Sentencia 1991-07118 de agosto 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

(SUBSECCIÓN B)

Radicación: 110010326000199107118 01 (7118)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Alfredo Miguel Sánchez Bravo

Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de 2014.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

I. El acto administrativo acusado

El acto administrativo demandado es la Resolución 31380 de 25 de julio de 1991 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, por medio de la cual se negó “la inscripción de la propiedad privada del subsuelo petrolífero del inmueble descrito alinderado en la cédula real sobre la capellanía fundada por don Vicente de la Zerda”, al razonar que “en el expediente no obra un título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina, o un fallo que conserve su validez jurídica y reconozca o declare el derecho del interesado a la propiedad de los hidrocarburos, ni se aporta prueba de la existencia de un yacimiento descubierto con anterioridad al 22 de diciembre de 1969”.

II. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la Resolución 31380 de 25 de julio de 1991 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual negó la inscripción de la propiedad privada del subsuelo petrolífero del inmueble descrito alinderado en la cédula real sobre la capellanía fundada por don Vicente de la Zerda, se ajusta al marco jurídico (constitucional, legal y reglamentario), lo cual entraña determinar si el actor Alfredo Miguel Sánchez Bravo puede ser considerado propietario del subsuelo y de los hidrocarburos que se encuentren en el predio denominado “El Emporio”, anteriormente “Santiago de las Atalayas”, por virtud de la Cédula Real constituida en favor de don Vicente de la Zerda, protocolizada en la Notaría Cuarta del Círculo de Bogotá, bajo el número 235 de 19 de enero de 1945.

III. Presupuestos procesales

La acción procedente

1. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la conducente, por cuanto se pretende la protección de un derecho subjetivo que se dice vulnerado por un acto administrativo. En efecto, la Resolución 31380 de julio 25 de 1991 proferida por el Ministerio de Minas y Energía es la fuente del perjuicio reclamado, por cuanto este acto administrativo negó al demandante una inscripción de propiedad del subsuelo. De modo que la finalidad perseguida no es otra que la protección de un derecho subjetivo que se estima lesionado por el citado acto, como lo alegó en los fundamentos de derecho de la demanda.

La legitimación en la causa

2. Las partes se encuentran legitimadas, toda vez que la demandada, Nación-Ministerio de Minas y Energía, es la entidad pública emisora del acto impugnado y el demandante es el destinatario del acto administrativo acusado.

Jurisdicción y la competencia

3. La jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto guardián de la actividad administrativa, conoce de las controversias sobre la legalidad de los actos emanados de la administración. A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial.

Ahora, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso, por tratarse de demandas interpuestas en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo del orden nacional, relacionado con temas mineros. La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer el asunto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 128, numeral 11 del Código Contencioso Administrativo, el artículo 154 del Código Contencioso Administrativo y 1º del Acuerdo 55 de 2003, expedido por esta corporación(2).

La caducidad

4. El término para formular pretensiones relativas a la nulidad y restablecimiento del derecho está contemplado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, con arreglo al cual el mismo será por regla general de cuatro meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso.

En el sub lite, la Resolución 31380 de julio 25 de 1991, mediante la cual se negó una inscripción de propiedad del subsuelo, fue notificada el 31 de julio de 1991 y la demanda fue presentada el 28 de noviembre siguiente (fls. 2 a 5, cdno. 1, anexo 2).

Síguese de todo lo anterior que la demanda fue interpuesta en tiempo, vale decir dentro del término señalado por la ley, porque para la fecha en la cual se instauró no había transcurrido todo el plazo legal para su presentación.

III. Análisis de la Sala

Lo demostrado

5. De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, se demostraron las siguientes circunstancias particulares y relevantes del caso sub iudice:

5.1. El 19 de enero de 1945, por solicitud de Pepa Peña de la Zerda, mediante escritura pública 235 se protocolizaron los documentos de Vicente de la Zerda, consistentes en la copia expedida por el Notario Eclesiástico del Arzobispado de Bogotá de la cédula real a favor del maestro Vicente de la Zerda sobre adjudicación, remate y confirmación de tierras en los llanos de Casanare (fls. 6 y ss., cdno. 1 y anexo 2). El dictamen pericial practicado en el presente proceso concluyó que los predios de la cédula real, protocolizada por la referida escritura pública 235 de 1945 y el de la sentencia de 4 de octubre de 1943 no eran los mismos, pero que este último comprendía el primero (fls. 509 a 517, cdno. 1).

