Sentencia 1987-07992-01 de mayo 26 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

TRANSACCIÓN EN LITIGIO SOBRE INMUEBLE

No requiere la solemnidad de escritura pública.

Ref.: expediente 1987-07992-01

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Isidro Ardila Velásquez

Bogotá, D.C., veintiséis de mayo de dos mil seis.

Decídese el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 16 de diciembre de 2002, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el proceso ordinario promovido por el municipio de Cali, Instituto de Vivienda de Cali “Invicali” contra Jorge Cornelio Varela Lourido.

I. Antecedentes

La demanda, que luego de reformada dirigióse contra Jorge Cornelio Varela Lourido, pidió condenarlo a restituir la posesión, junto con sus frutos, del lote de terreno denominado “Aldovea”, ubicado en el corregimiento de Navarro, jurisdicción de Cali, el cual hace parte de otro de mayor extensión cuyos linderos indicados el libelo incoativo.

Adujéronse como hechos los siguientes:

El predio hace parte de otro de mayor extensión, cedido por don Pascual Riascos para los ejidos de la municipalidad mediante escritura 72 de 1870 de la Notaría Primera de Cali, quien lo hubo de Joaquín Roberto Barona por instrumento sin número otorgado el 19 de noviembre de 1823 de la misma notaría.

En sentencia de 30 de julio de 1935, el juzgado primero civil del circuito de Cali, al desatar las objeciones formuladas a la partición de la sucesión de Pascual Riascos, ratificó la porción cedida al municipio, decisión confirmada ese mismo año por el tribunal de Cali. Siendo los ejidos imprescriptibles, cual lo establece la ley “Barberena” (41 de 1948), no pueden adquirirlos por prescripción los demandados.

El demandado, al responder, alegó tener título inscrito y posesión exclusiva de la heredad, a la vez que propuso las excepciones que denominó “prescripción adquisitiva ordinaria” y “extraordinaria”, “sentencia judicial que reconoció los derechos a Jorge Varela Lourido”, “carencia de derecho para demandar” e “ilegitimidad sustantiva de la parte demandante”.

Adelantado hasta dicha etapa el proceso, se acumuló a otro que, promovido por Invicali contra el Ingenio Meléndez S.A., cursaba en el Juzgado 10 Civil del Circuito de Cali, despacho al que también había llegado por la misma razón el juicio reivindicatorio seguido por el Instituto contra José Takao Morimitsu Nagana y Ligia Morimitsu de Morimitsu, controversias que fueron transigidas.

La primera instancia ultimose con sentencia desestimatoria de 13 de diciembre de 1999, decisión que apelada por el actor confirmó el tribunal.

II. La sentencia del tribunal

A vuelta de teorizar sobre aspectos relativos a la controversia, abordó el examen de las pruebas tomando como punto de partida las razones del a quo para denegar la reivindicación.

Y entregado a esa tarea, examinó buena parte del haz demostrativo, colocando especial énfasis en la pericia realizada por Luz Amparo Zapata y Harold Velasco, en los títulos de dominio que obran en el proceso, haciendo ver que lo relativo a la identificación de bien, habida cuenta de los cambios del cauce del río Meléndez, dificúltase hoy “notoriamente (…) mucho más cuando a principios del siglo pasado no existían los medios ni conocimientos técnicos actuales para precisar linderos”.

Tras ese prolijo estudio y a modo de conclusiones generales dijo:

— La cadena de antecesores de la Aldovea desde finales del Siglo XIX y principios del XX no deja ver que la finca haya estado comprendida dentro del ejido del municipio, pues se aprecia una tradición diferente.

— Del concepto pericial con su aclaración y adición no puede derivarse que el ejido contenga al denominado Aldovea. La identidad y posesión de la Aldovea fue establecida, mas no el dominio pretendido por el demandante.

