomenclatura 4-26 de la calle 80, hoy calle 79B, del que tiene posesión material C., «transmitida por el anterior propietario el G. F., (…), desde el 17 de diciembre de 1943 hasta la fecha», y fue declarado bien de interés cultural mediante Decreto Distrital 606 de 26 de julio de 2001; (ii) [r]evisadas las escrituras contentivas de la tradición de los inmuebles, sus linderos y anexidades transmitidas y los planos protocolizados con las mismas, así como la escritura de cesión de la zona verde número uno (#1), la parte de dicha zona que en el costado oriental la demanda considera ocupada por el Colegio de C. y que corresponde a la cancha deportiva, esta no pertenece o no se encuentra involucrada o inmersa dentro de las zona verde #1 y por lo tanto no corresponde al dominio o propiedad del D. C. de B.; (iii) «la zona materia del litigio, cancha múltiple, está dentro de los linderos del dominio y propiedad de C.»; (iv) la cesión de la zona verde reclamada se efectuó por escritura pública XXX de 1952 de la Notaría 4ª de esta ciudad (fls. 162-182, cdno.1), y de acuerdo con lo ahí expresado, infiere que «el área para la zona verde no pudo ser entregada materialmente al Distrito puesto que como se dijo anteriormente ya desde el año de 1945 y 1949 se encuentran vestigios de la construcción y ubicación de la cancha», deducciones estas que no sufren alteración en la aclaración exigida a solicitud de la actora (fls.210-215, cdno.1)

g). Experticia practicada como prueba de la objeción formulada a la reseñada en el anterior literal (fls.539-578, cdno.1 y anexos cdnos. 4 y 5), informándose que fue elaborada con base en el estudio de títulos correspondientes a los predios denominados «P. y R.», al igual que de las escrituras públicas atinentes a los lotes de terreno y sus construcciones, englobados y transferidos por el G. F. a C., como también de planos y registros fotográficos, conceptuando en lo pertinente lo siguiente:

(i) La franja materia del litigio «hizo parte de la finca P..», y «mediante escritura pública XXX de septiembre 10 de 1919 Notaría 2ª [se hizo] división material [por] los señores R. U, A. U. y M. A. C. D.», y el primero nombrado le compró al último de los mencionados, según «escritura pública XXX de julio 12 de 1924 Notaría 2ª (…) 4 fanegadas 4.422 V2, correspondiente al lote #1 dentro de la división material», y con «escritura pública N° 3520 de diciembre 9 de 1937 Notaría 2ª [efectuó] dación en pago R. U. a B. A. Colombiano (…) [transfiriéndole un área de] 12.000 V2 aproximadamente»; a su vez la citada entidad bancaria, conforme a la «escritura pública N° XXX de septiembre 3 de 1939 Notaría 4ª permuta (…) a A. B. y M. M. de B. (…) un área de 12.906 V2», y estos venden con «escritura pública XXX de septiembre 27 de 1940 Notaría 5ª [al] s. conciliar de S. J. – área 6.588,11 V2 (…) [y] con este instrumento público, el seminario [en mención] engloba los lotes de los R. y de P.»; así mismo con «escritura pública XXX de diciembre 17 de 1943 Notaría 3ª [celebran] permuta [con el] G. F. (…), no se estipulan medidas dentro de las colindancias, no se estipula el área», deduciendo la experta que esta corresponde a «6.317,87 V2, área que se puede confirmar con la E.P. XXX de sept. 11 de 1943 Notaría 3ª» y agrega que «si en esta E.P. estuviera incluida la zona de conflicto (…) el predio tendría un área de 8.252,05 V2, esto no podría ser posible, puesto que la forma regular que se observa en el esquema cambiaría la ubicación de los colindantes».

Adicionalmente, se sostiene en las conclusiones que «después de la venta de F. R. al seminario conciliar de S. J., el colindante R. U. o en su defecto el señor M. A. C. D. y L. C. de C., no aparecen registrados en el linero del lado sur del predio P.», y de ahí en adelante «la zona en conflicto perdió su ubicación en el lindero sur».

(ii). Con relación a la venta del G. F. a la C. de S. F. C., contenida en la «escritura pública XXX de junio 30 de 1967 Notaría 10ª», alude que en ella consta el «englobe de cinco lotes», reseñando como «área total: 14.644 V2», y precisa que «en esa E.P. no aparece el área del 1[er] globo de terreno [y que] el englobe de los cinco lotes no concuerda con el plano que se protocolizó con [dicho título]», aunque acota que «en el plano se encuentra incluida la zona de conflicto».

