Sentencia 198-01 de marzo 1º de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 73001-3110-004-2001-00198-01

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Bogotá, D.C., primero de marzo de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Se decide el recurso de casación interpuesto por el demandante Juan José Barragán Cruz contra la sentencia de 5 de febrero de 2003, proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso de impugnación de la paternidad extramatrimonial adelantado frente a la menor Paula Andrea Barragán Moreno, representada por su madre Martha Beatriz Moreno Rojas.

(...).

IV. Consideraciones de la Corte

1. El lugar de partida de este análisis está en la confesión de la paternidad que, en las condiciones previstas por el artículo 1º de la Ley 75 de 1968, apareja el reconocimiento voluntario de un hijo, actitud esta con la cual, en principio, quien la hace, acepta la existencia y ejecución de actos propios encaminados a la procreación del afectado con tal decisión, y no conlleva simplemente el establecimiento de un estado civil en su favor, lo que explica cabalmente que, admitida la paternidad, esa determinación se vuelva irrevocable para su autor, impidiéndose así que por la misma vía se pueda, motu proprio, despojar al reconocido de su estado civil, dado que este tema, íntimamente vinculado a la personalidad jurídica, ha de ser regulado privativamente por la ley, como categóricamente lo dispone el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970, refrendado por el mandato del inciso final del artículo 42 de la Carta Política.

Empero, el hecho de que esté tajantemente vedado a los particulares el despliegue de cualquier acto tendiente a disponer sobre el estado civil, como si se tratara de una retractación, no significa que la irrevocabilidad haya de ser entendida como una inimpugnabilidad del reconocimiento, pues este puede ser atacado siempre que el interesado cumpla con los rigurosos requisitos contemplados por la misma ley, que, para estos propósitos, exige que el impugnador haga desaparecer los efectos de la confesión que condujo al reconocimiento, con la plena demostración de que el reconocido no ha podido tener por padre a quien figura como tal, hipótesis aludida por el numeral 1º del artículo 248 del Código Civil, al que, a su turno, remite el artículo 5º de la Ley 75 de 1968.

Este último precepto enseña que “el reconocimiento solo podrá ser impugnado por las personas, en los términos y por las causas indicadas en los artículos 248 y 335 del Código Civil”, y, por su parte, el mencionado artículo 248 reza que “en los demás casos podrá impugnarse la legitimación, probando ... 1. Que el legitimado no ha podido tener por padre al legitimante”, así como que “no serán oídos contra la legitimación sino los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes legítimos del padre o madre legitimantes; estos en sesenta días, contados desde que tuvieron conocimiento de la legitimación; aquellos en los trescientos días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho”, plazo este último que la Sentencia de Constitucionalidad C-310 de 2004 igualó al precedente —sesenta días—.

2. En lo que toca con la caducidad a que se encuentra sujeta la facultad para impugnar el reconocimiento, ha de verse, siguiendo la doctrina jurisprudencial, que ella “entraña el concepto de plazo extintivo perentorio e improrrogable que impide el ejercicio de un derecho cuando la inactividad de la parte ha permitido que transcurra el término previsto por la ley para activarlo, y esto refleja que su presencia viene a pender en forma exclusiva del hecho objetivo de su falta de ejercicio dentro del tiempo preestablecido, sin atender razones de índole subjetiva o que provengan en forma única de la voluntad o capricho del interesado. Su efecto es automático en la medida que no depende ni de la actividad del juez ni de las partes, pues la regla está delimitada de antemano, conociéndose su principio y su fin. Es la ley la que fija sus extremos sin que esté dentro de la capacidad de los afectados alterar su contenido” (Sent. abr. 11/2003, Exp. 6657, no publicada aún oficialmente).