— Existen otros tres conceptos periciales rendidos en los procesos acumulados, pruebas que al haberse recibido sin la presencia del demandado Varela Lourido no tiene valor contra él.

— El gran espacio de tiempo que pasó sin que fuera reclamada la Aldovea, permite inferir que no corresponde a los ejidos de Cali o que la movilidad del río llevó a la confusión no dilucidada a pesar de la cantidad de pruebas poco articuladas traídas al expediente.

— Al no probarse de qué manera y por qué causa fueron variados los linderos antiguos de los ejidos de Meléndez hasta su estado actual no fue posible determinar si la Aldovea está contenida en los ejidos de Meléndez, amén que las tradiciones de los terrenos corren paralelas.

Por último, cuanto a la transacción, que negada había sido por el a quo, observó que al auto por el cual dispúsose aquello, que en firme estaba, había de estarse.

III. La demandas de casación

Dos cargos se levantan contra la sentencia del tribunal, ambos por la causal primera de casación, de los cuales sólo se despachará el segundo, habida cuenta que está llamado a prosperar.

Segundo cargo

Acusa la violación directa, por interpretación errónea de los artículos 2469, 2470, 2471 y 2484 del Código Civil; 1º de la Ley 64 de 1966, 169 del Decreto 1333 de 1986, 101, 340, 341 y 407 (num. 4º) del Código de Procedimiento Civil, 8º de la Ley 153 de 1887, en relación con los artículos 674, 665, 765, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 954, 955, 956, 957, 961, 962, 964, 969, 971, 1400, 1401, 2529, 2531 y 2532 del Código Civil, 42 de la Ley 153 citada y 63 y 102 de la Constitución Política.

En su desarrollo afírmase que el tribunal desestimó la minuta de transacción sobre la base de que no equivalía al instrumento público necesario para que el acuerdo fuera válido, acogiendo lo expresado al respecto por el a quo.

Pero tal apreciación encarna un entendimiento erróneo del artículo 340 del Estatuto Procesal Civil, como que dicho precepto no impone una exigencia de tal naturaleza, “en el sentido de que la escritura pública y su registro, deban ser tramitadas de manera preliminar a la solicitud escrita que las partes presentaran indicando los alcances del acuerdo”. Y así sea aconsejable para los efectos prácticos, lo cierto es que la norma nada dice sobre el particular, tanto menos que su incumplimiento conlleve la desaprobación de la transacción, pues amén de que “nada se opone a que luego de la aprobación judicial los celebrantes del acuerdo de voluntades eleven a escritura pública el avenimiento dentro del plazo que les fije el juez y cumplan con la formalidad del registro”, lo que basta para la aprobación es que “el escrito sea presentado por ambas partes y contenga los términos de la transacción o esté acompañado del documento que contenga esta”.

Al respecto, memora cómo la doctrina de la Corte acepta que la transacción se convenga sin la formalidad de la escritura pública, agregando que lo importante de esta es lo consensual, independientemente de la naturaleza de los bienes involucrados en ella, sin que al efecto quepa aducir, como acá lo hizo el juzgador, que quien firmó la transacción no fue el demandado por haber enajenado el bien, pues ello no afecta la validez del acuerdo de voluntad “porque por sabido se tiene que quien adquiere un bien litigioso queda supeditado a las resultas del proceso”.

Consideraciones

Toda la queja gravita sobre el tema del acuerdo a que un día, incluso antes de sentencia, llegaron las partes. Obviamente que lo que plantea el cargo no puede ser tocado insularmente sin mirar toda esa etiología de la concordia deseada y expresada por los litigantes, desde cuando dieron muestras de apaciguamiento hasta su alegada culminación.

