Sentencia 19845 de octubre 18 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 79

Magistrado ponente:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Bogotá D.C., octubre dieciocho de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte:

Cuestión previa

El último cargo, sustentado correctamente en la causal 3ª del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal de 2000 pues si se despenalizó la conducta objeto de la acusación a partir de la vigencia de la Ley 599 de ese año el debido proceso se habría quebrantado al proseguir con una actuación respecto de la cual el Estado ya no contaba con el derecho de acción penal, es prioritario frente a los demás que conforman la demanda porque de prosperar tendría que dejarse sin efectos la sentencia y cesarse el procedimiento al acusado, resultando carente de sentido de cara a esa posibilidad el examen previo de censuras vinculadas a la validez del trámite procesal o a irregularidades probatorias producidas en la sentencia.

En virtud del principio de prioridad, por lo tanto, según el cual el orden de examen de los cargos se rige por la incidencia procesal de los mismos y no por el orden de presentación, la Corte se referirá en primer lugar al último y, si no tiene éxito, luego lo hará a los restantes.

Tercer cargo

1. La conducta punible que se le imputó en la resolución de acusación al procesado Holmberg Vallejo Aguado y por la cual fue declarado penalmente responsable en la sentencia recurrida, es la contemplada en el artículo 147 del Código Penal de 1980 —modificado por el 25 de la Ley 190 de 1995—, en los siguientes términos:

“Tráfico de influencias para obtener favor de servidor público. El que invocando influencias reales o simuladas reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer, incurrirá en prisión de 4 a 6 años, multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal”.

En el capítulo 5 del título correspondiente a los delitos contra la administración pública del Código Penal de 2000 solo quedó incorporado el delito de tráfico de influencias de servidor público en el artículo 411, con el siguiente contenido:

“El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, multa de 100 a 200 salarios mínimos legases mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años”.

La nueva codificación limitó la conducta punible a la utilización indebida por parte del servidor público de influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, en su provecho o de un tercero, para la obtención de algún beneficio de otro servidor público en un asunto del que esté conociendo o haya de conocer, lo cual traduce, consiguientemente, que se dejó de considerar como atentatorio de la administración pública la invocación de influencias reales o simuladas por cualquier persona —servidor público o no—, cuando se utilicen como ardid o engaño para inducir o mantener a otro en error y obtener, para sí o para un tercero, aprovechamiento económico ilícito.

Esta última conducta, sin embargo, no dejó de ser punible sino que el legislador de 2000 la ubicó como circunstancia de agravación punitiva de la estafa en el artículo 247-3, así:

“La pena prevista en el artículo anterior será de 4 a 8 años cuando:

(...).

“3. Se invoquen influencias reales o simuladas con el pretexto o con el fin de obtener de un servidor público un beneficio en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer”.

El tráfico de influencias se configura actualmente, entonces, por la utilización indebida de las influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función públicas; y la estafa agravada por la sola invocación de influencias reales o simuladas con la finalidad de engañar y obtener un aprovechamiento económico ilícito. En otras palabras, en el primer caso la intervención del servidor público ante el funcionario que conozca o haya de conocer del asunto es condición para que se estructure el tipo penal, mientras que en el segundo esa intervención se promete falsamente, constituyéndose en el mecanismo que induce o mantiene al otro en error y lo mueve a desprenderse de su patrimonio.

Puede suceder, no obstante, que el particular ofrezca, ejercer una influencia indebida ante un servidor público a cambio de una utilidad y en verdad lo haga. En tal caso, si se tiene en cuenta que solo puede incurrir en tráfico de influencias el servidor público y que no se produjo engaño, ninguno de los delitos comentados habría tenido ocurrencia. Y si la gestión prometida y cumplida no incluyó el ofrecimiento de dinero u otra utilidad al funcionario, evento en el cual se presentaría cohecho por dar u ofrecer (C.P., art. 407/2000), y el particular no se encuentra en las circunstancias del artículo 432 ibídem (utilización de influencias derivadas del ejercicio de un cargo público desempeñado en el año inmediatamente anterior), esa conducta no sería delictiva de cara a la legislación vigente.

