Sentencia 19746 de febrero 19 de 2006 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

DELITO CULPOSO

Aspectos objetivos y subjetivos.

Aprobado Acta 03

Magistrado Ponente:

Dr. Édgar Lombana Trujillo

Bogotá, D.C., diecinueve de enero de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. En orden a lo previsto en el numeral 3º del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal, no hay duda que a la Corte compete conocer el recurso de apelación interpuesto por los sujetos procesales contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales superiores de distrito judicial, en consecuencia, entrará a resolver la presentada por el acusado Javier Vicente Barragán Negro, mas no la correspondiente al apoderado de Carlos Hernando Calderón Niño, por las siguientes razones:

No hay duda que para la época en que se tramitó y calificó el sumario, y se adelantó la causa incluida la celebración de la audiencia de juzgamiento, la fiscalía delegada y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, tenían competencia para ello al amparo de los artículos 70-2, modificado por el artículo 4º de la Ley 504 de 1999, y 90-1 del Decreto 2770 de 1991, que atribuían a los tribunales superiores de distrito judicial la competencia para conocer en primera instancia de los procesos seguidos en contra de los fiscales delegados ante los jueces penales del circuito, conservando la unidad procesal cuando en la comisión del delito hubiese participado otra persona no aforada, en virtud a que su ruptura solo procedía cuando el fuero era constitucional.

Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000, la situación varió ya que su artículo 92-1 ordena no conservar la unidad procesal cuando en el delito intervenga una persona para cuyo juzgamiento exista fuero constitucional o legal que implique cambio de competencia o que esté atribuido a una jurisdicción especial.

Es decir, la nueva normatividad adicionó al fuero constitucional el legal para la ruptura de la unidad procesal, de donde se infiere, como lo viene reiterando la Sala interpretando adicionalmente los artículos 76 y 91 ibídem, que cuando concurren en la comisión del delito una persona con fuero legal para ser juzgado y otra carente de él, es imperativo romper la unidad procesal.

Ahora bien, comoquiera que la Ley 600 de 2000 entró a regir el 24 de julio de 2000 y que las normas relativas a la competencia son de orden público y por ende de aplicación inmediata, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal carecía de competencia para dictar sentencia en relación con Carlos Hernando Calderón Niño por no tener fuero para su juzgamiento, es decir, que debió romper la unidad procesal, pero como no lo hizo se configuró la causal 1 del artículo 306 la Ley 600, esto es falta de competencia del funcionario judicial, la cual se decretará en este proveído cubriendo tan solo parcialmente el fallo, disponiendo el envío de fotocopias de lo actuado al Juez Promiscuo del Circuito de Monterrey, para que dicte la sentencia correspondiente.

2. Pues bien, determinada la competencia de la Sala, y valorados en conjunto los medios de convicción de cara a los argumentos expuestos en la sentencia y a los ofrecidos por los impugnantes, concluye que el a quo acertó al condenar al doctor Javier Vicente Barragán Negro, como autor del delito de peculado culposo. Veamos:

Se le acusa de ocasionar la pérdida de la pistola marca Browing, calibre 7.65, distinguida con el número 777333, que hacía parte del proceso que adelantaba el doctor Barragán Negro en contra de Humberto Plinio Paez Aponte; al incumplir el deber objetivo de cuidado en punto al ejercicio de las funciones relacionadas con la administración y custodia de este tipo de elementos.

La Sala determinará la norma penal sustantiva aplicable, realizará su estudio dogmático, y finalmente decidirá si hay certeza sobre su concurrencia y la responsabilidad en ella del acusado.

3. El artículo 137 original del Decreto 100 de 1980, describe el peculado culposo de la siguiente manera:

“El empleado oficial que respecto a bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte, o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, por culpa dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen, incurrirá en arresto de seis (6) meses a dos (2) años, en multa de un mil a veinte mil pesos e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) meses a dos (2) años”.

Norma que fue modificada por el artículo 32 de la Ley 190 de 1995, en los siguientes términos:

“El servidor público que respecto a bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte, o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, por culpa dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen, incurrirá en arresto de seis (6) meses a dos (2) años, en multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes de acuerdo con la dosificación que haga el juez o interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a dos (2) años”.