(iii) En cuanto a la cesión de S. U. y Cía. Limitada a B. D. E., de la zona verde #1, con un área de 2.278,80, plasmada en la escritura pública XXX de 5 de abril de 1952 de la Notaría 4ª de esta ciudad, estima la perito que «es cierto que los 1.000 mts.2 aproximados de diferencia que hace parte de la zona verde N°1 (…) y que viene poseyendo C……., están incorporados en el predio del colegio», situación que en su momento no fue definida por el ente territorial, evidencia de ello es «que la aprehensión de las zonas cedidas (…), se hizo mediante el acta de toma de posesión N°123 del 30 de septiembre de 2005», y de otra parte expresa, que los instrumentos allegados muestran «que para el año de 1943 existía un encerramiento en piedra que no solamente cubría el predio de propiedad del G. F. sino también parte de la zona verde en discusión», concretamente menciona un documento de la Secretaría de Obras Públicas de 27 de agosto de 1940, en el que se «concede licencia al señor A. B., para reconstruir parte de la muralla de piedra que encierra el lote y la casa número 4-26 de la calle 80», y agrega, que en el trabajo de campo por ella realizado pudo verificar que «la piedra que rodea el predio del colegio C. aparentemente posee las mismas características físicas en todos sus lados», así mismo que «en dicha zona se encuentra construida una cancha de tenis, que de igual manera está encerrada en la referida muralla de piedra», y sobre esta «se ha construido una malla metálica que encierra dicha zona».

h). Testimonios recibidos por el juez de conocimiento en agosto de 2006, a G. E. K. de M., S. P. de T., L. P. de D., B. E. S. de S. y T. B. de G., quienes estudiaron en el G. F. durante la década de 1940, quienes coincidieron en informar acerca de la existencia de una cancha de tenis dentro de las instalaciones de la institución educativa, la que se encontraba encerrada hacia la parte occidental (cdno.1, 121-122, 124-128).

7. En punto del «error de hecho», el inciso final del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, permite inferir que su eficacia para quebrar el fallo impugnado en casación, deriva de que sea manifiesto o protuberante, además de trascendente y que se logre su demostración, en principio, mediante el cotejo o parangón entre el contenido de los medios de prueba apreciados erróneamente o cuya valoración se pretirió, con lo inferido de aquellos por el sentenciador, o lo que dejó de dar por acreditado y con apoyo en una argumentación clara y precisa, revelar la contrariedad de las ideas obtenidas, con el verdadero sentido de las plasmadas en los elementos de juicio; dejando claro además, que puede presentarse también desatino en la estimación de la demanda o su contestación.

La jurisprudencia de esta corporación, en sentencia CSJ SC4393-2014, 8 abr. 2014, rad. 2006-00639-01, sobre el aludido yerro, sostuvo:

En consideración a la vía seleccionada en el ámbito de la causal primera a fin de acusar el fallo del tribunal, esto es, la senda indirecta por yerro fáctico, ha de reiterarse que en la labor de valoración de las pruebas los jueces gozan de discreta autonomía para adoptar sus decisiones, por lo que las providencias con las que resuelven los litigios sometidos a su conocimiento llegan precedidas de la presunción de verdad y acierto, de ahí que la tarea del impugnante extraordinario necesariamente debe estar dirigida a demostrar el desatino atribuido al juzgador, además de evidenciar que el desacierto tiene la connotación de ser notorio, es decir, que es manifiesta la contrariedad de lo deducido con la realidad que surge del proceso, específicamente de los elementos de convicción y, también que es trascendente, circunstancia esta que denota su total idoneidad para aniquilar la decisión (CSJ SC, 16 Jun. 2009, Rad. 2003-00003).

Así mismo, en sentencia CSJ, 16 mayo 2013, rad. 2005-00131-01, en lo pertinente, se manifestó:

La doctrina jurisprudencial de esta Corporación acerca del ‘error de hecho’, en sentencia de 9 de marzo de 2012, exp. 2006-0038, memoró que ‘(…) ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (LXXVIII, p. 313), es decir, acontece ‘a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad sí existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento’ (cas. civ. sentencia 034 de 10 de agosto de 1999, exp. No. 4979); siendo tal su notoriedad y gravedad, ‘cuando su sólo planteamiento haga brotar que el criterio del sentenciador fue totalmente desenfocado, que está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo cual ocurre en aquellos casos en que ‘el fallador está convicto de contraevidencia’ (cas. civ. sentencias de 11 de julio de 1990 y 24 de enero de 1992), ‘cuando el sentenciador se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ (CCXXXI, pág.644), o en otros términos, ‘que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso (…)’ (G.J. Tomo LXXVII, pág. 972)’ (cas. civ. sentencias 006 de 12 de febrero de 1998, expediente 4730; 080 de 18 de septiembre de 1998, exp. 5058) (…)’.