5.2. Por sentencia de 27 de julio de 1944, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo declaró legítimo patrono de las capellanías laicas fundadas por Vicente de la Zerda a Pedro Sabas María Zerda Cárdenas (fls. 14 a 23, cdno. 1 y 185 a 195 anexo). Y al hacerlo precisó:

[L]as pretensiones del actor se extralimitaron de lo que justamente podía pedir de conformidad con la realidad jurídica que hoy representan las capellanías y los derechos efectivos que en la actualidad pueden reconocerse a los patronos de las mismas. No se encuadra ningún fundamento de orden legal que respalde las peticiones del demandante para que se le declare su derecho a la posesión, goce y administración de los terrenos y demás bienes que sirvieron para las fundaciones de que aquí se trata. Está muy bien que se reclame el derecho a percibir las rentas, réditos o intereses que corresponden a la suma o cantidad de dinero en que se convirtieron dichos bienes, pero en manera alguna venir a reclamar hoy la posesión y administración de inmuebles que, por ese concepto, dejaron de poseerse hace más de un siglo, o por lo menos desde que entró en vigencia el decreto de 9 de septiembre de 1861 (se resalta).

5.3. Por escritura pública 3331 de 22 de septiembre de 1945 se constituyó la explotadora El Emporio, por Victa Victoria Zerda Cárdenas, José Hugo Soler, Parmenio Díaz y Salvador E. Sasson, con el objeto de explotar el suelo y sus productos naturales, como también la venta, arriendo y parcelación del suelo y subsuelo (fls. 28 a 52, cdno. 1). Por escritura 2942 de 22 de julio de 1952 se disolvió la sociedad (fls. 53, 55 a 68, cdno. 1).

5.4. En proveído de 9 de julio de 1965 de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso ordinario de petróleos de José Hugo Soler y otros contra la Nación y Shell Cóndor, revisó el auto que declaró

infundadas las excepciones propuestas por la Compañía Shell, lo revocó y declaró fundada la excepción de inepta demanda (fls. 320 a 327, cdno. 1 y anexo 2).

5.5. Según escritura pública 3061 de 15 de septiembre de 1967, Humberto Barrera Domínguez compró el 29 de diciembre de 1966 a Victa Victoria o María Victoria Zerda Cárdenas, el 15% de los derechos proindiviso que tenía sobre el suelo y subsuelo de El Emporio, situado en la región de los Llanos de Boyacá, en el municipio de Sabanalarga, antes Campohermoso, y Barrera Domínguez a su vez transfirió a título de venta a Alfredo Sánchez Bravo la tercera parte de esos derechos (fls. 53 y 54, cdno. 1 y anexo 2).

5.6. El folio de matrícula inmobiliaria 470-00003489 inicia con la inscripción de la sentencia del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo de 11 de octubre de 1944 que declaró el patronato de las capellanías y relaciona ventas posteriores. El último acto que aparece inscrito es la Resolución 28538 de 2 de diciembre de 1968, especificación: “adjudicación por expropiación” de Victa Victoria Zerda Cárdenas, José Hugo Soler, Carlos Julio Zeda Cárdenas, Cristiana Escuelas y Parmenio Díaz al Incora (fls. 69 a 74, cdno. 1).

5.7. El Consejo de Estado, en proveído de 4 de diciembre de 1970, en el trámite de revisión de las resoluciones 28538 y 188 de 2 de diciembre de 1968, negó las súplicas de la demanda que pretendían que se declarara que los particulares no habían perdido el derecho de dominio, entre otros predios, del Emporio (anexo 2).

Reserva estatal del subsuelo sólo tiene excepción en situaciones jurídicas concretas

6. Como lo ha señalado la Sala(3), en Colombia el régimen jurídico atinente a la propiedad minera puede agruparse en tres etapas: desde la conquista hasta 1858; de 1858 a 1886 y de 1886 hasta hoy.