Del cotejo de estas dos normas se deduce que las variaciones se limitan a las consecuencias jurídicas ya que la multa que fluctuaba entre mil y veinte mil pesos pasó a una de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, permaneciendo el arresto de 6 meses a 2 años, y la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso.

A su turno, el artículo 400 de la Ley 599 de 2000 lo describe así:

“El servidor público que respecto a bienes del Estado de empresas o instituciones en que este tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, por culpa dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término señalado”.

Precepto que frente a los anteriores enseña que además de adicionar el vocablo tenencia como justificación de la conservación del objeto material de la infracción, contiene los siguientes cambios sobre las penas: el arresto de 6 meses a 2 años pasó a prisión de 1 a 3 años, la interdicción de derechos y funciones públicas entre 6 meses y 2 años fue reemplazada por inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas, por el mismo lapso.

Significa lo anterior, que la norma aplicable a este caso, como lo reclama el procesado Barragán Negro, es el artículo 137 original del Decreto 100 de 1980, por ofrecer mayores ventajas a los acusados ya que si bien el supuesto de hecho es idéntico en lo fundamental, las penas allí previstas son menores, en lo que tiene que ver con las principales de multa e interdicción de derechos y funciones públicas, ya que el arresto no puede ser aplicado debido a que la Ley 599 de 2000 suprimió esa clase de pena en los tipos penales, en aplicación del principio de favorabilidad.

4. Tipo penal que exige la presencia de un sujeto activo cualificado comoquiera que tiene que ostentar la condición de empleado oficial (hoy servidor público); quien con su conducta ha de ocasionar el extravío, pérdida o daño de los bienes que están bajo su administración, tenencia o custodia por razón (o con ocasión) de sus funciones; resultado que debe surgir como la consecuencia de su actuar culposo o imprudente, y mediar relación de determinación o causalidad entre la conducta imprudente y el extravío, pérdida o daño de los bienes.

Por su parte, el artículo 23 de la Ley 599 de 2000 define la culpa como una modalidad de conducta punible que se configura cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado, y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo.

Regulación con la cual la legislación se puso a tono con la jurisprudencia de esta Sala que, venía afirmando que la infracción al deber objetivo de cuidado era el criterio fundamental de imputación en los delitos imprudentes.

4.1. Así entonces, el tipo objetivo del delito culposo estará compuesto por los elementos que integran el supuesto de hecho bien sean descriptivos o normativos.

4.1.1. El sujeto puede ser indeterminado o calificado como sucede con el peculado culposo que exige la condición de servidor público.

4.1.2. La acción, se traduce en la ejecución de una conducta orientada a obtener un resultado diferente al previsto en el tipo correspondiente.

4.1.3. Requiere la presencia de un resultado físico no conocido y querido por el autor, que sirve de punto de partida para identificar el cuidado objetivo. Ello significa que será excepcional la presencia de un tipo de esta clase sin resultado material.

4.1.4. La violación al deber objetivo de cuidado. El autor debe realizar la conducta como lo haría una persona razonable y prudente puesta en el lugar del agente, de manera que si no obra con arreglo a esas exigencias infringirá el deber objetivo de cuidado.

Elemento con el que se aspira a que con la observancia de las exigencias de cuidado disminuya al máximo los riesgos para los bienes jurídicos con el ejercicio de las actividades, peligrosas, que es conocido como el riesgo permitido (en ámbitos como el tráfico, la medicina y el trabajo).

En razón a que no existe una lista de deberes de cuidado, el funcionario judicial tiene que acudir a las distintas fuentes que indican la configuración de la infracción al deber de cuidado, en cada caso. Entre ellas:

4.1.4.1. Las normas de orden legal o reglamentaria atinentes al tráfico terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, y a los reglamentos del trabajo, dirigidas a disciplinar la buena marcha de las fuentes de riesgos.

4.1.4.2. El principio de confianza que surge como consecuencia de la anterior normatividad, y consiste en que quien se comporta en el tráfico de acuerdo con las normas puede y debe confiar en que todos los participantes en el mismo tráfico también lo hagan, a no ser que de manera fundada se pueda suponer lo contrario.

