Sentencia 1992-02221/12289 de marzo 11 de 2004

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 15001-23-31-000-1992-02221-01(12289)

Actor: Sergio Andrés Suárez Melgarejo y otros

Demandado: Municipio de Soatá —Fondo Nacional de Caminos Vecinales—

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Bogotá D.C., once de marzo de dos mil cuatro.

Resuelve la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y el municipio de Soatá contra la Sentencia del 30 de abril de 1996, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se decidió lo siguiente:

“1. Absuélvase al Fondo Nacional de Caminos Vecinales de la obligación de indemnizar a Sergio Andrés, David Leonardo y María Clara Suárez Melgarejo, en su condición de nudos propietarios del inmueble denominado “El Hoyo”, ubicado en la vereda La Jabonera de la jurisdicción municipal de Soatá (Boyacá) por la construcción de la vía carreteable que conduce de la ciudad de Soatá al sector Las Tapias.

2. Declárase administrativamente responsable al municipio de Soatá por los perjuicios causados a Sergio Andrés, David Leonardo y María Clara Suárez Melgarejo, en su condición de nudos propietarios del inmueble denominado “El Hoyo” ubicado en la vereda La Jabonera, sector Las Tapias, en comprensión municipal de Soatá, ocasionados con la construcción de la vía carreteable que conduce de Soatá al sector Las Tapias.

3. Condénase al municipio de Soatá a indemnizar a Sergio Andrés, David Leonardo y María Clara Suárez Melgarejo, en su condición de nudos propietarios del predio “El Hoyo” ubicado en la vereda La Jabonera de la jurisdicción municipal de Soatá, identificado como aparece en la escritura 3497 del 12 de julio de 1988, de la notaría 15 del círculo de Bogotá, mediante el pago de la suma de tres millones seiscientos diez mil doscientos ochenta y dos pesos ($ 3.610.282) m/cte. por concepto del valor de la ocupación de parte del predio antes citado y los daños causados al mismo, conforme se dijo en la parte motiva de esta providencia.

4. De la anterior suma indemnizatoria que el municipio de Soatá debe pagar a los citados actores, se descontará la suma correspondiente al impuesto de valorización, si éste no ha sido pagado por los actores propietarios del inmueble afectado por la obra causante de esta indemnización. Todo conforme se dijo en la parte motiva de esta providencia.

5. Esta sentencia se cumplirá dentro de los términos establecidos por los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

(...)”.

I. Antecedentes

1. Mediante demanda presentada el 6 de mayo de 1992 (fls. 36 a 59 del c. ppal.), Sergio Andrés, David y María Clara Suárez Melgarejo —representados por sus padres y obrando a través de apoderado—, solicitaron que se declarara responsables al municipio de Soatá y al Fondo Nacional de Caminos Vecinales, de los perjuicios sufridos como consecuencia “de los trabajos públicos de ocupación permanente” realizados en un inmueble de su propiedad, identificado con el número de matrícula inmobiliaria 0930004925 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Soatá (Boyacá), “concretados en la apertura de una carretera en extensión aproximada de ochocientos... metros de longitud, por cinco... metros de ancho, es decir para una extensión ocupada en forma permanente de cuatro mil metros cuadrados...”.

Como consecuencia de esta declaración, pidieron que se condenara a las entidades demandadas a pagarles la suma de $ 35,000,000, discriminados en la siguiente forma:

a. $ 20.000.000, por concepto del valor del terreno ocupado.

b. $ 5.000.000, “por los daños causados a otras partes integrantes del predio...”.

c. $ 10.000.000, por concepto de la depreciación sufrida por el inmueble, como consecuencia de su división irregular.

d. En defecto de las condenas anteriores, se solicita que se hagan de conformidad con lo que se pruebe.

Solicitaron, igualmente, que se dispusiera, “si fuere necesario, dar aplicación al artículo 219 del Código Contencioso Administrativo”.