El asunto, como se verá, trasciende los lindes puramente legales y adquiere ribetes de marcado sabor constitucional, de modo de pensar que lo estrictamente formulado en el cargo debe ir conectado a todo ese conjunto de cosas que se irán viendo a lo largo de este proveído. Porque es incontestable que a quienes se arrebata la posibilidad de entrar en calma y antes que luchar prefieren buscar caminos alternos para extinguir sus diferencias, además de que conllevaría la eventual violación de las normas sustanciales que rigen la transacción o de la especie de acuerdo o conciliación que cupiese, es evidente que paralelamente hiere de modo grave principios superiores.

El tema de la transacción, ciertamente, no fue algo extraño en el dilatado trámite del litigio, pues a más de que los otros pleitos que resultaron acumulados al que cursaba en el juzgado décimo civil del circuito de Cali fueron transigidos, como en efecto se comprueba del examen de las piezas pertinentes, el último de ellos, el ventilado contra Jorge Cornelio Varela Lourido siguió esa misma senda.

Los acercamientos entre las partes, que comenzaron después de que citadas fueron a la audiencia de conciliación por el juzgado, se materializaron en la petición presentada conjuntamente por los apoderados del municipio y del demandado el 27 de julio de 1999 (fl. 278, cdno. 1), momentos en que el asunto se hallaba ya al despacho en espera de sentencia, solicitud en que informaron al juzgado haber “llegado a un acuerdo respecto al litigio, el cual será perfeccionado por medio de la respectiva escritura pública de transacción” agregando a renglón seguido que “comoquiera que el expediente se encuentra en su despacho para sentencia, comedidamente le solicitamos abstenerse de hacerlo mientras adelantamos el trámite notarial respectivo”, escrito que puesto en la mesa de la juez, previa su autorización, dio lugar al auto calendado el 3 de agosto siguiente, en el cual, accediendo a lo pedido, dispuso la devolución “a la secretaría el expediente hasta cuando se perfeccione la transacción que expresamente se alude en dicho escrito”.

Mas, como para el 22 de septiembre subsiguiente no habían presentado aún el memorial a que aludió el auto, ingresó el asunto nuevamente al despacho de la juez, la cual, dejando de lado la transacción en espera decretó una prueba de oficio. Luego, fue informada de que el apoderado del demandado había sido secuestrado por un grupo alzado en armas (fl. 282), por lo que requirió a la parte a fin de que constituyera otro mandatario (auto de 22 de octubre); y finalmente volvió el proceso al despacho el 8 de noviembre con un informe en que destacábase que el asunto había ingresado con anterioridad para sentencia y que la transacción hasta dicho momento no había sido presentada.

Fue así como el 13 de diciembre el juzgado profirió la sentencia que desató la primera instancia (fls. 284 y ss.); fallo que dictóse a pesar de que el día 1º de dicho mes las partes habían solicitado la suspensión del proceso a términos del numeral 3º del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil “debido a que hemos llegado a una transacción del litigio y estamos en los actuales momentos en los trámites de localización, mensura del predio que habrá de cederse al municipio y otorgamiento de la correspondiente escritura, para posteriormente presentarle la solicitud de terminación del proceso por transacción”. Ese escrito, importante es resaltarlo ahora, fue retenido en la secretaría del juzgado sin ninguna razón que lo explique.

El 10 de diciembre, es decir, tres días antes de proferirse la sentencia, el demandante solicitó aceptar la suspensión suplicada, asegurando al efecto que “es voluntad firme e irreversible de ambas partes celebrar la transacción acordada. Las normas legales y la constante doctrina de la H. Corte Suprema de Justicia respetan la voluntad soberana de los litigantes cuando deciden terminar un litigio o precaver uno eventual por la vía de la transacción” (fl. 304); pero al igual que el anterior escrito, este también fue retenido en la secretaría del juzgado.

