Sentencia 1991-04064 de mayo 26 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: 50001-23-31-000-1991- 04064-01 (19.147)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: María Olga Castaño y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de mayo de dos mil diez.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo del Meta el 1º de agosto de 2000, en la cual se decidió:

“Primero: Declarar administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional por los perjuicios causados a la señora Maria Olga Castaño Castaño, en los hechos ocurridos el día el día (sic) 27 de noviembre de 1991, donde resultara lesionada por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, condenar a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a pagar como perjuicios morales para María Olga Castaño Castaño, en calidad de lesionada la suma de doscientos gramos (200); para José Lubin Castro Diaz, en su calidad de compañero permanente de la actora María Olga Castaño Castaño, la cantidad de cien gramos oro (100); para Cristian José y Oliver Marcel Castro Castaño, la cantidad de cien gramos oro (100), para cada uno de ellos, en su calidad de hijos de la demandante. El pago de las anteriores cantidades de gramo oro, se hará en moneda nacional, con el precio que tenga el oro a la fecha de la ejecutoria de esta providencia de acuerdo a la certificación que para el efecto expida el Banco de la República.

Tercero: Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, al pago de los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) sufridos en el patrimonio de María Olga Castaño Castaño, con ocasión de los hechos antes narrados, en la suma de dos millones novecientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con noventa y siete centavos ($ 2.992.444.97).

La entidad demandada dará cumplimiento a esta providencia, según los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo”.

I. Antecedentes

1. Las pretensiones.

1.1. Mediante escrito presentado el 15 de junio de 1993, la señora María Olga Castaño Castaño, en nombre propio y representación de sus hijos menores Cristian José y Oliver Marcel Castro Castaño y el señor José Lubin Castro Diaz, mediante apoderado, presentaron demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable de la totalidad de los perjuicios sufridos, como consecuencia de las lesiones, que en un accidente de tránsito, se le causaron a la señora María Olga Castaño Castaño.

Como indemnización solicitaron: (i) a título de perjuicios morales el valor equivalente a 1000 gramos de oro para cada uno de los demandantes; (ii) por daño material, el monto de $ 1.347.480.

2. Fundamentos de hecho.

Las pretensiones formuladas tuvieron como fundamento fáctico el siguiente:

Que el 27 de noviembre de 1991, a eso de las once de la mañana (11:00 am), la señora María Olga Castaño Castaño se dirigía en un motocicleta de su propiedad, desde su residencia ubicada en el Barrio Villa Ángela, en la ciudad de San José del Guaviare - Departamento del Guaviare, hacia el plantel educativo en el que laboraba, trayecto que le exigía cruzar por la avenida “El Retorno” para luego ingresar al lugar de su trabajo.

Que una vez llegó al sector, pasó una de las calzadas que componen dicha avenida, observando que por la misma, a lo lejos, transitaba un vehículo de la Policía Nacional y que, finalizada dicha maniobra, se ubicó en la zona neutral y detuvo su motocicleta disponiéndose a cruzar la otra parte de la vía, instante en el cual fue envestida por el vehículo de propiedad de dicha entidad, causándole graves lesiones en la cadera y en la pelvis.

3. La oposición de la demanda.

3.1. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, en la contestación de la demanda, manifestó respecto de los hechos atenerse a lo que resultara probado en el proceso y se opuso a las pretensiones, con fundamento en que “el registro civil del menor Oliver Marcel Castro Castaño, no se encuentra firmado por la madre del mismo”, razón por la cual no se encuentra demostrado su parentesco y por ende no puede condenarse a la indemnización de los perjuicios en su favor.

4. Actuación en primera instancia.

4.1. Vencido el periodo probatorio, mediante auto de 16 de febrero de 1998, se concedió a la partes el término de 10 días para que presentaran alegatos y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

4.2.1. La parte demandada manifestó que la pretensión por daño moral no debe prosperar con fundamento en que la misma “no guarda ninguna proporción ni con la incapacidad medica laboral, ni con los lineamientos que reiteradamente ha venido proponiendo el Honorable Consejo de Estado” toda vez que para tasar tales perjuicios en mil gramos oro, como lo pretende la parte actora, se debe estar en presencia del fallecimiento de una persona y que en relación con los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente en el caso de lesiones, solo deben reconocerse a favor de la víctima de las mismas, siempre que se demuestre que tal perjuicio se produjo como causa directa de la actuación de la administración.

4.2.2. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

5. La sentencia recurrida.

El tribunal a-quo accedió a la pretensiones y para fundamentar su decisión señaló que el caso “se dilucidará bajo el régimen jurídico de ‘responsabilidad por falla del servicio presunta’, por tratarse de una actividad de riesgo, como es la conducción de vehículos”, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación en asuntos similares.