En apoyo de sus pretensiones, los demandantes narraron los siguientes hechos:

a. Los demandantes son nudos propietarios del inmueble denominado El Hoyo, ubicado en la vereda Jabonera, en la jurisdicción del municipio de Soatá.

b. Entre el 27 de junio y el 10 de julio de 1991, el señor Ángel María Echavarría, en su condición de empleado del Fondo Nacional de Caminos Vecinales y con autorización del alcalde de Soatá, procedió a abrir el carreteable que conduce al sector “Las Tapias” de la vereda “Jabonera”, atravesando la finca “El Moral u Hoyo”, “partiendo de la carretera que de la carretera central conduce a la vereda La Jabonera”.

c. Los funcionarios citados obraron “por su cuenta y riesgo”, sin el consentimiento de los propietarios del predio, ni de su usufructuaria”. No se adelantó, además, ningún trámite previo para comprar los inmuebles, ni para expropiarlos.

d. El carreteable citado produjo “una disección” del predio de los demandantes, “en una de sus esquinas”, lo que hizo que aquél sufriera “desmedro” o perdiera valor, porque la división se hizo “por una zona con marcada erosión, amenazando con el deslizamiento constante del potrero del plan, el más valioso de la finca”. Adicionalmente, “no se puede regar por el temor a que se desbolcane” (sic) y quedó un talud bastante alto, “con peligro para humanos y semovientes”. De otra parte, la franja de terreno que quedó entre el carreteable y el predio del vecino Efraín Báez está “perdida completamente, porque no se puede regar, ni explotar”.

e. Se causaron, además, los siguientes perjuicios:

“a) La ocupación de la franja de terreno por donde se desplaza la vía calculada en 4.000 metros cuadrados incluyendo la zona aledaña a uno y otro lado; b) Los movimientos de materiales indispensables o que conllevan la construcción de la vía afectaron otras zonas contiguas a ésta donde existían mejoras de pastos artificiales, sembradíos; c) Echó a tierra un bosque de gallineros, muelles y algunos frutales que con esfuerzo se habían plantado, mantenido para contener la erosión en esta precisa zona de la finca; d) Se derribaron árboles que servían de sombrío y belleza natural del predio; e) El tránsito de vehículos produce además del ruido y polvareda que afecta la tranquilidad, de no haber obtenido el consentimiento, la salud de las personas y daños a las plantas”.

f. La obra pública realizada no le produjo ningún beneficio al inmueble de los demandantes; Aquélla sólo ha favorecido a otros predios, mientras que dicho inmueble no se valorizó, ni obtuvo una mejora.

2. Dentro del término de fijación en lista, el municipio de Soatá y el Fondo Nacional de Caminos Vecinales dieron contestación a la demanda, obrando por medio de apoderados (fls. 77 a 79 y 107 a 111 del c. ppal.).

El primero consideró que las obras realizadas produjeron “mejoras, valorización y beneficios tanto al predio de los demandantes como al (sic) de sus vecinos” y solicitó la práctica de pruebas.

El segundo, por su parte, aceptó haber construido el camino carreteable denominado “Vía Jabonera-Las Tapias”, y explicó que la obra se llevó a cabo a petición del alcalde municipal de Soatá, para el beneficio socio-económico de los habitantes del sector, y se adelantó conforme a las “especificaciones contenidas en la Resolución 0651 de fecha marzo 7 de 1990”. Adicionalmente, llamó la atención sobre la evaluación ambiental efectuada, en relación con la obra, como resultado de la cual se consideró que no era necesario construir obras de infraestructura importantes, debido a que la carretera pasaría por “fincas baldías y potreros sin problemas de deslizamiento”, y a que “no hay afluentes en el tramo”. Y precisó, por último, que el Fondo Nacional de Caminos Vecinales firmó un acta de compromiso interinstitucional de cofinanciación con el municipio de Soatá.