La primera etapa (de la conquista hasta 1858) se caracteriza por haber aplicado en general la legislación de la antigua metrópoli, la cual estaba construida sobre la base de que continuaba rigiendo la legislación española, la cual partía del supuesto que el subsuelo era de dominio estatal (primero de la Corona y luego de la República) y no del propietario del predio. La segunda etapa (de 1858 a 1886) se caracteriza por un cambio sustancial al definir que las minas pertenecían a quien ostentara el dominio del inmueble respectivo(4). La última etapa se inicia con la Constitución de 1886 que restauró, a instancias de don Miguel Antonio Caro (quien luego sería Presidente entre 1892 y 1898), el régimen de propiedad estatal del subsuelo minero vigente antes de 1858, y con ello el Estado recuperó el dominio de minas y yacimientos de hidrocarburos por virtud de lo prescrito en su artículo 202, que previó que las minas son patrimonio de la Nación, pero al hacerlo dejó a salvo los derechos constituidos a favor de terceros.

7. El artículo 332 de la actual Constitución estableció también la reserva estatal del subsuelo al disponer que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.

Ahora, en vigencia de la Carta de 1886, y con el objeto de ajustar la legislación a los mandatos constitucionales, fue expedida la Ley 20 de 1969 que ratificó el dominio estatal sobre todas las minas y yacimientos de hidrocarburos, sin perjuicio, como señaló su artículo 1º en consonancia con el artículo 13 eiusdem, de los derechos constituidos a favor de terceros. Excepción, que a partir de la vigencia de esa ley, solo comprenderá las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos. En relación con el sentido de esta normativa, la Sala ha indicado a partir de una interpretación histórica que las excepciones a la reserva estatal del subsuelo sólo comprenden situaciones jurídicas concretas:

[s]i se recurre al espíritu de la Ley 20 de 1969, para determinar su alcance a partir del elemento histórico (voluntas legislatoris), esto es, de la historia fidedigna de su establecimiento, se tiene que la intención del legislador fue adecuar la legislación del subsuelo a la Carta de 1886, así se desprende del estudio de los trabajos preparatorios de la citada ley.

Del desarrollo del proceso legislativo dimana también la significación antes expuesta, esto es, que la ley se limitaba a reiterar y desarrollar el principio dispuesto por la Constitución de 1886. La exposición de motivos, ilustra el punto en los siguientes términos al señalar que el proyecto perseguía dos objetivos: “Adaptar la legislación minera al espíritu de la Constitución de 1886 y eliminar algunos obstáculos que desde hace más de un siglo han venido entorpeciendo el desarrollo de las actividades de exploración, explotación y beneficio de los recursos no renovables”(5).

Del mismo modo, en la citada exposición de motivos se puso de presente que las excepciones relacionadas con los derechos constituidos a favor de terceros y los derechos adquiridos por los descubridores y explotadores de algunos yacimientos “se refieren, de manera exclusiva, a aquellas situaciones jurídicas individualizadas y concretas vinculadas directamente a un depósito minero específicamente determinado y siempre que tales situaciones hubieren estado legalmente perfeccionadas en el momento de entrar en vigencia la Carta Política del 86”(6).

A su vez, en la ponencia para primer debate del proyecto de ley en el Senado de la República, se puso de presente que el artículo 1º de dicha iniciativa legislativa (a la sazón L. 20/69) “en realidad es la ratificación legal del artículo 202 de la Constitución Nacional. En tal sentido no introduce principio jurídico nuevo o distinto de lo que ordenó el constituyente de 1886, pero aclara que los derechos constituidos a favor de terceros sólo comprenden las situaciones jurídicas concretas, específicas como son en la jurisprudencia y en la doctrina los derechos adquiridos. La norma, pues, es interpretativa y aclaratoria, no creativa del derecho”(7).

De lo expuesto resulta que, como lo puso de presente en agudo salvamento de voto el consejero Humberto Mora Osejo, el artículo 1º de la Ley 20 de 1969 no convalidó situaciones ni derechos anteriores a la fecha de vigencia de la ley, sino que a partir de ésta exige que el derecho constituido se radique en un yacimiento descubierto con el objeto de poner en consonancia la legislación con el artículo 202 de la Constitución. Por consiguiente “el precepto que se comenta no tiene carácter retrospectivo, ni menos retroactivo, que permita interpretarlo como convalidante de las meras expectativas anteriores a su vigencia; la disposición exige, ni más ni menos, que se cumpla el artículo 202 de la Constitución y que, por lo mismo, la excepción que contempla consiste en derechos constituidos en yacimientos descubiertos. En otros términos, antes y después de que entrara en vigencia la Ley 20 de 1969, las excepciones, en cuanto tienen idéntico fundamento constitucional, deben tener el mismo tratamiento en la ley”(8) (…)(9).

