Sentencia 19766 de septiembre 10 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Herman Galán Castellanos

Aprobado en acta 106

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, la Corte es competente para decidir sobre el impedimento declarado por el magistrado ponente doctor Heberth Armando Ríos Quintana en el presente asunto y no aceptado por la Sala Dual del Tribunal Superior de Cali.

2. En forma reiterada, la corporación ha señalado que el instituto de los impedimentos se encuentra previsto como una garantía de imparcialidad y transparencia de la administración de justicia, de manera que el legislador ha establecido unas precisas circunstancias en las cuales considera que de actuar el funcionario en la solución de un determinado conflicto se verían afectadas dichas garantías, previéndose, entonces, la posibilidad de que el juez se separe de su conocimiento.

No obstante, la previsión de la recusación y la declaratoria de impedimento como mecanismos de protección de la imparcialidad de la administración de justicia, éstos no pueden surtirse de forma caprichosa, sino que se encuentran sujetos a principios como el de la texatividad de sus causales, es decir, que excluye la analogía o la extensión de los motivos señalados. De igual manera, la manifestación del impedimento es un acto personal, voluntario, de carácter oficioso e imperativo cuando se advierta la concurrencia de la causal, pero sujeto al cumplimiento estricto de las circunstancias invocadas, con el propósito que no sea utilizado como un medio para negarse en forma indebida a conocer de un determinado asunto.

Luego, el funcionario que se declara impedido debe expresar de manera clara los motivos en que sustenta la concurrencia de la causal de impedimento, para verificar su correspondencia con lo señalado en la ley.

4. Por consiguiente, cuando se formula la declaración del impedimento aduciendo la estructuración de la causal 3ª del artículo 99 de Código de Procedimiento Penal, relativa a que el funcionario judicial, o su cónyuge o compañero permanente, sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad segundo de afinidad o primero civil, del apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales, la situación planteada por el funcionario debe corresponder en forma cierta a una cualquiera de las posibilidades que establece la causal so pena de que el impedimento sea rechazado.

5. En efecto, como ha quedado señalado la configuración de la causal aludida debe corresponder de manera cierta a las circunstancias de orden fáctico en que se afirma se sustenta, y que no son otras que las referidas a que el impedimento se configura por la existencia de un determinado grado de parentesco entre el funcionario, o su cónyuge o compañera permanente con el defensor de alguno de los sujetos procesales, es decir, que en el funcionario directamente concurra el grado de parentesco señalado con el defensor, o bien en su cónyuge o en quien ostente la condición de compañera o compañero permanente en el momento en que se invoca la causal, esto es cuando deba emitir la decisión, de lo que surge con palmaria claridad que el vínculo de parentesco debe existir coetáneamente con la manifestación del impedimento.

6. Desde esta perspectiva, es indudable, que en el caso en cuestión no resulta acertada la conclusión expresada por los magistrados de la Sala de Decisión al no aceptar el impedimento, indicando que las circunstancias invocadas por el magistrado que se declara impedido para conocer del presente asunto, no tienen asidero legal, ya que, como lo anuncia, la hermana del defensor del procesado ya no es su cónyuge al haber terminado el vínculo de matrimonio que los unía, por lo que necesariamente no puede hacer referencia a un parentesco de afinidad que es consecuencia lógica de un lazo matrimonial ahora inexistente.

7. No obstante, que tal conclusión es parcialmente cierta en cuanto a que ya no puede predicarse la calidad de cónyuge respecto a la hermana del defensor, no es menos cierto que el parentesco que se generó en virtud del matrimonio anterior, por mandato de la ley continúa vigente.

De conformidad con el artículo 47 del Código Civil "la afinidad legítima es la que existe entre la persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer. La línea o grado de afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se califica por la línea o grado de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así un varón está en primer grado de afinidad legítima, en la línea recta con los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio; y en segundo grado de afinidad legítima, en la línea transversal, con los hermanos legítimos de su mujer", previsión que se encuentra conforme con los postulados de la actual carta política al haber sido declarada conforme a ella (1) y de la que se deduce que el parentesco de afinidad se mantiene vigente aun cuando ya no subsista el vínculo del matrimonio, así se colige de la expresión "la afinidad legítima es la que existe entre una persona que está o ha estado casada con los consanguíneos legítimos de su marido o mujer".

(1) Sentencia C-595 del 6 de noviembre de 1996, ponente doctor Jorge Arango Mejía.

Luego, pese a que el vínculo del matrimonio ya no existe en el caso del doctor Heberth Armando Ríos Quintana, el lazo de parentesco generado en razón de esa unión matrimonial continúa vigente, pues una vez creado por el vínculo del matrimonio es autónomo, es decir, que no se encuentra ligado a la subsistencia del matrimonio. Por consiguiente, al concurrir la circunstancia invocada por el magistrado no queda camino distinto al de aceptar la manifestación de impedimento por corresponder a la previsión legal.

III. Decisión

En consecuencia, se dispondrá que el proceso pase al magistrado que le sigue en turno, a quien corresponderá desatar la alzada propuesta por el procesado y su defensor contra el fallo condenatorio.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Aceptar el impedimento expresado por el doctor Hebertlh Armando Ríos Quintana, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali. En consecuencia, disponer que las diligencias pasen al magistrado que le sigue en turno de la respectiva Sala Dual para lo de ley.

2. Contra esta providencia no procede recurso alguno. Devuélvanse las diligencias al tribunal de origen.

Comuníquese y cúmplase».

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