Apotegma que se extiende a los ámbitos del trabajo en donde opera la división de funciones, y a las esferas de la vida cotidiana, en las que el actuar de los sujetos depende del comportamiento asumido por los demás.

4.1.4.3. El criterio del hombre medio, en razón del cual el funcionario judicial puede valorar la conducta comparándola con la que hubiese observado un hombre prudente y diligente situado en la posición del autor. Si el proceder del sujeto agente permanece dentro de esos parámetros no habrá violación al deber de cuidado, pero si los rebasa procederá la imprudencia siempre que converjan los demás presupuestos típicos.

4.1.4. (sic) Relación de causalidad o nexo de determinación. La transgresión al deber objetivo de cuidado y el resultado típico deben estar vinculados por una relación de determinación, es decir, la vulneración debe producir el resultado.

4.2. Aspecto subjetivo. Es clara la presencia de contenidos subjetivos en el delito imprudente, ellos son:

4.2.1. Aspecto volitivo. El resultado típico no debe estar comprendido por la voluntad, o abarcándolo debe hacerlo con una causalidad distinta de la que el agente programó.

4.2.2. Aspecto cognoscitivo. Exige la posibilidad de conocer el peligro que la conducta representa para los bienes jurídicos y de prever el resultado con arreglo a esa cognición.

5. Frente a este marco jurídico, para la Sala es evidente la concurrencia de estos elementos:

5.1. Se acreditó que para la época de los hechos el doctor Javier Vicente Barragán Negro, desempeñaba el cargo de Fiscal 16 de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Juzgado Promiscuo de Monterrey.

Servidor público que por razón de las funciones conservaba la disponibilidad jurídica del arma de fuego, ya que hacía parte de un proceso que por su naturaleza y el lugar de la comisión del delito, porte ilegal de armas, le correspondió conocer.

5.2. Se le endilga dar lugar a la pérdida de la pistola al contravenir las normas que regulaban el desempeño de sus funciones, en relación con su custodia y vigilancia. Es decir, que sin dirigir su conducta a obtener su pérdida produjo el resultado típico.

Resultado comprobado en la actuación, pues se acreditó que la pistola le fue retenida a Plinio Paez por el Ejército Nacional, quien la puso a disposición del Juzgado Promiscuo Municipal de Tauramena, y de allí a la unidad de fiscalías delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey, de cuyas instalaciones desapareció.

Así lo evidencian los oficios por medio de los cuales el Ejército Nacional informó y dejó a disposición tanto al capturado como a los elementos, del Juzgado Promiscuo Municipal de Tauramena y el funcionario judicial los remitió a la unidad de fiscalías delegada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Monterrey; la constancia de la secretaría de la unidad dando fe del recibo de los elementos; el auto a través del cual el Juez Promiscuo del Circuito de Monterrey ordenó pedir a la unidad de fiscalía el envío de los elementos; constancia dejada por el entonces secretario de la unidad, José Alfredo Cucaita Ramos, en el sentido de no encontrar anotación sobre el ingreso del arma a la unidad, ni de su remisión a otra autoridad en el libro de registro de armas y municiones; la resolución dictada por el fiscal acusado informando de la recepción de la pistola por parte del otro acusado ordenando informar en ese sentido al juez de conocimiento y de su extravío; y la información suministrada por la Estación de la Policía de Monterrey, y por la Unidad Investigativa de Policía Judicial y el Grupo de Seguridad Rural de Monterrey del DAS seccional Casanare, atinente a no haber recibido el arma en custodia.

5.3. Para la Sala es evidente que con el proceder del acusado violó el deber objetivo de cuidado obligado a cumplir en el ejercicio de las atribuciones relacionadas con la custodia y vigilancia de la pistola, ocasionando con ella su pérdida.

En efecto, con el propósito de evitar la pérdida, extravío o daño de las armas que hagan parte de investigaciones penales, el legislador expidió el Decreto 2535 de 1993, cuyo artículo 95 reza:

“Material vinculado a un proceso penal. Las armas y municiones de cualquier clase que son puestas a disposición de las autoridades judiciales y que hicieren parte del proceso, se pondrán por el respectivo juez o funcionario bajo control y custodia de las autoridades militares o de la Policía Nacional, según el caso, en un término no mayor a 30 días y allí quedarán a disposición del funcionario competente para los efectos de la investigación. Las inspecciones judiciales y los dictámenes a que hubiere lugar, deberán practicarse dentro de las dependencias donde queden dichas armas y municiones y solamente cuando se requiera la experticia del laboratorio, podrá disponerse su traslado, bajo el control y custodia de las autoridades militares o de la policía”.