El Decreto 1994 de 1989 reglamentó la Ley 20 de 1969 y al hacerlo reiteró que todos los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la Nación y que se exceptúan los derechos constituidos a favor de terceros. El artículo primero de dicho decreto dispuso que dicha excepción, a partir del 22 de diciembre de 1969, sólo comprende las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a uno o varios yacimientos descubiertos. Y agregó que se entiende que únicamente reúnen tales requisitos las situaciones individuales creadas con anterioridad a la fecha citada, por un título específico de adjudicación como mina o por una sentencia definitiva, siempre que tales actos conserven su validez jurídica y que al 22 de diciembre de 1969 esas situaciones estuvieran vinculadas a uno o varios yacimientos descubiertos.

En consonancia con ese mandato, el artículo 3º del decreto en cita prevé que con la solicitud para obtener la autorización de explotación de petróleo en yacimientos que se pretendan como de propiedad privada, el peticionario acompañará la prueba necesaria para acreditar, de una parte, la existencia de un título específico de adjudicación de los hidrocarburos, otorgado de conformidad con las disposiciones vigentes a la época en que tal adjudicación fue posible, siempre que tal título no hubiere caducado por cualquier causa(10), y, de otro lado, que el yacimiento materia de la solicitud fuera descubierto antes del 22 de diciembre de 1969.

Conviene observar que dicho acto administrativo fue declarado ajustado al ordenamiento superior por esta corporación al estimar que no desbordó la potestad reglamentaria, toda vez que “no se encuentran pautas, reglas o principios que contraríen o desconozcan los contemplados en la Carta Constitucional o en la ley en que debería fundarse y en tal virtud no prosperan las pretensiones de las demandas de que trata el plenario”(11).

No debe perderse de vista que la Ley 97 de 1993 interpretó con autoridad los artículos 1º y 13 de la Ley 20 de 1969 y al hacerlo señaló que se entiende por derechos constituidos a favor de terceros las situaciones jurídicas subjetivas y concretas, adquiridas y perfeccionadas por un título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina o por una sentencia definitiva y en ejercicio de los cuales se hayan descubierto uno o varios yacimientos de hidrocarburos, a más tardar el 22 de diciembre de 1969. Al respecto, la Sala reiteró:

[L]a Ley 97 de 1993 se limitó a declarar el sentido de la Ley 20 de 1969. Y no se puede desconocer esta interpretación auténtica(12) u obligatoria que corresponde al legislador, esto es, al autor del precepto en tanto es el órgano competente para regular la materia, quien se vale de una ley especial para declarar o determinar en caso de duda el significado o sentido de otra precedente con la cual forman un solo cuerpo. De allí que la citada ley tiene fuerza de interpretación legislativa en consideración a que con arreglo al artículo 150.1 Constitución Nacional, los artículos 14 y 25 Código Civil(13), y el artículo 58 CRPM, ésta compete al Congreso de la República(14).

En este caso se reunió el presupuesto de incertidumbre en torno al significado normativo del precepto, incertidumbre que hizo posible una pluralidad de interpretaciones divergentes (como se vio en el concepto citado de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y su salvamento de voto), obstaculizando el comportamiento que debe ser uniforme entre los destinatarios del precepto(15)(…)(16).

A partir de lo expuesto, es preciso ratificar que para poder esgrimir la titularidad del subsuelo petrolífero deben concurrir dos requisitos: de un lado, el título específico o fallo que conserve su validez (elemento jurídico) y, de otro, la vinculación a uno o varios yacimientos descubiertos antes del 22 de diciembre de 1969 (elemento fáctico).

La Ley 97 de 1993 fue encontrada ajustada al ordenamiento superior por la Corte Constitucional al razonar que, sin variar el contenido normativo de la ley anterior, estableció el reconocimiento excepcional del derecho de propiedad privada sobre hidrocarburos, definiendo ‘los derechos constituidos a favor de terceros’, como las situaciones jurídicas subjetivas y concretas, adquiridas y perfeccionadas por un título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina o por una sentencia definitiva, y en ejercicio de los cuales se haya descubierto uno o varios yacimientos de hidrocarburos, a más tardar el 22 de diciembre de 1969, fecha de expedición de la ley interpretada.

