Sentencia 1990-00638 de enero 31 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “C”

Rad.: 05001-23-26-000-1990-006381-01 (17.842)

Consejero ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: Luis Asdrúbal Jiménez Vaca y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., treinta y uno de enero de dos mil once.

Resuelve la Sala, el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 8 de julio de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se negaron las súplicas de la demanda.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 8 de julio de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Previo a resolver de fondo, se debe precisar que en relación con la valoración de los recortes de prensa o periódicos que fueron allegados como prueba, se hace necesario reiterar que las noticias difundidas en medios escritos, verbales, o televisivos, en términos probatorios, en principio no dan fe de la ocurrencia de los hechos en ellos contenidos, sino simplemente, de la existencia de la noticia o de la información; por consiguiente, no es posible dar fuerza de convicción a dichos documentos, en cuanto se relacionan con la configuración del daño antijurídico y su imputación a las entidades demandadas, en tanto que a partir de los mismos no se puede derivar certeza sobre el acaecimiento y las condiciones de tiempo, modo y lugar de los sucesos allí reseñados(1).

Ahora bien, con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

1. El 4 de abril de 1988, el señor Luis Asdrúbal Jiménez Vaca, ingresó a la Clínica El Rosario, en la ciudad de Medellín, debido a un impacto con arma de fuego en la región lumbar izquierda (fls. 108 y 108 vto. cdno. 1). Posteriormente, por razones de seguridad, fue trasladado a la clínica Palermo en la ciudad de Bogotá, donde fue intervenido quirúrgicamente —Laparotomía— (fl. 103, cdno. 1).

2. Asimismo, obra en el expediente un dictamen médico realizado al señor Jiménez Vaca, por solicitud del tribunal de primera instancia, en el que se consignó lo siguiente:

“De acuerdo con los reporte(sic) que he recibido, el señor Jiménez fue herido con disparos en la espalda y la región abdominal en Colombia, el 4.4.88 (Apédice (sic) 1). Luego de recibir un tratamiento de emergencia y de rehabilitación inicial, el señor Jiménez dejó Colombia y viajó a Inglaterra donde se le admitió en el Middlesex Hospital de Londres el 22.6.88 bajo el cuidado del doctor G.M. Stern. Neurólogo de este país. Luego de una investigación, tratamiento, hidroterapia y fisioterapia, se le dio de alta el 29.6.88, quedando bajo la responsabilidad del doctor Stern como paciente externo, hasta el 11.5.89.

“(...).

“Sobre la línea media una cicatriz de 35 cm, que va desde la región hipogástrica hasta el área pre-púbica, se halla sobre-pigmentada y visible sobre las áreas umbilicales y pre-púbicas, de 1 cm de ancho y visible a 3 m de distancia, causando una alteración en la armonía estética de la distancia abdominal y por ende causando una alteración en la armonía estética del área abdominal…

“Sobre el área inguinal izquierda una cicatriz de 3 cm en dirección oblicua y que no es fácilmente visible por el tejido adiposo tan abundante que rodea el área abdominal.

“Cicatriz circular de 1 cm de diámetro, oscura (sobre-pigmentada), localizada a 3.5. cm de la línea paravertebral izquierda, sobre la 3ª y 4ª vértebra lumbar...

“Estas cicatrices son el resultado de las heridas de bala descritas en el apéndice I y de la intervención quirúrgica del abdomen para tratar las heridas internas causadas por las balas.

“las extremidades inferiores marcaron asimetría de los muslos debido a una atrofia muscular en el muslo izquierdo...

“Hay, por lo tanto, un impedimento notable en la función locomotora y un efecto secundario de la circulación de la extremidad inferior izquierda que está afectando la piel causando un edema...

“El señor Jiménez ha sufrido dolores en la parte baja de la espalda y la pierna izquierda como consecuencia de las heridas de bala recibidas en abril de 1988 en la región cauda equina de la columna vertebral. Ha experimentado caída del pie izquierdo desde entonces y carece de reflejos en la parte interna del tendón de la pierna izquierda. El doctor Pierce, quien examinó al señor Jiménez el 24 de septiembre de 1993, notó un ‘daño neural significativo relacionado con sus heridas de bala’. Este factor, junto con cambios degenerativos en la región posterior lumbar causada por las heridas sufridas en ese lugar, producen un dolor continuo durante la quietud y agravado cuando se camina. Puede levantar la pierna izquierda solamente a 50 grados y tiene que utilizar prótesis para el pie. Se le está tratando con un corset quirúrgico para aliviar el dolor en la espina lumbar, pero este parece que solo va a tener un éxito parcial. Hoy tenía únicamente 70 grados de flexión de la columna.

“(...).

“Las heridas causadas en la cauda equina y el hecho de que una bala tuvo que ser extraída de la membrana de la uretra, causó un periodo prolongado de abstinencia sexual. La frecuencia y calidad de la actividad es aún muy limitada y agravada con el hecho de que existe una mínima capacidad de eyaculación.

“sumario de consecuencias médico-legales

“1) Alteración estética permanente de la armonía del área abdominal.

“2) Alteración funcional permanente de la armonía de las extremidades inferiores.

“3) Alteración funcional permanente del sistema gastro-intestinal.

“4) Alteración funcional parcial del sistema motriz de carácter permanente.

“5) Alteración funcional total del sistema motriz de la extremidad inferior izquierda.

“6) Limitación parcial de la flexión lumbar de carácter permanente.

“7) Limitación parcial del funcionamiento del sistema vascular en la extremidad inferior izquierda de carácter permanente.

“8) Limitación parcial del aparato eyaculador de carácter permanente...” (fl. 376, cdno. 1)(2) .

3. En relación con las circunstancias que rodearon los hechos, la señora María Sonia de la Paz Roldán Bocamoumenth, en declaración rendida ante el Consulado General de Colombia en Londres, señaló:

“Desde la fecha que conocí a Asdrúbal tuvimos una buena amistad y esto me permitió estar cerca de él y participar en muchas de sus actividades de trabajo... Estando en Bogotá viajó para Semana Santa a Medellín y de allí nos trasladamos a Cartagena a averiguar un apartamento para trasladar a los niños ya que temía por su seguridad. Al regresar a Medellín, llegando del aeropuerto, el lunes 4 de abril de 1988, a las 4 y 20 de la tarde, al dejar la avenida 80 (por nomenclatura 81) y al doblar a la derecha en la entrada de la urbanización Nueva Villa de Aburrá, íbamos en un taxi, al mermar velocidad para atravezar (sic) un policía acostado dispararon desde una moto que estaba situada al lado izquierdo, a la cabeza de Asdrúbal, este proyectil rozó su cara bajo la oreja izquierda, inmediatamente él se acostó sobre su lado izquierdo y yo abrí la puerta del taxi, con ello se impidió el paso de los motorizados, quienes dieron vuelta al vehículo y dispararon por el lado derecho en repetidas ocasiones, causando dos heridas mortales en el cuerpo de Asdrúbal: una en la región lumbar izquierda ocasionando estallido de la vena cava y destrucción completa de la vena ilíaca, quedando inmediatamente inmovilizada su pierna izquierda por lo cual no pude sacarle del vehículo, ya que su inmovilidad no me permitía su peso. Con ayuda de otras personas lo trasladamos a urgencias médicas de la Nueva Villa de Aburrá...” (fl. 328, cdno. 1).

4. Igualmente, está acreditado que el señor Luis Asdrúbal Jiménez Vaca, es egresado de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, obtuvo el título de abogado el 17 de diciembre de 1975 y tiene tarjeta profesional vigente (fls. 136 y 181, cdno. 1). En relación con las labores que desempeñaba como profesional, varios testigos coinciden en afirmar que su especialidad era el derecho laboral y que trabajaba como asesor de varios sindicatos, entre ellos, Sintrainagro y Sindebras (fls. 355, 356, 369, 370, 377, 380 y 381, cdno. 2).

Así mismo, obra certificación del Juzgado Laboral del Circuito de Turbo, en la que se señaló lo siguiente:

“... se procede a revisar los libros radicadores existentes en el juzgado constatándose que en el periodo transcurrido entre los años 1982 y 1985 el abogado Asdrubal Jiménez Vacca (sic) promovió 240 procesos, actuando como apoderado, contra empresarios bananeros; y entre los años 1986 y 1987 el mismo abogado promovió 50 procesos contra los mencionados empresarios...” (fl. 302, cdno. 1).