El memorando 1 expedido por el Fiscal General de la Nación el 14 de enero de 1994, en los incisos 2º y 3º del numeral 7º, estipula:

“Los instrumentos con los que se haya cometido un delito doloso que provengan de su ejecución y que no tengan libre comercio, excepto las armas, y lo dispuesto en normas especiales deben pasar a poder de la Fiscalía General de la Nación desde el mismo momento en que sean incautados o aprehendidos. Para tal efecto los fiscales delegados deberán poner a disposición el bien para efectos de la asignación provisional”.

“En caso de decomiso de armas, estas deberán ser puestas a disposición del comando general de las Fuerzas Militares”.

Preceptos que venían siendo aplicados por los fiscales delegados ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Monterrey, y en concreto por el acusado.

Así lo manifiesta José Alfredo Cucaita Burgos, quien fuera secretario de la unidad tras el traslado de Calderón Niño, al aseverar que el manejo de las armas de fuego estaba a cargo de la secretaría, las cuales eran enviadas dentro de los 30 días siguientes a los batallones o distritos militares en cumplimiento de la norma respectiva.

Complementando que el control se llevaba por medio de un libro en el que se registraban los siguientes datos: clase de arma, calibre, lugar en donde se encontraba, fecha de envío y número de oficio.

El coordinador de la unidad, doctor Plinio Raúl Avella Fonseca, aseverando, que la orden existente era enviar las armas a la unidad militar más cercana del lugar; aclarando, que en la localidad funcionaba una guarnición militar, el cuartel de la policía y el DAS.

Y, al referir, que dispuso abrir un libro para su control, precisando que por lo general los procesos y los elementos eran recibidos por la secretaría quien pasaba el expediente al fiscal manteniendo los elementos en espera de la resolución que dispusiera su envío en custodia.

El acusado, Barragán Negro, al manifestar que la vigilancia y custodia de esa clase de elementos correspondía al secretario, en este caso, Calderón Niño, al igual que su registro en el libro correspondiente, bajo la supervisión del jefe de la unidad doctor Plinio Avella Fonseca.

Disposiciones que como pasa a demostrarse fueron transgredidas por el doctor Barragán Negro.

La investigación descubrió que el proceso fue recibido por Carlos Hernando Calderón Niño, el 12 de agosto de 1994, junto con la “Pistola marca Browing, calibre 7.65; que el 16 del mismo mes y año el secretario Calderón Niño pasó el expediente al coordinador Barragán Negro, quien lo asignó a su despacho avocando conocimiento ese mismo día; el 29 de agosto dictó medida de aseguramiento de caución prendaria en contra del sindicado como presunto autor del delito de porte ilegal de armas de defensa personal, dando por acreditado el buen funcionamiento de la pistola; el 5 de febrero de 1996 revocó la libertad provisional del sindicado por incurrir en un nuevo delito de porte ilegal de armas; el 12 de febrero sustituyó la caución por detención preventiva sin excarcelación; y el 5 de marzo adelantó el trámite de sentencia anticipada disponiendo el envío del expediente al juzgado promiscuo del circuito de esa localidad para el fallo correspondiente, sin poner a disposición la pistola, decisión que fue cumplida por el secretario II, Cucaita Burgos, en esa misma fecha; dos días después el juez del conocimiento ordenó pedir a la fiscalía la pistola.

Se deriva de la actuación, que durante el tiempo que el proceso estuvo a conocimiento del procesado, del 12 de agosto de 1994 al 12 de febrero de 1996, el secretario no expidió ninguna constancia pasando los elementos al despacho, como reiteradamente lo ha sostenido la defensa técnica para descartar su disponibilidad material.