Y otro escrito más, esta vez presentado por ambas partes el 14 de diciembre, se dirigió al juzgado solicitando “aceptar y aprobar la transacción acordada entre el municipio de Santiago de Cali y el señor Jorge Cornelio Varela Lourido, de conformidad con los documentos que se acompañan, debidamente firmados y autenticados por las partes”, agregando que el acuerdo transaccional es “incondicional, versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas en el proceso y cuenta con la respectiva autorización del Alcalde Municipal de Santiago de Cali (...) las partes se declaran recíprocamente a paz y salvo. Sírvase declarar terminado el proceso, cancelada su radicación y cancelada también la inscripción de la demanda”. Los documentos que al sobredicho escrito se adjuntaron fueron los relativos al trámite notarial de la minuta de transacción, la minuta propiamente dicha, la que figura debidamente autenticada en esa misma data, la autorización del alcalde y un poder especial conferido por Jorge Cornelio Varela Lourido, obrando a nombre propio y en representación de la sociedad Jorge C. Varela L. & Cía. S. en C. a un mandatario a efectos de suscribir el instrumento pertinente.

Lo cierto es que dicho escrito y sus anexos no entraron al despacho sino hasta el 16 de febrero de 2000, después de que los términos de notificación del fallo vencieron, cual se advierte de la constancia visible a folio 229, que concuerda con la dejada por el secretario el 7 de febrero anterior, donde a la par de justificar porqué no habíase dado trámite a una solicitud de la fiscalía en que pedía copias del proceso, aseguró que los aludidos escritos tan sólo ingresarían al despacho para ser considerados después de corrido ese término de notificación.

Así, tres autos profirió el juzgado en esa misma fecha; uno en que ordenó “glosar” a los autos los escritos que pedían la suspensión para que constaran, observando que fueron presentados cuando ya el asunto estaba pendiente de sentencia, otro en que hizo ver cómo la minuta de la transacción “fue celebrada entre la entidad demandante y una sociedad Jorge C. Varela L. y Cía. S. en C.S.”, adquirente del bien litigado y no con el demandado, por lo que pidió a las partes “hacer uso de la figura procesal pertinente que se requiere para posteriormente entrar a dilucidar la procedencia de la transacción”, y uno último, aplazando la concesión de la apelación interpuesta por el actor hasta que se pronunciara acerca de la transacción.

El actor, entonces, con escrito de 27 de marzo siguiente arrimó copia de la escritura por la cual la mentada sociedad se hizo al dominio del bien materializado en la transacción y solicitó requerir al demandado y a la dicha sociedad para que se sirvieran “manifestar si suscriben o no la transacción. En caso negativo sírvase proceder a concederme el recurso de apelación que oportunamente interpuse, para que el proceso siga su curso normal”; petición que no se atendió desde que el paso siguiente que dio el juzgado fue abstenerse de aceptar la transacción y conceder la apelación interpuesta (auto mar. 28, fl. 337).

Y en esas condiciones fue como llegó el proceso al tribunal a fin de que se surtiera la apelación; allí el punto saltó casi de inmediato a debate, en particular cuando en escrito de 2 de mayo de 2001 (fls. 26 y ss. del cdno. del tribunal) el municipio solicitó declarar ilegales los autos por los cuales el a quo rehusó aceptar la transacción y concedió la apelación, pedimento que fundó en que si bien el inmueble sobre el cual recae el avenimiento pasó a manos de una sociedad, el caso es que Varela Lourido a efectos de la aprobación del acuerdo actuó en una doble condición: como demandado y a la vez como representante que era de la sociedad, de donde la exigencia del juzgado en ese aspecto y la concesión de la alzada resultaron injustificadas. Tal súplica, empero, no tuvo en dicho momento mejor suerte, toda vez que el tribunal, que acababa de disponer la reconstrucción parcial del expediente, terminó desoyéndola en auto de 31 de julio de 2001 (fl. 58), contra el que se intentó fallidamente un recurso de súplica, aunque con otro criterio, pues echó de ver que el instrumento público a que debió ésta reducirse no había sido traído al proceso.