3. Practicadas las pruebas decretadas el 30 de septiembre de 1992 y fracasada la audiencia de conciliación, el tribunal corrió traslado a las partes para alegar, y al representante del Ministerio Público para rendir concepto (fls. 116, 129 a 132, 134, 144 a 150 del c. ppal, y fls 1 y 2 de los c. 2, 3 y 4). Aquéllas y éste intervinieron oportunamente, exponiendo los siguientes argumentos (fls. 107 a 129 del c. ppal.):

La parte actora consideró probados los hechos de la demanda y expresó que, por no haberse objetado, el dictamen pericial rendido en relación con el perjuicio causado “quedó en firme”. Pidió, entonces, que se condenara por la máxima suma que en el mismo se sugiere.

El municipio de Soatá estimó exagerado el valor de las pretensiones indemnizatorias formuladas y consideró que ello resulta evidente del análisis de la inspección judicial practicada y el peritazgo rendido en el proceso, así como de los testimonios recibidos. Manifestó, por otra parte, que los testimonios rendidos por los señores Fanny Delgado Espinosa y Hernando Dávila son sospechosos, dada su relación de dependencia con el padre de los menores demandantes.

El Fondo Nacional de Caminos Vecinales manifestó que, en su condición de ente financiador, no le cabe responsabilidad alguna por la ocupación del inmueble de los actores. Indicó que, conforme al convenio interinstitucional suscrito con el municipio, éste asumió la responsabilidad por las indemnizaciones a que hubiera lugar, por destrucción de mejoras u ocupación permanente o temporal de predios, extracción y depósito de materiales e instalación de campamentos. De otra parte, llamó la atención sobre el hecho de que, conforme a la escritura pública de compraventa aportada al proceso, otorgada en el año 1988, el inmueble fue adquirido por $ 500.000, de manera que el valor de los perjuicios solicitados en la demanda resulta excesivo. Se pretende con ella, dijo, “un provecho injustificado”. Cuestionó, además, la conducta personal de Leopoldo Suárez Carrillo, padre de los demandantes, y afirmó que cursa contra él un proceso penal por falsedad en la elaboración de la citada escritura, cuyos resultados no se conocen. Adicionalmente, llamó la atención sobre el hecho de que la comunidad de la vereda La Jabonera envió una carta a la dirección regional de caminos vecinales, en la que manifiesta que el señor Suárez Carrillo “lo que pretende es torpedear la construcción de la obra extorsionando al municipio y a los interesados”.

Indicó que debe tenerse en cuenta el concepto técnico rendido antes de la iniciación de la obra, para efectos de la obtención de la licencia ambiental, en el que se hace referencia al tipo de vegetación que allí existía, así como a los beneficios que implicaba para el sector la construcción del carreteable. Consideró que tales beneficios se extienden a los predios aledaños a la vía, entre ellos el de los demandantes, el cual no se desvalorizó; por el contrario, adquirió un mayor valor, por haber adquirido un acceso directo a la carretera.

Manifestó, adicionalmente, lo siguiente:

“El acervo probatorio testimonial deja en claro que existía una vía desde hace aproximadamente 18 años... y que lo que el junicipio (sic) y el fondo hicieron fue adecuar la vía para que no solamente fuera un camino veredal sino que permitiera la circulación de automotores y por esta razón tal vez no se pidió autorización por tratarse de un hecho notorio, es decir, que el camino ya existía y era utilizado por toda la comunidad con el convencimiento de que se trataba de un predio de uso público...”.

Finalmente, cuestionó lo alegado por los actores respecto del uso del terreno y su explotación económica y también el dictamen pericial rendido, en cuanto se observan diferencias entre el área ocupada dibujada en el plano y aquélla a la que se alude en el cuestionario. Además, conforme a los testimonios recibidos, “en el sitio por donde se construyó la carretera no se podía cultivar ninguna clase de planta...”. El predio de los demandantes, entonces, no sufrió perjuicio alguno; recibió, por el contrario, un beneficio, como los demás inmuebles del sector.