2. En el presente caso el comportamiento imputado al procesado fue el de simular que era buen amigo del fiscal seccional José Gregorio Torres Espitia y la promesa de interceder ante él para que le ayudara a Mercedes González y a los demás sindicados en el proceso que adelantaba en su contra por concierto para delinquir y aborto, a cambio de lo cual obtuvo de la mencionada $ 5.500.000 y pretendió que se le entregaran $ 30.000.000.

Si antes esa conducta era tráfico de influencias (C.P., art. 147/80) y hoy es estafa agravada (C.P., arts. 246 y 247-3/2000), eso significa que no es verdad que haya sido despenalizada sino simplemente recogida bajo una denominación jurídica distinta. Y aunque la nueva normatividad sería aplicable en virtud del principio de favorabilidad, la verdad es que no representa ninguna ventaja total o parcial frente a la anterior.

El artículo 147 del Decreto 100 de 1980, en efecto, penaba la conducta que hoy es estafa agravada con prisión de 4 a 6 años, multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal, al tiempo que las nuevas disposiciones la sancionan con prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Esos lapsos mínimos de pena privativa de la libertad y multa fueron los impuestos en la sentencia impugnada, y se fijó la pena de interdicción de derechos y funciones públicas en el mismo lapso de la pena principal, como ambas codificaciones lo permiten.

Así las cosas, si la conducta atribuida al procesado Vallejo Aguado sigue siendo delito, no traduce ninguna irregularidad y menos un atentado contra el derecho constitucional de favorabilidad, la circunstancia de no haberlo declarado responsable de ella con su nuevo nombre jurídico.

3. El reclamo vinculado a la lesión del derecho de igualdad, por último, está fuera de lugar. No solamente porque no guarda ninguna relación con el planteamiento central de la censura sino porque la situación de Mercedes González y José Alberto Quintero —investigados en otro proceso— es distinta a la de Vallejo Aguado, resultando bajo tal circunstancia un desacierto pensar que si por efecto del Código Penal de 2000 se les precluyó la investigación a los primeros por tráfico de influencias, pues los particulares dejaron de ser sujetos activos del delito, idéntica decisión debla proferirse al último, cuando es evidente conforme a lo dicho que la conducta a este atribuida se convirtió en estafa agravada.

La censura, pues, no está llamada a prosperar.

Primer cargo

Ninguna de las cinco irregularidades denunciadas por la recurrente tuvo lugar.

1. Desconocimiento de los derechos de defensa y de contradicción en la investigación previa.

La Corte ha enfatizado en varias oportunidades que la falta de comunicación de la resolución mediante la cual se ordena la investigación previa no es constitutiva de irregularidad sustancial que deba remediarse a través del mecanismo de la nulidad, toda vez que tratándose de una fase contingente que obviamente no forma parte de la estructura del proceso y sometida a cierta discrecionalidad del instructor, su existencia y validez no son dependientes del acto de notificación al imputado conocido (6) , que de todas formas no fue omitido en el presente caso como se pasa a ver:

1.1. A las 11:30 de la mañana del 17 de marzo de 2000, luego de que Mercedes González Moreno le preguntó por el dinero que le había enviado a través de una persona que no quiso identificar, el fiscal Torres Espitia formuló la respectiva denuncia ante la Fiscalía 97 Seccional de Cali y este Despacho ordenó de inmediato la investigación previa.

El 22 de marzo siguiente, ante el doctor Torres, Mercedes González declaró que la persona a la cual le entregó los $ 5.500.000 se llamaba “Hoover”, se desempeñaba como fiscal en el Edificio Los Turcos y que en una oportunidad lo había visitado en su oficina. Lo describió como “acuerpado”, de 165 a 170 centímetros de estatura, 37 o 38 años de edad, cabello negro, sin gafas, “hablado valluno” y de cara redonda.