Las constancias procesales muestran que a pesar de la frustránea petición no fue esa la última vez en que intentó el municipio hacer prevalecer la transacción; sin cejar en ese empeño, explanó la misma argumentación en la audiencia de que habla el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil (fl. 92), protesta que, sin embargo, tampoco encontró eco en la sentencia, donde el tribunal desechó la tesis que abogaba por la ineficacia del fallo apelado por cuenta de la transacción, arguyendo una razón nueva, distinta a la enarbolada por el a quo y la expuesta por la propia corporación en el auto que atrás se refirió, esto es, porque “sobre la minuta existe auto ejecutoriado del juzgado, por el cual se abstuvo de aceptarla”, decisión a la que había de estarse el actor.

Pues bien. Con poco que se fije la mirada en todo ello se hace notorio que el proceso no debió cumplir todo ese recorrido, porque en rigor, como se apuntó, él fue detenido por voluntad de las partes. En un momento determinado, convenidas estuvieron ellas en que lo mejor era buscar un arreglo, y así se lo hicieron saber al juez mediante memorial presentado antes de la sentencia. De modo expreso solicitaron allí que fuera suspendido el proceso. Sin embargo, las peticiones en que esto vino recabado fueron preteridas y a cambio el Estado respondió con sentencia. Esta situación reviste incalculables consecuencias y, por lo mismo, mal haríase en considerarla como de poca monta. A la vista, sin necesidad de hilar muy delgado, plantea el problema de cuándo es que el Estado puede ejercer válidamente la jurisdicción y hasta dónde puede él, al menos en el proceso civil, pasar por encima de la voluntad de los litigantes y ejercer a ultranza su potestad falladora. Interrogantes que tienen hondo calado si se advierte que tocan con la estructura misma del Estado en la función pública y comprometen por consiguiente de modo importante caros principios constitucionales.

Ciertamente, la discordia, el litigio, la controversia, es la razón de ser de la intervención del aparato judicial del Estado. En tal supuesto es su obligación zanjar la polémica, so pena de denegación de justicia. No sólo está habilitado sino compelido para hacerlo. Mediante una sentencia discernirá el derecho y pondrá punto final a la disputa. Todos aceptarán, acatarán y respetarán el fallo que se pronuncie, pues es el ejercicio legítimo de una potestad pública, cuya autoridad por lo mismo está reconocida y aceptada de antemano.

Cuando las partes, empero, antes que prolongar el ambiente hostil que las enfrenta, entran en concordia y tantean poner término al litigio, las cosas cambian significativamente de colorido. Están ellas en el pórtico de la avenencia, quizás el bien que más debiera codiciar el hombre, y, como tal, digno de encomio antes que de rechazo. El derecho a la paz no se puede arrebatar y podrán ejercerlo las partes por sí y ante sí. Esto, que ya de suyo se ofrece como lo más racional, adquiere el rigor de lo incuestionable cuando hoy se quiere poner el mayor acento posible en la autocomposición de los pleitos; a lo que parece, el asunto ha adquirido tal dimensión que ya no sólo se conforma con aplaudir los arreglos a que lleguen efectivamente las partes contendientes, sino que se crean mecanismos para estimular y promocionar toda una filosofía pacificadora, y de hecho no es poca la normatividad que ha creado diversos métodos alternativos de solución de conflictos. Así, por contrapartida, se desestimula la pendencia y la querella, factores desestabilizantes de cualquier organización social.

Por todo ello es que causa perplejidad que, como en el caso de ahora, el Estado, a través de los juzgadores de instancia, haya dado de mano a tan legítimo derecho de las partes. Trastocándolo todo llegaron a considerar implícitamente que esa función juzgadora se cumple aun a regañadientes de las partes, y que aunque estas hayan decretado una tregua no decae su obligación de pronunciar el fallo, porque así se lo habían suplicado desde el comienzo; dicho esto de otro modo, que iniciado un pleito no hay sitio para el armisticio. No se cae en la cuenta, así, que el Estado está para apaciguar la contienda, mas no para encenderla o reavivarla.