Así mismo, recientemente esta corporación ha puesto de “relieve que históricamente el legislador ha regulado el tema del estado civil y de la familia con precisión y cuidado sumos a fin de proteger la propia intimidad que rodea su constitución y de atender a las realidades que en punto de los hijos genera su entorno y su propio desarrollo, tanto como para no haber permitido, a través de las épocas, que cualquier persona puede acudir a los estrados judiciales para cuestionar una paternidad o maternidad propiciada en ese ámbito. Incluso ha establecido prohibiciones específicas para que, consumados ciertos hechos o vencidos determinados plazos, la situación jurídica se torne inexpugnable, y por consiguiente definitiva; rigor que en general antes que disminuir se ha reafirmado en los últimos tiempos, de lo cual es elocuente ejemplo, la sentencia del orden constitucional (C-310/2004) mediante la cual se declaró inexequible la expresión “trescientos días” que aparecía en el artículo 248, inciso 2º, numeral 2º, relativa al término de caducidad otorgado a personas distintas a los ascendientes para impugnar la legitimación de los hijos extramatrimoniales, el cual quedó reducido también a los sesenta días fijados para las otras personas autorizadas legalmente para hacerlo. (...) Empero, siempre ha preferido el legislador aceptar los hechos por los cuales se producen situaciones jurídicas que surgen de la vivencia de la relaciones intrafamiliares, en lugar de dejar un determinado estado civil en entredicho o sujeto a una incertidumbre permanente, motivo por el cual ha impedido, en línea de principio, que cualquier persona llegue a cuestionar un estado civil que viene consolidado de atrás, ni que pueda intentarlo cuando se le ocurra y en todo tiempo, por muy altruista que parezca o pueda ser el motivo aducido para desvirtuar una situación familiar en cuya construcción afectivamente se han afirmado lazos sólidos y definitivos” (Sent., nov. 9/2004, Exp. 00115-01, no publicada aún oficialmente).

3. Ahora bien, descendiendo al presente asunto, se advierte que el término de caducidad relativo al ejercicio por Juan José Barragán Cruz de la acción de impugnación del reconocimiento que hizo de Paula Andrea era, en la época en que ocurrieron los hechos, de trescientos días siguientes a la fecha en que surgió un interés actual y pudo hacer valer su derecho.

La determinación del momento en que el recurrente adquirió la convicción de que la menor no era su hija es el aspecto que ha generado su inconformidad, toda vez que, como lo expuso en la demanda y proclamó durante el litigio, tal conocimiento lo obtuvo solamente el 18 de febrero de 2001, cuando, por un lado, la madre de la menor y, por otro, Luz Stella Garzón Roa, amiga íntima de ella y de la familia de esta, le confirmaron el hecho. En dirección diversa, el tribunal consideró que el enteramiento de esa circunstancia se produjo “meses después de haberla reconocido como su hija”, aserto que dedujo de las declaraciones rendidas por Martha Cecilia Rojas de Moreno, Myriam Cristina y Lola María Moreno Rojas, en su orden, abuela y tías maternas de la menor, que acogió, a pesar de provenir de familiares de la demandada, “dada su espontaneidad y claridad”, y en cuyo refuerzo encontró el oficio de 17 de febrero de 1992, originado por la Comisaría de Familia de Ibagué, resumido enantes (cdno. 1, fl. 9), raciocinio este que, de paso, llevó al juzgador a descartar la versión de Luz Stella Garzón Roa, dado que “no tiene la solidez necesaria para acreditar el dicho del actor”, por cuanto “la declarante no precisó el año, ni modalidades de tiempo ni lugar, cuando supuestamente le comentó al demandante de la verdad que había prometido guardar a su amiga Martha Beatriz Moreno Rojas acerca de la verdadera paternidad de la hija de esta”.

4. Para los fines del recurso extraordinario, el censor combate la conclusión fáctica del ad quem, y acusa la sentencia de violar indirectamente múltiples normas de derecho material, por razón de los errores de hecho y derecho en que habría incurrido al ponderar las pruebas, en los términos compendiados con antelación.