No empece lo anterior, así careciera de la custodia material, no hay duda que conservaba su disponibilidad jurídica por ser el fiscal instructor la única persona que tenía la facultad legal de decidir su destino, y la obligación de velar por su custodia y vigilancia.

Ahora, teniendo el deber de enviar en custodia la pistola a las autoridades militares o de policía del lugar más cercano dentro de los 30 días siguientes a su recibo, se abstuvo de hacerlo.

Omisión que sin éxito pretende justificar aduciendo no haber tenido en su poder el arma, pues, se reitera, ostentaba el poder legal de disponer de ella y la obligación de implementar las medidas necesarias para protegerla. Pese a ello, se abstuvo de remitirla a las autoridades correspondientes y realizar las diligencias pertinentes para evitar su pérdida, comoquiera que se desentendió por completo de su suerte hasta el punto de ignorar el lugar en donde permanecía en la unidad.

Para la Corte es claro que sabía que la pistola estaba a su disposición pues así se lo evidenciaba el contenido del proceso, el que desde luego debió leer para avocar el conocimiento, resolver la situación jurídica del sindicado, tramitar la solicitud de sentencia anticipada y adoptar las demás decisiones; amén, que la naturaleza jurídica del delito así se lo demostraba.

Así se lo daba a entender el informe del comandante de la Base Militar de Tauramena, enterando al juez promiscuo municipal de esa localidad del porte ilegal de la pistola, y dejando a disposición el sindicado y el arma de fuego.

También la indagatoria de Paez Aponte rendida ante ese mismo funcionario, explicando la procedencia del arma y su tenencia, reconociendo, además, que la a él exhibida en esa diligencia era la misma retenida.

El oficio del 8 de agosto de 1994, por medio del cual el aludido juzgado remitió por competencia el expediente a la Unidad de Fiscalías de Monterrey colocando a su disposición el arma, y la constancia de recibido dejada por la secretaría de la unidad que ostenta el oficio en su parte inferior, de fecha 12 de agosto.

Y, la resolución del doctor Barragán Negro contestando el requerimiento de envío del arma hecho por el juez de conocimiento, informando que había sido recibida por el secretario Calderón Niño sin dejarla a su disposición, encontrándose extraviada; anunciando, además, la adopción de medidas conducentes a obtener su recuperación y/o abrir las acciones legales correspondientes.

Si bien es cierto que dentro del expediente no obra constancia que el secretario hubiese pasado el arma al despacho del fiscal, también lo es que ello no impedía su envío ya que estaba obligado a su remisión inmediata habida cuenta que no la necesitaba para exhibirla al sindicado o a cualquier testigo, ni para la práctica de pruebas técnicas como lo evidencia la actuación procesal, ya que la indagatoria había sido recibida por el Juez Promiscuo Municipal de Tauramena y en ella el sindicado reconoció que el arma exhibida era la misma que le había sido incautada, no se citó a ningún testigo para su reconocimiento, ni era necesario examinar su funcionamiento como el procesado lo reconoció en la situación jurídica dando fe de su buen estado de funcionamiento al realizar la adecuación típica, y por virtud del delito investigado, porte ilegal de armas, no requería prueba de balística.

Argumentos que enerva el planteamiento adicional de la defensa relativo a que por exceso de trabajo y haber permanecido algún tiempo sin técnico que le colaborara se le pasó por alto enviarla a las autoridades para su custodia, ya que tratándose de un delito de porte ilegal de armas que implica la retención de la pistola, ser reiterado en el expediente ese hecho y la puesta a disposición de las autoridades judicial como elemento del proceso, es totalmente injustificable que hubiese omitido su envío, y no realizar ninguna actividad eficaz para evitar su pérdida.

Y, el relativo a no remitirla a la Policía Nacional porque no contaba con un armerillo, al DAS porque no las recibía y al Ejército Nacional por su negativa a recibirlas debido a un episodio en el que unos soldados utilizando este tipo de armas atentaron contra los bienes de unos pasajeros de un bus; ya que los demás funcionarios y empleados que declararon son contestes en aseverar que estos elementos eran enviados en custodia, y las copias del libro de control de armas así lo confirma pues en él constan los envíos múltiples hechos a la Brigada Militar 16 de Yopal y a la Policía Nacional de Monterrey, incluso existen varios hechos a la Policía Nacional en el año de 1994, destacándose uno del mes de julio y otro del 14 de octubre, hecho por el mismo procesado.