Al día siguiente, ante el mismo funcionario, rindió testimonio José Alberto Quintero Solarte, quien admitió haberle presentado a Mercedes González al Fiscal “Olver” o “Hoover”, a quien conocía porque en su condición de empleado del Tránsito de Cali, se desempeñaba como planimetrista y técnico en tránsito en las fiscalías locales del - edificio Los Turcos de la misma ciudad. Señaló que el despacho del funcionario se encontraba ubicado en el 2º piso de ese inmueble y que el número a él asignado era el 24 o el 29 de la unidad de lesiones personales y delitos querellables.

Esas declaraciones las remitió el Fiscal Torres Espitia para que se agregaran a la investigación, remitida por la Fiscalía 97 seccional a la unidad delegada ante el Tribunal Superior de Cali, en atención a que el autor del hecho era un Fiscal Delegado ante los juzgados penales municipales.

Mediante resolución del 24 de marzo de 2000 una fiscal ante tribunal, en desarrollo del artículo 319 del Código de Procedimiento Penal de 1991, ordenó las siguientes pruebas:

“2. Con el propósito de individualizar y/o identificar al presunto infractor de la ley penal, practíquese con la participación de la señora González Moreno, diligencia de inspección judicial a la división de personal de la dirección administrativa y financiera de la fiscalía, a fin de que reconozca entre las diferentes hojas de vida de los fiscales locales, el que supuestamente le hizo la solicitud dineraria.

“3. Con idéntico propósito, practíquese inspección judicial a las instalaciones del edificio Los turcos, sitio donde funcionan las fiscalías locales, con la finalidad de que la citada señora identifique la oficina en la que se reunió con el funcionario denunciado, al que se refiere como Hoover N.”.

1.2. Hasta ese momento de la actuación es claro que se contaba con información importante para poder saber quién era el implicado, pero aún no se habla establecido su identidad. Y tampoco se consiguó hacerlo con la declaración que rindió José Alberto Quintero el 30 de marzo de 2000 ante la fiscalía ante el Tribunal de Cali, en la cual básicamente mantuvo la versión que le había expuesto al doctor Torres Espitia.

En esa situación tuvo lugar el 31 de marzo la inspección en la oficina de recursos humanos de la dirección administrativa y financiera de la fiscalía en Cali, en desarrollo de la cual Mercedes González Moreno reconoció entre nueve fotografías de igual número de hojas de vida de fiscales locales a Holmberg Vallejo Aguado como “la persona que más se parece” a quien se había referido como “Hoover”.

Con soporte en lo precedente se allegaron al expediente la resolución de nombramiento y el acta de posesión del mencionado y acto seguido, el mismo día, la instructora se dirigió al edificio Café Los Turcos acompañada de González Moreno y en la oficina que esta señaló, la número 204, se supo que funcionaban las fiscalías 24 y 74 locales y que la primera había sido desempeñada hasta mes y medio o dos meses antes por Holmberg Vallejo Aguado, según información que suministró el Fiscal Róger Leopoldo Ruiz.

1.3. Ese 31 de marzo, entonces, se logró establecer la identidad del imputado y en esas condiciones está fuera de lugar el reproche de que no se le notificó el auto de apertura de investigación preliminar para darle la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, plenamente garantizado a partir de ese momento pues aparte de la ampliación de declaración a Mercedes González, ocurrida inmediatamente después de las inspecciones judiciales y en la cual mantuvo en lo esencial su dicho inicial, no hubo más actividad probatoria en la fase previa sino que se procedió a abrir la instrucción el 4 de abril de 2000, fijándose para el siguiente 10 la indagatoria del entonces fiscal local Holmberg Vallejo Aguado, diligencia en la que designó como defensora de confianza a la misma abogada que interpuso y sustentó el recurso extraordinario de casación.

No es cierto, por lo tanto, que se hayan practicado pruebas a sus espaldas ni coartado la oportunidad de controvertir las allegadas en la etapa preprocesal, para lo cual contó en el sumario y en el período probatorio del juicio con la posibilidad de solicitar pruebas, de participar en su práctica, de presentar alegaciones en los momentos procesales pertinentes y la de hacer uso de los recursos legales previstos en contra de las distintas decisiones adoptadas en el transcurso del trámite.

