Sentencia 19870 de octubre 1º de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

VIGENCIA DEL LAUDO ARBITRAL

LIMITACIONES QUE TIENEN LOS ÁRBITROS

EXTRACTOS: «Cuestiona el sindicato recurrente en primer término la vigencia del laudo dispuesta por el tribunal de arbitramento, pues estima que al fijarla por dos años se superaron los parámetros del pliego de peticiones de acuerdo con el cual el plazo era de un año, contado desde el 1º de julio de 2001 hasta el 30 de junio de 2002.

El tribunal adujo como apoyo de su decisión que debido al incremento salarial decretado y por los distintos aspectos del laudo que favorecen a los trabajadores, su vigencia no puede ser menor a dos años. Además, tomó en consideración que “lo más sentido por los trabajadores se relaciona con el escalafón y que el tribunal estima que va a ser una realidad y que es preciso dar un tiempo para que las relaciones entre los trabajadores y los empleadores tomen un cauce de comprensión y colaboración, pues la existencia de la empresa será su propio destino”.

Esta determinación del tribunal de arbitramento no transgrede el límite temporal fijado por el legislador en el numeral 2º del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con la vigencia de un laudo arbitral ya que según esa normativa “no puede exceder de dos años” y está acorde además con los lineamientos jurisprudenciales esbozados por la Sala en reiteradas sentencias, en las cuales ha reconocido que un fallo arbitral puede señalar un término de vigencia distinto al aspirado en el pliego de peticiones, siempre que no supere el señalado por la ley. Así en la sentencia de homologación Nº 14048 del 15 de febrero de 2000, se dijo textualmente lo siguiente:

“La institución de los tribunales de arbitramento es una de las más preciosas conquistas democráticas. Ante todo es un mecanismo de solución pacífica de conflictos de intereses, en los eventos en que los protagonistas del fenómeno colectivo no han podido resolverlos a través de los mecanismos ordinarios de autocomposición consagrados en la ley.

Nuestro ordenamiento positivo fija a los árbitros algunas restricciones cuando actúan en ejercicio de su cometido de dirimir el conflicto a ellos propuesto; pero también los dota de amplias facultades, para que sin prescindir de la ley, dicten por sí solos la sentencia colectiva obligatoria, con criterio de equidad, en busca de la justicia al caso concreto y procurando armonizar los intereses sociales y económicos.

La vigencia de los laudos es uno de los puntos de mayor trascendencia en cuanto concierne a la equidad. Por lo tanto, exige de los falladores un cuidado especial para procurar la realización teleológica de la función arbitral. Este tema constituye uno de los aspectos de “envoltura” de la normatividad colectiva en la medida en que lo dispuesto por los árbitros sobre él afecta al conjunto de ella. Por eso mismo, en principio, no puede ser abocado aisladamente, sino dentro del contexto de las resoluciones del tribunal.

En ese orden de ideas, las únicas limitaciones en derecho que tienen los árbitros al señalar los linderos temporales del fallo colectivo que profieran son las que determine expresamente la ley, sin que estén sujetos a la camisa de fuerza de las aspiraciones de las partes sobre el particular.

Y esa única restricción legal está contenida en el artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo que precisamente regula “El efecto y vigencia de los fallos arbitrales”, y en su numeral 2º prescribe que “La vigencia del fallo arbitral no puede exceder de dos años”.

De tal modo que los árbitros pueden disponer que desde la fecha de expiración de la convención colectiva denunciada en adelante rija el fallo arbitral durante el lapso que en equidad estimen razonable, sin exceder de dos años y siempre que ese punto haya sido sometido a su decisión.

Del precepto invocado se desprende que así los mismos trabajadores hayan fijado en el pliego de peticiones una vigencia superior al bienio y ello no hubiera sido materia de acuerdo en la etapa de arreglo directo, si el conflicto se resuelve por medio de arbitramento, el laudo que allí se profiera, por disposición expresa del legislador, no puede exceder de dos años. Ello quiere decir que en ese evento, no priva la voluntad de quienes promovieron el conflicto, en virtud del mandato legal y de la misma naturaleza económica afectada por la constante evolución de las condiciones económicas, que exigen una revisión del contenido convencional para efectos de adecuar sus cláusulas a la realidad del momento y del inmediato futuro, como también de estabilizar las condiciones de la prestación de los servicios.

La razonable limitación de los dos años es válida ya que por lo explicado sería poco probable en la realidad, que los mismos trabajadores en la autocomposición suscribieran una convención colectiva de trabajo a perpetuidad o por lo menos durante un lapso mayor.

Mas dentro de ese lindero legal, los árbitros están facultados para señalar el ámbito temporal de la nueva normatividad arbitral no avenida por las partes, llegando incluso a disponer que su expiración sea ulterior a la propuesta por los trabajadores en el pliego de peticiones.