De cara a los reproches que se formulan sobre la base de un supuesto error de hecho, no está de más recordar que semejante yerro debe aflorar en forma protuberante, es decir, ha de ser tan nítido y contundente que ninguno pueda ignorarlo, o lo que es lo mismo, el atropello a la lógica o razón debe ser de una entidad mayúscula, que implique, definitivamente, que a nadie le sea posible sustraerse a tal desatino; desde luego, esto habrá de acompañarse de la influencia decisoria del error, característica que no quiere decir cosa distinta que, de no haberse cometido, otro habría sido inexorablemente el sentido de la decisión.

Entonces, si se examinan en conjunto las pruebas, como lo pregona el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, puede extraerse razonablemente de las declaraciones de Martha Cecilia Rojas de Moreno, Myriam Cristina y Lola María Moreno Rojas, que el conocimiento efectivo del demandante acerca de no ser el padre del hijo que esperaba Martha Beatriz se remontaba a la época misma del embarazo, cuestión que resultaría corroborada por diferentes episodios, como un altercado familiar acaecido cuando la niña tenía más o menos diez meses de edad, del que se desprendía que Juan José era consciente de la situación, así como por las conversaciones que este sostenía con Myriam Cristina, en las que le pedía que lo “ayudara para que mi hermana [se refiere a Martha Beatriz] volviera con él, que él iba a cuidar la niña, que la iba a criar como si fuera propia, que él siempre utilizó la niña para llegar a mi hermana” (cdno. 2, fls. 17-20 vto.).

Por tanto, el hecho de que el tribunal haya dejado de lado el testimonio de Luz Stella Garzón Roa, enderezado a demostrar que la realidad solo fue revelada a Juan José hasta el 18 de febrero de 2001 (cdno. 2, fls. 12-13), no viene necesariamente a configurar el yerro fáctico que se le endilga al sentenciador, o por lo menos ninguno de los perfiles que la ley exige para que sea relevante en casación, pues, en todo caso, las piezas que fueron apreciadas como fundamento de la decisión fustigada, aunque pudieran no estar totalmente exentas de críticas, muestran sensata y lógicamente que el actor estaba al corriente de los acontecimientos, de manera que para el 15 de marzo de 2001, cuando radicó la demanda, había transcurrido ampliamente el término de caducidad de la acción previsto por el inciso final del artículo 248 del Código Civil.

Dicho con otras palabras: claramente se ve que el fallador no hizo más que inclinarse por uno de los escenarios probatorios que se le presentaban —y así lo dijo—, sin que ello hubiera significado el desconocimiento de la otra opción con que contaba, decisión esta que, por sí misma, no resulta cuestionable, sino que, por el contrario, aparece como una natural proyección del ejercicio de la función jurisdiccional. En esta materia se ha precisado que si el juzgador toma en consideración una o unas determinadas pruebas, ello obedece a la “... labor crítica propia que integra el trabajo de discernimiento mediante el cual puede, en definitiva, colegir el acogimiento de aquellas que le ofrecen mayor convicción y credibilidad y desoír las que se les oponen, discurrir dialéctico que no es constitutivo de yerro de facto, salvo en cuanto la conclusión a que arribe se ofrezca arbitraria, absurda o riña abiertamente con la lógica” (Sent., mar. 28/2003, Exp. 6709, no publicada aún oficialmente).

Así las cosas, no obstante que lo anterior bastaría para concluir que respecto de las pruebas testimoniales no se cometió el error denunciado, llama la atención de la Corte el hecho de que la censura, entre sus diversas quejas, haya manifestado reservas sobre las declaraciones de los parientes de Martha Beatriz Moreno Rojas, justamente por tener tal calidad, cuando extrañamente dicho vínculo no le despertó preocupación en las instancias. Sin embargo, pese al silencio que guardó el demandante, lo único cierto es que, como quedó visto en la reseña de la sentencia atacada, tal circunstancia —el parentesco— no pasó inadvertida para el tribunal, pues la tuvo presente, solo que estimó que ella no suponía forzosamente la descalificación de lo dicho por los deponentes. Adicionalmente, ha de decirse que no bastaba afirmar simplemente que los testigos eran sospechosos, sino que era menester demostrar cabalmente la manera como se había afectado la imparcialidad o credibilidad de su dicho.

