Sentencia 199 de junio 11 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: jun. 11/2002.

Expediente T-1100122030002002-0199-01

Magitrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Decídese la impugnación presentada contra la sentencia dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la cual se resolvió la acción de tutela promovida por el doctor Ramiro Bejarano Guzmán contra el doctor Antanas Mockus C., Alcalde Mayor de esta ciudad.

Antecedentes

1. Para obtener protección del derecho fundamental de petición, se instauró la referida acción, apoyada en los relatos que, en lo medular, se compendian de la siguiente manera:

1.1. Se desea establecer si el Alcalde Mayor, en su primer mandato, habitó con su familia en el palacio Liévano y con cargo al presupuesto de la secretaría general, se hicieron varios gastos de orden personal, entre otros, pañales y demás elementos destinados a bebés recién nacidos.

1.2. El 18 de febrero de 2002, el accionante elevó petición al funcionario accionado, para que le informara sobre las razones de esas compras y le remitiera copias de los documentos relacionados con el tema en cuestión.

1.3. Destacó que a la presentación del libelo, habiendo vencido los términos de ley, no ha recibido respuesta, con lo que se vulneró el derecho enunciado.

2. En el trámite surtido hizo saber que el 15 de marzo del año en curso, había recibido comunicación de la directora de estudios – conceptos de la alcaldía, orientada a dar respuesta, luego de estar vencido el plazo legal y sin dar solución a lo que específicamente reclamó.

Sentencia del tribunal

Accedió el tribunal a lo pretendido y como consecuencia ordenó que el accionado, dentro del término de 48 horas, proceda a atender el derecho de petición presentado el pasado 18 de febrero, por considerar, en síntesis, que el documento del 8 de marzo de 2002, enviado para satisfacer la solicitud, no había materializado respuesta de fondo, clara, precisa y documentada al peticionario.

La impugnación

A través del director de la oficina de asuntos judiciales, se recurrió el fallo, afirmando que el tribunal no analizó detenidamente el punto, ya que de los distintos soportes allegados al trámite, se puede colegir que lo pretendido por el accionante fue materia de oportuna respuesta. Que el mecanismo no está previsto para obtener pronunciamientos favorables como se pretende, en virtud de lo cual suplicó revocar la decisión aludida.

Consideraciones

1. Sea lo primero, dejar por averiguado el carácter de derecho constitucional fundamental que ciertamente ostenta el derecho de petición, consagrado como tal por el artículo 23 de la Constitución Política, el cual entraña la facultad que tiene toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución.

Desde luego que éste, como todos los derechos que consagra la Constitución, tiene un carácter “no absoluto”, si se quiere relativo, en tanto su ejercicio, además de racional, eventualmente puede resultar limitado por otros derechos de igual raigambre y carácter, de acuerdo con la ponderación que se haga en el caso concreto. Por lo demás, como la jurisprudencia lo tiene definido, el derecho en comentario tiene como núcleo esencial, la facultad de formular la petición por parte de la persona y el deber de la autoridad de dar una oportuna y razonable respuesta, con independencia de su contenido, que bien puede ir desde lo positivo a lo negativo, pasando por lo formal.

2. Se parte de la anterior precisión, porque el derecho de petición que se dice no resuelto, formulado en “interés particular” para obtener información con el fin de hacer comentarios en una “columna de opinión” en un conocido periódico, no puede en este caso ser protegido por el mecanismo de la tutela, porque la respuesta que a través de él se pretende obtener (informe sobre los motivos para haber adquirido, con fondos del Distrito, con destino a la casa privada en la que el alcalde vivió con su familia, en el período anterior, pañales y demás elementos destinados a bebés recién nacidos), por desbordar el marco legal de las funciones atribuidas a la autoridad requerida, pone en tela de juicio la responsabilidad penal o disciplinaria del funcionario, al pretenderse en abstracto una respuesta con independencia del fin particular del peticionario, que bien puede derivar en reproches de las especies señaladas, cuya investigación daría lugar a procedimientos judiciales o administrativos, donde necesariamente el investigado gozaría del derecho, también constitucional fundamental, de la no auto incriminación, previsto por el artículo 33 de la Constitución Política.