5. En relación con las amenazas que el señor Jiménez Vaca recibió en razón de su actividad profesional, la señora Flor Ángela Cadavid Bedoya, en declaración rendida en el tribunal de primera instancia, manifestó:

“A mediados de 1987, cuando me trasladé a la zona de Urabá-Turbo, con el fin de llevar unas asesorías conjuntas con el doctor Asdrubal Jiménez, debido a que este tenía que retirarse de la zona por amenazas que se dieron a conocer en la región, las cuales personalmente pude apreciar, mediante panfletos que lo tildaban a él y otros dos dirigentes sindicales, de los cuales recuerdo el nombre de Argemiro, no recuerdo su apellido, quien ya fue abaleado; en dicho comunicado se les tildaba de ‘bandoleros’ y no recuerdo otros términos del panfleto. En esa ocasión, personalmente acompañé al doctor Jiménez a hablar con el alcalde de la localidad para poner en conocimiento dichas amenazas, dejando allí una copia del panfleto. También en esa ocasión entregó dicho documento a la Procuraduría encargada de Turbo, de la cual no recuerdo su nombre. Fuera de estas amenazas, constantemente se le hacían llamadas a su oficina, la cual funcionaba en su misma residencia, de las cuales me pude enterar personalmente. El origen de estas amenazas se analizaba allí, tanto por los sindicatos a los cuales asesoraba como por sus colegas y amigos, que eran debidas a la asesoría a Sindebras y Sintagro, sindicatos a los cuales asesoraba Asdrubal. Además de la magnífica defensa que hacía en la zona de Urabá, especialmente en Turbo y Apartadó de los derechos de los trabajadores, pues en la región era reconocido como abogado defensor exclusivamente de los trabajadores. También me enteré del seguimiento que le hacían personas desconocidas, las cuales no logramos localizar y que con frecuencia se le hacían en la zona de Urabá... (fls. 281 y 282, cdno. 1)

Así mismo, el doctor Jaime Velásquez Toro, quien hacía parte de la Asociación de Abogados Laboralistas para la época de los hechos, afirmó:

“Las amenazas y los hechos fueron permanentes a partir del momento en que él se vinculó a los sindicatos bananeros de Urabá, en donde se le llegó a notificar que tenía que desocupar la región o lo mataban. A tal punto que se tuvo que venir a refugiarse a Medellín. Aquí, como he dicho, se vinculó a nuestra asociación y allí le ayudábamos a conseguir trabajo, y a esconderse, porque hasta acá comenzaron a llegar las amenazas. Esas amenazas eran contra él, su mujer y contra sus hijos, por medio de llamadas de anónimos y toda esta clase de sistemas de que se vale la reacción con base a ella, patronal o gubernamental o de sicarios, aunque no puedo decir que la mafia hubiera tenido que ver con esto...” (fl. 286, cdno. 1).

Igualmente, la señora María Sonia de la Paz Roldán Bocamoumenth, expresó:

“A raíz de todas sus actividades y de su trabajo en los dindicatos (sic) se iniciaron una serie de amenazas telefónicas y panfletos que fueron repartidos debajo de las puertas en la zona de Urabá... Me tocó recibir en su casa en Turbo, a eso de las 4 ó 5 de la mañana, llamadas telefónicas donde le decían: ‘Guerrillero hijueuta (sic), tenes (sic) que abandonar la región de Urabá sino querés (sic) hacerle compañía a tus compañeros en el cementerio’.

“... en una oportunidad fue citado al Batallón Voltígeros en Carepa donde se le exigió que diera información sobre actividades guerrilleras de los trabajadores de plantaciones bananeras, según me comentó Asdrúbal una de las citaciones la hizo el coronel del ejército Joaquín Gamboa, jefe en ese entonces del B-2. En otra oportunidad fue capturado en la sede del sindicato en el tres, corregimiento de Turbo. En ese momento se desarrollaba una asamblea de trabajadores. Fue llevado al Batallón Voltígeros, junto con otros trabajadores, allí se les tomaron fotos. La mayoría de estos trabajadores fueron asesinados... también hubo un hecho que agravó la situación y fue cuando el general, San Miguel Buenaventura, siendo comandante de la décima brigada en Carepa, acusó públicamente a los sindicatos de Urabá de ser el brazo sindical de la guerrilla. Con esta declaración pienso que condenó a muerte a todos los sindicalistas y a partir de allí hubo más muertes de trabajadores de los sindicatos…

“Los hechos anteriores obligaron a que Asdrúbal en el año 87 cerrara su oficina en Turbo y se trasladó a Medellín, pero en la oficina de Medellín ubicada en el noveno piso del edificio de la Ceiba se presentaron personas extrañas a averiguar por él, se iniciaron llamadas utilizando nombres conocidos y citaban a reuniones en determinados sitios. En una ocasión me tocó personalmente recibir una llamada donde se le recordaba una reunión en el hotel universo, con dos personas más pertenecientes al sindicato, de las cuales no recuerdo sus nombres. Como estas situaciones eran extrañas averigüé y ni la reunión estaba programada ni las personas con quien se citaba estaban en la ciudad. Entonces se vio en la necesidad de esconderse en mi casa y desde allí manejaba la oficina. Esto lo hizo durante seis meses...” (fls. 326 y 327, cdno. 1).

6. De otro lado, respecto a las solicitudes de protección para el señor Jiménez Vaca, debido a las amenazas contra su vida, el abogado Aníbal Palacio Tamayo, afirmó:

“Lo conocí alrededor de 1983 en la zona de Urabá, en donde él como abogado laboralista, asesor de los sindicatos de los trabajadores bananeros y yo como dirigente sindical, nos encontramos en la búsqueda de reivindicaciones laborales basadas en la legislación laboral vigente, que fueron ignoradas por el gremio bananero hasta el año de 1987 cuando en un pacto suscrito en el Ministerio de Trabajo de se corrige (sic) en Bogotá entre los sindicatos bananeros y los empresarios, se reconoció durante, se corrige, se reconocieron derechos laborales negados durante largos años. Para este año 1987, Asdrúbal Jiménaez (sic) Vaca se desempeñaba como asesor en el pliego único de peticiones presentado y el suscrito como negociador, a nombre de la central unitaria de trabajadores CUT. Dicha negociación fue precedida por una ola de violencia sin precedentes en la historia de Urabá, las amenazas permanentes contra los dirigentes sindicales contra los dirigentes pol´ticos (sic) de izquierda y el asesinato de varios de ellos llevó a que reiteradamente se solicitara al Gobierno Nacional y de los organismos de seguridad del Estado la protección para Asdrúbal Jiménez y demás dirigentes sindicales comprometidos en la negociación de 1987….El Gobierno Nacional no atendió la solicitud formulada por el señor Asdrúbal Jiménez y por lo demás miembros de la organización sindical...” (fl. 356, cdno. 2).

Igualmente, el señor Pablo Elías González Mongui, señaló:

“Yo era el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas al servicio de los trabajadores entre 1987 y mediados de 1988, época en la que hubo una tenaz persecución contra miembros de la asociación,... que agrupaba en ese entonces a unos 200 abogados a nivel nacional, con capítulos en varias partes del país como Bogotá, Cali y Medellín, Cúcuta, Cartagena, Pasto, etc. Las amenazas se produjeron contra varios miembros de la asociación en ciudades como Cali, Medellín, Manizalez (sic) y Bogotá y ante esta circunstancia en varias ocasiones me tocó a mí como presidente nacional de la asociación y a otros miembros de la junta directiva, recurrir a las autoridades en busca de protección para los abogados amenazados, entre ellos Asdrúbal Jiménez. Concretamente en una ocasión estuvimos donde el ministro de Gobirno (sic) de ese entonces, Fernando Cepeda Ulloa, comentándole sobre las amenazas respecto de los miembros de la asociación y respecto de una especie de orden de trabajo que el batallón Pichincha o Bomboná, no recuerdo el nombre, en todo caso un Batallón de Medellín le había pasado al DAS para que hiciera una investigación con respecto a nuestra asociación, porque según se decía en esa orden de trabajo, la asociación era una organización de fachada de la guerrilla, hecho este que trascendió a nivel público… Como nosotros tuvimos conocimiento de ese hecho por la prensa y los anales del congreso, fuimos entonces donde el ministro de gobierno a pedir protección para los miembros de la asociación amenazados entre ellos Asdrúbal Jiménez, a quien le habían llegado varios anónimos de amenaza de muerte, tanto en Turbo donde asesoraba a sindicatos de trabajo del banano y en Medellín donde también tenía oficina. Para esa época si mal no recuerdo, ya había ocurrido el asesinato de un miembro de la asociación nuestra en la ciudad de Cúcuta. El doctor Cepeda manifestó que buscaría de las autoridades competentes la protección correspondiente y prometió que se haría una investigación con respecto a esa información que hacía el Batallón de Medellín. Sin embargo también recurrimos al entonces consejero presidencial del los (sic) derechos humanos Tirado Mejía a quien también se le pidió protección para los diferentes amenazados y el(sic) respondió que directamente no lo podía hacer pero que él le corría traslado a las correspondientes autoridades…

“También para la época de los hechos estuvimos en el DAS y hablamos con el general Maza Márquez acerca de los amenazados que teníamos y él manifestó que por el volumen de solicitudes que tenía a nivel nacional de protección, le era físicamente imposible al DAS prestarle protección a cada uno de los amenazados, pero que en todo caso estaría dispuesto a hacer lo que pudiera cuando en algunas situaciones de urgencias se requiriera la protección o intervención de esta entidad...” (fls. 379 y 380, cdno. 2).

Así mismo, la señora Paulina Ruiz Borras, manifestó:

“En estos meses siguientes a julio del 87, personalmente en calidad de directiva de la asociación de abogados laboralistas, junto con otros abogados de la misma asociación solicitamos protección por parte de varias autoridades, tanto en Antioquia como en el Valle y en Bogotá para varios de nuestros afiliados por amenazas, envío de sufragios y cartas que recuerde ahora fue amenazado Jorge Omar Salazar en el Valle, Héctor Bernal, Fernando Arias y Jaime Jurado en Manizalez (sic), Marcel Silva en Bogotá y Asdrúbal en Antioquia por no mencionar más, todos ellos abogados laboralistas y asesores sindicales. Hablamos con el procurador de ese entonces Serpa Uribe, también con el doctor Tirado Mejía, con un asesor de la presidencia para los derechos humanos, varios de los compañeros nuestros tuvieron que trasladarse a otras ciudades, entre ellos el doctor Asdrúbal Jiménez...

