Sentencia 1976 de septiembre 11 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

CONCEJALES Y DIPUTADOS

INHABILIDADES ELECTORALES

EXTRACTOS: «El actor solicitó la nulidad de la elección de Néstor Adolfo Cortés Salazar como concejal municipal de El Espinal para el período 1998 al 2000, contenida en el acta de elección proferida por la comisión escrutora municipal, del 2 de noviembre de 1997 y en consecuencia ordenar la cancelación de la respectiva credencial.

(...).

Mediante sentencia del 21 de mayo de 1998, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad del acto acusado, por encontrar que el demandado se encontraba inhabilitado para ser elegido concejal.

(...).

Se procede al estudio de fondo de la controversia, que estriba en el hecho de que el desempeño del elegido en el cargo de profesional universitario (jefe distrito Nº 1, con sede en El Espinal), dependiente del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Tolima, hasta el 14 de julio de 1997, es decir, dentro de los seis meses precedentes a la fecha de su elección como concejal de ese municipio, quedó comprendido en lo que el artículo 44, numeral 5º de la Ley 200 de 1995 denomina “incompatibilidades”, aun cuando del contenido de la norma se desprende una clara referencia a que la conducta allí prevista (“No podrán ser elegidos diputados ni concejales...” etc.), es una típica causal de inhabilidad.

Ahora bien, que ese precepto tiene plena aplicación al caso sub judice, es un hecho indubitable, pues debe entenderse que con él quedaron subrogados los numerales 2º y 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 que, a su vez, lo habían sido por el artículo 11 de la Ley 177 del mismo año, según los cuales la inhabilidad por desempeño, de cargo público surgía, en el primer caso, cuando ese desempeño comportara el ejercicio de jurisdicción o autoridad civil, administrativa o militar, dentro de los seis meses anteriores a la elección o, en el segundo, el simple desempeño de cargo público, de trabajador oficial, dentro de los tres meses anteriores, salvo en el sector de la docencia. Con la nueva norma del código disciplinario se unifica el período, en seis meses, que inhabilita a causa de desempeño de cargo público o trabajo oficial, sin importar si ese desempeño significó ejercicio de autoridad civil, administrativa militar, o si lo fue en la docencia.

El asunto es ajeno, en contra del respetable criterio del apoderado del demandado, a la prevalencia de las normas especiales —las de los nums. 2º y 3º del art. 43 de la L. 136/94— sobre las de carácter general, como considera las de la Ley 200 de 1995, puesto que ambos preceptos hacen referencia expresa a las inhabilidades de los concejales, se refieren a la misma materia; además, el artículo 2º de la Ley 153 de 1887 establece que la ley posterior prima sobre la anterior, y el artículo 3º Ibídem prescribe que debe estimarse insubsistente una disposición legal, bien por declaración expresa del legislador, por incompatibilidad con disposiciones posteriores.

Por lo demás, el artículo 42 de la Ley 200 de 1995 estableció que “Se entienden incorporadas a este código las incompatibilidades e inhabilidades previstas en la Constitución, la ley y los reglamentos administrativos”, en lo que corresponda, y el artículo 177 ibídem estatuyó que la misma será aplicable “a todos los servidores públicos sin excepción alguna”.

Se infiere de lo anterior que la sentencia recurrida se encuentra ceñida a derecho y, por consiguiente, merece ser confirmada».

(Sentencia de septiembre 11 de 1998. Expediente 1976. Consejero Ponente: Dr. Roberto Medina López).

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