El juez constitucional encontró que no se trataba de una ley de carácter retroactivo, y por ello no infringía el artículo 58 superior, al no introducir ajustes en cuanto a lo que debe entenderse por “derecho constituido” sobre hidrocarburos. Dejó en claro que la ley se limitó a precisar la naturaleza de dichos derechos sin cambiar los contenidos de la Ley 20 de 1969, por lo que se estaba ante un fenómeno de retrospectividad, que sólo afecta “meras expectativas” y no derechos adquiridos, pues se limitó a precisar la naturaleza de los derechos constituidos y señaló:

De lo anterior se desprende claramente que no existe retroactividad de la Ley 97 en sus artículos 1º, 2º y 3º al interpretar el artículo 1º de la Ley 20, ni violación de derechos constituidos o adquiridos bajo el régimen anterior a su vigencia, pues, se repite, se trata de los mismos derechos, que más aún son los mismos a que se refería, ya desde sus orígenes, la Constitución de 1886 en su artículo 202. Pues la Ley 20 de 1969 no reguló condiciones constitutivas de derecho distintas a las excepciones que estatuyó el tantas veces (sic) artículo 202, que por otra parte son reconocidas claramente en la nueva Carta Política (art. 332). Por tanto, la corte comparte esta hermenéutica de interpretación por vía de autoridad que realiza el legislador en la Ley 97 de 1993(17).

Ahora, con arreglo al marco constitucional y legal expuesto la Sala tiene determinado que para acreditar la propiedad privada del subsuelo petrolífero, no basta con invocar como fundamento un fallo judicial, sino que era preciso además cumplir lo ordenado por la Ley 20 de 1969, tal y como fue interpretada auténticamente por la Ley 97 de 1993, así:

[L]a Sala encuentra que la parte actora demostró, con la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, el día quince (15) de diciembre de mil novecientos sesenta y dos (1962), que habían salido del patrimonio del Estado, “...antes del veintiocho (28) de octubre de mil ochocientos setenta y tres (1873) el petróleo y demás hidrocarburos que existen en la parte o porción del globo de terreno denominado Santa Bárbara de Las Cabezas y también en San José de Mata de Indios o La Embocada, pero no pudo probar, a la luz de lo preceptuado en la Ley 20 de 1969, interpretada con autoridad por la Ley 97 de 1993, que sus propietarios hubiesen descubierto “uno o varios yacimientos de hidrocarburos, a más tardar el 22 de diciembre de 1969 entendiendo por “Descubrimiento” lo definido por el legislador en el artículo 2º de la Ley 97 ibídem interpretativa(18).

Al descender estas consideraciones al sub examine, resalta la Sala que ninguno de los medios de prueba obrantes en el plenario da cuenta de un descubrimiento de hidrocarburos por parte del demandante, como tampoco de que el subsuelo haya salido del dominio estatal.

Con arreglo al marco jurídico esbozado, el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. Y no basta con esgrimir una decisión judicial en apoyo del derecho particular, sino que es menester acreditar una vinculación a un yacimiento en los términos ya enunciados, lo cual no ocurrió en el sub lite. La Sala reitera lo señalado en oportunidad precedente frente a hechos y argumentos similares a los aquí estudiados, donde se indicó:

Los razonamientos anteriores de los cuales infiere la Sala que para la época de su reclamación el actor sólo contaba con una mera expectativa, más no con un derecho constituido a su favor, para así reclamar la propiedad del subsuelo de los terrenos cuya titularidad alega, encuentra mayor respaldo con la expedición del Decreto 1994 de 1989, reglamentario de la Ley 20 de 1969, en cuanto consagró que la excepción derivada de los derechos constituidos a favor de terceros, “a partir del 22 de diciembre de 1969, sólo comprende las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a uno o varios yacimientos descubiertos. Se entiende que únicamente reúnen tales requisitos las situaciones individuales creadas con anterioridad a la fecha citada, por un título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina o por una sentencia definitiva, siempre que tales actos conserven su validez jurídica y que el 22 de diciembre de 1969 esas situaciones estuvieran vinculadas a uno o varios yacimientos descubiertos”.