Señaló que analizado el acervo probatorio, en el proceso se acreditó el daño antijurídico sufrido por los demandantes y el nexo causal entre dicho daño y la actividad de peligrosa ejercida por la demandada, como quiera que de las pruebas que obran en el expediente se infiere que el accidente se produjo cuando un agente de la Policía Nacional, en servicio activo, conducía un vehículo de propiedad de la dicha entidad, funcionario que giró de forma imprudente hacia la zona neutral en la que se encontraba la señora María Olga Castaño Castaño quien en una motocicleta de su propiedad, se disponía a cruzar una de las calzadas de la avenida El Retorno, colisionó con ella causándole lesiones en la pelvis y en otras partes de su cuerpo.

6. Lo que se pretende con la apelación.

La parte demandada manifestó en el recurso de apelación que la sentencia de primera instancia debe ser revocada, como quiera que en el presente asunto no era aplicable el título de imputación por “falla presunta en el servicio”, toda vez que, tanto la administración como la lesionada ejercían una actividad peligrosa consistente en la conducción de vehículos de transporte terrestre, razón por la cual el asunto debió estudiarse bajo el régimen tradicional de falla del servicio.

Que en el proceso no se acreditó dicha falla, como quiera que las pruebas que obran en el expediente solo permiten demostrar el accidente de tránsito, pero no las causas del mismo, razón por la cual no puede imputársele responsabilidad alguna por el daño antijurídico que sufrieron los demandantes.

Que la única prueba de tales circunstancias, corresponde a las declaraciones de los compañeros de trabajo de la señora María Olga Castaño Castaño, las cuales carecen de valor probatorio, en tanto que en el informe del accidente no se relacionan como testigos presenciales de los hechos.

Que en lo que al perjuicio material en la modalidad de daño emergente respecta, no debió condenarse a la suma que señaló el tribunal a-quo, como quiera que no está demostrado que todas las facturas aportadas por la parte actora están relacionadas con los hechos que dieron origen al litigio, razón por la cual no existe certeza de que en realidad las mismas corresponden con los gastos médicos en que incurrió la señora María Olga Castaño Castaño, para efectos de la recuperación de salud, luego del accidente.

Que el lucro cesante solo debió indemnizarse por el tiempo de la incapacidad establecida por medicina legal, toda vez que según los dictámenes médicos practicados en el proceso no se demostró que quedaran secuelas físicas o psicológicas que permitan una condena superior a favor de la demandante.

Que en el proceso se demostró que el accidente no le dejó secuela física o psicológica alguna a la señora Castaño Castaño, razón por la cual no era procedente la tasación de los perjuicios morales en el monto indicado en la providencia impugnada.

7. Actuación en segunda instancia.

7.1. Mediante auto de 6 de abril de 2001, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto. En dicho término se guardó silencio.

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en un proceso con vocación de doble instancia, dado que para el momento en el cual se propuso el recurso de apelación, la cuantía de la demanda alcanzaba aquella exigida para que en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación (D. 597/88).

2. Objeto del recurso de apelación.

La competencia de la Sala radica en determinar si le asiste razón a la sentencia de primera instancia en tanto declaró la responsabilidad de la entidad demandada por los daños sufridos por los demandantes, al haber concluido, bajo el título de imputación de falla presunta, la existencia de tal responsabilidad o si como lo afirma la demandada, ese no era el título de imputación a aplicar, dado que el caso debió regirse por el de la falla probada, frente al cual, el proceso carece de prueba sobre los acontecimientos en que se produjo el accidente.

3. La demostración del daño.

3.1. Está demostrado que la señora María Olga Castaño Castaño, resultó lesionada en la cadera y la pelvis, el 27 de noviembre de 1991, hecho que se acreditó con los siguientes documentos:

(i) Copia auténtica de la historia clínica Nº 915754 de la señora María Olga Castaño Castaño en la que consta en el aparte de diagnósticos definitivos: “Politraumatismos - fractura de pelvis.”

De igual forma en dicho documento se señaló lo siguiente:

“Anamnesis y examen físico

“Paciente que ingresa remitida del Hosp. San José del Guaviare. Con diagnóstico de FX de pelvis inestable. Politraumatismo en accidente de tránsito con pérdida del conocimiento, posterior dolor cervical y miembros inferiores.

(…)

“Diagnóstico de ingreso:

Politraumatismo

T.C.E.

FX. De pelvis vs inestable.

Escoriaciones múltiples en cara y extremidades” (fl. 45, cdno. 1).

(ii) Resultado de radiología de la Clínica del Country, de 29 de noviembre de 1991, en la que se concluyó lo siguiente:

“RX. Pelvis

Se observa fractura vertical en el plano sagital del alerón sacro izquierdo.

Fractura doble ramo púbico superior derecho.

Fractura doble del ramo púbico inferior derecho, ligeramente desplazada.

Fractura no desplazada del ramo púbico superior izquierdo.

Fractura mínimamente desplazada del reborde posteroinferior del acetábulo derecho” (fl. 47, cdno. 1).