En trasunto, las partes quisieron un día deponer los ánimos y eso significa en buen romance que ya no querían la intervención del juez, y fueron desoídos. Lo cual traduce, con arreglo a lo dicho, que el Estado se arrogó una potestad juzgadora que de momento había sido suspendida por iniciativa de las partes. Actuó donde no debía actuar. Juzgó donde no era necesario, a lo menos de momento; en fin, no ejerció una función pública legítima.

Así que el gran corolario de todo cuanto queda dicho, es el de que este proceso fue voluntariamente detenido por las partes, y no había razón alguna para que el Estado se ocupara entretanto de una respuesta jurisdiccional. Y como encima de todo, al expediente llegó el acuerdo de transacción (fl. 304, cdno. 1), quiere decir que el proceso fue clausurado por ese medio. Tal libelo, en efecto, revela el acuerdo de voluntades en torno a cómo desearon las partes ponerle término al litigio, con las concesiones recíprocas que caracteriza convenio semejante, al que incluso se anexó lo que se conoce como la minuta de una escritura pública. Eso era más que suficiente, pues la Corte piensa que es de la esencia del contrato de transacción la consensualidad, y que, por lo mismo, en ese aspecto ninguna incidencia tiene la clase de bienes sobre los cuales recae. No es sino examinar la regulación que de ella trae el Código Civil para entender que si en ninguna parte aparece exigida solemnidad alguna, es porque el legislador estimó que no era menester, cosa que, como es sabida, ya no cabría entonces sustentar por vía meramente interpretativa. Ampliamente se conoce que en desarrollo de la autonomía de la voluntad y la consiguiente libertad contractual, en principio las partes no tienen más ley que su albedrío, y desean que sus relaciones jurídicas se vean libres de cortapisas, porque precisamente entienden que la esencia del negocio jurídico está principalmente en el quererlo. Lo corriente es, pues, que el consentimiento y el avenimiento en un contrato se exprese del modo más natural que se pueda, si ya no es que una norma, de ordinario por razones de interés público, exige que la voluntad sea comunicada de una determinada manera, como cuando reclama escritura pública, caso en el cual es preciso que el deseo contractual trascienda más allá de lo estrictamente privado pues habrá que hacérselo saber a un notario en la forma que positivamente se tenga establecido. Si la norma excepcional no aparece, la manifestación del consentimiento será expedita.

No cree la Corte, contra el pensamiento de muchos, que tan acendrados principios del derecho privado puedan dar vuelta por la naturaleza de los bienes objeto de transacción. Cierto que los bienes raíces han concentrado históricamente una especial atención jurídica; su representatividad en los sistemas económicos, su valor e importancia así lo han aconsejado. Los ordenamientos jurídicos lo han hecho patente, y solícitos se muestran para reclamar que su comercialización esté dotada de cierta seguridad, exigiendo más de una vez que su negociabilidad sea solemne. Así, la compraventa, hipoteca, servidumbre, usufructo, para no citar más que algunos ejemplos. Pero el asunto no puede pasar de ahí. Enfatización ésta que se antoja imperiosa, porque existe la propensión de que donde se diga inmueble se dice escritura pública, lo cual, sin norma, según se anticipó, no es veraz. En un tiempo se creyó, verbigracia, que si lo que al mandatario se encargaba recaía sobre inmueble, el propio mandato transmudaba su naturaleza de consensual a solemne, y debía entonces otorgarse escritura pública, cuestión que incluso llegó a sostener la jurisprudencia de la Corte. Hasta que llegó la hora en que esta misma clarificó que una cosa era el mandato (contrato emblemático de la consensualidad) y otra el encargo que implicaba, de modo de pensar que la dos conservan su autonomía y por ende cada cual mira para su lado.