8. Al confrontar o cotejar las reflexiones sentadas por el sentenciador en desarrollo de la actividad de valoración de los medios de convicción, con el contenido material de los mismos, y los cuestionamientos de la censura acerca de los resultados de esa labor, se verifica la ausencia de demostración del «error de hecho» sustento de la acusación.

Sobre el particular, obsérvese que el Tribunal luego de precisar que la prosperidad de la «pretensión reivindicatoria», imponía al demandante acreditar, entre otros requisitos, el «derecho de dominio» sobre el bien reclamado, verifica que en principio podría darse por satisfecha tal exigencia con base en las estipulaciones contenidas en la «escritura pública n° XXX del 5 de abril de 1952», donde consta el acto de cesión de algunas zonas verdes al entonces «D. E. de B.», con relación a la «u. P.», no obstante también interpreta que «las escriturales XXX del 17 de diciembre de 1943 y XXX del 30 de junio de 1967», igualmente revelan que «C..» es propietaria de la «franja de terreno» en cuestión, aunque descarta apoyarse en el título más antiguo a fin de solucionar la incertidumbre derivada de esa situación, pues estima que «la médula jurídica no emerge de la temporalidad de los instrumentos, sino de las áreas que los componen, donde curiosamente todos ellos registran, no de manera clara ni precisa, el fragmento de tierra hoy exigido».

Por su lado, el impugnante asevera que en la comentada deducción atinente a reconocerle a la convocada el aludido poder jurídico, el sentenciador incurrió en desatino fáctico, toda vez que en el convenio contenido en la citada «escritura XXX», se alude a la permuta celebrada entre A. B. y otra, con el «G. F.», transfiriéndole a este el predio de la calle 80 Nº 4-26, que comprende «una casa de habitación, junto con el globo de terreno en donde está edificada, sus jardines y predios adyacentes», sin que ahí se especifique la |título, esto es, la «escritura XXX», se plasmó la venta a «C.» de un inmueble integrado por cinco globos de terreno, junto con las edificaciones existentes, ubicado en la calle 80 n° 4-26/46 y carrera 4ª n° 80-53, y el juzgador de segundo grado no se percató que en ese contrato se involucró la «franja de terreno» pretendida por la accionante, situación esta improcedente por tratarse de un «bien de uso público».

Como puede apreciarse, el censor expone la idea de que en el acto de unificación o englobamiento de los aludidos inmuebles transferidos por el «G. F.» a «C.», está incluida la «franja de terreno» pretendida, y a pesar de resaltar que es un «bien de uso público», omite ampliar los argumentos tendientes a evidenciar el equívoco en las conclusiones del tribunal.

Es cierto que en la «escritura XXX de 5 de abril de 1952», en la que consta la cesión al «D.E.», se describe en la cláusula primera literal a), la denominada «zona verde #1» (literal a, cláusula 1ª), empero no fue posible la localización de la «franja de terreno objeto de la reivindicación» en el predio donde se encuentran las instalaciones, antes del «G. F.» y actualmente del «colegio C.», pues en la primera experticia el perito conceptuó que [r]evisadas las escrituras contentivas de la tradición de los inmuebles, sus linderos y anexidades transmitidas y los planos protocolizados con las mismas, así como la escritura de cesión de la zona verde número uno (#1), la parte de dicha zona que en el costado oriental la demanda considera ocupada por el Colegio de C. y que corresponde a la cancha deportiva , esta no pertenece o no se encuentra involucrada o inmersa dentro de la zona verde #1 y por tanto no corresponde al dominio o propiedad del D. C. de B., y en la segunda peritación, a pesar de concretar que la señalada «zona de cesión» hizo parte de la «finca P.», se determinó que después de la venta de F. R. al seminario conciliar de S. J., la «zona en conflicto perdió su ubicación en el lindero sur, puesto que hizo falta el más importante de sus colindantes, como fue, el señor R. U. o en su defecto el señor M.A.C.D. y L. C. de C.».