(iii) Orden de remisión de la Caja de Previsión Social de San José del Guaviare a la Clínica del Country en la que se indicó:

“Paciente que sufrió accidente automotor el 27/XI/91, con pérdida del conocimiento aproximadamente 20 minutos. Al EF de ingreso, se encontró inicialmente desorientada, con crisis de angustia y dolor en cuello y MMIIs especialmente el derecho, con excoriaciones y confusiones (sic) en cara, antebrazos u MMIIs; los ERx de pelvis muestran fractura de ambas ramas púbicas derechas, desplazadas que hacen perder la continuidad del anillo pélvico” (fl. 43, cdno. 1).

(iv) Reconocimiento médico legal, realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 28 de abril de 1992, en el cual se dictaminó lo siguiente:

“ID: Trauma cráneo encefálico leve, contusiones por dolor movimientos de miembro inferior derecho, rayos Xs de pelvis muestran fractura desplazada de ramas isquiopúbicas derechas.

“De acuerdo a lo anterior se dictamina:

“Lesión causada por elemento contundente.

“Incapacidad definitiva de setenta (70) días.

“Se cita nuevamente en noventa (90) días” (fl., cdno. 28 4).

(v) Nuevamente el 20 de agosto de 1992, se realiza valoración por Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con la finalidad de establecer la evolución en la recuperación de la paciente y en el cual se estableció lo siguiente:

“Al examen físico:

Paciente quien camina sin ayuda; con leve dolor a la marcha.

La marcha es normal.-

Rayos Xs de pelvis (julio 28-92) muestran fractura consolidada con leve desplazamiento del ramo púbico superior izquierdo.

“De acuerdo a lo anterior se dictamina:

Secuelas: Perturbación funcional de carácter transitorio de órgano de locomoción“ (fl. 45, cdno. 4).

(vi) Finalmente se realizó un último reconocimiento médico legal, el 29 de noviembre de 1994, por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se indicaron las secuelas definitivas así:

“Las radiografías de pelvis de control posteriores al tratamiento muestran adecuada consolidación de las fracturas pélvicas.

Conclusión:

1. La incapacidad definitiva es de setenta (70) días, tal como se dictamina en reconocimiento Nº 0134 de abril 29/92 de medicina legal - Guaviare.

2. Como secuela se determina: a) se ratifica la perturbación funcional de carácter transitorio del órgano de locomoción, la cual se dictaminó en el reconocimiento Nº 0241 de agosto 20/92 por medicina legal - Guaviare (actualmente ha desaparecido esta secuela). b)./ Sacrolumbalgia crónica de carácter permanente./. c) Es necesario evaluación por psiquiatría forense para establecer la presencia de secuelas de tipo psicológico./” (fl. 160, cdno. 1).

3.2. Igualmente, está acreditado que las lesiones de la señora María Olga Castaño Castaño, causaron daños morales a los demandantes Cristian José y Oliver Marcel Castro Castaño quienes demostraron ser sus hijos según se constata en los certificados de las actas de registro civil de nacimiento de dichos demandantes (fls. 60 y 61, cdno. 1).

La demostración del parentesco en el primer grado de consanguinidad entre la víctima y los demandantes, unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que éstos sufrieron con la lesión de aquél. 

En el proceso, también se encuentra demostrado el daño moral que sufrió el señor José Lubín Castro Díaz, con las lesiones de la señora Castaño Castaño, toda vez que en el proceso se acreditó su convivencia bajo el mismo techo como compañeros permanentes, con lo cual se tiene prueba de los lazos de apoyo y solidaridad que los unían.

Así el señor Weimar Efraín Parra Londoño expuso lo siguiente:

“Preguntado: Manifiéstele al despacho si conoce de las consecuencias que tuvo la familia de la señora María Olga Castaño del mencionado accidente? Contestó: Automáticamente se rompió el núcleo familiar, los hijos tuvieron que llevárselos para el pueblo de ella y el esposo hacía vueltas por aquí y por halla (sic) viaje a bogotá (sic) (…)”.

De igual manera en su declaración el señor Ricardo Rojas Naranjo (fl. 141, cdno. 1), también señala que luego del accidente el señor José Lubín Castro Díaz, a quien identificó como el esposo, tuvo que hacerse cargo de los hijos y de todas las diligencias correspondientes al tratamiento que se le brindó a la señora Castañeda Castañeda.

De conformidad con lo anterior, se puede concluir que, si bien no existía vinculo matrimonial entre la señora María Olga Castaño Castaño y el señor José Lubín Castro Díaz, las personas que los conocían asumían que éste era el “esposo” de aquélla, precisamente por la relación afectiva que existía entre ellos dos y que expresaban frente a las personas que los conocían, con lo cual se tiene acreditado no solo el vínculo afectivo que surgió entre ellos por ser compañeros permanentes, sino también, de conformidad con las reglas de la experiencia, el sufrimiento que las lesiones de la víctima le causó por el hecho de ser su compañero. 

4. El hecho causante del daño.

Analizado y determinado el daño que en el presente asunto sufrieron los demandantes, corresponde a la Sala establecer cuál fue el hecho generador de dicho daño y si el mismo es imputable a la entidad demandada.