Esta modalidad de vigencia, que la doctrina denomina de “duración estipulada” o “impuesta legalmente”, evita inclusive el desgaste tanto de las organizaciones sindicales como de las empresariales que se ven en la necesidad de tramitar un conflicto cuando no han resuelto el anterior, como se ha visto en alguno casos en que el tribunal profiere un laudo cuando ya ha vencido el plazo propuesto por los trabajadores en el pliego de peticiones, como tuvo oportunidad de expresarlo esta Sala en Homologación del 22 de noviembre de 1989. De manera que es ahí donde esa disposición legal cumple con el cometido de garantizar también la estabilidad en las condiciones de prestación del servicio”.

Por lo tanto, el tribunal de arbitramento estaba facultado para fijar un término de vigencia del laudo superior al indicado por asociación sindical en el pliego de peticiones, siempre y cuando no superara el término de dos (2) años fijado en el artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo lo cual no ocurrió en ese caso en que la vigencia del laudo se fijó en 2 años».

(...).

AUMENTOS SALARIALES DECRETADOS POR LAUDO

FACULTADES DE LOS ÁRBITROS PARA FIJAR DESDE CUÁNDO OPERAN

EXTRACTOS: «Con relación al reproche de no haberse reconocido el incremento salarial a partir del 1º de julio de 2001, es de advertir que en principio el laudo arbitral produce efectos hacia el futuro, valga decir, a partir de la fecha de su expedición, toda vez que con arreglo a lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 del Decreto-Ley 616 de 1954, la convención colectiva denunciada rige hasta cuando se firme una nueva o se expida un laudo que tiene el carácter de tal de acuerdo con lo previsto en el artículo 461 ibídem.

A pesar de lo anterior, la jurisprudencia de la Corte a partir del fallo de 19 de julio de 1982 proferido por la Sala Plena de Casación Laboral, ha aceptado que los aumentos salariales puedan tener efecto retrospectivo con el fin de corregir el desequilibrio económico que eventualmente puedan sufrir los trabajadores con la prolongación de la solución del conflicto colectivo, cuando las partes no lleguen a un arreglo directo y sea necesaria su definición por un tribunal de arbitramento, mediando incluso en algunos casos la huelga (Sent. mayo 6/2002, rad. 18380).

Sin embargo, ello no comporta una camisa de fuerza, sino que corresponde a una potestad de los árbitros, quienes no están obligados a decretar en forma automática en todos los casos incrementos salariales retrospectivos, sino que tal decisión dependerá de las circunstancias específicas del conflicto sometido a su conocimiento, deberá adoptarse esencialmente en equidad, y en esa óptica puede analizar aspectos tales como el conjunto de prerrogativas otorgadas en el laudo, la situación salarial de los trabajadores y la disponibilidad económica de la empresa.

En ese orden de ideas, si no se impone de manera inexorable a los árbitros que los incrementos salariales sean retrospectivos mucho menos que lo sean a partir de una fecha determinada; en consecuencia, no incurrió en ninguna irregularidad el tribunal cuando reconoció en este evento el incremento salarial con retrospectividad al primero de enero de 2002 y no al 1º de julio de 2001 como lo pretende la impugnación».

(...).

RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES

CASOS EN QUE SE DEVUELVE EL EXPEDIENTE A LOS ÁRBITROS

EXTRACTOS: «Las facultades de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como órgano jurisdiccional dentro del recurso de anulación, se limitan con arreglo al artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social a verificar la regularidad del laudo y a declararlo exequible, confiriéndole fuerza de sentencia, si el tribunal de arbitramento no hubiere extralimitado el objeto para el cual se le convocó y a cuidar que con el laudo no se afecten derechos o facultades de las partes reconocidos en la Constitución Política, las leyes o normas convencionales tal como lo señala el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo.

Ahora bien, conforme al artículo 143 del estatuto procedimental en comento, debe la Corte devolver el expediente a los árbitros, cuando “hallare que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria”, también ha deducido la jurisprudencia que cuando los árbitros no se pronuncian sobre una denuncia fundada y concreta de la normatividad colectiva o no realizan la armonización de convenciones colectivas de trabajo con la Ley 100 de 1993, cuando se dan los supuestos previstos en el artículo 11 de esta norma y su decreto reglamentario, procede igualmente la devolución, para que decidan el diferendo en su integridad. Pero el ordenamiento positivo colombiano no dispone el reenvío del expediente por parte del juez que conoce del recurso de anulación para casos como el planteado por el aquí recurrente referido a la falta de claridad en la redacción de las cláusulas arbitrales o que su contenido no coincida con las aspiraciones de las partes».

(Sentencia de anulación, octubre 1º de 2002. Expediente 19.870. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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