“Nosotros tuvimos conocimiento de este absurdo hecho el mismo día que sucedió o sea el 4 de abril en las horas de la tarde, supimos que estaba interno en una clínica privada y que hasta allá habían llegado los sicarios rematarlo. De inmediato nos trasladamos a la Procuraduría con el señor Pablo González y Jairo Villegas y solicitamos al señor Echeverry Ossa delegado para los derechso (sic) humanos para la Prolcuraduría (sic) General de la Nación nuevamente protección para salvar la vida del doctor Asdrúbal Jiménez que se debatía entre la vida y la muerte en la clínica del Rosario de Medellín. Fue así como se logró el traslado del doctor Jiménez a la ciudad de Bogotá en avioneta...” (fls. 382 y 383, cdno. 2).

Y el señor Jaime Velásquez Toro, indicó:

“Nuestra asociación como tal, elevó comunicados, reclamos, súplicas para evitar que se cumplieran estas amenazas, hasta cuando llegó el momento en que en esa tarde que nos íbamos a reunir para una sesión de la directiva de la asociación de abogados y eran como las cinco y media de la tarde y nos sorprendieron o mejor, nos sorprendieron sino que se cumplía así la amenaza de muerte que le estaban haciendo y le dieron balazos, hasta dejarlo prácticamente muerto. Sí se le informó directamente a las autoridades. Nuestras actividades en ese sentido se dirigían precisamente a las autoridades para que le dieran protección...” (fl. 286, cdno. 1).

El señor Bernardo Ramírez Zuluaga, también afirmó al respecto:

“Yo tuve un conocimiento no personal ni directo, de las amenazas contra el doctor Asdrúbal, por informaciones que él mismo suministró a la Asociación de Abogados Laboralistas, Seccional Antioquia, y además por publicaciones y denuncias que se hicieron a través de prensa y radio. Precisamente, a raíz de las denuncias e informaciones que se obtuvieron, nuestra Asociación hizo varias declaraciones públicas, protestando por las amenazas que se hacían contra este profesional y solicitando a la vez a las autoridades para que se le prestara la debida protección a su vida, a su integridad personal, lo mismo que para que él pudiera ejercer libremente y sin presiones de ninguna clase su profesión...” (fl. 305, cdno. 1).

Finalmente, la señora María Sonia de la Paz Roldán Bocamoumenth, indicó:

“De estos hechos y las amenazas en general soy conocedora que el doctor Jiménez informó al Juzgado 2º Penal del Circuito de Turbo y a la Procuraduría también de Turbo, estando el doctor Núñez, no recuerdo el nombre, en la Procuraduría y el doctor Rodrigo Uribe en el Juzgado. También recuerdo que a raíz de las comunicaciones personales enviadas por Asdrúbal al doctor Belisario Betancur, siendo este Presidente de la República, le daba a conocer la situación de amenzas (sic). El doctor Betancur ordenó al DAS de Turbo para que se le diera protección. Asdrúbal fue llamado a las oficinas del DAS donde denunció tanto las amenzas (sic) escritas como las telefónicas. Allí prometieron ponerle seguridad pero nunca lo hicieron. Luego fue citado al Juzgado de Instrucción Criminal de Medellín (Plazuela Nutibara) para ampliar las denuncias presentadas en el Juzgado de Turbo. También solicitó protección a la Gobernación de Antioquia, siendo gobernadores los doctores Alberto Restrepo, Bernardo Guerra Serna, Antonio Yepes y Fernando Panesso Serna. Son testigos de que Asdrúbal pidió protección al Gobierno, Aníbal Palacio y Bernardo Marín, quienes siendo miembros del Frente Popular, acompañaron a Asdrúbal a denunciar ante el doctor Fernando Panesso Serna gobernador de Antioquia, la situación de inseguridad en que se hallaba...” (fls. 326 y 327, cdno. 1).

Igualmente, obra un escrito del 14 de septiembre de 1985, que contiene una “denuncia ante la opinión pública” de la Asociación de Abogados Laboralistas al Servicio de los Trabajadores, Seccional Antioquia, en el que se indicó lo siguiente:

“... nuestra asociación REPUDIA, las persecuciones y propaganda negra vertida en contra del doctor ASDRÚBAL JIMÉNEZ VACCA(sic), por el ejercicio honesto de su profesión de abogado, en bien de las clases desposeídas de bienes de fortuna y los medios ilegales y represivos en contra de las organizaciones sindicales de la zona de Urabá.

“MANIFIESTA su solidaridad con el compañero amenazado y apoya las luchas de SINDEBRAS y SINTAGRO.

“EXIGE al Gobierno su intervención eficaz para que terminen los hostigamientos contra él, se garantice su vida e integridad personal y el libre ejercicio de la profesión de abogado y se sanciones a los responsables de dichos amedrentamientos...” (mayúsculas en original) (fls. 332 y 333, cdno. 1)

7. Respecto al conocimiento de las entidades gubernamentales de la situación de peligro en la que se encontraba el señor Jiménez Vaca, se allegó al proceso el acta del 9 de diciembre de 1985, en la que se observa:

“... en reunión presidida por el gobernador de Antioquia, Alberto Vásquez Restrepo y los viceministros de gobierno, Pablo Rubén Vernaza, y de Trabajo, Germán Bula, fue analizada la situación de la zona de Urabá, con la presencia de representantes de Augura, la división departamental del trabajo, Sintagro, Sindebras, Sintraexpoban y el comité procentral - Sindical revolucionaria.

“Al término de la reunión, los asistentes convinieron hacer pública la siguiente ‘acta de conclusiones’:

“1. Los representantes del gobierno, los empresarios y los trabajadores de Urabá, manifiestan su repudio a los hechos violentos que vienen ocurriendo en la zona, como el ataque contra la sede sindical de Sintagro que costó la vida, entre otros, a varios de sus afiliados, y otros atentados contra empresarios y autoridades, y expresan su intención de adelantar todas las acciones legales que sean del caso para establecer la identidad de sus autores —desconocidos hasta el momento— y hacer que sobre ellos se aplique la condigna sanción.

“Igualmente manifiestan su intención de manejar con serenidad y responsabilidad la información sobre los hechos que sucedan en la zona, por manera que imputaciones sin fundamento provenientes de cualquiera de los sectores, no contribuyan a deteriorar las relaciones de los distintos estamentos de la región.

“2. Tanto gobierno, como empresarios y trabajadores, reconocen que el desafío prioritario de Urabá es fortalecer el marco de legalidad dentro del cual puedan adelantarse las distintas acciones encaminadas a corregir problemas de tipo social, político y económico. Conscientes de tal situación, ratifican su total y decidida voluntad de propiciar, mediante el diálogo y el acatamiento pleno del Estado de derecho, el restablecimiento de la legalidad, fundamento esencial para que todos los conflictos puedan encauzarse y dirimirse sin cercenar los derechos de ninguna de las partes.

“3. El Gobierno ratifica que ha cumplido, cumple y cumplirá la sagrada obligación que constitucionalmente tiene de garantizar el derecho a la vida de todos los colombianos.

“Pide a los distintos estamentos de Urabá, concretar las acusaciones y cargos que tengan contra organizaciones y personas naturales o jurídicas que hayan violado ese derecho, en la seguridad de que se llevarán las investigaciones correspondientes hasta sus últimas consecuencias y se castigará a los responsables.

“Igualmente garantiza que las libertades de opinión y expresión políticas, el marco de acción de los medios de comunicación, y en general los derechos de que trata el título III de la Constitución Nacional, tienen la tutela del Estado en todo el territorio nacional, y que las violaciones censuras u hostigamientos al margen de la ley, vengan de donde vinieren, serán sancionados en los estrictos términos de la misma.

“(...).

“El Gobierno Nacional, departamental, los sindicatos y empresarios, colocarán todo su empeño para la mejor marcha de las relaciones obrero-patronales en la región de Urabá. En tal sentido quedan abiertas las puertas para continuar los diálogos que sean necesarios a través de los Sindicatos de la región y los asesores que ellos deleguen para tal fin.

“6. Declaran su satisfacción por los altos intereses de paz, libertad y progreso social que presidieron la reunión, y expresan su confianza en que la zona de Urabá, dentro del marco de legalidad supradicho, recuperará la tranquilidad y la pujanza que sus habitantes anhelan...” (fls. 255 a 259, cdno. 1).

8. Con los documentos y medios probatorios relacionados, se tiene por establecido que el 4 de abril de 1988, Luis Asdrúbal Jiménez Vaca, fue herido de gravedad en un atentado ocurrido en la ciudad de Medellín. Igualmente, está demostrado que como consecuencia de lo anterior, el lesionado padece de alteraciones y limitaciones funcionales y estéticas.

Ahora bien, toda vez que está acreditado el daño antijurídico, se debe analizar si de los elementos probatorios allegados al proceso, se puede establecer que aquel es imputable a las entidades demandadas.

