Sentencia 19918 de mayo 27 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

ACTAS DE LAS DILIGENCIAS

FALTA DE FIRMA DEL FUNCIONARIO

EXTRACTOS: «Es bien cierto que el artículo 157 del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal por el que se rigió el asunto (art. 147 del actual), establecía (y aún establece ahora) como requisito formal de la actuación que las actas de las diligencias deberán empezar con el nombre de la entidad que la practica, el lugar, hora, día, mes y año en que se verifiquen y las firmas de quienes en ella intervinieron.

No obstante, el inciso tercero indica que “si una de las personas que haya intervenido en la actuación no pudiere firmar por alguna circunstancia, se le tomará la impresión digital y firmará por ella un testigo de lo cual se dejará constancia”.

En este caso, al aparecer acreditado que la menor en comento rindió la exposición de que da cuenta el acta que corre a folios 7 y siguientes del cuaderno original, al punto que allí aparece su huella y las firmas de la defensora de familia y la asistente judicial de la fiscalía, se establece así mismo que la falta de firma del funcionario de instrucción obedece simplemente a un olvido incapaz de comprometer la existencia o validez de la mencionada diligencia, toda vez que dicha omisión no significa en manera alguna que la prueba no se hubiere practicado o que el funcionario no hubiere concurrido a su recaudo, menos aún cuando en esa misma fecha en el auto de apertura de la investigación se dispuso “recepcionar declaración a la menor X...” (fl. 6) lo que indica que esa prueba fue obtenida a instancias suyas dentro de la investigación a su cargo, y el acta que la recoge corresponde a un documento público que se presume auténtico y su contenido se ajusta a lo que realmente sucedió en dicha actuación.

Ha de anotarse, igualmente, que si bien el artículo 109 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 58 del Decreto 2282 de 1989, aplicable al procedimiento penal por virtud del principio de remisión, establece que “las actas de audiencias y diligencias deberán serán autorizadas por el juez y firmadas por quienes intervienen en ellas, el mismo día de su práctica”, también lo es que el artículo 103 ejusdem, no prevé que la falta de firma del funcionario en las actas de las diligencias que realice derive inexorablemente en nulidad o inexistencia del acto, sino solo la posibilidad de hacerse acreedor a una sanción de tipo disciplinario sin compromiso de la respectiva actuación, pues conforme al artículo 161 del Decreto 2700 de 1991 (CPP actual, art. 305), solo se consideran inexistentes las diligencias practicadas con la asistencia e intervención del procesado sin la de su defensor, situación que no es la que aquí concurre.

Tampoco puede perderse de vista, que la jurisprudencia de esta Corte se ha orientado por sostener “que las firmas en las actas que contienen el relato de lo sucedido en una determinada actividad jurisdiccional tiene como finalidad que los funcionarios den fe de lo ocurrido, que los otros intervinientes patenticen su conformidad o inconformidad con lo descrito en relación con la realidad histórica, dejando las respectivas constancias, en caso de que esta no coincida total o parcialmente con el texto; o si se trata de aspectos más trascendentes, buscar otro tipo de soluciones legales; tal sucedería con las verdaderas falsedades, como cuando el acta refleja hechos o circunstancias relevantes de situaciones que no existieron, o deformaciones de la realidad. Pero es claro que la ausencia de firma de uno de los intervinientes no constituye, ni puede constituir inexistencia, tal como ella está prevista en el Código de Procedimiento Penal actualmente vigente”(Cfr. Cas. sep. 23/92. Rad. 6821), por lo cual jurídicamente no resulta viable pregonar la inexistencia —y menos la nulidad—, de la declaración rendida por la menor ofendida.

En armonía con lo que se ha dejado visto, en total acuerdo con el criterio de la delegada, es de decirse que razón tuvo el juzgador de segunda instancia al considerar válida la prueba para efectos de su valoración, pues resulta evidente que la irritualidad noticiada carece de la connotación de error de derecho por falso juicio de legalidad que el demandante pretende atribuirle».

(Sentencia de casación, 27 de mayo de 2004. Radicación 19.918. Magistrado Ponente: Dr. Mauro Solarte Portilla).

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