Este criterio de ponderación, por lo demás, compasa con el indicado por la jurisprudencia en asuntos similares, pues sobre el tema ha señalado que “el recelo o la severidad con que el fallador debe examinar estos testimonios, no lo habilita para desconocer, a priori, su valor intrínseco, debido a que ‘la sospecha no descalifica de antemano —pues ahora se escucha al sospechoso—, sino que simplemente se mira con cierta aprensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece’ (Sent. sep. 19/2001, Exp. 6624)” (Sent. abr. 29/2002, Exp. 6807, no publicada aún oficialmente).

5. Síguese que al mantenerse en pie el principal pilar fáctico de la sentencia del ad quem, no otro que las comentadas exposiciones, ninguna trascendencia tendrían los demás yerros que se le imputan, pues la conclusión sobre el momento en que el actor tuvo certeza de no ser el padre de la demandada no se afectaría en el evento en que se excluyera el argumento meramente confirmatorio que el tribunal invocó con apoyo en el documento militante a folio 9 del cuaderno principal, como tampoco podría verse alterada sobre la base del interrogatorio de parte que el mismo absolvió, toda vez que “como lo enseñan elementales nociones de derecho probatorio, jamás las expresiones notoriamente interesadas de la misma parte pueden favorecerla, pues, en esencia, este medio de prueba únicamente ha de ponderarse por el fallador en cuanto contenga una verdadera confesión, o sea, solo cuando aparezcan manifestaciones que lleguen a producir consecuencias desfavorables a quien las hace, —contra se—, de la manera pregonada por el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil” (Sent. mar. 28/2003, Exp. 6709, no publicada aún oficialmente).

6. En todo caso, aunque podría obviarse, no puede la Corte dejar de señalar que el reparo esgrimido frente al oficio de 17 de febrero de 1992 emanado de la Comisaría de Familia de Ibagué (cdno. 1, fl. 9), consistente en que “es una copia simple, que no reviste la calidad de documento público, y que no ha sido autenticado, como ha debido serlo para haber sufrido la ritualidad de ser refutado; como tampoco es documento privado porque no proviene del actor en el proceso, por no estar autorizado por el mismo, ni tampoco aparece la firma impresa de dicho sujeto...”, de donde el acusador colige la comisión de un “error de derecho por apreciación errónea” (C. Corte, fls. 11, 15, 16 y 17), emerge como un tema novedoso y sorpresivo en casación, pues no se aludió a él con anticipación, por lo que no puede sacarse a relucir a estas alturas, de modo más que extemporáneo.

Ciertamente, nada dijo el censor cuando el documento cuestionado se aportó junto con el escrito de formulación de la excepción previa (cdno. 2, fls. 1-3), así como también calló de cara a los autos de 14 de junio de 2001 y 30 de enero de 2002, por los cuales el juez del conocimiento decidió tener tal elemento como prueba (cdno. 1, fls. 21 y 22; cdno. 2, fls. 7 y 8), actitud pasiva esta que, además, observó en las restantes ocasiones que tuvo a disposición, en las que, como se dijo, no expuso ninguna objeción formal acerca del medio.

En el punto, insistentemente se ha precisado que “toda alegación conducente a demostrar que el sentenciador de segundo grado incurrió en errónea apreciación de alguna prueba por razones de hecho o de derecho que no fueron planteadas ni discutidas en las instancias, constituye medio nuevo, no invocable en el recurso extraordinario de casación” (G.J. t. CXXXIX, pág. 84).

7. Por ende, el cargo no tiene éxito.

V. Decisión

En mérito de las consideraciones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida en este asunto el 5 de febrero de 2002 por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.

Las costas en casación son de cargo de la parte recurrente. Tásense en su oportunidad.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en su momento devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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