Es probable que otro tanto haya acontecido con la transacción. En verdad nada hace descartar que el intérprete, atrapado por la idea que inspiran los bienes raíces, estime que dentro de su labor está el entrar a clasificar las transacciones en solemnes y consensuales, según que comprendan bienes raíces o no, sin parar mientes en que la evaluación de si un contrato ha de escapar a la regla general de consensualidad corresponde al legislador y no al intérprete.

Por otra parte, nada hostil a lo que se afirma puede ser el artículo 12 del Decreto 960 de 1970, pues si bien es cierto que manda la escritura pública para “todos los actos y contratos de disposición o gravamen de bienes inmuebles”, sin olvidarse eso sí de la taxatividad del asunto como da en memorarlo a continuación, no lo es menos que la transacción no es per se un acto dispositivo y menos un gravamen. Puede ser que en esto estribe el error. La transacción en sí no es más que un acuerdo para acabar con un litigio, o precaver uno futuro, caracterizado porque las partes renuncian a la exclusividad de los derechos en disputa y prefieren más bien ceder parcialmente sus aspiraciones recíprocas. Acordados en eso, la transacción es perfecta a los ojos de la ley. La transacción es eminentemente declarativa, en cuanto comporta el anuncio de que ya no se quiere más pendencia, de suerte que si la disputa está judicializada, las partes tienen que someterse a los requisitos que para el efecto establece el Código de Procedimiento Civil, para que el juez decida con conocimiento de causa su aprobación. Esta injerencia del juez hace que la transacción dentro del proceso repudie todavía más el exigir unas solemnidades, pues el asentimiento transaccional ha sido dirigido al funcionario y depende de este su aceptación.

Una cosa es entonces la transacción y otra muy distinta su ejecución, la que por cierto sí puede implicar connotaciones trasmisivas; pero ni por lumbre puede significar en caso de tener tal connotación, que de inmediato comunique su carácter solemne a la transacción misma. De ahí que la Corte hubiese sido del parecer que una transacción relativa a linderos, pese a que recae obviamente sobre raíces, no requiere la solemnidad de la escritura pública, según puede verse en sentencia de 22 de marzo de 1949, LXV, página 634, donde sobre la base del cariz consensual de la transacción señaló que en estos eventos “basta el acuerdo de las partes para su perfeccionamiento (...) porque por su naturaleza, la transacción no es transmitiva, sino simplemente declarativa o reconocitiva de los derechos que forman el punto de discrepancia”.

Podría objetarse a ello que la teleología de la transacción no es cambiar un litigio por otro que pudiera dimanar del incumplimiento de la transacción misma, sino cumplida y precisamente que la litigiosidad llegue a su fin; y que entonces la transacción es cosa acabada, de ejecución instantánea, manera única de garantizar que entre sus celebrantes ya no habrá más pendencia con ocasión de la disputa actual, cosa que de paso entrega argumentos a los que critican que la transacción pase por contrato, porque su poder no es generar sino extinguir obligaciones. No obstante, no parece correcta esta objeción porque entonces quedaría sin explicación del porqué el artículo 2486 del Código Civil concibe la cláusula penal en tal tipo de convenio, siendo que esta es por definición una garantía personal de las obligaciones, sin las cuales, entre otras cosas más, no podría subsistir aquélla; y obviamente que tales obligaciones garantizadas con cláusula penal necesariamente tienen que ser las que diferidas fueron para su ejecución. Con el agregado de que no es extraño que modos extintores de obligaciones generen a su turno otras, cual sucede en la novación en la que la obligación, para decirlo con algo de metáfora, resulta paga con una nueva promesa. Es más, según lo preceptúa la ley procesal, el cumplimiento forzado de las obligaciones “reconocidas mediante conciliación o transacción aprobadas en procesos declarativos” se adelanta ante el mismo juez que, precisamente, había finalizado los procesos con apoyo en tales causas conciliatorias (art. 335, postrer inc., CPC).