Para tal efecto, en primer lugar se establecerán las pruebas que resultan evaluables sobre las circunstancias en las que se produjeron las lesiones de la señora María Olga Castaño Castaño y después se analizarán los hechos demostrados con el fin de determinar si el daño que se causó es imputable a la entidad demandada.

Cabe precisar que en relación con todos los aspectos de la controversia planteada, se tendrán en cuenta las pruebas documentales auténticas aportadas por las partes y las testimoniales practicadas en el trámite del proceso.

Considera la Sala pertinente señalar que en el proceso se recibió la declaración del señor Benjamín Castañeda Monroy (fl. 134, cdno. 1), quien rindió su testimonio ante el Juzgado Promiscuo Territorial de San José del Guaviare y que fue allegada junto con el despacho comisorio librado por el a quo, la cual sin embargo no será valorada por la Sala, como quiera que el relato del testigo no corresponde a los hechos que dieron origen al presente litigio.

De igual manera no se tendrán en cuenta los testimonios de los señores Reinaldo Martínez Cifuentes (fl. 57, vto., cdno. 1) y María Dolores Urrego (fl. 58, cdno. 1), como quiera que se trata de declaraciones extra juicio, las cuales no fueron controvertidas en el proceso y por ende no cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, para su ratificación e incorporación al proceso.

Así mismo, obran las pruebas trasladadas del proceso penal radicado al número 3434 que se tramitó ante el Juzgado Promiscuo Territorial de San José del Guaviare las cuales fueron remitidas en copia auténtica y tienen pleno valor dentro de este proceso, por cuanto tales pruebas fueron pedidas por ambas partes.

Con fundamento en el acervo probatorio así conformado, se tienen como hechos probados, los siguientes:

4.1. Que el accidente de tránsito en el cual resultó lesionada la señora María Olga Castaño Castaño, ocurrió el 27 de noviembre de 1991 a eso de las once de la mañana (11:00 am), cuando se dirigía en un motocicleta de su propiedad, desde su residencia ubicada el Barrio Villa Ángela en la ciudad de San José del Guaviare - departamento del Guaviare, hacia el plantel educativo en el que laboraba, trayecto que le exigía cruzar por la avenida El Retorno, según se constata de la copia auténtica del informe del accidente Nº 311572 (fls. 42 y 43, cdno. 1).

4.2. Que el accidente de tránsito se produjo entre un vehículo al servicio de la Policía Nacional marca Ford modelo 87 y la motocicleta marca Yamaha de placas OVJ 63 en la que se movilizaba la señora María Olga Castaño Castaño, según lo acredita el informe del accidente Nº 311572 de 27 de noviembre de 1991 (fls. 42 y 43, cdno. 1).

En efecto, obra Oficio 191 de 28 de noviembre de 1991, mediante el cual el comandante de la estación de policía de San José del Guaviare, informó lo siguiente:

“Adjunto al presente me permito enviar a ese despacho el croquis del accidente que tuvo lugar el día 27-11-91 a las 10:30 horas en la avenida El Retorno frente al centro de desarrollo rural, perímetro urbano de esta localidad donde colisionaron los vehículos camión marca Ford de siglas 31178 de propiedad de la Policía Nacional y la motocicleta Yamaha, modelo 1.990 Placas OVJ 63 resultando lesionada María Olga Castaño Castaño, quien fue trasladada al hospital regional de la localidad (…)” (fl. 7, cdno. 4).

De igual manera el jefe departamental de tránsito y transporte del departamento del Guaviare, certificó:

“Que la señora María Olga Castaño identificada con la C.C. 25.158.474 de Santa Rosa de Cabal, —Risaralda—, fue accidentada el día 27 de noviembre, con el vehículo tipo camioneta, color verde de propiedad de la Policía Nacional de esta localidad” (fl. 41, cdno. 41, cdno. 1).

Adicionalmente, en el proceso se recibieron las declaraciones de los señores José Antonio Solano Arias (fl. 122, cdno. 1), Álvaro Castro Lizarazo (fl. 126, cdno. 1), Roberto Ramírez Arbeláez (fl. 130, cdno. 1), Weimar Efraín Parra Londoño (fl. 136, cdno. 1), Miguel Arturo Charry Millán (fl. 139, cdno. 1) y Ricardo Rojas Naranjo (fl. 143, cdno. 1), quienes fueron contestes en señalar que el accidente ocurrió entre un vehículo de la Policía Nacional y la motocicleta en la que se transportaba la señora María Olga Castaño Castaño, como quiera que una vez ocurrido el mismo procedieron a auxiliarla y observaron la camioneta de propiedad de dicha entidad. En este mismo sentido obran las declaraciones rendidas durante el trámite del proceso penal radicado al Nº 3434, por los señores Elvira Guevara (fl. 36, cdno. 4) y Tirsio Pérez Córdoba (fls. 40 y 41, cdno. 4).