3. De manera que el presente caso ofrece un claro ejemplo de conflicto de principios o derechos fundamentales: el de petición y el derecho a la no auto incriminación, que a partir de pautas constitucionales debe ser resuelto privilegiando el segundo de los mencionados, no sólo porque la petición concreta se hace en interés particular, sino que se signifique compromiso de otro derecho constitucional fundamental, sino, porque de no procederse así, eventualmente, como quedó dicho, pudiera resultar comprometido y por ende vulnerado el debido proceso del funcionario requerido, si se tiene en cuenta que de su núcleo hace parte la presunción de inocencia y como garantía de ésta, el derecho a no auto incriminarse en materias penales y disciplinarias, como lo tienen dicho las jurisprudencias de la Sala Penal de esta Corte y de la Corte Constitucional.

4. Además, ni lógica, ni jurídicamente es posible concebir una fórmula conciliatoria entre los dos principios, porque ella no sólo supondría soslayar el conflicto, que efectivamente se presenta, sino desconocer la naturaleza de derecho de autonomía que tiene la facultad de no auto incriminarse, que como tal garantiza una inmunidad que se reconoce a partir de la abstención u obligación negativa, que es la que precisamente se tiene en cuenta para no dar una orden de respuesta que puede resultar invasora de ese espacio de libertad.

5. En virtud de lo expuesto se impone la revocatoria de la decisión del tribunal.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, para en su lugar denegar el amparo deprecado.

2. Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Nicolás Bechara Simancas—Manuel Ardila Velásquez—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, con salvamento de voto—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno.

SALVAMENTO DE VOTO

La Sala decidió revocar la protección dispensada por el tribunal, tras considerar, en suma, que ante el conflicto de principios o derechos constitucionales: el de petición y el derecho a la no auto incriminación, sin fórmula conciliatoria, debía privilegiarse el segundo, para poner a salvo el debido proceso del funcionario requerido, concretamente, la presunción de inocencia.

Frente a ello, respetuosamente, paso a expresar los motivos que apuntalan mi comedido disentimiento, a partir de los cuales, en su momento, formulé la propuesta —tesis jurídica— de modificar —pero no revocar— el fallo de marras y, con ello, correlativamente, mantener incólume el equilibrio de las prerrogativas aludidas, toral en este tipo de asuntos, en mi entender.

Está claro que la petición se encaminó a saber por qué se adquirieron, con fondos del Distrito, para la casa privada que el señor Alcalde Mayor vivió con su familia, en el período anterior al del Dr. Enrique Peñalosa, pañales y demás elementos destinados a bebés recién nacidos y obtener copias de los documentos —facturas, comprobantes de egreso, recibos— relacionados con compras, adquisiciones de diferentes bienes destinados y enviados, en tal lapso, para aquella sede.

Sobre el particular, importa precisar, en primer término, que el núcleo esencial del derecho de petición previsto en la Constitución Política, no concede al interesado, es cierto, una facultad de carácter absoluto o caprichoso, sino que está sujeta a ciertas y específicas condiciones propias de la administración, merced a que para tópicos distintos se debe acudir a las vías jurisdiccionales respectivas, escenarios en los que existiría, según el caso, deber en torno a puntualizar, detalladamente, el motivo o la razón del proceder por el que se averigua, ya que resulta indubitable que si la garantía del artículo 33 ibídem, tiene cabal vigencia en el campo judicial, también aplica en la órbita materia de análisis.

Así, pues, aunque el propósito material del peticionario pone de relieve tópicos que podrían llegar a comprometer el derecho a la no auto incriminación, que se acaba de enunciar, cumple advertir que la impugnación, así lo entendemos, debió despacharse dejando a salvo las garantías que en esas condiciones lucen enfrentadas, esto es, a partir del inocultable “enfrentamiento de principios”, correspondía decidir la controversia —inicialmente— de modo que se protegieran o resguardaran ambos —sin que con ello se soslaye el conflicto suscitado—, toda vez que “corresponde a la interpretación judicial la búsqueda de un equilibrio entre intereses particulares y generales, de tal manera que ninguno de los dos sea subsumido o minimizado por el otro (C. Const., Sent. T-401/94, se destaca fuera del texto), según las circunstancias de índole fáctica.