El representante del Ministerio Público llamó la atención sobre varios aspectos dudosos que se plantean en el proceso, entre ellos el referido a la calidad de propietarios de los demandantes, dadas las observaciones que formuló en su testimonio la señora Aura Bertilda Melgarejo. Concluyó, entonces, que no existe “certeza y las pruebas arrojadas (sic) al proceso no permiten condenar al municipio de Soatá”, por lo cual solicitó que se despacharan “negativamente las pretensiones de la parte demandante”.

II. sentencia de primera instancia

Mediante Sentencia del 30 de abril de 1996, el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de los demandantes, en la forma indicada en la parte inicial de esta providencia. Luego de hacer referencia a cada una de las pruebas obrantes en el proceso, manifestó lo siguiente (fls. 133 a 149 del c. ppal.):

Está demostrado que la construcción de la carretera se llevó a cabo en predios de los demandantes y sin el consentimiento de sus representantes legales. La señora Aura Bertilda Melgarejo, en efecto, “no tiene más derechos que los de usufructo”, de modo que la autorización por ella otorgada —a lo cual se refieren varios de los declarantes— no podía afectar los derechos de los nudos propietarios.

Así las cosas, la ocupación parcial del inmueble que “hizo el municipio para que el Fondo Nacional de Caminos Vecinales construyera la vía resulta desprovista de legitimidad y ello conlleva las consecuencias jurídicas propias de las vías de hecho que generaron la obligación de resarcir”. Para este efecto, se debe tener en cuenta el dictamen pericial rendido, salvo en cuanto hace referencia a los frutos, puesto que éstos pertenecen a la citada señora.

El terreno ocupado, con una extensión de 1.680 m2, tiene, según el dictamen mencionado, un valor de $ 252.000, y los árboles de gallinero destruidos fueron avaluados en $ 100.000. Adicionalmente, se observa que “hacia el lado oriental de la carretera construida quedó una porción de terreno de 6.845 m2”, que puede ser parcialmente utilizada, con algunas adecuaciones, para un cultivo de papaya, tomate y tabaco. Por esta razón, “no resulta equitativo que... deban sus propietarios hacer inversiones económicas para habilitarla cuando si (sic) la citada obra no hubiera (sic) tenido que hacerlas”, de modo que debe disponerse su pago, en la cantidad establecida por los peritos, esto es, $ 1.031.250.

De otra parte, revisado el contenido del acta de compromiso interinstitucional de cofinanciación suscrito entre las dos entidades demandadas, se observa que el municipio asumió la responsabilidad por la destrucción de mejoras u ocupación permanente o temporal de predios, extracción y depósito de materiales e instalación de campamentos. Esta estipulación no es “caprichosa sino fundada en las normas administrativas del Fondo Nacional de Caminos Vecinales como la Resolución 0562 de marzo 1º de 1990...”. Por ello, debe absolverse a éste último. Con base en el mismo convenio y en la resolución citada, en cambio, se concluye que existe responsabilidad del municipio de Soatá, dado que dicha entidad territorial ha debido adelantar un proceso de expropiación y, una vez indemnizados los dueños de los predios afectados, iniciar la ejecución de las obras. Sin embargo, no lo hizo así, sino que incurrió en una “vía de hecho”, causando “daños injurídicos a particulares”.

De otra parte, “corresponde al municipio... determinar el impuesto (sic) de valorización que afecta al predio beneficiado para la ejecución de las obras...”, lo que se hará “dentro del marco legal... o acordada entre las partes, conforme lo prescribe el artículo 219 del Código Contencioso Administrativo”.

III. Recurso de apelación y actuación en segunda instancia

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia de primera instancia, el apoderado de los demandantes interpuso recurso de apelación, y, posteriormente, el apoderado del municipio de Soatá manifestó adherirse al mismo (fls. 154 y 155 del c. ppal.).

Concedidos los recursos y recibido el expediente en el Consejo de Estado, se ordenó correr traslado a la parte demandante para que presentara la respectiva sustentación, y tener en cuenta la apelación adhesiva, para todos los efectos legales (fls. 156 y 160 del c. ppal.).