En efecto, en su declaración el señor Roberto Ramírez Arbeláez, quien trabajaba en el sector como vendedor (fl. 130, cdno. 1), expresó:

“Pues la manifestación mía fue que yo mire solo cuando el carro la llevaba por debajo, cuando ya la descaró la descargó por hay unos cinco metros o seis metros, ya cuando la descargó el carro fue a parar por hay uno diez metros por la vía contraria, y pasó serquita (sic) por donde nosotros estábamos. Eso es todo. Preguntado. Manifiéstele al despacho cuales eran las características del carro o mejor del vehículo que atropelló a la señora María Olga Castaño Castaño. Contestó: Pues era una camioneta de la policía”.

Así mismo, el señor Weimar Efraín Parra Londoño (fl. 136, cdno. 1), sostuvo:

“Yo salí de la institución, cuando sentí un ruido como explosión, cuando escuché que decían es la profesora Olga, y corrí y al salir de la institución la encontré a ella tirada en el piso boca abajo, y un carro de la policía estaba en sentido de contra vía (…)”

4.3. Que el vehículo de al (sic) servicio de la entidad demandada, era conducido por el agente Edgar Humberto Gamboa Castro, quien se encontraba en servicio activo y era miembro de la Policía Nacional, según se constata del informe del accidente Nº 311572 de 27 de noviembre de 1991 (fls. 42 y 43, cdno. 1).

Así mismo, obra constancia expedida por el Comandante de la Séptima Compañía de Antinarcóticos de 17 junio de 2002, en la que se certificó “para la fecha que mencionada en su petición [la fecha de la ocurrencia del accidente] el señor St. Edgar Humberto Gamboa Castro, sí prestaba sus servicios como miembro activo de la Policía en la Séptima Compañía de Antinarcóticos” (fl. 56, cdno. 1).

4.4. Que la avenida El Retorno, en la cual ocurrió el accidente, tiene dos calzadas paralelas en sentido contrario, una que lleva al municipio de San José del Guaviare y otra por la cual se sale de dicha ciudad, las cuales están separadas por un sardinel cuya trayectoria resulta interrumpida en frente al colegio denominado concentración de desarrollo rural, con la finalidad de permitir que aquellas personas que se dirigen al mismo o salen de él crucen las calzadas de la vía, razón por la cual en medio de ellas existe una zona neutra o intersección, para efectos de que los vehículos que pretenden atravesarla detengan la marcha y puedan advertir los automotores que transitan en ambos sentidos, esto es, que ingresan o salen del municipio, según se colige del croquis contenido en el informe de accidente Nº 311572 (fls. 42 y 43, cdno. 1).

4.5. Que la señora María Olga Castaño Castaño, quien se dirigía hacia la concentración de desarrollo rural, se dispuso a cruzar la calzada que va en dirección a San José del Guaviare, por la cual transitaba un vehículo de la Policía Nacional y que, finalizada dicha maniobra, se ubicó en la zona neutral, esto es en la intersección de las dos vía que componen la mencionada avenida para proceder a pasar la otra calzada, esto es la que sale de dicho municipio e ingresar al plantel educativo en el que laboraba, instante en el cual fue arrollada por el vehículo de propiedad de la entidad demandada.

En el informe del accidente Nº 311572 de 27 de noviembre de 1991 (fls. 42 y 43, cdno. 1), se dejó consignado lo siguiente:

“Al parecer el conductor del vehículo Nº 1 (Policía), de la velocidad que llevaba no alcanzó a evadir el vehículo Nº 2 (moto) el cual ya se encontraba sobre la parte neutra de la avenida” (fls. 42 y 43, cdno. 1).

En relación con las circunstancias en que se presentó el accidente, el señor Álvaro Castro Lizarazo, profesor del plantel educativo en el que laboraba la señora Castaño y quien presenció la forma en que ocurrió, expuso lo siguiente:

“Bueno el día del accidente me dirigía en la moto de mi propiedad en compañía del señor Tirso Pérez, en el barrio Villa angela (sic) ubicado a la C.D.R. Adelante se dirigía la profesora Olga Castaño, en la moto de su propiedad. Los tres nos dirigimos a la concentración de desarrollo rural, en el momento de pasar la carretera, observé que venía la camioneta de la policía, pero la profesora Olga, quien iva (sic) mas adelante mío, cruzó la calzada. Cuando cruzada la parte del separado (sic) intempestivamente la camioneta, cambió de rumbo y arrolló a la profesora arrastrándola aproximadamente unos doce metros, y quedando sobre el carril opuesto, de la dirección contraria. Preguntado. Manifiéstele al despacho cuales eran las características (sic) del vehículo que atropelló a la profesora María Olga Castaño Castaño? Contestó: era una camioneta de estaca, perteneciente a la policía” (fl. 126, cdno. 1).

En este mismo sentido el señor Tirsio Pérez Córdoba (fls. 40 y 41, cdno. 4), quien rindió su declaración en el proceso penal y se movilizaba detrás de la señora Castaño, en compañía del señor Álvaro Castro Lizarazo, relató lo siguiente:

“Bueno nosotros veníamos detrás de ella en un motocicleta y estábamos a uno diez o a doce mts, en compañía de Álvaro y mi persona (…) ella venía sola y portaba un paquete el cual no se que contenía (…) ella ya había cruzado la carretera cuando el carro la arroyó, por la alta velocidad de pronto no pudo controlar el vehículo”.