Varios testigos coinciden en señalar que el señor Asdrúbal Jiménez Vaca, recibía amenazas a través de llamadas telefónicas y panfletos debido a su actividad profesional, adicionalmente, indicaron que acudieron él y otras personas a las autoridades respectivas para solicitar seguridad y protección. Sobre el particular, la Policía Nacional, la Gobernación de Antioquia y la procuraduría delegada para las Fuerzas Militares, negaron que fueran advertidas del peligro que corría el señor Jiménez Vaca (fls. 178, cdno. 1 y 236, 252 y 267, cdno. 2), sin embargo, esto no es suficiente para desvirtuar las declaraciones de los testigos, ya que no solo estos insisten en que previo al atentado se exigieron medidas de seguridad para el demandante, sino que también obra en el proceso una denuncia pública de la Asociación de Abogados Laboralistas al Servicio de los Trabajadores, al respecto.

La Sala no comparte las consideraciones del tribunal de primera instancia al señalar que se requería, además de la prueba testimonial, una solicitud expresa de protección relacionada directamente con la situación de Luis Asdrúbal Jiménez Vaca; sobre el tópico es necesario señalar y precisar que siempre y cuando la prueba allegada al proceso sea contundente respecto a la falta de protección, no se requieren medios probatorios adicionales para validar lo que, como sucede en este caso, detalla con precisión y tino la prueba testimonial.

En relación con la valoración de la prueba testimonial, la doctrina tiene por establecido lo siguiente:

“... la prueba testimonial, tiene como fundamento la presunción de que el hombre tiende a decir la verdad, a ser sincero, negar esta propensión es negar el fundamento de las pruebas personales y negar que el problema fundamental del hombre es el retorno a sí mismo”(3).

“La prueba testimonial es generalmente la principal… es posible prescindir de la confesión o de los escritos, pero es más difícil prescindir de testigos cuando se quiere saber cómo se desarrollaron los hechos. ‘Los testigos, decía Bentham, son los ojos y los oídos de la justicia’ ”(4).

Adicional a lo anterior, las versiones dadas por los testigos en el asunto sub examine se presumen ciertas, los hechos que relatan y las circunstancias que describen pueden ser tenidas en cuenta, en atención a que no fueron desvirtuadas ni su dicho fue tachado de sospechoso o falso(5).

Asimismo, con anterioridad y posterioridad a la época en que ocurrieron los hechos, 4 de abril de 1988, era de conocimiento generalizado la situación de orden público en la región de Urabá, Antioquia, que afectaba directamente a las organizaciones sindicales y a las personas relacionadas con estas. En efecto, en el proceso obran copias de las actas de las reuniones celebradas en la ciudad de Medellín, el 9 y 19 de diciembre de 1985, entre el gobernador de Antioquia, el viceministro de gobierno y los representantes de varios sindicatos, debido a los hechos violentos en la zona de Urabá y en las que se comprometieron a garantizarles el derecho a la vida, la libertad de opinión y expresión política. Al respecto, es necesario precisar y destacar que, en desarrollo de las funciones y obligaciones de carácter policivo que ostentan las autoridades departamentales y municipales, existía un deber de protección que se materializó respecto a los militantes sindicales en las referidas reuniones, en consecuencia, a aquellas les correspondía desplegar las acciones necesarias para evitar hechos lamentables como el ocurrido, en atención a que conocían las circunstancias particulares de este grupo vulnerable.

Ahora bien, desde el punto de vista probatorio, las actas de las reuniones celebradas el 9 y 19 de diciembre de 1985, entre el gobernador de Antioquia y el viceministro de gobierno, como gobierno departamental y Nacional, y los representantes de varios sindicatos y los empresarios, tienen un valor cualificado, en atención a la calidad de autoridades de policía que en sus respectivos niveles nacional y departamental detentaban el señor gobernador y el viceministro de gobierno. Por lo tanto no se pueden tener las citadas actas, como expresiones de buena voluntad, toda vez que probatoriamente contienen compromisos, que al fin y al cabo, además no son más que la reiteración de las finalidades y propósitos que justifican la razón de ser de las autoridades públicas, y del Estado en general frente al ciudadano en cuanto a la garantía de protección a los derechos a la vida, la libertad de opinión y expresión política, como se señaló en esos documentos; de allí su fuerza probatoria cualificada y específica.

Igualmente, varias organizaciones internacionales pusieron de presente esta difícil situación, entre ellas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en un informe rendido en el año 1981(6), puso de presente su preocupación respecto a la situación de los derechos humanos en Colombia, se refirió especialmente a la vulneración de la libertad de pensamiento, expresión, reunión y asociación, y recomendó que se adoptaran medidas más eficaces para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos mencionados castigando eficazmente a los responsables.

Posteriormente, en el año 1999, la comisión se refirió, de nuevo, al caso colombiano; señaló que la situación de los dirigentes sindicales en el país era alarmante pues se trataba de una población vulnerable, e indicó, en su informe, lo siguiente:

“(...)

“4. La comisión ha recibido información fidedigna y pormenorizada acerca de la violencia contra personas dedicadas a la actividad sindical. Los afiliados a sindicatos han sido estigmatizados con frecuencia debido a sus actividades gremiales y a sus convicciones sociales y políticas. A menudo se les ha caracterizado como simpatizantes o colaboradores de movimientos armados disidentes, colocándolos en una situación vulnerable frente a las partes en el conflicto armado.

“5. Entre 1991 y 1997, en Colombia fueron asesinados 1.071 sindicalistas. En junio de 1997, la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (International Confederation of Free Trade Unions - “ICFTU”) emitió un informe sobre los ataques contra sindicalistas perpetrados en todo el mundo. Según el informe, alrededor de 46 de cada cien sindicalistas asesinados en el mundo en 1996, eran colombianos. Cada año, desde 1991, la mayor cifra de sindicalistas muertos en Colombia corresponde a Antioquia. Los números más altos de muertes han ocurrido entre los afiliados a los sindicatos de docentes y los de trabajadores agrícolas. También los mineros agremiados son víctimas de un alto número de ataques. Los miembros de la Central Unitaria de Trabajadores (“CUT”) han sido sometidos constantemente a actos de violencia a lo largo de los años.

“6. La comisión recibió información indicando que, en el solo año 1997, 144 sindicalistas fueron asesinados, incluyendo 37 dirigentes sindicales. Nueve trabajadores sindicalizados más fueron desaparecidos.

“(...).

“9. La violencia contra los sindicalistas no se ha limitado a las violaciones del derecho a la vida. En muchas partes del país los sindicalistas son objeto de amenazas constantes y estas, así como la violencia física, han obligado al desplazamiento forzoso de numerosos sindicalistas. Entre enero y noviembre de 1997, 342 militantes sindicales, 43 de ellos dirigentes, se vieron obligados a abandonar sus lugares de residencia normales. Además, la comisión ha recibido informes acerca de atentados con explosivos contra locales gremiales y sobre militantes sindicales que han sido convertidos en víctimas de secuestros.

“10. En 1997, en relación con varios casos, la comisión consideró necesario solicitar al Estado colombiano que tomara medidas cautelares en nombre de sindicalistas.

“(...).

“12. Se ha informado a la comisión que los grupos armados disidentes a veces amenazan o atacan a los activistas sindicales... Grupos armados disidentes también han atacado con cierta frecuencia a trabajadores bananeros agremiados en la región de Urabá, departamento de Antioquia. Cuando los grupos disidentes armados atacan a sindicalistas incurren en una acción incompatible con las normas de protección de civiles establecidas en el derecho humanitario internacional.

“13. No obstante, la información que obra en poder de la comisión indica que los ataques contra sindicalistas son perpetrados mayoritariamente por los grupos paramilitares. La comisión obtuvo copias de varias amenazas escritas dirigidas contra sindicalistas y suscritas por diferentes grupos paramilitares. Estos grupos se identifican a sí mismos como “entidades de limpieza social” y se refieren a los dirigentes sindicales como miembros de las unidades urbanas de grupos disidentes armados.

“(...).

“14. La comisión también ha recibido denuncias acerca de la participación del Estado en actos de intimidación o en ataques contra sindicalistas. En apoyo de sus imputaciones, esas denuncias señalan una coincidencia de los ataques violentos de organizaciones paramilitares con el comienzo de procedimientos penales iniciados por el Estado contra sindicalistas.

“(...).

“18. La aparente convergencia de intereses entre los grupos paramilitares que atacan a los sindicatos y la acción oficial, da pábulo a las aseveraciones según las cuales hay agentes estatales directamente involucrados en los ataques violentos contra sindicalistas o que alientan y respaldan esos ataques. Se sostiene que, por lo menos, el comienzo de los procedimientos penales contra militantes sindicales sirve para marcarlos como “enemigos del Estado” o colaboradores de la guerrilla, y que esto incita a que se les trate como blancos de los grupos paramilitares. Se ha sugerido, asimismo, que los grupos paramilitares reciben de las fuerzas de seguridad del Estado la información necesaria para llevar a cabo sus ataques contra militantes sindicales. Respalda esas aseveraciones el hecho de que, efectivamente, las fuerzas de seguridad del Estado han preparado informes, que en algunos casos cobran estado público o son usados en procedimientos penales en el sistema de justicia regional, en los que se identifica a dirigentes sindicales como colaboradores de los grupos armados disidentes en virtud de su trabajo gremial.

“19. La comisión también tiene entendido que los sindicatos han denunciado, generalmente, las amenazas y las agresiones contra sus afiliados ante las autoridades competentes. Sin embargo, no se ha informado a la comisión que persona alguna haya sido condenada por el asesinato de miembros de sindicatos.

“20. Sobre la base de esta información, la comisión debe concluir que el Estado es responsable, en el plano internacional, de, por lo menos, algunos de los delitos perpetrados por grupos paramilitares contra militantes sindicales, por medio de su aquiescencia o tolerancia, si no de su participación activa. El Estado es, por ende, responsable de la violación de los derechos a la vida y a la integridad física de esos militantes sindicales, así como del derecho a la libertad de asociación, protegido por el artículo 16 de la convención. El derecho a la asociación claramente incluye el derecho a formar sindicatos y a participar en las actividades de estos, particularmente cuando está analizado a la luz del Protocolo de San Salvador. La comisión siempre ha señalado que, cuando el ejercicio legítimo de un derecho protegido en la convención provoca ataques, represalias o sanciones, se consuma una violación de ese derecho.

“(...).

“23. Sin embargo, hasta ahora las medidas tomadas por el Estado no han sido suficientes para atenuar la gravedad de la situación. La comisión está sumamente preocupada por la violencia contra los trabajadores agremiados e insta al Estado colombiano a asegurar la vida y la integridad física de los militantes sindicales, así como a ampararles en su derecho a la libertad de asociación”(7).

Así las cosas, es indudable que durante el periodo que comprende el presente proceso, las organizaciones sindicales y las personas que hacían parte o estaban relacionadas con las mismas, estuvieron en una situación de riesgo constante, pues fueron víctimas de amenazas e intimidaciones contra su vida e integridad física debido a la actividad que desarrollaban.

Esta situación no puede ni debe ser ajena al Estado, de allí que, este debe desplegar todas las acciones que tenga a su alcance para garantizar los derechos fundamentales de poblaciones en riesgo y grupos vulnerables, como es el caso de las organizaciones sindicales y sus miembros. Adicionalmente, la normativa internacional sobre derechos humanos —Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de derechos económicos, sociales y culturales—, consagran el derecho a la libertad de asociación, señalando que “todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole”, y establece, igualmente, que los Estados partes garantizarán “el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses”.

Así mismo, la Corte Constitucional ha protegido, en innumerables oportunidades, el derecho a la libre asociación sindical(8), sosteniendo que este derecho fundamental no se agota con la facultad de fundar o pertenecer a esta clase de organizaciones, sino que se extiende a otro tipo de derechos y garantías que hacen posible el verdadero ejercicio de la actividad sindical y el cumplimiento de las finalidades para lo cual han sido creados(9).

“Como lo ha sostenido la Corte en jurisprudencia reiterada (cfr. especialmente las Sent. T-418/92 y Sent. T-230/94), la libertad de asociación sindical posee rasgos diferenciadores frente a la libertad genérica de asociación, consagrada en el artículo 38 de la Carta. Mientras esta garantiza a todas las personas la posibilidad jurídica de acordar la realización de actividades conjuntas, sin restricciones distintas a las consagradas en la Constitución y las leyes, aquella tiene titulares y fines propios: son los trabajadores quienes, a través de su ejercicio, reivindican la importancia de su papel dentro del proceso económico, y promueven la mejoría de sus condiciones laborales. Es por esto por lo que se puede afirmar que en tanto que la libertad de asociación es un poder jurídico frente al Estado, la de asociación sindical lo es, por lo menos de manera inmediata, de una clase productiva frente a otra. Así lo muestra la génesis histórica de esas libertades: la primera corresponde a los derechos de primera generación, propios del liberalismo racionalista, mientras la segunda fue incorporada por el pensamiento social de la primera mitad del presente siglo.

“Dentro de la lógica intrínseca a la libertad de asociación sindical, el sindicato aparece como la organización encargada de asumir la defensa de los intereses de los trabajadores. Su razón de ser en el seno de sociedades industrializadas, organizadas jurídicamente bajo la forma de Estados sociales de derecho, no es otra que la necesidad de la existencia de un intermediario entre los empleadores y los trabajadores individualmente considerados. Y es precisamente gracias a esa tarea primordial, que los sindicatos gozan de una especial protección por parte del ordenamiento jurídico (v.gr. fuero sindical, art. 39 de la C.P. y 405 del CST; sanciones a quienes obstaculicen su actividad, art. 354 del CST), y que su reconocimiento jurídico opera con la simple inscripción del acta de constitución.

“Para el desarrollo de esa tarea, la ley otorga a los sindicatos la posibilidad de establecer las reglas de su organización interna y su funcionamiento. Así, el artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo establece que “toda organización sindical tiene el derecho de redactar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos.“Se entiende, entonces, que siendo los sindicatos organizaciones entre particulares, en principio los parámetros que los rigen incluyendo las condiciones de ingreso, como lo prevé el numeral 39 de la disposición mencionada, son de libre escogimiento por parte de quienes participen en su conformación.

“No obstante, este principio no tiene un alcance ilimitado. Si bien las asociaciones sindicales defienden los intereses de los trabajadores afiliados, su papel preponderante en las relaciones obrero-patronales hace que su actuación afecte de manera decisiva el goce efectivo del derecho de todos los trabajadores (afiliados y no afiliados) a promover el mejoramiento de sus condiciones laborales.

“Es por esta razón por la que el ordenamiento jurídico no puede ser indiferente frente a las condiciones de funcionamiento de organizaciones de esa naturaleza, mucho más cuando está fundado en valores de participación y pluralismo (art. 1º de la Carta). Así lo quiso el constituyente de 1991 al ordenar en el segundo inciso del artículo 39, la sujeción de los sindicatos “al orden legal y a los principios democráticos” (resaltado de la Sala). En el ejercicio de su fuero interno, un sindicato puede establecer las condiciones de funcionamiento que estime pertinentes, siempre que ellas sean compatible con los principios rectores de una sociedad democrática”(10).

En este orden de ideas, es claro que la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales de las organizaciones sindicales y/o de las personas que las integran, está prohibida, por la normativa internacional como nacional, de allí que, el Estado no debe tolerar o permitir situaciones en que se pongan en peligro a entidades o personas en condiciones de vulnerabilidad; sin embargo, lamentablemente, en el caso que nos ocupa el militante sindical fue perseguido por su condición, y sus derechos a la vida e integridad fueron gravemente transgredidos.

Ahora bien, como quiera que existen medios de convicción que permiten inferir que el afectado solicitó protección y que esta no le fue prestada de forma eficiente, es posible endilgar responsabilidad al Estado en el caso concreto, en virtud a que el daño antijurídico se produjo por la omisión en sus deberes.

Al respecto la Sala tiene por establecido que cuando un funcionario público o cualquier persona, requiere de protección por considerar que su vida corre peligro en razón de su cargo o por el desarrollo de sus actividades, las autoridades competentes que conozcan el estado en que se encuentra, tienen el deber de brindar la protección adecuada(11).

“En consecuencia, si bien la Policía Nacional desconocía cualquier tipo de amenaza en relación con el personero Jorge Enrique León Chávez, lo cierto es que sí era consciente del riesgo al que se encontraban sometidos los funcionarios y autoridades locales, tanto así que se les brindaron diversas instrucciones en relación con las rutas a tomar, los desplazamientos, entre otros aspectos, lo que evidencia y pone de presente la posición de garante que había asumido la fuerza pública en cuanto concierne a la protección y salvaguarda de los derechos, bienes e intereses legítimos de los pobladores de San Alberto y, específicamente, respecto de las autoridades civiles del municipio, como quiera que ellas venían en una labor de confrontación directa con la delincuencia, razón que reforzaba la idea de la necesidad de protección de su vida e integridad personal.

“Al respecto, la Sala en sentencia del 4 de octubre de 2007, sostuvo lo siguiente:

“Desde esa perspectiva, es claro que el Ejército Nacional conocía de la situación de peligro que se había radicado en cabeza del señor Argemiro Tobón —no propiamente a sus instancias—, sino a partir de la actividad desplegada por los miembros de la institución militar. En ese contexto, es claro que la administración pública incumplió el deber de protección y cuidado que se generó una vez el señor Tobón Rueda comunicó el peligro que corría su vida e integridad física como resultado de los frecuentes acantonamientos que efectuó el Ejército Nacional en terrenos de su propiedad, motivo por el cual, se puede señalar que aquel asumió posición de garante(12) frente a la integridad del ciudadano.

“Por posición de garante debe entenderse aquella situación en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho(13).

“Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley —en sentido material— atribuye, en específicos y concretos supuestos, a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, estas tengan que asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue desconocida”(14).

“En esa perspectiva, el daño antijurídico a diferencia del aserto del a quo, deviene imputable a la entidad demandada toda vez que la Policía Nacional estaba compelida, en virtud de la posición de garante, a evitar el resultado que en virtud del conocimiento y las reglas de la experiencia era esperable, esto es, que cualquiera de los grupos armados que operaban en la zona atentara contra la vida e integridad de los funcionarios del municipio de San Alberto; y como quiera que esa intervención no se produjo, se configuró una omisión que sin anfibología alguna fue la determinante en la producción del daño, lo que desencadena una responsabilidad de tipo patrimonial de la administración pública, máxime, si esa circunstancia configuró un desconocimiento del deber de seguridad y protección, lo que traduce una falla del servicio”(15).

