Sentencia 19. 775 de diciembre 11 de 2003 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

MEDIDAS PARA QUE CESEN LOS EFECTOS DEL DELITO

POSIBILIDAD DEL JUEZ PENAL DE DECLARAR SIN EFECTOS UN ACTO ADMINISTRATIVO

EXTRACTOS: «Los artículos 2º y 250, numeral 1º de la Constitución Política, facultan a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de la República para adoptar las medidas necesarias orientadas a materializar el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados con el delito.

Por eso, el artículo 21 del Código de Procedimiento, cual desarrollo de lo anterior, prevé la posibilidad de que el funcionario judicial adopte las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible y las cosas vuelvan a su estado anterior.

El a quo, en el numeral 17 de su sentencia, dispuso que

“para efectos del restablecimiento del derecho se declara sin efecto la Resolución 364 del 3 de julio de 1997, emanada del Fondo Territorial de Pensiones, a través de la cual se le reconoce el derecho a disfrutar de una pensión de jubilación a Gilberto Solano, por lo expuesto en la anterior motivación”.

En el cuerpo de la sentencia, el juez expresó, a modo de respuesta a los argumentos del defensor:

“Estas son las razones por las cuales el despacho no accede a lo solicitado por el señor defensor y en su defecto, se ordenará declarar sin efecto dicho reconocimiento de la pensión de Gilberto Solano, debiéndose comunicar esta determinación a la entidad respectiva para los efectos legales” (destacado fuera del texto).

En criterio del censor, la medida tomada vicia de nulidad la sentencia. El juez penal, dice, si bien está facultado para perseguir el delito y restaurar el orden, carece de facultades para dejar sin efecto un acto administrativo. La potestad de dictar y revocar actos administrativos es privativa de la administración y la de anularlos le está reservada a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por tanto, considera que el juez no tenía competencia, y menos aún el tribunal, para dejar sin efectos, la resolución mencionada.

El cargo carece de fundamento legal y constitucional. El artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, le da la facultad al juez para resolver, luego de probada la comisión del hecho punible y la responsabilidad del autor, las “cuestiones extrapenales”, con el fin de que “las cosas vuelvan al estado anterior”.

Esto no significa, como parece entenderlo el actor, que el juez, al declarar sin efectos un acto administrativo, se esté llevando de calle la competencia de la respectiva jurisdicción. Declarar sin efectos un determinado acto administrativo, figura distinta a la revocatoria y a la nulidad, implica dar origen a un proceso diferente en el que, acatando las normas propias y tramitado por el funcionario competente, se resuelvan las materias relativas asignadas a la administración a la jurisdicción contencioso-administrativa.

De esta forma han procedido los sentenciadores. Por esa razón, su declaración en este sentido, no invade la competencia de otros organismos jurisdiccionales o administrativos. El hecho de que en la sentencia se disponga “comunicar esta determinación a la entidad respectiva para los efectos legales”, por sí mismo indica que el juez es consciente de que la revocatoria o la anulación del acto administrativo no están inscritas dentro del ámbito de sus funciones.

Lo que han hecho los falladores, sin desbordar sus facultades penales, es comunicarle a los funcionarios competentes que el acto administrativo objeto de discusión, por tener como base un acto ilícito consistente en haberle reconocido al señor Solano su pensión de jubilación sin haber laborado al servicio del Estado el tiempo que la ley tiene establecido, no puede continuar produciendo efectos en beneficio del sentenciado.

De modo que los juzgadores, validos de este instrumento legal hasta el límite de su competencia, no incurrieron en la causal de nulidad invocada por el impugnante».

(Sentencia de casación, 11 de diciembre de 2003. Radicación 19.775. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón).

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