El recurrente afirma que las declaraciones de los señores Pérez Córdoba y Castro Lizarazo carecen de valor probatorio, por no haber sido relacionados como testigos de lo ocurrido en el informe del accidente. La Sala no acoge este planteamiento por cuanto, por una parte, el señor Pérez Córdoba sí fue señalado como testigo en dicho informe (fl. 42 vuelto) y por otra parte, si bien no ocurre lo propio con el señor Castro Lizarazo, lo cierto es que lo relatado en este proceso por ese testigo permite concluir que el mismo tuvo conocimiento directo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos, por movilizarse, precisamente en compañía del señor Pérez Córdoba, metros atrás de la víctima, circunstancia esta que le permitió presenciar la forma en que ocurrió el accidente.

De conformidad con los anteriores testimonios relacionados, se tiene acreditado que el daño reclamado en la demanda ocurrió como consecuencia de un accidente de tránsito entre un vehículo de al (sic) servicio de la Policía Nacional marca Ford modelo 87, conducido por el agente Edgar Humberto Gamboa Castro, quien se encontraba en servicio activo y la motocicleta marca Yamaha de placas OVJ 63 en la que se movilizaba la señora María Olga Castaño Castaño, quien se dirigía de su residencia a la concentración de desarrollo rural, trayecto en el cual, cruzó una de las calzadas de la avenida El Retorno por la cual transitaba el vehículo al servicio de la demandada, y una vez ubicada en la zona neutral para sobre pasar la otra calzada, fue arrollada por dicho vehículo el cual intempestivamente cambió de dirección e invadió la zona en la cual ya se había ubicado para realizar el cruce respectivo.

5. El título de imputación aplicable al caso concreto.

El tribunal a quo, en la sentencia impugnada sostuvo que el régimen de imputación aplicable al caso correspondía al de la “falla del servicio presunta” por ser la conducción de vehículos una actividad peligrosa y en aplicación de dicho título procedió a condenar a la entidad demandada.

Por su parte, en el recurso de apelación la parte demandada señaló que si bien por regla general para el estudio de la responsabilidad patrimonial del Estado por la conducción de vehículos el régimen de responsabilidad es el de las actividades peligrosas, lo cierto es que, como en el caso concreto, en aquellos eventos en los cuales se presenta colisión de actividades peligrosas ejercidas tanto la administración como por la víctima del daño, el régimen de imputación es el de la falla del servicio.

Sobre este aspecto, la Sala precisa que cuando el daño se produce como consecuencia de la colisión de dos vehículos en movimiento, se está en frente a la concurrencia en el ejercicio de actividades peligrosas, porque tanto el conductor del vehículo oficial como el del vehículo particular están creando recíprocamente riesgos y, por lo tanto, no habrá lugar a resolver la controversia, en principio, con fundamento en el régimen objetivo de riesgo excepcional, sino que la responsabilidad se determinará con fundamento en el estudio de la causalidad, esto es, en cuál fue la causa que dio lugar a la ocurrencia del accidente, si lo fue la actividad ejercida por la administración o aquella ejercida por el particular involucrado en el accidente. 

De manera reciente precisó la Sala:

“La conducción de vehículos automotores constituye una actividad peligrosa que involucra a quienes participan de ella, de forma que en aquellos eventos en los que ocurre un accidente y, como consecuencia de ello, se producen daños a una persona, es necesario verificar la conducta de los partícipes de dicha actividad, en aras de verificar quién fue el causante del mismo.

Tratándose de la colisión de vehículos automotores, el criterio objetivo de imputación de responsabilidad se torna inoperante, y surge la necesidad entonces de establecer la causa del accidente para determinar de esta manera, si se presentó alguna actuación irregular por parte del conductor del vehículo oficial o alguna otra circunstancia constitutiva de falla en el servicio que permita, por lo tanto, imputar la responsabilidad a la entidad demandada”(1).

5.1. En el sub examine el accidente es imputable a la demandada.

El croquis y los testimonios de los señores Tirso Pérez y Álvaro Castro Lizarazo, demuestran que la colisión ocurrió cuando el vehículo de la Policía Nacional intempestivamente cambió de rumbo e invadió la zona neutra o intersección en la que ya se encontraba detenida en su motocicleta la señora Castaño, envistiéndola y lesionándola, una vez que la misma había sobrepasado la calzada por la cual dicho automotor transitaba.

Es decir, la causa del accidente fue la irregular actuación del conductor del vehículo oficial que intempestivamente cambió el rumbo que llevaba sobre la vía e irrumpió sobre la intersección en la que se encontraba la víctima.