La apoderada, de hecho, ejerció a fondo esos derechos. Pidió enseguida de la indagatoria, el 12 de abril de 2000, la realización de varias diligencias, entre las que cabe destacar la, ampliación de los testimonios de Mercedes González Moreno y José Alberto Quintero Solarte, llevadas a efecto con su participación el 19 de abril siguiente (7) . Intervino igualmente en la práctica de los testimonios de Orlando Gómez Gómez —Técnico Judicial de la Fiscalía 24 Local— y Jesús Alberto Salcedo Rodríguez —perito en tránsito ante la unidad local de fiscalía de lesiones personales— (8) ; y, adicionalmente, se notificó de la resolución de situación jurídica e interpuso contra ella el recurso de apelación; se notificó del cierre de la investigación, solicitó la nulidad de la actuación dentro del término para hacerlo y para solicitar pruebas en el juicio, apeló la decisión adversa a declarar esa invalidación e intervino en la audiencia pública, acto dentro del cual volvieron a ser interrogados los testigos Quintero Solarte y González Moreno; apeló el fallo de primera instancia y, por último, recurrió en casación el de segunda (9) .

1.4. Es manifiesto, en concordancia con lo dicho, que la irregularidad a que se refiere el reproche no tuvo ocurrencia y que el cuestionamiento de legalidad al reconocimiento fotográfico que se llevó a cabo en la fase preliminar, aparte de que debía alegarse en cargo separado y fundarse en la lógica de la violación indirecta de la ley sustancial (lo cual implicaba acreditar el respectivo error de derecho y su trascendencia), no se presentó por la razón expresada por la casacionista (falta de defensor) pues para cuando practicó la prueba el imputado aún no se encontraba individualizado ni identificado y así era imposible convocarlo a una pesquisa precisamente orientada a dar con él.

No prospera la censura.

2. Violación de los derechos de defensa y de contradicción durante el proceso.

Lo dicho en el capítulo anterior es demostrativo de que durante la instrucción y el juicio el procesado ejerció a plenitud esos derechos sin freno de ningún tipo. Otra cosa es que las propuestas defensivas intentadas no hayan contado con el éxito esperado, que es en realidad de lo que se duele la casacionista al vincular la vulneración denunciada con la descalificación de los argumentos presentados en el curso del trámite a favor de su representado.

La falta de precisión o de concordancia en ciertas informaciones suministradas por los testigos, de cargo o de descargo, es una eventualidad, de común ocurrencia y el presente caso no fue la excepción, según se refirió en la demanda. Ese hecho, sin embargo, es parte del objeto de la crítica probatoria respectiva y no se constituye, por sí mismo, en circunstancia enervante de la capacidad demostrativa del medio de prueba. Por consiguiente, es absurdo pretender que un proceso es inconstitucional porque los declarantes no precisaron unas fechas o unos lugares, o que se obstaculizó el derecho de defensa porque no se les exigió recordar con exactitud esos datos, necesarios para concretar la coartada.

Tampoco este reproche, entonces, tiene vocación de éxito.

3. Violación del derecho de contradicción por falta de análisis en las sentencias.

Aquí nuevamente la recurrente insiste en su inconformidad relativa a que no se acogieron las tesis de la defensa y en particular por el hecho de que los juzgadores le hayan otorgado credibilidad a los testigos Mercedes González y José Alberto Quintero, quienes a su parecer no la merecían en razón de las inconsistencias en las que incurrieron.

No se trata, entonces, de un planteamiento de transgresión del derecho de contradicción, es decir, la posibilidad de las partes de controvertir los medios de prueba allegados al proceso y de, aportar los pertinentes para desvirtuarlos, e igual la de conocer las providencias que se dicten y refutarlas a través de los recursos legales —ejercidas totalmente en el caso examinado como ya se vio—, sino de insatisfacción con la apreciación probatoria, solo discutible en casación con fundamento en hipótesis de desbordamiento de la sana crítica.