Con relación a la norma antes referida, cuya inaplicación pretende el actor, estima la Sala que no le asiste razón al demandante, dado que dicha norma no hizo cosa diferente de aclarar el artículo 1º de la Ley 20 de 1969, en armonía con el artículo 202 de la Carta Política de 1886, sin que tal acto implique, en criterio de la Sala, la violación del artículo 4º de la actual Constitución, ni del artículo 332 ibídem, de acuerdo con las consideraciones anteriormente expresadas, al hacer referencia a los derechos constituidos.

Por el contrario, es ostensible que el demandante no acreditó, a pesar de los requerimientos que se le hicieron, el título específico, de adjudicación de hidrocarburos como mina o la sentencia definitiva que reconociera su derecho sobre el subsuelo, o bien, la vinculación a uno o varios yacimientos descubiertos, ya para la época de su solicitud o para la fecha de expedición de la resolución demandada. En tales condiciones no había lugar a que el ministerio declarara la propiedad privada del subsuelo de un inmueble, respecto del cual el actor no demostró los requisitos legales necesarios para acogerse al régimen exceptivo previsto especialmente por la Constitución y la ley respecto “de los derechos constituidos a favor de terceros”, en los términos del artículo 202 de la Constitución Nacional de 1886.

Con miras a evitar equívocos, dudas y contradicciones en la interpretación de los artículos 1º y 13 de la Ley 20 de 1969, el propio legislador mediante Ley 97 de 1993 fijó el concepto de derechos constituidos a favor de terceros como “las situaciones jurídicas subjetivas y concretas, adquiridas y perfeccionadas por un título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina o por una sentencia definitiva y en ejercicio de los cuales se hayan descubierto uno o varios yacimientos de hidrocarburos, a más tardar el 22 de diciembre de 1969”. En el artículo 2º, determinó que existe yacimiento descubierto de hidrocarburo “cuando mediante perforación con taladro o con equipo asimilable y las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentran acumulados los hidrocarburos y que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de fluidos”.

Por último, en el artículo 3º de la Ley 97 de 1993 se determinó que “las disposiciones contenidas en los artículos primero y segundo de la presente ley, constituyen la única interpretación autorizada de la Ley 20 de 1969, artículos primero y trece”.

Así las cosas, en criterio de la Sala, la interpretación que hizo el legislador con autoridad (C.C., art. 25), al coincidir en lo fundamental con el contenido del acto demandado y con las consideraciones expresadas en esta providencia, conducen sin vacilación alguna a que se mantenga la resolución acusada y consecuencialmente se denieguen las súplicas de la demanda(19).

En tales condiciones se tiene que si bien se aportó una decisión judicial(20), esta no acredita —como lo puso de presente la vista fiscal— el derecho de dominio del demandante sobre el suelo(21), pero aún en gracia de discusión de que sí lo hiciera, no se probó que la propiedad reconocida hubiese estado vinculada a la explotación de uno o varios yacimientos petrolíferos antes de la expedición de la Ley 20 de 1969.

No bastaba, al tenor del marco jurídico antes esbozado, invocar como título una sentencia judicial. Se imponía la vinculación a ella de uno o varios yacimientos petrolíferos antes del 22 de diciembre de 1969, presupuesto que no sólo no se acreditó en este caso por parte del demandante, sino que —además— alegó que no se debía reunir, en contravía del marco jurídico aplicable.

De manera que, en el mejor de los casos, quien demandó sólo contaba con una mera expectativa, más no con un derecho constituido a su favor, para así reclamar la propiedad del subsuelo de los terrenos.

Ante la falta de demostración de este requisito especial en los términos exigidos por la Ley 20 de 1969, no hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 31380 de julio 25 de 1991 proferida por el Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual el demandado negó una inscripción de propiedad del subsuelo.