Cabe señalar que a pesar de que el informe del accidente Nº 311572, se indicó como una de las causas probables del accidente “imprudencia del conductor de la motocicleta al no ceder el paso por prioridad según las normas de tránsito”, tal circunstancia no resultó acreditada en el proceso, toda vez que en plenario no se demostró que el cruce realizado por la señora Castaño hubiere sido irreglamentario o implicara vulnerar la prelación que tenía el vehículo oficial que transitaba por la vía, dado que como en el mismo informe del accidente se señala, y en igual sentido lo aseveraron los testigos, la víctima alcanzó a sobrepasar la calzada respectiva y a ubicarse en la zona neutral de la vía y con posterioridad a ello, esto es, no en el momento en que la actora realizaba la maniobra sino finalizada la misma, el vehículo oficial la envistió, cuando ya se disponía a sobrepasar la otra calzada para ingresar a la institución educativa en la que laboraba.

De manera que en el sub examine no se acreditó que la víctima hubiera atravesado la vía imprudentemente, sino que por el contrario, se probó, que el accidente ocurrió por la invasión de la intersección de la vía en la cual se ubicó la señora Castaño, por parte del vehículo oficial, una vez ella realizó la maniobra de adelantamiento. 

La prelación que tenía el vehículo de propiedad de la entidad demandada, le garantizaba la posibilidad de que durante su tránsito normal por la vía, la misma no fuera atravesada por otros vehículos que pretendían cruzarla, pero en manera alguna, justifica el hecho de que una vez realizada esta maniobra, el automotor de la Policía Nacional invadiera la zona de la vía que no hacía parte de la calzada respectiva, sino de la intersección o zona neutra establecida precisamente para permitirle detenerse a los vehículos que pasan la otra calzada de la avenida, en espera de pasar la siguiente.

Por las anteriores razones, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.

6. Liquidación de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

Se solicitó en la demanda una indemnización equivalente a 1.000 gramos de oro en favor de cada uno de los demandantes por concepto de los perjuicios sufridos por la señora María Olga Castaño y en la sentencia impugnada se condenó en 200 gramos oro para la señora Castaño y en 100 gramos oro para los demás miembros de la parte actora. Para la valoración de tales perjuicios la Sala tendrá en cuenta los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual fijó en cien salarios mínimos legales mensuales vigentes el valor del perjuicio moral, en los eventos de mayor intensidad.

Así las cosas y como en el presente asunto solo apeló la demandada, para garantizar el principio de congruencia, se procederá a determinar en salarios mínimos los gramos oro a los que fue condena al (sic) pago en la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que, de conformidad con las providencias señaladas, 1000 gramos de oro equivalen a 100 salarios mínimos.

De conformidad con lo anterior, como la condena proferida a favor de la señora María Olga Castaño por este perjuicio fue de 200 gramos oro, la misma corresponde a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y como para los demás demandantes lo fue de 100 gramos oro, en su favor se reconocerán 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Daño emergente.

Pretendió la parte actora, el reconocimiento de estos perjuicios, como consecuencia de los gastos en que incurrió como consecuencia del accidente que sufrió y que le reportaron una disminución o deterioro de su patrimonio.

El tribunal a quo, condenó al pago de este rubro con fundamento en los recibos aportados por la parte actora visibles a folios 30 a 39 del cuaderno 1, respecto de los cuales la recurrente señaló que no debían tenerse en cuenta toda vez que de los mismos no podía acreditarse que tales gastos correspondieran o fueran consecuencia del accidente de tránsito del cual fue víctima la señora María Olga Castaño Castaño.

Las facturas aportadas por la parte actora fueron las siguientes:

— Copia auténtica del recibo del servicio de ambulancia de 2 de enero de 1992, a nombre de la señora María Olga Castaño, por concepto de transporte ida y regreso para examen de radiología, por un valor de dieciocho mil pesos (fl. 30, cdno. 1).

— Copia auténtica de la factura 35049 de 5 de diciembre de 1991, de la empresa Universal de Distribuciones, por la compra de un pato para enfermo por una valor de ocho mil trescientos setenta y cinco pesos (fl. 31, cdno. 1).

— Copia auténtica del recibo 16.199 de 14 de abril de 1992, del Centro de Radiología de Teusaquillo, a nombre de la señora María Olga Castaño, por examen de radiológico de pelvis, cuyo monto fue de nueve mil pesos (fl. 32, cdno. 1).

— Copia auténtica del recibo 10.549 de 6 de marzo de 1992, del Centro de Radiología de Teusaquillo, a nombre de la señora María Olga Castaño, por examen de radiológico de pelvis y placa adicional, por un valor de trece mil seiscientos pesos (fl. 33, cdno. 1).

— Copia auténtica del recibo de caja de la empresa Delsalud Ltda., por concepto de alquiler y depósito de una cama ortopédica del 3 de diciembre de 1991 a 3 de enero de 1992, a nombre de la señora María Olga Castaño cuyo monto asciende a veintiocho mil pesos (fl. 34, cdno. 1).

— Copia auténtica del recibo del servicio de ambulancia de 3 de diciembre de 1991, a nombre de la señora María Olga Castaño, por concepto de transporte ida del hospital El Country a la carrera 26 número 9-49, por un valor de diez mil pesos ($ 10.000) (fl. 35, cdno. 1).