Pero si lo que quiso sugerir la censora es que la sentencia no se motivó debidamente, por falta de motivación, motivación deficiente, motivación sofística, o motivación anfibológica, omitió referirse al contenido de los pronunciamientos de instancia, que en cuanto complementarios son jurídicamente uno solo, para acreditar de cara a ellos la correspondiente lesión del derecho de debido proceso, como bien lo expresó la delegada.

El reproche, pues, no puede prosperar.

4. Falta de competencia y quebrantamiento del principio de doble instancia: censuras de nulidad 4ª y 5ª. .

Es cierto que en el presente caso, pese a revelarse que la conducta imputada a Vallejo Aguado la realizó con ocasión de su cargo de fiscal pues fue esa condición la que determinó que se le pidiera interceder ante otro fiscal, no estaba vinculada al ejercicio de sus funciones y carecía, por lo tanto, de fuero legal de juzgamiento, conforme lo declaró la unidad de fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Cali en el auto mediante el cual se resolvió la situación jurídica.

No obstante, la dirección seccional de fiscalías de Cali, mediante Resolución 315 del 29 de junio de 2000, le asignó el caso a esa misma unidad, al tiempo que la dirección nacional de fiscalías, por Resolución 1245 del 21 de julio siguiente, fijó la segunda instancia en la unidad delegada ante el Tribunal Superior de Buga, la cual efectivamente conoció de la apelación que interpuso la defensa contra la providencia atrás mencionada.

Ninguna de esas decisiones de la fiscalía, expedidas con fundamento en los artículos 119 y 125-3 del Código de Procedimiento Penal de 1991 que se encontraba vigente cuando se adoptaron, generó afectación de la competencia funcional ni del derecho de doble instancia, como tuvo oportunidad de expresarlo la Sala en la siguiente jurisprudencia, que hoy nuevamente se reitera:

“El artículo 125-3 del Código de Procedimiento Penal (de 1991), modificado por el 19 de la Ley 81 de 1993, confiere a los fiscales delegados ante los tribunales superiores de distrito judicial la facultad de desplazar a los fiscales delegados ante los juzgados del respectivo distrito, en la investigación, calificación y acusación de los asuntos a su cargo, previa resolución motivada que así lo ordene. Igual atribución se concede al Fiscal General de la Nación y a los fiscales delegados ante la Corte y el tribunal nacional (arts. 121-2, 123-3, 124-5).

“Cuando el ente acusador hace uso de esta opción, no se presenta, como equivocadamente lo plantea el censor, alteración de la competencia funcional; el desplazamiento en estos casos es del funcionario, no de sus funciones, y por ello, quien asume el conocimiento de la investigación debe hacerlo con respeto del marco de competencia propio del fiscal desplazado.

“Es por esto que la función acusatoria, de llegar a materializarse, debe cumplirse ante el juez del fiscal que ha sido objeto de remoción, siendo este funcionario, y no el juez ante el cual cumple ordinariamente funciones el fiscal que hace el desplazamiento, el llamado a conocer de la etapa del juicio.

“De no ser así, habría que aceptar que a través de una resolución administrativa del fiscal general, o de sus fiscales delegados ante los tribunales, se puede modificar el sistema de competencia legalmente establecido, lo cual resulta jurídicamente insostenible, en cuanto implicaría el desconocimiento de la normatividad legal reguladora de la materia y, por contera, de la garantía constitucional del juez natural, sin contar, además, la usurpación que de la función legislativa por parte del fiscal ello comportaría.

“En este orden de ideas, se tiene que la segunda instancia no puede resultar afectada por el simple acto de reasignación del caso a un fiscal delegado de mayor nivel o jerarquía que el habitualmente de conocimiento, siendo, por tanto, ante el funcionario que debería conocer de la impugnáción si el desplazamiento no se hubiera presentado, ante quien debe surtirse el recurso. Propuesta en sentido distinto no es posible en el régimen vigente y ha de tenerse como del lege ferenda.