Por ende, la obligación de resarcir el daño alegado se encuentra en el desconocimiento del deber de protección y seguridad que le asiste a las autoridades públicas y, de manera particular, a las militares y policiales de salvaguardar los derechos, bienes e intereses legítimos de los asociados, en los términos establecidos en el artículo 2º de la Carta Política(16).

Acerca del contenido y alcance de la obligación de seguridad y protección de la fuerza pública respecto de los particulares, la Sala puntualizó:

“A pesar de las constantes amenazas contra las vidas y los bienes de los demandantes, las autoridades militares y de policía que conocían de la situación peligro por la que atravesaban, y ante quienes con insistencia habían acudido en demanda de protección, guardaron silencio y no asumieron conducta alguna tendiente a brindar la protección pedida, con los medios disponibles para ello. Sin justificación alguna omitieron dar respuesta, de cualquier naturaleza que fuese, a las peticiones que días antes de la toma guerrillera les hicieran los demandantes. Surge clara, pues, en este caso, la omisión del Estado en brindar protección a los bienes de los demandantes, la cual fue determinante en la producción del daño antijurídico que se reclama. Los demandantes presentaron varias solicitudes concretas de protección a las autoridades, las cuales fueron desatendidas, sin tener en cuenta que existían circunstancias especiales ( como la muerte del administrador de la finca y las constantes denuncias que por boleteo, presentaron los actores, etc.), que hacían necesaria una protección inmediata a sus vidas y a sus bienes por parte de las autoridades competentes, teniendo en cuenta para ello, como se dijo anteriormente, los medios con que contaba el Estado para realizar dicha tarea, habida cuenta que las vidas y los bienes de un grupo de personas, se encontraban expuestas a una situación de inminente peligro, el cual se concretó, con la muerte de tres personas y la destrucción de las viviendas, los muebles y el hurto de semovientes y otros bienes, propiedad de los actores”(17).

“(...).

“El relación con el deber de seguridad que corresponde prestar al Estado, cabe señalar que el mismo está contenido en el inciso segundo del artículo 2º de la Constitución que establece que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Por su parte, el artículo 6º ibidem establece que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el mandato constitucional, la razón de ser de las autoridades públicas es la defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. De tal manera que, omitir el cumplimiento de esas funciones no solo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua, pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos”(18)(negrillas adicionales).

Así las cosas, en el asunto sub examine no hay lugar a dudas que las entidades demandadas fallaron en su deber de protección y seguridad, toda vez que conocían el peligro al que estaba sometido el demandante debido a la actividad profesional que ejercía y no desplegaron las actuaciones necesarias para precaver el daño que efectivamente se produjo(19).

9. En cuanto a las indemnizaciones que, por perjuicios morales y materiales solicitaron los demandantes, se tiene que el daño moral está acreditado, ya que Luis Asdrúbal Jiménez Vaca, fue víctima de una atentado contra su vida e integridad física(20) originado por la omisión de las entidades demandadas en proporcionarle protección en razón a su condición.

Adicionalmente, está demostrado que el señor Jiménez Vaca se vio obligado a salir del país como exiliado político por la situación de inseguridad en que se encontraba, así lo señalaron varios testigos quienes coincidieron en señalar que amnistía internacional colaboró en este proceso (fls. 279, 286 y 329, cdno. 1). Es indudable que el estado de indefensión del demandante, en razón a las amenazas contra su vida por motivos profesionales, fue determinante en la decisión de solicitar asilo en el exterior, lo que configura, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, un desplazamiento forzado, como quiera que esta figura también es aplicable cuando la persona no puede regresar a su residencia y/o lugar de trabajo por temor a ser asesinado(21).

En este orden de ideas, está claro que el demandante no solo vio afectada su vida e integridad física, sino que, igualmente, varios derechos fundamentales le fueron vulnerados al verse sometido a esa diáspora o desplazamiento forzado(22) al abandonar su país, su familia y sus condiciones laborales, por estas razones, es que se indemnizarán los perjuicios morales para Luis Asdrúbal Jiménez Vaca en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ya que este daño se presentó en su mayor magnitud.

Respecto a los otros demandantes, también está probado el perjuicio moral, por cuanto acreditaron ser hijos, padre y hermana del afectado conforme a los registros civiles de nacimiento allegados con la demanda (fls. 34 a 38, cdno. 1) y además, porque las reglas de la experiencia hacen presumir que el sufrimiento de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, amén de la importancia que en el desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad.

En consecuencia, se otorgarán las siguientes sumas por concepto de perjuicios morales:

Luis Asdrúbal Jiménez Vaca (afectado) = 100 smlv

Diana Lucía Jiménez Yabur (hija) = 100 smlv

Jorge Ignacio Jiménez Yabur (hijo) = 100 smlv

Abel Antonio Jiménez (padre) = 50 smlv

Magda María Jiménez Vaca (hermana) = 50 smlv

Respecto a los perjuicios materiales, se tiene que si bien se solicitó indemnización por concepto de daño emergente, no se allegó ninguna prueba que lo acreditara, por tal razón, se denegará. En relación con el lucro cesante, obra en el proceso un dictamen médico realizado al lesionado, por solicitud del tribunal de primera instancia, en el que se consignó que “las lesiones que el señor Jiménez sufrió el 4.4.88 (sic) le han afectado en todo sentido. A medida que el tiempo transcurre su severidad disminuye debido a su decidida determinación de mejorar, pero las limitaciones y molestias sobre las cuales he escrito van a continuar y requieren tratamiento médico por un periodo de tiempo indefinido. Estimo que su capacidad funcional se ha reducido a un 80% de lo que solía ser” (fl. 379, cdno. 1).

Ahora bien, en cuanto al salario que el demandante devengaba como profesional del derecho, no obra en el proceso prueba que demuestre con exactitud sus ingresos, sin embargo, en aplicación del principio de reparación integral, establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, se reconocerá el lucro cesante solicitado pues la negación del reconocimiento del daño porque no se ha determinado el nivel de ingresos del afectado, resulta abiertamente contraria a la equidad, cuando está plenamente probado que el lesionado ejercía una actividad lucrativa lícita.

En esa línea de pensamiento, la equidad constituye un instrumento útil para determinar la proporción o valoración de un daño cuando resultan insuficientes los datos que integran el proceso, sin que tenga la obligación el juez de arribar a conclusiones matemáticas específicas, ya que, son la sana crítica y el sentido común, articulados con la equidad como principio general del derecho, los instrumentos que permiten determinar o establecer resultados fundamentados en la experiencia, a efectos de, so pena de aplicar la ley, imponer conclusiones o decisiones injustas que no se acompasan con los principios y valores constitucionales(23).

Igualmente, por tratarse de un profesional universitario, el cálculo se hará con base en el ingreso mensual promedio para ellos en el año 2009(24), bajo el supuesto de incremento de sus ingresos desde la época de los hechos, y a la falta de disponibilidad de series estadísticas de los mismos. Teniendo en cuenta que el ingreso promedio para profesionales universitarios en el año 2009 es de $ 2’052.025.oo, se tendrá en cuenta dicho valor para efectuar la liquidación respectiva.

La suma de $ 2’052.025, debe ser adicionada en un 25%, por el valor de las prestaciones sociales, para un total de $ 2’535.031,25. Comoquiera que conforme al dictamen médico, el señor Jiménez Vaca disminuyó su capacidad en un 20%, el valor de este porcentaje será el correspondiente a la renta actualizada, esto es, $ 513.006,25. Se tendrá en cuenta, además, que, Luis Asdrúbal Jiménez Vaca tiene una vida probable de 37,7 años.

La indemnización a que tiene derecho comprende dos períodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha del hecho hasta la fecha actual, para un total de 273 meses, y el otro, futuro, que corre desde la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable del lesionado, para un total de 179,40 meses, de lo cual resulta:

Liquidación de la indemnización debida o consolidada:

S = Ra (1+ i)n - 1

i

S = $513.006,25 (1+ 0.004867)273 - 1

0.004867

S = $ 291’333.876,09

Liquidación de la indemnización futura o anticipada:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

S = $ 513.006,25(1+ 0.004867)179.40 - 1

0.004867 (1+ 0.004867) 179.40

S = $ 61’290.528,59

Sumados los valores de la indemnización debida y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene un valor total de $ 352’624.405.

Así las cosas, la indemnización por concepto de lucro cesante, a favor del señor Luis Asdrúbal Jiménez Vaca, asciende a un valor total de trescientos cincuenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos cinco pesos ($ 352’624.405)

En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia proferida el 8 de julio de 1999, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:

Declárase a la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional, patrimonialmente responsables por las lesiones del señor Luis Asdrúbal Jiménez Vaca, en las circunstancias relatadas en la parte motiva de esta providencia.

Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional, a pagar las siguientes sumas de dinero:

Por concepto de perjuicios morales a favor de:

Luis Asdrúbal Jiménez Vaca (afectado) = 100 smlv

Diana Lucía Jiménez Yabur (hija) = 100 smlv

Jorge Ignacio Jiménez Yabur (hijo) = 100 smlv

Abel Antonio Jiménez (padre) = 50 smlv

Magda María Jiménez Vaca (hermana) = 50 smlv

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de trescientos cincuenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos cinco pesos ($ 352’624.405)

2. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

3. Dése cumplimiento a los dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. Expídanse las copias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado.

5. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia proferida el 17 de junio de 2004, Expediente 15.450 y sentencia del 4 de diciembre de 2007, Expediente 15.498.

(2) Si bien es cierto que el dictamen médico lo practicó el doctor W.S. Marson, catedrático senior de medicina general de las escuelas médicas y dentales de los hospitales Guy’s y St. Thomas de Inglaterra, aquel fue debidamente allegado por el consulado de Colombia en Londres en respuesta al exhorto Nº 1.332-3 librado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, conforme a la solicitud presentada por la parte actora en la demanda (fl. 28, cdno. 1), y decretada en proveído del 29 de agosto de 1990 (fl. 62, cdno. 1).

(3) Parra Quijano, Jairo. Tratado de la prueba judicial. Ediciones librería El Profesional. Bogotá. 1982. Pág. 29.

(4) Gorphe, Francois. La apreciación judicial de las pruebas. Editorial La Ley. Buenos Aires. 1967. Pág. 367.

(5) Artículo 217 del CPC “Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

Artículo 218 del CPC “Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud de pruebas relativas a estos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el testigo acepta los hechos, se prescindirá de toda otra prueba.

“Cuando se trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la tacha se apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente dentro del cual se solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha en la audiencia, y si encuentra probada la causal, se abstendrá de recibir la declaración.

“El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.

(6) http://www.cidh.org/countryrep/Colombia81sp/Conclusiones.htm#A.

(7) http://www.cidh.org/countryrep/Colom99sp/capitulo-9.htm#2.

(8) “La Constitución Política consagra en el artículo 38 el derecho de libre asociación y en el artículo 39, específicamente, el derecho de libre asociación sindical, según el cual ‘Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado’. En su faceta positiva, este derecho subjetivo faculta a los trabajadores para que estructuren organizaciones de diferente orden con el objeto de asumir su defensa frente a los conflictos obrero patronales, para lo cual la misma Constitución establece un conjunto de garantías, tales como el reconocimiento jurídico por la sola inscripción del acta de constitución, reserva judicial para los casos de cancelación o suspensión, fuero sindical y el sometimiento de su estructura interna y funcionamiento al orden legal y al principio democrático” (cursiva en original) Corte Constitucional, Sentencia T-749 del 21 de abril de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo.

“La Corte estima necesario precisar que el derecho de asociación sindical, debe necesariamente considerarse integrado a la concepción democrática del Estado social de derecho, pluralista, participativo, fundado en el respeto de la dignidad y de la solidaridad humanas, que reconoce y protege unas libertades básicas, si se repara que la libertad de asociarse en sindicatos no es otra cosa que la proyección de un conjunto de libertades fundamentales del hombre, como las de expresión y difusión del pensamiento y opiniones e información, y de reunión, las cuales conducen a afirmar el derecho de participación en la toma de decisiones relativas a los intereses comunes de los asociados, que constituye el punto de partida para la participación política”, Corte Constitucional, Sentencia T-441 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(9) Ibídem.

(10) Corte Constitucional, Sentencia T-173 del 24 de abril de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(11) “Al Estado se le imputan los daños antijurídicos sufridos por los particulares cuando aquel, estando en capacidad de prever la ocurrencia de tales daños, omitió el cumplimiento de su deber de protección. Valga la pena subrayar este último elemento. El Consejo de Estado no hizo con esta decisión al Estado responsable de todos los daños antijurídicos sufridos por los particulares. De ser así, toda víctima de un delito podría demandar al Estado por omisión de su deber de protección. La alta corporación suscribió la posibilidad de imputar tales daños a la posibilidad de las autoridades de prever su ocurrencia...” Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el nueve de mayo de 1996, Expediente 10654.

(12) Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado: “En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante. Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa.

“(...) En una grave violación a los derechos fundamentales, la conducta del garante que interviene activamente en la toma de una población, es similar a la de aquel que no presta la seguridad para que los habitantes queden en una absoluta indefensión. En virtud del principio de igualdad, cuando la acción y la omisión son estructural y axiológicamente idénticas, las consecuencias deben ser análogas: Si la conducta activa es ajena al servicio, también deberá serlo el comportamiento omisivo. Un miembro de la fuerza pública puede ser garante cuando se presenten cualquiera de los dos fundamentos de la responsabilidad explicados: creación de riesgos para bienes jurídicos o surgimiento de deberes por la vinculación a una institución estatal. Las fuerzas militares tienen la obligación absoluta de impedir el desconocimiento del derecho internacional humanitario (restricción absoluta aun frente a los estados de excepción según lo dispone el art. 214 de la Constitución) y los derechos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Colombia, no pueden ser suspendidos durante tales estados. Permitir que ocurran, sea porque activamente intervienen en ellas o porque omiten el deber estatal de proteger a los asociados en sus derechos, constituye una flagrante violación a la posición de garante de las condiciones mínimas y básicas de la organización social y, por lo mismo, nunca podrán considerarse como un acto relacionado con el servicio. En suma, desde el punto de vista estrictamente constitucional, resulta claro que las Fuerzas Militares ocupan una posición de garante para el respeto de los derechos fundamentales de los colombianos. La existencia de esa posición de garante significa que el título de imputación se hace por el delito de lesa humanidad, o en general por las graves violaciones a los derechos humanos, sin importar la forma de intervención en el delito (autoría o participación), o el grado de ejecución del mismo (tentativa o consumación) o la atribución subjetiva (dolo o imprudencia). Las estructuras internas de la imputación no modifican la naturaleza del delito realizado; estas no cambian porque el interviniente (para el caso, quien omite) se limite a facilitar la comisión de un hecho principal, o porque no se alcance la consumación del hecho” Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(13) “La posición de garante trata de dar una explicación y respuesta teórica y coherente a la cuestión de cuáles son las condiciones que deben darse para que el no impedir la entrada de un resultado sea equiparable a la causación positiva del mismo. Según la opinión que aquí será defendida, solo se puede alcanzar una solución correcta si su búsqueda se encamina directamente en la sociedad, pero esta entendida como un sistema constituido por normas, y no si la problemática toma como base conceptos enigmáticos basados en el naturalismo de otrora, pues la teoría de la posición de garante, como aquí entendida, busca solucionar solamente un problema normativo-social, que tiene su fundamento en el concepto de deber jurídico” Cfr. Perdomo Torres, Jorge Fernando “La problemática de la posición de garante en los delitos de comisión por omisión”, Ed. Universidad Externado de Colombia, 2001, págs. 17 a 20. Ver igualmente: López Díaz, Claudia “Introducción a la imputación objetiva”, Ed. Universidad Externado de Colombia; Jakobs, Günther “Derecho penal - Parte general”, Ed. Marcial Pons; Roxin, Claus “Derecho penal - Parte general “fundamentos de la estructura de la teoría del delito”, Ed. Civitas.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre de 2007, Expediente 15.567. M.P. Enrique Gil Botero.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, Expediente 18.724. M.P. Enrique Gil Botero.

(16) “La Constitución Política contempla múltiples referencias a la garantía del derecho a la seguridad personal, las cuales comportan a su vez diversas dimensiones de la misma. Así, por mandato del artículo 2º superior, que establece el deber primordial de protección en cabeza del Estado, las autoridades colombianas están instituidas para brindar protección a las personas, resguardando su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Entre tales derechos, los más básicos para la existencia misma de las personas son la vida y la integridad personal, establecidos en los artículos 11 y 12 superiores. Conforme a esta dimensión, ha señalado la jurisprudencia que el énfasis principal de la labor protectiva de las autoridades ha sido la de proveer de manera efectiva las condiciones mínimas de seguridad que posibilitan la existencia de los individuos en sociedad, sin estar expuestos a riesgos extraordinarios de recibir daños en su persona.

“(...).

“Al determinar el alcance del derecho a la seguridad personal en el orden constitucional colombiano, a la luz de los instrumentos internacionales reseñados, la Corte señaló: (i) El derecho a la seguridad personal está incorporado al ordenamiento jurídico colombiano en virtud de los artículos de la Constitución citados e interpretados a la luz de los instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia que crean obligaciones internacionales para el país (arts. 93 y 94 de la Constitución); (ii) Además de manifestarse como un derecho humano fundamental de todas las personas, el derecho a la seguridad personal adquiere especial importancia en el caso de ciertos sujetos que, dada su condición o su contexto, han recibido especial protección tanto por la Carta como por otras fuentes de derecho internacional vinculantes para Colombia; y (iii) El contenido específico del derecho a la seguridad personal es históricamente variable, y se ha de determinar de conformidad con el contexto socio - político y jurídico en el cual se vaya a aplicar.

(...).

“De tal manera que el derecho a la seguridad personal sí comprende un nivel de protección básico de las personas contra ciertos riesgos o peligros que, al responder a determinados atributos, ‘no resultan legítimos ni soportables dentro de la convivencia en sociedad, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales; se trata de riesgos extraordinarios cuya imposición misma lesiona la igualdad en la que deben estar las personas frente a la carga de vivir en sociedad’...

“Con base en los mandatos constitucionales mencionados, en los instrumentos internacionales que vinculan al estado colombiano, y en el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la protección de la seguridad de las personas en nuestro ordenamiento jurídico, la Corte ha concluido que ‘la seguridad personal, en el contexto colombiano, es un derecho fundamental de los individuos. Con base en él, pueden exigir, en determinadas condiciones, medidas específicas de protección de parte de las autoridades, con el objetivo de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o integridad personal, que no tienen el deber jurídico de soportar, y que las autoridades pueden conjurar o mitigar’...” Corte Constitucional, Sentencia T-496 del 16 de mayo de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de febrero de 2000, Expediente 14.787. M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, Expediente 14.443. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(19) “Por ende, cuando el Estado conociendo la situación de riesgo y peligro que yace sobre una determinada población, grupo de personas o un ciudadano, omite y desatiende los mandatos contenidos en la Constitución Política, no solo vulnera y transgrede de manera ostensible sus deberes y obligaciones positivas, sino que desatiende los mandatos propios fijados por los imperativos categóricos, específicamente, la defensa y satisfacción del principio de dignidad humana, fundamento y sustancia de todos los derechos y libertades públicas. {Todo mandato, por eso, que pretenda obligar a una persona, en tanto que norma jurídica, tiene que reconocer a esta persona como persona. El reconocimiento del hombre como persona responsable es el presupuesto mínimo que tiene que mostrar un orden social si este no quiere forzar simplemente por su poder sino obligar en tanto que derecho. Este contenido material natural, de que hay una obligatoriedad o un deber ser trascendente a la existencia” Welzel, Hans “Introducción a la filosofía del derecho natural y justicia material”, Ed. Aguilar, 1972, 2ª edición, p. 252}”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, Expediente 18.724. M.P. Enrique Gil Botero.

(20) El Estado social de derecho se centra en la protección de la persona y en el respeto a la dignidad humana, de allí que, los derechos fundamentales adquieren una dimensión trascendental, y la defensa de la vida, seguridad e integridad física de los ciudadanos es fundamental.

“El hombre es un fin en sí mismo. Su dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse (C.N. art.16). Las autoridades están precisamente instituidas para proteger a toda persona en su vida, entendida en un sentido amplio como “vida plena”. La integridad física, psíquica y espiritual, la salud, el mínimo de condiciones necesarias para la existencia digna, son elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorealización individual y social” Corte Constitucional, Sentencia T-499 de 1992.

“La dignidad humana y la solidaridad son principios fundantes del Estado social de derecho. Las situaciones lesivas de la dignidad de la persona repugnan al orden constitucional por ser contrarias a la idea de justicia que lo inspira. La reducción de la persona a mero objeto de una voluntad pública o particular (v.gr. esclavitud, servidumbre, destierro), los tratos crueles inhumanos o degradantes (C.N., art. 12) son conductas que desconocen la dignidad humana...” Corte Constitucional, Sentencia T-505 de 1992.

(21) “En aplicación de los principios de favorabilidad y buena fe, la Corte no puede menos que considerar que el actor se encuentra en situación de desplazamiento forzado por la violencia. En efecto, en primer lugar, el principio de buena fe obliga a los servidores públicos y en particular a los jueces constitucionales a dar credibilidad a las afirmaciones del actor y a las declaraciones de su antigua compañera sobre las amenazas proferidas por los grupos paramilitares contra las personas capturadas y acusadas de ser parte de las Farc. Estas declaraciones se compadecen además con el accionar de los grupos ilegales y con la aguda situación de violencia vivida en Viotá en la época de los hechos. De otra parte, el principio de favorabilidad obliga a los operadores jurídicos a interpretar las normas relativas al desplazamiento de la manera más favorable a la persona afectada. En este sentido si bien es cierto que el artículo 1º de la Ley 387 de 1997 se refiere a quien se ha visto forzado a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, a causa de amenazas de grupos ilegales, también es cierto que tal disposición es perfectamente aplicable a quien no puede regresar a su lugar de trabajo o residencia por esta causa. En efecto, resultaría abiertamente desproporcionado y contrario al principio de razonabilidad y favorabilidad una interpretación según la cual cuando la persona se aleja temporalmente del lugar habitual de trabajo o residencia por causas distintas a las consagradas en la norma en mención, pero se ve obligada a permanecer alejada de dicho lugar por amenazas de grupos armados ilegales, no sea considerada como una persona afectada por el desplazamiento forzado. En este sentido, resulta plenamente razonable sostener que se encuentra en situación de desplazamiento forzado quien no puede regresar a su lugar habitual de trabajo y residencia por miedo a ser asesinado por grupos violentos al margen de la ley” Corte Constitucional, Sentencia T-328 del 4 de mayo de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(22) “Entre los derechos constitucionales fundamentales que resultan amenazados o vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzoso, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado los siguientes.

“1. El derecho a la vida en condiciones de dignidad dadas (i) las circunstancias infrahumanas asociadas a su movilización y a su permanencia en el lugar provisional de llegada, y (ii) los frecuentes riesgos que amenazan directamente su supervivencia.

“2. Los derechos de los niños y de las niñas así como los de las mujeres cabeza de familia; de quienes padecen alguna limitación física o psíquica; de las personas adultas mayores.

“3. El derecho a escoger su lugar de domicilio, en la medida en que para huir del riesgo que pesa sobre su vida e integridad personal, los desplazados se ven forzados a escapar de su sitio habitual de residencia y trabajo.

“4. Los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación, “dado el ambiente intimidatorio que precede a los desplazamientos” Las consecuencias que dichas migraciones surten sobre la materialización de los proyectos de vida de los afectados, que necesariamente deberán acoplarse a sus nuevas circunstancias de desposeimiento.

“5. Por las características propias del desplazamiento, quienes lo sufren ven sus derechos económicos, sociales y culturales fuertemente afectados.

“6. En no pocos casos, el desplazamiento implica una dispersión de las familias afectadas, lesionando así el derecho de sus miembros a la unidad familiar y a la protección integral de la familia.

“7. El derecho a la salud no solo porque el acceso de las personas desplazadas a los servicios esenciales de salud se ve sustancialmente dificultado por el hecho de su desplazamiento, sino porque las deplorables condiciones de vida que se ven forzados a aceptar tienen un altísimo potencial para minar su estado de salud o agravar sus enfermedades, heridas o afecciones preexistentes.

“8. El derecho a la integridad personal que resulta amenazado tanto por los riesgos que se ciernen sobre la salud de las personas desplazadas, como por el alto riesgo de ataques al que están expuestos por su condición misma de desposeimiento. El derecho a la seguridad personal puesto que el desplazamiento conlleva riesgos específicos, individualizables, concretos, presentes, importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y desproporcionados para varios derechos fundamentales de las personas afectadas.

“9. La libertad de circulación por el territorio nacional y el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir, puesto que la definición misma de desplazamiento forzado presupone el carácter no voluntario de la migración a otro punto geográfico para allí establecer un nuevo lugar de residencia.

“10. El derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que se ven forzados a migrar a las ciudades y, en consecuencia, abandonar sus actividades habituales.

“11. El derecho a una alimentación mínima, que resulta insatisfecho en un gran número de casos por los altísimos niveles de pobreza extrema a los que llegan numerosas personas desplazadas, que les impiden satisfacer sus necesidades biológicas más esenciales y repercuten, por ende, sobre el disfrute cabal de todos sus demás derechos fundamentales, en particular sobre los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud. Ello es especialmente grave cuando el afectado es un menor de edad.

“12. El derecho a la educación, en particular el de la niñez que sufre un desplazamiento forzado y se ha visto obligada, por ende, a interrumpir su proceso de formación.

“13. El derecho a una vivienda digna puesto que las personas en condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie.

“14.El derecho a la paz, cuyo núcleo esencial abarca la garantía personal de no sufrir, en lo posible, los efectos de la guerra, y mucho menos cuando el conflicto desborda los cauces trazados por el derecho internacional humanitario, en particular la prohibición de dirigir ataques contra la población civil.

“15. El derecho a la personalidad jurídica, puesto que por el hecho del desplazamiento la pérdida de los documentos de identidad dificulta su registro como desplazados y el acceso a las distintas ayudas, así como la identificación de los representantes legales, cuando se trata de niños y niñas que son separados (as) de sus familias” Corte Constitucional, Sentencia T-1105 del 6 de noviembre de 2008, M.P. Humberto Sierra Porto.

(23) “La equidad es justicia matizada; radica, pues, en una relación de justicia, cuyo deber atempera o cuyo derecho acomoda, en consideración a lo postulado por las circunstancias del caso, a causa del bien común o de las leyes generales que regulan las relaciones humanas. Lo equitativo es lo justo reforzado o atemperado. La equidad atempera el deber y acomoda el derecho” Cf. Hervada, Javier “Introducción crítica al derecho natural”, Bogotá, Ed. Temis, 2000.

(24) De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Educación Nacional, Graduados Colombia, Observatorio laboral para la educación, en www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-195067.html. “Con relación al ingreso, se analiza el ingreso base de cotización (IBC) al régimen contributivo de los cotizantes dependientes. Es importante señalar que esta medida del ingreso subestima en cierta medida el ingreso personal dado que recoge tan solo las remuneraciones laborales y no los ingresos que provienen de otras fuentes.

“La tabla de IBC por año de grado muestra que los ingresos aumentan a medida que aumenta el tiempo de graduado de la persona. Como se observa, mientras que un graduado de 2001 ganaba en 2009 un promedio de $ 2.052.025, un graduado de 2008 ganaba $ 1.619.825 en el año 2009 también. Estos datos confirman la teoría económica que contempla la experiencia laboral como un determinante del aumento de los ingresos del individuo”.