— Copia auténtica del recibo de caja por concepto de sesiones de terapia a domicilio por los meses de diciembre de 1991 y enero de 1992, a nombre de la señora María Olga Castaño, por un valor de noventa y ocho mil pesos (fl. 36, cdno. 1).

— Copia auténtica del recibo 00127 de 2 de enero de 1992, del Centro de Radiología de Teusaquillo, a nombre de la señora María Olga Castaño, por examen de radiológico de pelvis y placa adicional, por un valor de nueve mil pesos (fl. 33, cdno. 1).

— Copia auténtica de recibo de la empresa Fábrica de Sillas de Ruedas Tralicol, de 11 de junio de 1992, a nombre de la señora María Olga Castaño Castaño, con ocasión del alquiler de una silla de ruedas y de un par de muletas, por un valor de cuarenta mil pesos (fl. 38, cdno. 1).

— Copia auténtica del recibo de caja de la empresa Delsalud Ltda., por concepto de renovación del alquiler de una cama ortopédica del 3 de enero a 3 de marzo de 1992, a nombre de la señora María Olga Castaño cuyo monto asciende a dieciséis mil pesos (fl. 39, cdno. 1).

Considera la Sala que no le asiste razón a la recurrente, en tanto que los documentos aportados en copia auténtica por la parte actora, a los que se hizo referencia, corresponden a una serie de gastos relacionados con la atención de las lesiones que sufrió la accionante, tales como traslados en ambulancia, exámenes de radiología de pelvis, alquiler de silla de ruedas, de muletas y otros necesarios para el tratamiento y recuperación de la lesión de cadera.

De conformidad con lo anterior, la señora María Olga Castaño Castaño tiene derecho a la indemnización por los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, por los gastos que su atención médica requirió y que de conformidad con las facturas a las que se ha hecho referencia ascienden a la suma de doscientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y cinco pesos $ 249.975, la cual será actualizada a la fecha de esta sentencia con base en la siguiente fórmula:

 

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Donde:

Vp: Valor presente de la renta:

Vh: capital histórico o suma que se actualiza: $ 249.975

Índice final certificado por el DANE a la fecha de esta sentencia: 104.39

Índice inicial certificado por el DANE a la fecha de los hechos: 13.71

 

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Vp. = $ 1´.903.347.

Considera la Sala pertinente señalar, que para efectos de la liquidación realizada no se tuvieron en cuenta los documentos visibles a folios 8 a 28 del cuaderno 1, aportados por la parte actora para demostrar los gastos de transporte en que incurrió como consecuencia del accidente, ni tampoco el relativo al peritazgo por los deterioros de la moto de su propiedad (fl. 51, cdno. 1), como quiera que sobre los mismos no se realizó pronunciamiento en la sentencia de primera instancia, en la cual el daño emergente se estimó con base en las facturas ya señaladas y cuya tasación sólo fue apelada por la parte demandada, razón por la cual por tratarse en este caso de apelante único, no podía agravarse su situación aumentado la condena por estos gastos, toda vez que ello iría en contra del principio de la non reformatio in pejus.

6.2.2. Lucro cesante.

Como en el presente asunto la entidad demandada no recurrió la condena que por este concepto realizó el a quo, procederá la Sala a actualizarla aplicando la siguiente fórmula:

 

s1991-04064.JPG
 

Donde:

Vp: Valor presente de la renta:

Vh: capital histórico o suma que se actualiza: $ 2.071.904

Índice final certificado por el DANE a la fecha de esta sentencia: 104.39

Índice inicial certificado por el DANE a la fecha de la sentencia de primera instancia: 66.06

 

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Vp. = $ 3.274.085.

Así las cosas, por perjuicios materiales la señora María Olga Castaño Castaño, tiene derecho (i) por daño emergente a la suma de millón novecientos tres mil trescientos cuarenta y siete pesos ($ 1´.903.347) y (ii) por lucro cesante al monto de tres millones doscientos setenta y cuatro mil ochenta y cinco pesos $ 3.274.085.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia de 1º de agosto de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el cual quedará así.

CONDÉNASE a la Nación, Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar, por concepto de perjuicios morales las sumas equivalentes a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la señora María Olga Castaño Castaño y de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los señores Cristian José y Oliver Marcel Castro Castaño y José Lubín Castro Díaz.

2. MODIFÍCASE el numeral tercero de la sentencia de 1º de agosto de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el cual quedará así.

CONDÉNASE a la Nación, Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de un millón novecientos tres mil trescientos cuarenta y siete pesos ($ 1.903.347) y como lucro cesante al monto de tres millones doscientos setenta y cuatro mil ochenta y cinco pesos $ 3.274.085 a favor de la señora María Olga Castaño Castaño.

3. CONFÍRMASE en los demás la providencia impugnada.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Consejeros: Ruth Stella Correa Palacio—Gladys Agudelo Ordoñez—Mauricio Fajardo Gómez—Enrique Gil Botero.

1 Sentencia de 29 de enero de 2009, Expediente 16.319, M.P. Myriam Guerrero de Escobar.