Sentencia 19792 de octubre 8 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

INTERÉS ILÍCITO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS

PENAS IMPONIBLES

EXTRACTOS: «En criterio del recurrente, el tribunal aplicó indebidamente el artículo 58, numeral 3º de la Ley 80 de 1993, al imponerles a los sentenciados la pena de diez (10) años de “inhabilidad para proponer y celebrar contratos con entidades estatales”. Esta norma, por cuanto fue derogada a raíz de la entrada en vigencia del artículo 474 de la Ley 599 de 2000, no era la adecuada para el efecto.

Contesta la Sala:

a) El artículo 145 original del Código Penal de 1980 establecía como penas principales para el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, prisión de seis (6) meses a tres (3) años, multa de $1.000 a $500.000 e interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas de uno (1) a cinco (5) años.

b) El mismo estatuto establecía en su artículo 52 la interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas, como pena accesoria obligatoria de la prisión, por un tiempo igual al de la sanción corporal.

c) El artículo 57 de la Ley 80 de 1993 modificó varias normas del Código Penal, en cuanto dispuso que el autor de alguna de las conductas previstas en los artículos 144, 145 y 146 del Código Penal “incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de veinte (20) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales”.

Es decir, aumentó la prisión y la multa y derogó lo relacionado con la pena principal de interdicción.

Desde este punto de vista, hasta aquí, al autor de tal ilícito, cometido con posterioridad a la vigencia de la Ley 80 de 1993, se le impondría prisión entre 4 y 12 años y multa entre 20 y 150 salarios mínimos legales mensuales, como penas principales; y, subsistiendo la interdicción como accesoria imperativa de la prisión, también esta pena, durante el mismo lapso de la corporal.

d) El artículo 32 de la Ley 190 de 1995 dijo expresamente que para los delitos contra la administración pública no contemplados en esa ley —y el interés ilícito en la celebración de contratos no lo estaba— la multa siempre oscilaría entre diez (10) y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, disminuyó la pena pecuniaria.

Frente a los delitos cometidos después de estas dos últimas variaciones, entonces, la pena para el autor quedaría así:

Principales: Prisión, de cuatro (4) a doce (12) años y multa, entre diez (10) y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Accesoria obligatoria: Interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por el tiempo deducido para la prisión.

e) El artículo 58 de la Ley 80 de 1993 disponía las consecuencias de las acciones u omisiones que se les imputaba a los servidores del Estado en relación con sus actuaciones contractuales, aparte de las sanciones e inhabilidades previstas en la Constitución Política. En su numeral 3º, establecía:

“En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal, y sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, los servidores públicos quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia. A igual sanción estarán sometidos los particulares declarados responsables civil o penalmente”.

f) El artículo 474 del nuevo Código Penal dispone:

“Deróganse el Decreto 100 de 1980 y demás normas que lo modifican y complementan, en lo que tiene que ver con la consagración de prohibiciones v mandatos penales”.

g) El artículo 409 de la Ley 599 del 2000 sanciona a quien incurra en el delito de interés ilícito en la celebración de contratos con las penas principales de prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa entre cincuenta (50) y doscientos (200) salarios “e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años”.

h) La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado sobre el punto. Así, por ejemplo, en sentencia de casación del 3 de septiembre de 2001, dentro del proceso radicado con el número 16.837 (M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego), expresamente admitió que el artículo 58 de la ley citada se hallaba derogado por la nueva normatividad.

i) En el nuevo Código Penal, la inhabilitación, como pena principal para el delito imputado, se determina entre cinco (5) y doce (12) años, y como sanción accesoria, pendula entre cinco (5) y veinte (20) años.

De lo anterior, frente al caso concreto, se desprenden varias consecuencias, así:

Una. La legislación anterior es más benigna desde todo punto de vista y, por tanto, atendiendo al principio de favorabilidad, es la aplicable, como lo dijo el tribunal de Neiva.

Dos. Como cuando el tribunal decidió ya regía el nuevo Código Penal, que derogó el artículo 58 de la Ley 80 de 1993, la inhabilitación para proponer y celebrar contratos debe ser retirada de la sentencia.

Tres. Siguiendo los derroteros trazados por el ad quem, que partió siempre del mínimo, los procesados quedan exclusivamente sometidos, entonces, a prisión de cuatro (4) años y multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, como penas principales; y a cuatro (4) años de interdicción, como sanción accesoria.

Esta última pena, como es obvio, incluye el veto para “proponer y celebrar contratos” con la administración, como se desprende de la definición que de interdicción de derechos y funciones públicas trata el artículo 50 del Código Penal de 1980 —lo mismo que ahora—: “... priva de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública u oficial ...”.

Y no hay duda en cuanto quien propone y celebra contratos con la administración, ejerce una función pública.

Prospera parcialmente la censura, decisión que se hace extensiva al doctor Silva Duarte, por mandato del artículo 229 del Código de Procedimiento Penal.

En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Casar parcialmente la sentencia en el sentido de retirar de la misma la sanción que se impuso a los doctores José Luis Vidarte Rosas y Orlando Silva Duarte de inhabilitación para “proponer y celebrar contratos” durante diez (10) años con fundamento en el artículo 58 de la Ley 80 de 1993».

(Sentencia de casación, octubre 8 de 2003. Radicación 19.792. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón).

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