Ya se dijo, en fin, que la conveniencia, por establecida y admitida que parezca, carece de virtud para sustentar por sí sola una solemnidad, asunto que directamente concierne al legislador. Conveniencia que, por lo demás, sería tanto más discutible en la hora actual, porque, como desde el pórtico de estas reflexiones se anticipara, ya la autocomposición de los litigios ha dejado de ser cosa que sólo interesa a los particulares envueltos en ellos y ha adquirido una tonalidad de interés social, con todas las secuelas anejas de una transformación así. Señaladamente porque el asunto ya no se reduce a consagrar un derecho en ese sentido, sino en difundirlo, promocionarlo y, lo que es más de relievar, propiciarlo, todo con arreglo a lo que desde la misma Carta Política se pregona, ángulo apaciguador que ciertamente repudia el escrúpulo infundado de exigir más de lo que estrictamente es menester para que las partes depongan los ánimos. El deseo de no litigar más, ha de avivarse antes que sofocarse.

Quizás por eso es que la conciliación, a la que tanto énfasis se le hace en el mundo contemporáneo sea admitida lisa y llanamente sin entrar en los distingos que vienen comentándose. Precisamente porque una cosa es la conciliación en sí y otra distinta su ejecución o cumplimiento; ya lo referente a los medios de que se hayan valido las partes, la ejecución misma del acuerdo, si implica ejecución formal de algunos actos, o no, no es de la esencia del acuerdo que por lo pronto pone término a la actual controversia. De donde se sigue que los actos acordados que le sirvieron de medio a la conciliación —y porqué no respecto de la transacción— carecen de virtud para hacerle perder a ésta su autonomía jurídica; así, si dentro de cesión recíproca está la de ceder en parte el inmueble disputado, no hay cómo exigir que desde ya esté la escritura pública.

En fin, como fuere, el juzgador antes que haber mostrado repugnancia por los acuerdos, debió de su parte propiciar y ayudar a que el finiquito de la controversia no se frustrara, mostrando aprecio por la transacción a que arribaron los litigantes, en la cual, según quedó visto, se fijaron debidamente sus alcances, sin que al efecto pueda objetarse que no fue suscrita por quien tenía el derecho en disposición. Y esto porque no es exacto decir que la “minuta” no fue firmada propiamente el demandado sino una sociedad ajena al litigio, como lo entendió el a quo, pues lo que el documento reza —y lo corrobora el poder que para esos fines se confirió—, es que al acto concurrió Varela Lourido en esa doble condición de demandado y de representante de la dicha sociedad de que habla uno de los escritos a que en su lugar se hizo alusión.

De tal suerte que de allí en adelante la actuación carece de sustento, y de paso nada justifica la existencia de las sentencias, la casación del fallo de segundo grado adviene ineluctable, por supuesto que si el Estado no tenía potestad judicial para pronunciarlo, no hay más alternativa que la de su quiebre. Y de paso, al conculcar el derecho que asiste a los litigantes para zanjar directamente su divergencia, acabó extirpando una eventual aplicación del derecho sustancial que ya en la especie específica de la transacción alega la censura.

Así, siendo la existencia del convenio cuestión irrecusable, desde luego que en ciernes viene un acuerdo de voluntades que alberga el propósito indeclinable de las partes de poner fin al litigio, avenimiento que califica la Corte de transacción, fuerza es impartirle aprobación, lo que en efecto se hará, disponiéndose entonces la terminación del proceso.

Por lo dicho, reitérase, prospera el cargo.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de procedencia y fecha preanotadas.

En su lugar, apruébase la transacción a que arribaron las partes en este asunto y de la cual se ha hecho mérito. Dispónese en consecuencia la terminación del proceso.

Sin costas por haber prosperado el recurso.

Notifíquese y devuélvase al tribunal de procedencia.

Magistrados: Edgardo Villamil Portilla—Manuel Isidro Ardila Velásquez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Pedro Octavio Munar Cadena—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete.

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