“Se exceptúa la hipótesis de desplazamiento por parte del Fiscal General de la Nación, en cuanto que sus decisiones no admiten recurso distinto del de reposición (art. 121-2, modificado por el 17 de la Ley 81/93), lo cual resulta explicable si se da en considerar que es el representante y director supremo del ente acusador, razón por la cual los fiscales ante la corte, los tribunales y los juzgados, son sus delegados; luego mal podrían estos entrar a revisar la legalidad de sus providencias, en una manifiesta inversión de la operancia del recurso de alzada” (10) .

De acuerdo con lo anterior, si se tiene en cuenta que en el presente caso la acusación se formuló ante el juez competente y que del recurso de apelación conoció un fiscal ante tribunal, es clara la improcedencia de los reproches de nulidad examinados.

No sobra advertir que el auto de la Sala citado por la recurrente, del 30 de agosto de 1994 y en el cual actuó como magistrado ponente el doctor Édgar Saavedra Rojas, seguramente expedido en el trámite de un recurso de hecho radicado con el número 9.711, no trató ninguno de los temas aquí examinados sino que se refirió la posibilidad de apelación contra las decisiones dictadas por la unidad de fiscalía delegada ante la Corte en los asuntos sometidos a su competencia, resolviendo que carecían de él.

Segundo cargo

1. Ninguno de los errores de hecho en el mismo denunciados fueron objeto de la acreditación respectiva e igual de su trascendencia, exigencias estas que deben satisfacerse para que la Corte pueda emitir pronunciamiento de fondo debido a carácter rogado del recurso extraordinario de casación, al principio de limitación que lo rige y a que no es una tercera instancia del proceso dispuesta para la continuación del debate probatorio, que es a lo que impropiamente aspira la demandante pues las “objeciones” que realiza no pasan de la pura y simple oposición a la apreciación probatoria efectuada por el juzgador.

2. A través de la primera plantea un falso juicio de existencia que hace consistir en la omisión de apreciación conjunta de los testimonios de Mercedes González, José Quintero Solarte y el denunciante.

Como puede observarse, no es la exclusión de esos medios de prueba del examen ejercido por el juzgador lo que critica, sino que no haya arribado a cierta conclusión que a juicio de la defensa surge del análisis de los mismos. Se trata de la reivindicación de una forma de leer tales declaraciones no admitida en la sentencia, donde a partir de las mismas se declaró; probado que Vallejo Aguado, con la intención de apropiarse del dinero y no de influir en el Fiscal Torres Espitia, con quien simuló tener trato personal y cercano, consiguió que Mercedes González le entregara $ 5.500.000.

3. El supuesto desconocimiento de los postulados de la sana crítica formulado en la segunda, es un pretexto para intentar que la Corte medie en un debate probatorio que ya se agotó.

Que se faltó al principio lógico de razón suficiente es solo un enunciado que encabeza un discurso claramente dirigido a descalificar a los testigos de cargo a través de argumentos que no delatan ningún error de raciocinio del tribunal, sino la insistencia de la defensa en sus criterios sobre el alcance que debió haberse dado a esos medios de prueba.

Así las cosas, de acuerdo con la procuraduría, no se casará la sentencia impugnada.

A mérito de lo expuesto, la Sala dé Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

En contra de la presente decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase.

(6) Cfr., entre otras, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, Sentencia-Casación 18.743, marzo 17 de 2004, M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego; Auto-Casación 22.796, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez, noviembre 11 de 2004; Sentencia-Casación 20.612, junio 1º de 2005, M.P. Dr. Mauro Solarte Portilla.

(7) Folios 121, 142 y 152/1.

(8) Folios 130 y 184/1.

(9) Folios 228 y 230/1; 255, 322, 376, 427, 489, 523 y 609/2; y, 643 y 691/3.

(10) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia-Casación 10.365, mayo 5 de 1998, M.P. Fernando Arboleda Ripoll. Se reiteró el criterio jurisprudencial, entre otras, en las siguientes sentencias: Casación-15.548, noviembre 25 de 1999, M.P. Édgar Lombana Trujillo; y, Casación-15.242, julio 23 de 2001, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

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