Ahora, en punto del requisito de la «posesión material por el demandado», téngase en cuenta que en el fallo impugnado de manera categórica se sostiene que el «G. F.» ocupa la aludida «franja de terreno», inclusive con antelación a la cesión efectuada por «S. U. & Cía. Ltda.» al «D. E. de B.», verificada en abril de 1952, deducción obtenida de las pruebas incorporadas, especialmente de los testimonios de las ex alumnas de la mencionada institución educativa, resaltando que ellas «coinciden en que para el año de 1945, ya existía la cancha de tenis, la cual estaba al servicio educativo que sus propietarios brindaban a la comunidad escolar», situación que también se dice percibir de las fotografías aportadas al plenario que para esa época muestran torneos escolares.

Cabe acotar, que las citadas evidencias le permitieron al juzgador reafirmar la convicción de que «no solo la posesión sino el dominio efectivo del fragmento del bien reclamado responsa en cabeza del establecimiento educativo», y de otro lado, insistir en que se presenta una alinderación irregular respecto del terreno materia del litigio, «lo que dio lugar a que los comportamientos de la pasiva, no solo se tradujeran como de ánimo de señorío y dominio, sino de tal entidad, que ellos trascienden a los de un titular pleno del derecho de dominio».

Como podrá advertirse, son varios los elementos que le sirven de sustento a la sentencia atacada, mientras que la impugnante esencialmente apoya la acusación en el contenido de la escritura pública en la que consta la cesión de la propiedad, entre otras, de la aludida «zona verde #1», y la consideración de que se trata de un «bien de uso público», al igual que la falta de descripción de la misma en los títulos de la demandada, sin detenerse a exponer con suficiencia los argumentos para rebatir y evidenciar el error endilgado a las deducciones del ad quem.

En ese contexto, es claro que le correspondía a la censura demostrar la errada valoración de los elementos de convicción por el juzgador, desvirtuando las conclusiones por este obtenidas, esto es, la concerniente a que la accionada también tenía derechos de propiedad sobre la «porción de terreno» pretendida, al igual que la misma venía siendo ocupada por la convocada desde antes que a la actora se le hiciera la cesión de la «zona verde #1», como también la circunstancia atinente a la imposibilidad identificar la citada «franja de terreno» en el área donde se encuentran las instalaciones del establecimiento educativo de C., antes del G. F.

Sin embargo, se torna limitada la exposición del recurrente, puesto que omite examinar con detenimiento los señalados aspectos y explicar por qué considera que en las reflexiones del fallador subyace el desatino en que apoya la acusación, y con base en el análisis de los elementos de juicio legal y oportunamente incorporados, evidenciar la concurrencia de los presupuestos sustanciales para la prosperidad de la acción promovida, exteriorizando de esa manera la trascendencia del «error de hecho» invocado.

Finalmente, cabe agregar que el cargo también luce incompleto, debido a la preterición del opugnante de atacar el argumento del Tribunal relativo a que «al no estar determinada claramente la titularidad del derecho de dominio sobre la parte actora, ni tampoco la posesión inequívoca de la parte a quien se le llama a juicio, (…), cumple destacar que la acción promovida por el D. E. de B., no es la vía judicial idónea para zanjar las contrariedades, ni los vacíos que se generaron durante la tradición de los bienes involucrados en la demanda, que tienen que ver exactamente con la extensión y real alinderación de los predios contiguos que ponen límite a los derechos de los contendores, y que infortunadamente repercute sobre la porción de terreno aquí en la presente demanda, (…), pues a razón de ello, sobre la parte conminada no puede tenérsele inequívocamente como propietario, y así verificar si los actos del accionado son meramente de posesión o dominio pleno, ocurrencias que traen como secuela la improsperidad de las pretensiones elevadas. Por lo tanto, es evidente que la comentada deficiencia técnica, en principio afecta la eficacia de la acusación e impide que salga avante, puesto que las mencionadas consideraciones son suficientes para preservar la vigencia del fallo, en tanto advierten la falta de acreditación plena de algunos de los requisitos necesarios para la prosperidad de la reivindicación.

9. En razón a que la impugnación no alcanza éxito, con apoyo en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, se condenará en costas al recurrente y al tenor del precepto 19 de la Ley 1395 de 2010, que modificó parcialmente el 392 de aquel ordenamiento, en esta misma providencia se hará la fijación de agencias en derecho, para lo cual se tomará en cuenta que las opositoras replicaron oportunamente la demanda de casación.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. No casa la sentencia de 26 de marzo de 2012 proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario reseñado en el encabezamiento de este fallo.

2. Condenar al recurrente en el presente trámite extraordinario al pago de las costas procesales a favor de C. y de la C. E. G. F. Hágase la respectiva liquidación por separado e inclúyase la suma de $3’000.000 para cada una de las mencionadas personas jurídicas.

3. Oportunamente devolver el expediente al tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese».