Sentencia 1990-00659 de mayo 9 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC5755-2014

Radicación: 11001-31-10-013-1990-00659-01

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

1. En nuestro sistema jurídico toda persona tiene derecho a conocer su verdadero origen biológico en cualquier tiempo, por lo que las leyes sustanciales consagran la potestad del hijo de impugnar la paternidad o maternidad en todo momento (C.C., art. 217), así como la imprescriptibilidad de la acción de reclamación del estado civil del verdadero padre o madre, o del verdadero hijo (art. 406 ejusdem). De igual modo, la ley preceptúa que el estado civil es un derecho indisponible (D.L. 1260/70, art. 1º) y que sobre el mismo no se puede transigir (C.C., art. 2473).

Este derecho se puede ejercer, incluso, después de la muerte del presunto padre, en cuyo caso quien alegue ser su hijo tiene la facultad de interponer la respectiva acción judicial, no solo para que se declare el vínculo biológico sino, además, para que se le reconozcan sus derechos sucesorales. Este último evento, que se concreta a las consecuencias económicas de la declaración de estado civil, tiene una limitación legal, consistente en que la sentencia que declara la paternidad “no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción” (L. 75/68, art. 10, inc. 4º).

Dicha restricción significa una garantía en favor de los sucesores reconocidos y demás asignatarios para que sus derechos patrimoniales no queden indefinidamente a merced de acciones de filiación sorpresivas promovidas por personas inescrupulosas que se aprovechan de las delebles consecuencias que el transcurso del tiempo deja sobre los medios de prueba. Ese fue, indudablemente, el objetivo del legislador al consagrar el mencionado término de caducidad, influido por la necesidad de “evitar frecuentes abusos que comprometen el ejercicio recto del derecho”, tal como quedó consignado en las actas del Senado de la República que recopilaron las discusiones previas a la aprobación de la Ley 75 de 1968 (Sentencia Nº 393 de 2 de octubre de 1992).

Fueron, entonces, razones pragmáticas las que movieron al legislador a introducir la caducidad de los efectos patrimoniales derivados de la declaración del estado civil, para evitar que los derechos económicos de los herederos reconocidos quedaran perpetuamente sometidos al capricho de quienes pudiesen demandar la filiación.

El origen sociológico de esta limitación quedó explicado en el siguiente extracto jurisprudencial:

“Considerando el legislador que no es justo someter a los herederos del difunto y a su cónyuge al deber de afrontar una demanda calculadamente tardía, intencionalmente demorada con el definido propósito de hacer más difícil la defensa de quienes desconocen actos claramente íntimos o reservados de su causante, o en espera de que el tiempo borre huellas que pudieran servir de escudo a los sucesores, determinó que el derecho de investigar la paternidad, en caso de muerte del padre presunto, debe ejercitarse dentro de esos dos años para que el fallo produzca en favor del hijo los efectos patrimoniales que le son propios.

“No obstante, como el interés evidente que el legislador perseguía con tal medida no era solo el de que el derecho fuera ejercitado dentro de ese preciso término, sino también el de que los sucesores del difunto y su cónyuge conocieran oportunamente la existencia de esa pretensión y pudieran oponer en tiempo sus defensas, la ley, estatuyó que la ‘demanda’ debería ser notificada dentro del mismo perentorio término bienal...” (CSJ, SC de 19 de noviembre de 1976).

2. El mencionado término extintivo tradicionalmente ha sido entendido desde una perspectiva subjetivista, que impone al fallador la obligación de examinar si el retraso en la notificación del auto admisorio se debe o no a la negligencia del demandante, pues en esta materia no puede perderse de vista que el fin primordial del legislador fue evitar las consecuencias nocivas de demandas que se interponen con premeditada tardanza, solo para hacer más difícil la defensa de los sucesores reconocidos.

Por ello, si a pesar de la diligencia del actor la referida providencia no se logra notificar en tiempo al demandado debido a las evasivas o entorpecimiento de este último, o por demoras atribuibles a la administración de justicia, entonces el ejercicio oportuno de la acción con la presentación de la demanda dentro del tiempo previsto en la norma analizada, tiene la virtud de impedir que opere la caducidad.

Así fue reconocido por nuestra jurisprudencia desde hace varias décadas en términos que hoy conservan plena vigencia por estar inspirados en los supremos ideales de justicia y equidad, adaptados al derecho objetivo. Es así como a pesar de que la doctrina antigua consideró que el concepto de caducidad estaba ligado a la idea de plazo extintivo e improrrogable —cuyo vencimiento produce el decaimiento de la acción de manera inevitable y sin tomar en consideración la actividad del juez o de las partes—, ello no fue obstáculo para que esa noción eminentemente teórica o especulativa cediera su rigor ante los supuestos concretos que plantea la realidad que está a la base del derecho vigente.

En ese orden de ideas, fueron situaciones cotidianas de evidente injusticia las que obligaron a esta Corte, “con urgencia nacida en la equidad, a precisar su doctrina sobre el plazo de caducidad que establece en su inciso 4º el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, para lo cual toma los siguientes fundamentos:

“(...).

“Partiendo de que nadie está obligado a lo imposible (ad imposibilia nemo tenetur), la Corte, meditando nuevamente sobre la inteligencia que debe darse al precepto comentado, llega a la conclusión de que, si ejercitado oportunamente el derecho de acción con la presentación de la demanda, la notificación del auto admisorio de esta, sin culpa posterior del demandante, se hace vencido el bienio a que la ley se refiere en la norma mencionada, entonces la sola presentación del libelo en tiempo tendría el efecto de impedir la caducidad de los efectos patrimoniales de la declaración de paternidad. Proceder de otro modo sería cohonestar el fraude premiando al demandado que se oculta o que intencionalmente estorba que se le notifique en tiempo el auto admisorio, posturas estas que atentan contra la lealtad procesal, o sería hacer responsable de la negligencia de los funcionarios judiciales al mismo demandante que ha realizado una normal actividad para que la notificación se lleve a cabo en oportunidad.

“Como la Ley 75 de 1968 ciertamente buscó mejorar la condición del hijo natural, so pretexto de una exégesis muy ceñida a la ley, cual ha sido la que hasta ahora venía pregonando la Corte, no se podría insistir en una interpretación que daña patentemente a quien fue el objeto de la complacencia del legislador.

“La inteligencia, pues, que debe darse al texto legal citado es la de que él se refiere al caso preciso en que los funcionarios respectivos o los demandados de ninguna manera han impedido o dificultado la normal notificación del auto admisorio de la demanda. Pero cuando es palmario que no obstante la diligencia del demandante, y a pesar de haberse presentado en tiempo la demanda, la notificación no pudo realizarse oportunamente, ya sea porque los demandados se ocultan, se ausentan del lugar donde se adelanta el proceso o porque la eluden o dificultan de alguna manera, entonces la notificación por fuera de tiempo no alcanza a generar la caducidad de los efectos patrimoniales, desde luego que esa tardanza tiene su génesis en actos u omisiones de los demandados o en desidia o morosidad culpable de los funcionarios que deben realizar la notificación” (SC de 19 de noviembre de 1976).

Bajo el mismo entendimiento, esta Sala expresó: “En verdad que analizando el alcance del inciso 4º del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, en providencias múltiples ha dicho la Corte que la inteligencia que debe darse al texto legal citado es la de que él se refiere al caso preciso en que los funcionarios respectivos o los demandados de ninguna manera han impedido o dificultado la normal notificación del auto admisorio de la demanda. Pero que cuando es palmario que no obstante la diligencia del demandante, y a pesar de haberse presentado en tiempo la demanda, la notificación no pudo realizarse oportunamente, ya sea porque los demandados se ocultan, se ausentan del lugar donde se adelanta el proceso o porque la eluden o la dificultan de alguna manera, entonces la notificación por fuera de tiempo no alcanza a generar la caducidad de los efectos patrimoniales, desde luego que en tales eventos esa tardanza tiene su génesis en actos u omisiones de los demandados o en desidia o morosidad culpable de los funcionarios que deben realizar la notificación” (CSJ SC 197 de 26 de agosto de 1985).

La misma postura fue reiterada en un fallo de 1990, en cuya oportunidad se dijo:

“Como es bien sabido la Ley 75 de 1968, al igual que las leyes 45 de 1936 y 29 de 1982, son estatutos que sin lugar a la menor duda tienden a levantar la condición de los hijos extramatrimoniales, constituyendo cada uno en su época y a manera de sucesivas etapas en un mismo proceso de evolución jurídica en materia de filiación natural, expresiones más o menos caracterizadas del principio de la libre investigación de la paternidad como verdadero postulado de derecho natural que es, en cuanto lo inspira en últimas la inexorable inclinación de los seres humanos a buscar y conocer a sus progenitores. De aquí, entonces, que en todos sus aspectos dichas leyes hayan de entenderse y aplicarse en armonía con esta orientación conceptual básica; por virtud de ellas ha quedado abolido en nuestro medio el privilegio inmoral de la paternidad irresponsable, luego la esencia de su contenido normativo que no puede nunca perderse de vista, es la de garantizar la completa efectividad de los derechos de los hijos extramatrimoniales sin subordinación a la voluntad del padre o de quienes lo suceden después de su muerte (se resalta).

“Pues bien, atendiendo precisamente a consideraciones de esta naturaleza y así lo subraya con evidente acierto el cargo en estudio, la doctrina jurisprudencial tiene señaladas de vieja data precisas pautas para la recta inteligencia del artículo 10, inciso cuarto, de la Ley 75 de 1968, declarando que cuando se trata de llevar a la práctica la restricción impuesta por dicho precepto para los eventos en que, fallecido el pretenso padre, el establecimiento mediante sentencia del vínculo paterno-filial extramatrimonial tiene por objeto preponderante derivar un parentesco que le otorgue al demandante vocación sucesoral, forzoso es no olvidar el genuino significado de la ley en este punto. Con la preclusión o caducidad allí consagrada no aspiró el legislador a nada distinto que a cerrarle el camino a la industria de los hijos artificiales favorecida por demandas sorpresivas y calculadamente tardías con el inequívoco designio de dificultar la defensa de los demandados; su intención no fue entonces, cual suele afirmarse a veces con cierto desenfado, introducir un disimulado cercenamiento a la efectividad práctica de las consecuencias económicas que se ordinario comporta una declaración judicial de paternidad natural, sino que apunta a reglamentar el ejercicio de la acción respectiva dentro de un contexto de razonable equilibrio, puesto que el claro fin perseguido por el texto legal en cuestión, al decir de la Corte, ‘... es el de que los herederos, frente a quienes por muerte del presunto padre deba ventilarse el proceso de investigación de la paternidad natural, sean citados a juicio, en cuanto sea posible, dentro de un término prudencial fijo, contado a partir de la defunción de aquel, lapso que la ley fijó en un bienio...’ (GJ T. CLV 1ª parte, pág. 393).

“Significa lo anterior, en síntesis, que el interés específico de la disposición tantas veces memorada no es tanto que, bajo amenaza de sanción consistente en caducidad automática, sea ejercitado el derecho dentro del plazo de dos años contados desde la fecha en que se produjo la muerte del presunto progenitor, sino más bien que los sucesores de este último y, si fuere el caso, también el cónyuge que le sobrevive, conozcan efectivamente dentro de ese término la existencia de la pretensión y queden en condiciones de oponerle una adecuada defensa, tomando oportunamente las precauciones necesarias para asegurar la prueba y disminuir así el riesgo de error al que, por efecto de aquella muerte, es natural que quede expuesta la labor de investigación de la paternidad reclamada. Y es por fuerza de esta ponderada apreciación que, en aras del sentido y alcance de protección a los hijos extramatrimoniales que tiene la Ley 75 de 1968 en su integridad, también la doctrina jurisprudencial viene sosteniendo que no procede declarar caducados los aludidos efectos patrimoniales cuando, a pesar de la normal diligencia observada por la parte actora, la notificación en debida forma del auto admisorio de la demanda, por ocultamiento intencional de los demandados o por escollos puestos por estos mismos o por los funcionarios competentes, no pudo llevarse a cabo dentro del término prefijado por la ley; es que en semejantes circunstancias la tesis contraria cae en el absurdo y de bulto entroniza una notoria injusticia...” (CSJ, SC 269 de 19 de julio de 1990) (se resalta).

El mismo entendimiento fue ratificado en providencia de 1995, en los siguientes términos:

“... la caducidad establecida en el último inciso del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, solo tiene operancia cuando el término bienal allí prefijado por el legislador transcurre sin que se notifique el auto admisorio de la demanda a los demandados, por negligencia o incuria del actor, pero resulta inaplicable cuando no obstante su actividad oportuna tal notificación no se realiza en el plazo allí señalado, por factores ajenos al actor, pues en tal hipótesis, la aplicación mecánica de la disposición legal teniendo en cuenta para el efecto una simple comparación de fechas, no resulta en el fondo sino la victoria de la exégesis de la norma, con desconocimiento absoluto de su contenido teleológico y sus finalidades sociales, con grave desmedro para los derechos de los asociados que, confiados en el proceso como mecanismo civilizado para asegurar la pacífica convivencia social, acuden a él para que se administre justicia en el caso concreto” (SC de 22 de febrero de 1995. Exp. 4455) (se resalta).

Idéntica postura adoptaron las sentencias de 6 de septiembre de 1995, Expediente 4608; 9 de octubre de 1995, Expediente 4524; 20 de septiembre de 2000, Expediente 5422. Esta última retomó los conceptos antes esbozados en el entendido que “esta interpretación no solamente aboga por la protección de los derechos de quien quiso amparar la Ley 75 de 1968 (el hijo extramatrimonial), sino por la tutela de principios tan caros al proceso, como lo son la lealtad y la buena fe procesal de las partes, hoy enaltecidos al rango de constitucionales” (se resalta).

3. Ni el sustrato sociológico que sirvió de fundamento a la posición tradicional de la Corte, ni la concepción jurídico-filosófica sobre tal realidad, han sufrido ninguna variación en la actualidad, menos aún bajo la vigencia de la actual Constitución Política, cuyo artículo 42 es garantía ineludible de igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos; por lo que no existe razón alguna que amerite un cambio en la comentada doctrina de la corporación.

A pesar de ello, esta Sala en algunas providencias ha hecho alusión a un entendimiento objetivo del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, que aboga por un conteo fatal del referido término de caducidad sin entrar en disquisiciones de tipo contextualista. Mas esta postura —que no refleja el criterio tradicional de la jurisprudencia en este tema—, fue el resultado de haber interpretado aquella norma en conjunto con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, luego de que este último fuera modificado por el Decreto 2282 de 1989.

Sin embargo, este intento de exégesis de la norma no ha logrado imponerse como tesis jurisprudencial dominante, tal como quedó en evidencia en la sentencia de 31 de octubre de 2003 (Exp. 7933), en la que la mayoría de la Sala continuó defendiendo la tesis subjetiva, toda vez que cuatro de los siete magistrados que la suscribieron formularon sus reparos —mediante sendos salvamentos y aclaraciones de voto— contra la opinión que sostiene que el término de caducidad de los efectos patrimoniales debe calcularse sin tener en cuenta las circunstancias particulares que influyeron en el retraso de la notificación.

Es preciso memorar, de igual modo, que con posterioridad a la aludida providencia esta Corte ha dictado fallos en los que enfatizó en la necesidad de observar en cada caso concreto las especificidades que impidieron la notificación en tiempo del auto admisorio, a fin de poder determinar si se extinguió o no el respectivo derecho de acción. Tal es el caso de las sentencias de casación de 23 de febrero de 2006 (Exp. 1998-00013-01) y de 30 de noviembre de 2006 (Exp. 0024-01), en las que se tomaron en consideración aspectos atinentes a las coyunturas propias de cada proceso para negar la caducidad de la acción.

En tanto que otras decisiones como las adoptadas en las sentencias de casación de 10 de octubre de 2006 (Exp. 2001-21438-01) y de 21 de enero de 2009 (Exp. 1992-00115-01), no se detuvieron en el examen de fondo de esa discusión, por la sencilla razón de que en tales litigios el auto admisorio de la demanda se notificó a los demandados dentro del término previsto en las normas, de suerte que no hubo necesidad de acudir a ninguna de las dos tesis.

4. En todo caso, la inclinación hacia un entendimiento objetivo del término de caducidad señalado en el numeral 4º del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, solo pudo surgir con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2282 de 1989, pues únicamente la modificación que este introdujo al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil llevó a algunos a pensar en la posibilidad de interpretar armónicamente ambas disposiciones a la luz de un nuevo enfoque caracterizado por la primacía del conteo irreflexivo de los términos.

En efecto, el primero de esos preceptos nunca se relacionó con el artículo 90 del estatuto adjetivo porque el texto original de este último solo aludía a la interrupción civil de la prescripción mediante la presentación de la demanda, sin referirse en modo alguno a una manera de impedir que operara la caducidad. El tenor literal de aquella disposición consagraba:

“ART. 90.—Interrupción de la prescripción. Admitida la demanda se considerará interrumpida la prescripción desde la fecha en que fue presentada, siempre que el demandante dentro de los cinco días siguientes a su admisión, provea lo necesario para notificar al demandado y que si la notificación no se hiciere en el término de diez días, efectúe las diligencias para que se cumpla con un curador ad litem en los dos meses siguientes.

En caso contrario, solo se considerará interrumpida con la notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su curador ad litem” (se resalta).

La jurisprudencia, entonces, no ligaba dicha norma con el inciso 4º del artículo 10 de la Ley 75 de 1968; tanto así que esta Corte conceptuó negativamente sobre la posibilidad de integrar ambas disposiciones, en los siguientes términos:

“... se trata de un plazo de caducidad especial el consagrado en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, distinto del preceptuado en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, porque aquella caducidad, a diferencia de esta última, no se refiere a la acción ni a la pretensión de filiación, sino únicamente a sus consecuencias patrimoniales en caso de sentencia favorable a la filiación. Por esa razón desde la expedición del Código de Procedimiento Civil, se ha dispuesto que los efectos de la cosa juzgada en materia del estado civil, se sujeten a las reglas particulares consagradas en el Código Civil y leyes complementarias (...), lo que, por supuesto, ratifica precisamente dicho carácter especial (CSJ, SC de 6 de septiembre de 1995. Exp. 4608).

A partir de la sentencia de 4 de julio de 2002 se comenzó a relacionar el artículo 90 del ordenamiento procesal (modificado por el D. 2282/89) con el artículo 10 de la Ley 75 de 1968; y solo en tanto la aludida reforma contempló:

“ART. 90.—La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro de los ciento veinte días siguientes a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado” (se resalta).

Sobre la posibilidad de tal asociación de normas, la mencionada sentencia dispuso:

“... el propósito del legislador de 1989 no fue el de modificar los diferentes lapsos de prescripción y/o de caducidad que las leyes sustanciales tuvieran fijados para las diferentes materias que regulan, sino el de constituir un límite temporal dentro del cual debe efectuarse la notificación de la demanda al demandado, para que la presentación de ella interrumpa civilmente la prescripción o impida que opere la caducidad. Por ende, no resulta válido aseverar que, frente a los efectos patrimoniales derivados del reconocimiento de hijo extramatrimonial, la caducidad de que trata el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 es especial y, por ende, excluye la general del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, que no puede ser tenida en cuenta.

“Así, el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil no es tampoco una norma ajena y sin ninguna relación con el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, porque si bien es verdad, como lo argumenta la sentencia de la cual se aparta ahora la Sala, que la caducidad contemplada en el último de esos preceptos no está referida directamente a la acción ni a la pretensión de filiación extramatrimonial, también lo es que ella sí depende evidentemente y está determinada por la oportunidad con que se lleve al proceso judicial aquella pretensión antecedente, lo cual significa que los efectos patrimoniales de la misma no quedan sueltos sino, por el contrario, atados a la oportunidad de la acción de la que depende. De esta manera la previsión del artículo 10 de la Ley 75 de 1968 constituye pues la regla general, consistente en que la declaración de filiación extramatrimonial carece de alcances patrimoniales si la correspondiente demanda se notifica al demandado después de los dos años siguientes al deceso del progenitor; y que el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil se erige como su única excepción, en tanto que la oportuna presentación de la demanda, esto es, la realizada dentro del mencionado término, impide la caducidad si el auto admisorio se entera al demandado en las condiciones que la misma norma estatuye, independientemente, como luego se precisará, que la notificación se surta o no dentro de esos dos años.

“(...).

“Nada se opone, pues, a que una y otra disposición (CPC, art. 90 y L. 75/68, art. 10) se apliquen de manera conjunta y armónica, por cuanto la primera, sin prescindir del término previsto en la segunda, regula solo la forma y oportunidad como la demanda, presentada dentro de ese lapso, se ha de notificar al demandado, lo que traduce afirmar que, tratándose de los efectos patrimoniales derivados del reconocimiento de hijo extramatrimonial, la única caducidad existente es la establecida en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 y que si bien el término de la misma puede llegar a suspenderse con la presentación de la demanda, eso solo sucede si la notificación de esta al demandado se produce dentro de los 120 días a que alude el primero de esos preceptos, pues de lo contrario corre sin obstáculo y se configura la caducidad, que impide el reconocimiento de los efectos patrimoniales a la filiación que se acceda (CSJ SC de 4 de julio de 2002, Exp. 6364).

5. Desde luego que la ‘interpretación por vía de doctrina’ que realizan los jueces en busca del verdadero sentido de la norma (C.C., art. 26) solo tiene eficacia a partir de la entrada en vigencia de la ley interpretada y nunca antes, del mismo modo en que las leyes interpretativas se entienden incorporadas a la ley que ellas se permiten aclarar.

Por ello, mal hizo el tribunal en entender el significado original del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil bajo una exégesis de ese precepto modificado por el numeral 41 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, porque este último no es aplicable al caso, dado que la demanda se presentó el 15 de septiembre de 1989, en tanto que la aludida reforma entró a regir el 1º de junio de 1990.

De ahí que el sentenciador ad quem no estaba facultado para realizar una interpretación armónica de los artículos 10 de la Ley 75 de 1968 y 90 del estatuto adjetivo (antes de ser modificado por el D. 2282/89), ni mucho menos inferir de tal ecuación normativa un criterio objetivo que no se deduce de la ley que rige la controversia.

En suma, la indebida aplicación conjunta de los artículos 10 de la Ley 75 de 1968 y 90 del Código de Procedimiento Civil (en su texto originario), tuvo una repercusión trascendental en la decisión recurrida, porque no existía ninguna razón jurídica para elaborar tal enlace normativo, ni mucho menos para entender que el término de caducidad consagrado en la primera de esas disposiciones era objetivo o de vencimiento fatal.

La anterior circunstancia, a su vez, condujo al sentenciador a considerar que no resultaba necesario adentrarse en el análisis de las pruebas que demostraban que la tardanza en la notificación del auto admisorio del libelo inicial a varios demandados no se debió a la incuria de la pretensora sino a la culpa de los opositores, como enseguida pasa a analizarse.

6. Según se desprende de las piezas procesales, la demanda fue presentada para reparto el 15 de septiembre de 1989; es decir cuando aún no había transcurrido un año desde la muerte del padre biológico de la actora, lo cual ocurrió el 27 de septiembre de 1988.

El auto admisorio de la demanda se notificó al demandante por estado de 20 de noviembre de 1989 (fl. 26).

El 12 de diciembre de 1989, el notificador se dirigió a la dirección señalada en el libelo, a fin de enterar a la demandada Fredesminda Cortés del auto admisorio. En dicha oportunidad el empleado judicial manifestó, bajo la gravedad del juramento, que se trasladó “al barrio Villa del Prado más exactamente a la carrera 50 A Nº 173-99, siendo informado por el portero que dicha señora reside en la carrera 50 A Nº 173-43 y que en el momento no se encontraba”, razón por la cual procedió a dejar con el portero la boleta de citación para que la convocada compareciera “el día trece de los corrientes a la hora de las nueve de la mañana”; ante lo cual el trabajador le impidió el acceso a la casa, pero se comprometió a entregársela tan pronto como llegara (fl. 28).

Nuevamente, el 16 de enero de 1990, el notificador informó bajo la gravedad del juramento que, con la debida autorización del secretario del juzgado, se trasladó a la carrera 50 A Nº 173-43 con el fin de notificar a los demandados, siendo atendido por el portero de dicha urbanización, quien afirmó “que dicha casa se encontraba sola”, por lo cual procedió a dejar de nuevo la boleta de citación, a fin de que los convocados comparecieran de inmediato al juzgado a recibir notificación (fl. 29).

El 26 de mayo de 1990 el notificador volvió a rendir informe bajo a gravedad del juramento, en el que consta que en esa fecha se trasladó a la carrera 50A Nº 173-43, “con el fin de notificar a la misma providencia a Fredesminda Cortés, siendo informado por el portero que atendió la oportunidad pasada, que la misma no se encontraba, pues había salido desde por la mañana y no había vuelto”, por lo que procedió a dejar boleta de citación “preguntándole seguidamente si le había entregado las boletas anteriores y quien en una manera un poco grosera” le contestó “que ‘lógico’ pues allí se entregaba a diario por ahí cada dos horas la correspondencia...”. De igual modo dejó constancia de que el portero “no quiso firmar la copia de recibido pues dijo no querer meterse en problemas” (fl. 43).

El 27 de noviembre de 1990 el Juzgado Trece de Familia de Bogotá avocó el conocimiento del proceso por competencia, luego de la entrada en vigencia de la especialidad de familia (fl. 49).

El 5 de febrero de 1991 el notificador, una vez más, se trasladó a la carrera 50A Nº 173-43, con el fin de notificar personalmente a Fredesminda Cortés Cortés, siendo atendido por el conserje de la urbanización, quien le informó “que la persona en mención se encontraba fuera de la ciudad”, por lo que procedió a dejar boleta de citación con la persona que lo atendió, quien “se negó a firmar copia, alegando que él no estaba autorizado para firmar nada” (fl. 52).

El 17 de abril de 1991, el notificador se dirigió a la carrera 50A Nº 173-99, sin poder realizar la notificación a la demandada Fredesminda Cortés “debido a que la dirección no existe” (fl. 36, cdno. 4 de excepciones proceso acumulado).

En esta oportunidad el fracaso de la notificación se debió a un error del empleado del juzgado, puesto que acudió a una dirección equivocada, porque todas las veces anteriores la mencionada diligencia se intentó surtir en la carrera 50A Nº 173-43, donde se sabía que residía la señora Fredesminda Cortés, según lo había confirmado el portero de la edificación y constaba en las correspondientes piezas procesales.

El 15 de mayo de 1991 el citador se dirigió a la carrera 50A Nº 173-43 con el fin de realizar la referida diligencia, en cuya oportunidad fue atendido “por una niña que dijo ser la hija de la señora”, ante lo cual procedió a fijar el aviso judicial y dejarle una copia (fl. 38, cdno. 4 de excepciones en el proceso acumulado).

El 28 de mayo de 1991, Fredesminda Cortés otorgó poder a su abogado para que contestara la demanda y formulara las respectivas excepciones, como en efecto este lo hizo, entre las cuales propuso la de “caducidad de los efectos patrimoniales” (fl. 44, cdno. 4).

A partir del anterior recuento del proceso, se deduce que la madre y representante de los demandados Rocío, Jair, Jaime, Oscar y Clara Cortés Cortés eludió la diligencia de enteramiento del auto admisorio; pues por lo menos en cinco ocasiones se le requirió en su lugar de residencia para que acudiera al juzgado a notificarse personalmente, a pesar de lo cual no realizó las gestiones pertinentes para lograr tal efecto, como era su deber hacerlo en virtud de los principios de buena fe y lealtad procesal.

Por lo demás, las manifestaciones realizadas por el portero del edifico —quien afirmó que la señora Fredesminda sí vivía en ese lugar y que le hizo entrega de las respectivas comunicaciones— confirman que la convocada estaba enterada de la existencia del proceso, no obstante lo cual evadió la diligencia de notificación personal (fls. 43 y 52).

Sin embargo, de los informes rendidos por el citador bajo la gravedad del juramento no se desprende de manera fehaciente, clara e inequívoca que la representante de los demandados se ocultó para no recibir la notificación, sino que esta “en el momento no se encontraba” (fl. 28); “que dicha casa se encontraba sola” (fl. 29); que “había salido desde por la mañana y no había vuelto” (fl. 43); “que la persona en mención se encontraba fuera de la ciudad” (fl. 52); por lo que en todas esas ocasiones procedió a dejarle la respectiva boleta de citación, sin que aquella compareciera al despacho a notificarse del auto admisorio de la demanda.

Por ello, no podía exigírsele a la actora que solicitara el “emplazamiento de persona que se oculta”, contemplado en el texto original del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil —antes de ser modificado por el Decreto 2282 de 1989—, pues para que esto fuera procedente se requería que el citador diera fe del hecho del ocultamiento en términos expresos y contundentes, y que el secretario rindiera el informe respectivo bajo la gravedad del juramento, tal como lo ordenaba el referido precepto:

“Emplazamiento de persona que se oculta. Transcurridos cinco días desde cuando se suministró lo necesario para la notificación personal y realizadas las diligencias del caso, sin que ella se haya podido practicar, el juez, previo testimonio secretarial juramentado de todo ello y a solicitud de parte interesada, ordenará el emplazamiento de la persona a quien se ordenó citar, por medio de edicto con los datos y prevenciones exigidos en el artículo 318, que se fijará por el término de diez días y se incorporará al expediente” (se resalta).

De manera que sin esos requisitos previos, la parte demandante no podía solicitar el emplazamiento del demandado que elude la notificación del auto admisorio, so pena de incurrir en la nulidad consagrada en el primigenio artículo 152, numeral 8º, del estatuto adjetivo civil.

Los anteriores elementos de prueba, en suma, permiten concluir sin lugar a dudas que no fue por negligencia de la actora que el auto admisorio de la demanda se notificó a los representados por Fredesminda Cortés por fuera del bienio consagrado en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, pues quedó demostrado que su apoderada fue supremamente diligente al pagar todos los intentos de notificación y al impulsar dicho trámite; en tanto que fue la persistente renuencia de la demandada a notificarse del auto admisorio —a pesar de tener conocimiento de la existencia del proceso en su contra—, lo que condujo, finalmente, a la demora de la aludida diligencia.

De ahí que la correcta interpretación de la norma que rige el caso impone al juez la obligación de tomar en consideración las referidas circunstancias subjetivas, a fin de no endilgar a la parte demandante unas consecuencias nocivas que no le son en modo alguno atribuibles por no ser producto de su negligencia; lo que apareja como resultado tener que admitir que la presentación de la demanda dentro del bienio consagrado en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, impidió que operara la caducidad, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte en múltiples oportunidades.

7. Finalmente, con relación al demandado Omar René Cortés Cañón, la presentación de la demanda no tuvo la aptitud de impedir la operancia de la caducidad, pues el retraso en la notificación del auto admisorio se debió a la exclusiva negligencia de la parte demandante.

Es cierto que el juzgado omitió vincular a este demandado en el auto admisoro de la demanda proferido el 16 de noviembre de 1989. Pero también lo es que la actora no interpuso los recursos que consagra el ordenamiento procesal para lograr la corrección de tal decisión.

En cambio, fue solo hasta el 15 de marzo de 1990 —es decir 4 meses después de dictado el proveído que admitió el libelo— que la abogada de la demandante solicitó realizar la respectiva corrección, a la que el despacho accedió en auto de 6 de abril de 1990 (fl. 38).

Una vez se reconoció a Omar René Cortés como demandado, el juzgado ordenó su notificación. Sin embargo, esta diligencia no se realizó porque el convocado no vivía en la dirección que la actora indicó para tal efecto, según consta en el respectivo informe del notificador, rendido el 26 de mayo de 1990 (fl. 43); sin que procediera a aportar la nueva dirección ni a realizar ninguna gestión para cumplir con su carga procesal.

Luego, si la diligencia de notificación a Omar René Cortés Cañón no se realizó dentro del bienio establecido por el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, ello se debió a la incuria de la parte actora, quien no cumplió con la obligación que le imponía la ley adjetiva.

En consecuencia, la excepción de caducidad de los efectos patrimoniales de la declaración de filiación está llamada a prosperar a favor de este demandado, pues el causante Gustavo Cortés Peña falleció el 27 de septiembre de 1988, en tanto que el auto admisorio se le notificó a Omar René Cortés Cañón el 11 de octubre de 1990 (fl. 39, cdno. 4), esto es por fuera del aludido bienio; sin que esté demostrado que dicha tardanza se debió a maniobras dilatorias del convocado a juicio, ni mucho menos a demoras atribuibles a la administración de justicia.

Por las razones que se han dejado consignadas, se impone el éxito parcial del cargo que se viene analizando.

En tal virtud, por haber prosperado en parte la demanda de casación en favor de la parte que la interpuso, no hay lugar a imponer condena en costas del recurso extraordinario.

IV. Sentencia sustitutiva

1. El debate en esta segunda instancia, reducido a sus precisos términos, quedó circunscrito a establecer si, como lo estimara el juez a quo, operó la pérdida de los efectos patrimoniales derivados de la declaración de paternidad, en virtud de lo consagrado en el inciso 4º del artículo 10 de la Ley 75 de 1968; o si, por el contrario, como lo adujo la apelante, tal fenómeno extintivo no tuvo lugar porque la tardanza en la notificación del auto admisorio no se debió a su propia incuria sino a las maniobras evasivas de la demandada para recibir la notificación.

Pues bien, como quedó demostrado en la resolución del cargo que prosperó en casación, para la época en que se interpuso la demanda (sep. 15/89) aún no había entrado a regir el Decreto 2282 de 1989, cuya modificación al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil permitió hacer una interpretación conjunta de ambas disposiciones, que repercutió en un nuevo enfoque sobre la forma en que se deben computar los términos en ellas consagrados.

Esa conjunción normativa, entonces, no era aplicable al caso, ni mucho menos las especulaciones a las que ella dio lugar. En consecuencia, la ley sustancial que constituye el fundamento del fallo es el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, exclusivamente; cuyo término de caducidad no permite interpretaciones objetivas o descontextualizadas, tal como lo dejó suficientemente aclarado la jurisprudencia de esta Corte, al menos hasta antes de entrar en vigencia el Decreto 2282 de 1989.

2. La notificación del auto admisorio a los demandados por fuera del referido término de caducidad, comporta una consecuencia nefasta sobre la pretensión invocada, pues produce la extinción del derecho a reclamar judicialmente la herencia. Por ello, la pérdida de los efectos patrimoniales derivados del reconocimiento de la filiación posee una naturaleza eminentemente subjetiva, pues implica una sanción al demandante que ha actuado de manera culposa al no interponer a tiempo su demanda.

Como sanción que es, su configuración requiere la culpa como presupuesto necesario, dado que la aplicación indiscriminada del resultado gravoso contemplado en el citado precepto supondría un desproporcionado detrimento de las garantías fundamentales de la parte actora, sobre todo si está demostrado que actuó con la debida diligencia en el cumplimiento de sus cargas procesales y fue su contraparte quien propició la tardanza de la diligencia de notificación del auto admisorio de la demanda a varios demandados.

Por estas razones, está descartado que dicho plazo pueda contarse objetivamente; pues siempre habrán de analizarse en cada caso concreto las situaciones particulares que surgen al interior de los mismos, tales como las suspensiones de términos, los días inhábiles, el ingreso del expediente al despacho para resolver peticiones relacionadas con dicho término, la diligencia del demandante, la desidia de los demandados o su ausencia del lugar de notificación, o la tardanza de la administración de justicia.

Tales circunstancias deben ser examinadas por el juzgador a fin de poder determinar las razones por las cuales el auto admisorio de la demanda no pudo ser notificado a los demandados dentro del término de caducidad consagrado en la norma, pues solo de esa manera será posible establecer si hay lugar o no a declarar la extinción de los efectos patrimoniales derivados de la filiación.

Desde luego que la tardanza en la notificación del auto admisorio no puede generarle al hijo la pérdida de sus derechos económicos cuando tal demora no se ha debido a su dejadez o abandono sino a la culpa de los demandados, a fallas de la administración de justicia, o a cualquiera otra razón ajena a su voluntad; tal como ocurre en el sub judice, donde está demostrado que la demandante desde un comienzo estuvo presta a realizar todos los actos tendientes a la notificación, a pesar de lo cual esta diligencia no se pudo realizar por la actitud manifiestamente dilatoria y obstaculizadora de la madre y representante de los convocados al juicio, quien reiteradamente eludió la práctica de dicha actuación.

Aceptar una conclusión contraria supondría no solo fomentar el fraude y los actos deshonestos de las partes mediante el otorgamiento de recompensas a quienes obran en contra de la buena fe y la lealtad procesal; sino —lo que es más grave— promover la discriminación y el trato desigual entre los hijos, en contravía del mandato establecido por el artículo 42 de la Constitución Política; toda vez que a los hijos extramatrimoniales no reconocidos se les aplicaría un término fatal de caducidad de dos años para reclamar su herencia, a pesar de haber actuado diligentemente, mientras que los sucesores reconocidos cuentan con una acción de petición de herencia que prescribe en diez años (C.C., art. 1326, reformado por el art. 12 de la L. 791/2002).

Memórese que el objetivo del legislador al estatuir un término de caducidad de los efectos patrimoniales derivados de la declaración de estado civil no fue desmejorar la situación del hijo extramatrimonial, sino “evitar frecuentes abusos que comprometen el ejercicio recto del derecho” por parte de personas inescrupulosas que, no teniendo la calidad de verdaderos hijos del causante, interponen tardíamente una demanda de filiación con el propósito de aprovecharse del deterioro que el paso del tiempo deja en los medios de prueba, y de esa manera hacer más difícil la defensa de los sucesores reconocidos (SC de 19 de noviembre de 1976).

Pero de ninguna manera podría admitirse un conteo de términos irrestricto, mecánico e irrazonable, en contra del sentido y propósito de la ley, pues ello comportaría un trato discriminatorio hacia el hijo no reconocido respecto de quienes sí lo fueron, además que generaría la perversa consecuencia de confundir el derecho positivo con la exégesis rigurosa de la norma, cuya literalidad no debe considerarse jamás como un fin en sí mismo sino como una herramienta creada para la materialización de la justicia y la paz de los asociados.

Por ello, ante la demostración de la debida diligencia por parte de la actora en el impulso de su carga procesal, y la correlativa negligencia de Fredesminda Cortés al evadir la notificación del auto admisorio, se impone la necesaria consecuencia de declarar el fracaso de la excepción de caducidad formulada por Jaime, Oscar, Jair Gustavo, Clara Jazmín, Carmenza del Rocío Cortés Cortés, y Ángela Patricia Cortés Marín; toda vez que la demanda alcanzó a interponerse dentro del bienio consagrado el artículo 10 de la Ley 75 de 1968.

De ahí que la sentencia que reconoció la paternidad de Gustavo Cortés respecto de la demandante, está llamada a producir efectos patrimoniales frente a los mencionados herederos, pero no frente a Omar René Cortés Cañón, quien —como se dijo en la resolución del cargo que prosperó parcialmente en casación— se vio favorecido por la excepción de caducidad.

3. Una vez resuelta la anterior situación, solo resta aclarar lo concerniente a la fecha a partir de la cual se deben reconocer los frutos que produjeron los bienes que hacen parte de la masa sucesoral, sin que haya lugar a pronunciarse sobre el porcentaje de la herencia que corresponde a cada asignatario, como tampoco sobre el monto de los frutos, porque tales cuestiones son de la exclusiva competencia del juez de la causa mortuoria, tal como ha sido aclarado por la jurisprudencia de esta Sala. “De otro modo, ha de repetirse, sería dar paso para que los interesados en una sucesión, según sus conveniencias, decidieran y eligieran el juez y el proceso a seguir en los asuntos atañederos a la transmisión de los bienes mortis causa” (SC, 5 Dic. 2002, Exp. 6229).

Respecto al momento a partir del cual se deben reconocer tales frutos, esta Corte ha expresado:

“La ley protege al poseedor de buena fe teniendo en cuenta, por una parte, su conducta exenta de culpa, originada por un error excusable y por otra parte, la falta de diligencia o cuidado del dueño de la cosa que ha debido evitar esa posesión. Generalmente al poseedor de buena fe no puede reprochársele falta o imprudencia, mientras que al contrario, al reivindicante victorioso puede imputársele su actitud negligente en la vigilancia de sus intereses.

En cambio, el poseedor de mala fe se considera generalmente como un usurpador en razón de dolo o culpa que impone obligaciones indemnizatorias en frente del propietario de la cosa.

En lo tocante a la restitución de frutos y derecho a mejoras, el tratamiento al poseedor de buena fe vencido en el juicio, cambia fundamentalmente a partir de la notificación de la demanda, según se vio anteriormente. Esto se explica porque si el poseedor ha resistido a la demanda después de conocer los títulos y razones invocados por el reivindicador, ya no podrá alegar que subsiste su honrada creencia de hallarse poseyendo como dueño, y aun cuando en realidad pudiera afirmar que tenía motivos serios para seguir considerándose como legítimo propietario durante el curso del juicio, los efectos declarativos de la sentencia que reconoce el derecho del actor y niega la oposición del reo, dejan sin base tal alegación pues el fallo retrotrae la situación jurídica de las partes al momento de la demanda” (CSJ Sent. 3 de junio de 1954. G.J. LXXVII, pág. 768) (resaltados fuera del texto original).

“La devolución de frutos como parte de las prestaciones mutuas entre reivindicante y poseedor vencido tiene su fundamento legal en sanas razones lógicas y de equidad. Es justo que, limitando el análisis al caso de poseedores de buena fe, como en forma tácita catalogan al demandado los fallos de instancia, el reivindicador triunfante tenga derecho a los frutos del bien de su propiedad no solo a partir de la restitución sino desde el momento de entablar la litis. Así lo prescribe el artículo 964 del Código Civil” (Sentencia de 1º de julio de 1971. G.J. CXXXIX, pág. 10).

4. Como el a quo en el punto 9.5 de la parte resolutiva del fallo ordenó el reconocimiento de frutos pero sin indicar el momento a partir del cual estos se deben pagar a la demandante, es preciso pronunciarse al respecto aunque ninguna de las partes lo hubiera solicitado, pues es la propia ley la que impone al juez la obligación de resolver este preciso asunto; por lo que no podría tildarse de inconsonante un fallo que los reconozca ex officio. No es posible, en tales condiciones, omitir la revisión de este extremo del litigio porque la restitución de los frutos —se reitera— es una consecuencia necesaria que debe decretarse en la forma y términos indicados en la norma.

Ahora bien, como quiera que en el proceso no se desvirtuó por ningún medio la buena fe de los demandados, pues nada hace suponer que tuvieran certeza de que la demandante era hija biológica del causante Gustavo Cortés, se debe ordenar a favor de la actora la restitución de los frutos que produjeron los bienes herenciales, a partir del momento en que cada demandado se notificó del auto admisorio de la demanda, en la justa proporción que corresponde a su cuota hereditaria, según llegue a determinarse al momento de rehacer el respectivo trabajo de partición.

5. En lo que respecta a la condena en costas de la primera instancia, se modificará el numeral 9.7 de la sentencia apelada, en el sentido de imponerlas a todos los demandados, pues resultaron vencidos en esa fase procesal.

Por haber prosperado la impugnación a favor de la parte que la interpuso, no hay lugar a imponer condena en costas en la segunda instancia.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el dieciséis de enero de dos mil nueve por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de la referencia, y en sede de instancia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR los numerales 9.2, 9.4 y 9.6 de la parte resolutiva de la sentencia proferida en este proceso el 26 de julio de 2006 por el Juzgado Trece de Familia de Bogotá D.C.

2. MODIFICAR el ordinal 9.1 del fallo impugnado, en el sentido de declarar infundada la excepción de caducidad de los efectos patrimoniales derivados del estado civil, formulada por Jaime, Oscar, Jair Gustavo, Clara Yazmín, Carmenza del Rocío Cortés Cortés, y Ángela Patricia Cortés Marín. La aludida excepción prospera únicamente a favor de Omar René Cortés Cañón.

3. REVOCAR el numeral 9.3 de la providencia recurrida y, en su lugar, declarar que la filiación extramatrimonial produce efectos patrimoniales en contra de los herederos Jaime, Oscar, Jair Gustavo, Clara Jazmín, Carmenza del Rocío Cortés Cortés, y Ángela Patricia Cortés Marín.

4. ADICIONAR el punto 9.5 de la parte resolutiva de la sentencia apelada, teniendo en cuenta la declaración que se realizó en el precedente numeral, y bajo el entendido de que los frutos naturales y civiles que produjeron los bienes que fueron materia del juicio sucesorio se deben reconocer a favor de la actora a partir del momento en que cada uno de los convocados se notificó del auto admisorio de la demanda.

5. MODIFICAR el acápite 9.7 de la parte resolutiva del fallo impugnado, en el sentido de condenar a los demandados al pago de la totalidad de las costas causadas en la primera instancia, comoquiera que la decisión sobre el estado civil les resultó adversa.

6. ADICIONAR la providencia de primer grado en el sentido de ordenar al juzgado donde se adelantó el proceso de sucesión de Gustavo Cortés Peña, rehacer la partición de conformidad con los lineamientos expresados en esta sentencia, es decir incluyendo a la demandante Yazmín Rocío Parra —ahora Yazmín Rocío Cortés— como una heredera más, según el grado y orden que le corresponde en la sucesión; en virtud de lo cual los demás herederos deberán restituir la parte de la herencia que le corresponde, cuyo porcentaje deberá ser determinado al momento de realizar el nuevo trabajo de partición, así como el valor de los frutos civiles y naturales, como se explicó en la parte considerativa del presente fallo.

Sin costas en la segunda instancia por haber prosperado la apelación.

Sin costas del recurso extraordinario, por las mismas razones.

Cópiese, notifíquese y devuélvase».