Como puede verse, ninguna hesitación persiste sobre el actuar negligente del acusado.

No es cierto que restó por aclarar si el arma salió o no de la unidad, ya que se acreditó que fue recibida junto con el expediente y al ser este enviado al juzgado de conocimiento no fue encontrada, dando lugar a esta investigación, sin que fuera necesaria la inspección judicial a las instalaciones de la fiscalía para determinar si el arma fue extraída, para atribuirle el delito culposo.

Carece de razón el acusado al aseverar que no se aclaró si los elementos fueron enviados en custodia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tauramena, pues, se insiste, se comprobó que los puso a disposición de la unidad de fiscalía delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey, siendo recibidas por su secretario, Carlos Hernando Calderón Niño.

Tampoco acierta al aducir en su favor el principio de confianza fundado en que por el exceso y división de trabajo en la unidad debía confiar en que los empleados observaran plenamente sus funciones, por cuanto dicho principio impediría la imputación del resultado típico siempre que él hubiese observado el deber objetivo de cuidado en la custodia y vigilancia de la pistola, lo cual, como ya se vio, no hizo, propiciando con ello su pérdida.

Es evidente, pues, que el doctor Barragán Negro transgredió el deber objetivo de cuidado.

5.4. Abstenerse de enviar la pistola a las autoridades militares o de policía para su custodia en el término previsto en la ley, e implementar mecanismos idóneos para evitar su pérdida al no remitirlos inmediatamente, opuesto al pregonar de la defensa, se constituyó en causa determinante para su desaparición; dado que de haberlo entregado en custodia una vez recibió las diligencias, o estar atento a su cuidado verificando el lugar y las medidas de seguridad en que se conservaba, obvio que la pérdida no se habría producido.

No acierta la defensa al argüir que la tardanza en la puesta a disposición de los elementos por el secretario hace desaparecer la relación de causalidad necesaria entre la conducta y el resultado típico, porque lo que se atribuye como motivo determinante de la desaparición, es pretermitir poner la pistola en custodia de las autoridades correspondientes, y llevar a cabo diligencias idóneas para evitar su pérdida, desbordando de esta manera el riesgo permitido.

5.5. Es evidente que el procesado sabía que con su comportamiento estaba exponiendo el arma a su pérdida, extravío o daño, sin embargo, confió en que dicho resultado no se diera.

Reiteradamente la Sala ha dejado en claro que los objetivos de la acción penal difieren de los de la disciplinaria, de modo que estando frente a la comisión del delito de peculado, la obligación de la jurisdicción es juzgarlo y condenar a sus responsables.

En fin, acreditados como están los requisitos para condenar, la Sala confirmará la sentencia recurrida, pero revocando las penas impuestas ya que como atrás quedó visto el arresto desapareció en la Ley 599 de 2000 por lo que por favorabilidad no puede imponerse, y las de multa e interdicción de derechos y funciones son más benignas las previstas en el artículo 137 original del Decreto 100 de 1980.

Así entonces, atendiendo a la gravedad de la infracción, la situación económica del procesado y su posibilidad de pago, se le impondrá un multa de $ 10.000, e interdicción de derechos y funciones públicas por 1 año.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia;

RESUELVE:

1. Declarar la nulidad parcial de la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala Civil Familia Laboral Penal, en relación con las decisiones adoptadas respecto de Carlos Hernando Calderón Niño. Decrétase la ruptura de la unidad procesal y expídanse copias de lo actuado con destino al Juez Promiscuo del Circuito de Monterrey (Casanare) por competencia, y para que proceda de conformidad con lo expuesto en esta decisión.

2. Confirmar la sentencia condenatoria en lo que atañe al acusado, Javier Vicente Barragán Negro.

3. Modificar el numeral primero de la sentencia, en el sentido de no imponer a Barragán Negro pena de arresto, y condenarlo al pago de una multa equivalente a diez mil pesos $ 10.000, e interdicción de derechos y funciones públicas por un (1) año.

4. Devuélvase el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala Civil Familia Laboral Penal.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

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