5. Síguese de lo anterior que el demandado no violó las normas superiores en las que fundamentó su negativa a la inscripción de la propiedad privada del subsuelo impetrada por el demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(2) El numeral 1º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, artículo 128 del Decreto 1 de 1984, modificado por el Decreto 597 de 1988, artículo 2º vigente para la época de la demanda, le atribuyó la competencia privativa y en única instancia al Consejo de Estado para conocer de los procesos de nulidad de actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, y el Acuerdo 55 de 2003 señala que la Sección Tercera conoce de los procesos de simple nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos agrarios, contractuales, mineros y petroleros.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de marzo de 2012, radicación 20001-23-31-000-1999-00229-01 (19269), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Salvo las esmeraldas, la sal de gema, el oro, la plata, el platino y el cobre.

(5) El proyecto fue presentado por el entonces Ministro de Minas y Energía, Carlos Gustavo Arrieta, en Historia de las leyes, legislatura de 1969.

(6) Ibíd.

(7) Ibíd.

(8) Voto particular del Consejero Humberto Mora Osejo al concepto de 11 de julio de 1988, radicación 187 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Allí conceptuó que: “a) La propiedad de las minas, reconocida en actos administrativos, o en sentencias definitivas, y la de los yacimientos de hidrocarburos reconocida en sentencias judiciales ejecutoriadas, anteriores al 22 de diciembre de 1969, no requieren la vinculación del derecho a yacimientos descubiertos ni la demostración de ese vínculo. b) El artículo 3º de la Ley 20 de 1969 no es aplicable a los depósitos de hidrocarburos”.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de marzo de 2012, radicación 20001-23-31-000-1999-00229-01 (19269), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(10) O la existencia de un fallo que conserve su validez jurídica y reconozca o declare el derecho del interesado a la propiedad de los hidrocarburos que existan en el predio objeto de la solicitud.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 17 de noviembre de 1994, radicación 6072 - 5942 - 5959 - 6117 - 6140 - 6321 y 6364 (Acumulados), C.P. Juan de Dios Montes.

(12) Sobre la interpretación legislativa que hace la propia autoridad que ha expedido la norma ver Corte Constitucional, Sentencia C 806 de 2001.

(13) En Sentencia C-820 de 2006 la Corte declaró exequible el artículo 25 del Código Civil, salvo las expresiones “sólo” y “con autoridad”, que declaró inexequibles. La misma providencia condicionó la exequibilidad en el sentido de entender que la interpretación constitucional que de la ley oscura hace la Corte Constitucional, tiene carácter obligatorio y general.

(14) De conformidad con el artículo 48 LEAJ la interpretación que por vía de autoridad hace la Corte Constitucional tiene carácter obligatorio general (Sent. C-037/96).

(15) Betti, Emilio, Interpretación de la ley y de los actos jurídicos, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1975, pág. 177.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de marzo de 2012, radicación 20001-23-31-000-1999-00229-01 (19269), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(17) Corte Constitucional, Sentencia C-424 de 1994, C.P. Fabio Morón Díaz.

(18) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de octubre 21 de 1994, radicación 7374, C.P. Julio César Uribe Acosta.

(19) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de marzo 4 de 1994, radicación 7120, C.P. Daniel Suárez Hernández. No obstante la evidente similitud con el caso estudiado no puede hablarse de cosa juzgada, entre otras razones, porque no hay identidad jurídica entre las partes —eadem conditio personarum— (CPC, art. 332 y CCA, art. 175) La identidad jurídica de partes tiene lugar cuando se trata de los mismos sujetos que en nombre propio o por medio de representante comparecieron al proceso anterior —bien en calidad de demandante o de demandado— y actúan en el nuevo. Evidentemente, no es el caso que se analiza.

(20) Sentencia de 27 de julio de 1944, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo declaró legítimo patrono de las capellanías laicas fundadas por Vicente de la Zerda a Pedro Sabas María Zerda Cárdenas (fls. 14 a 23, cdno. 1 y 185 195 anexo).

(21) Además no debe perderse de vista que el folio de matrícula inmobiliaria 470-00003489 inicia con la inscripción de la sentencia del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo de 11 de octubre de 1944 que declaró el patronato de las Capellanías y relaciona ventas posteriores. El último acto que aparece inscrito es la Resolución 28538 de 2 de diciembre de 1968 del Incora, especificación: “adjudicación por expropiación”; personas que intervienen en el acto: “de Victa Victoria Zerda Cárdenas, José Hugo Soler, Carlos Julio Zeda Cárdenas, Cristiana Escuelas y Parmenio Díaz a Incora” (fls. 69 a 74, cdno. 1).