En estos casos, como bien lo explicita el profesor Carlos M. Romeo Casabona —aun cuando desde una perspectiva especializada—, si se está en presencia de un conflicto de intereses, se debe procurar “la conjugación y respeto de ambos, siempre que sea posible su conciliación” (1) . Importa señalar, que en el derecho en general, no es inusual la conciliación de intereses cuando estos se encuentran en conflicto, o más específicamente en tensión jurídica, como lo recuerda un sector de la doctrina especializada (2) .

(1) La actividad curativa, Bosch, Barcelona, 1982, pág. 387.

(2) Cfr. Nueva filosofía de la interpretación del derecho, Recaséns Siches, Luis. Fondo de Cultura Económica; México - Buenos Aires, pág. 285.

Así las cosas, de cara a solicitudes del linaje memorado y sin irrumpir el escenario de la no auto incriminación, que sentenció la mayoría quedaría conculcado al impartirse, en esas condiciones, una orden de respuesta, nada impide que el fallo cimentado en un laborío hermenéutico encontrara el equilibrio en orden a proteger al accionante en cuanto a la facultad que tiene para acudir a la administración y obtener oportuna respuesta, sin desconocer con ello, claro está, la garantía descrita en el artículo 33 citado, menos, como es obvio y natural, el debido proceso del funcionario requerido.

Con esa finalidad, la Corte habría podido, se dejó anotado, modificar el fallo revisado en el sentido de disponer que el amparo sólo se dispensaba para que el funcionario accionado hiciera un pronunciamiento en torno al contenido del escrito presentado el pasado 18 de febrero y, naturalmente, de acuerdo con las circunstancias que encontrare preciso incorporar en el escrito de respuesta, sin que, como en multitud de ocasiones se ha dicho, pueda indicársele el contenido de la respuesta; menos, si es positiva o negativa, dejando así indemne el derecho por el que decidió inclinarse la mayoría, para entonces negar amparo a la prerrogativa de marras (petición), que estimo desatendió el funcionario acusado, fincado en que ya se había pronunciado sobre el punto, cuando lo cierto es que el escrito que generó la queja de que se trata, en su contenido material, es disímil al que otrora cursó y que ciertamente en su momento respondió.

En consecuencia, reitero, con toda atención, que debió, en vez de revocarse la sentencia del tribunal, modificarse, para que en esas condiciones el señor alcalde, acorde con lo que estimare de recibo, emitiera respuesta, con total independencia de su contenido y alcance.

En síntesis, sin desconocer el derecho a la no auto incriminación —que desde luego se reafirma por su linaje y relevancia—, considero que se hubiere podido preservar incólume igualmente el del peticionario, a su turno también digno de tutela jurídica. Cosa enteramente distinta es que, previamente advertido el accionado, optara por no responder lo solicitado, justamente en desarrollo del precitado principio (el de la no auto incriminación), eso sí manifestando expresamente ese concreto hecho en su escrito. Por tanto, habría sido posible que el funcionario, en uso de una prerrogativa legítima respondiera —recta vía— la petición formulada. De allí que como esta posibilidad existía, ella fue recortada o eliminada a priori, mediante la decisión que mayoritariamente adoptó la honorable Sala.

En una sola frase, no era inexorable privilegiar el derecho del accionante, si existía un mecanismo conciliador, respetuoso de ambos intereses, por lo demás. De consiguiente, por este camino del privilegio se desconoció la pertinencia del derecho del tutelante, puesto que si lo que se pretendía era evitar la supraindicada auto incriminación, debió dejarse en libertad al funcionario requerido para que éste, ad libitum, elaborara la respuesta pertinente, bien en el sentido de responder directa y explícitamente —como lo hizo en el trámite de la tutela luego de proferida la sentencia de primera instancia— o manifestando que no estaba obligado a pronunciarse, por las razones antedichas, relativas a la no autoincriminación, dejando a salvo esa prerrogativa.

Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo 

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