Expresó el apoderado de los actores que son tres los motivos de su inconformidad con el fallo de primera instancia, y los presentó en la siguiente forma (fls. 161 a 164 del c. ppal.):

1. La absolución del Fondo Nacional de Caminos Vecinales. Consideró que el acta de compromiso suscrita entre el municipio y esa entidad, así como las resoluciones administrativas que le puedan servir de soporte no pueden “modificar la ley para destruir la solidaridad proveniente de la responsabilidad en que están incursas las dos demandadas”, conforme al artículo 2.344 del Código Civil.

2. La indemnización reconocida. Se refirió a las pretensiones contenidas en los literales c y d de la demanda, y expresó:

“la suma de $ 10.000.000 o lo que se probó en el trámite de la primera instancia... ha debido ordenarse su reconocimiento y pago (sic) no tanto con el criterio de que son frutos presentes o futuros, sino más bien sobre la base de que tales frutos constituyen concepto de depreciación que ha sufrido el inmueble con motivo de la construcción de la obra o carretera..., pues... dicha obra ha depreciado el inmueble en la suma o cuantía que aquí se ha señalado como de frutos presentes o futuros”.

Indicó que si bien el valor de la depreciación “no fue debidamente precisado por los... peritos..., está entre las facultades del fallador interpretar dicho dictamen dentro de los parámetros de la sana crítica”. Solicitó, entonces, “revocar el fallo y ordenar el pago de esa suma determinada pericialmente bajo el criterio de frutos presentes o futuros, pues corresponde más bien al concepto de depreciación del inmueble...”.

3. La determinación por parte del municipio del valor de la contribución de valorización. Consideró que, conforme al artículo 219 del Código Contencioso Administrativo, en el que el tribunal dice fundarse, el municipio no podría establecer unilateralmente el valor de la citada contribución. Las entidades demandadas han debido, “en el peor de los casos, pedir que los señores peritos hubiesen (sic) calculado la suma a pagar por la parte actora” por ese concepto, pero ello no se determinó, seguramente porque no hubo valorización, sino depreciación, “en tanto que por el mismo predio se construyó una segunda carretera que el mismo no requiere sino que al contrario la depreciación está determinada por el consiguiente tránsito vehicular, peatonal y caballar”.

El 21 de noviembre de 1996, se admitió el recurso interpuesto por los actores. Corrido el traslado a las partes para alegar y al representante del Ministerio Público para que rindiera concepto, el apoderado de los demandantes reiteró lo expresado al sustentar la apelación, y los demás guardaron silencio (fls. 169, 171, 173 a 176 del c. ppal.).

IV. Consideraciones

Obran en el proceso las siguientes pruebas:

1. Certificado de tradición y libertad del inmueble rural denominado “El Hoyo”, ubicado en la vereda La Jabonera, en el municipio de Soatá, Boyacá, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 093-0009425 de la oficina de registro de instrumentos públicos de dicho municipio (fl. 189).

En este certificado aparecen, como últimas anotaciones, identificadas con los números 3 y 4, las correspondientes a la inscripción de la escritura pública 3497 del 12 de julio de 1988, otorgada en la notaría 15 de Bogotá, por la cual, de una parte, Aura Bertilda Melgarejo B. vendió la “nuda propiedad” del lote citado a Sergio Antonio, David Leonardo y María Clara Suárez Melgarejo, y, de otra parte, se estipuló que la primera conservaría el derecho real de usufructo de por vida. La transferencia de la nuda propiedad en la forma indicada, cuyo valor fue de $ 500.000, dio lugar a la inscripción de una X en la columna de “falsa tradición”.

Las anotaciones previas (identificadas con los números 1 y 2) dieron lugar, igualmente, a la inserción de una X en la columna de falsa tradición. La primera, del 19 de junio de 1931, corresponde a la inscripción de la escritura pública 198 del 5 de junio del mismo año, otorgada e la Notaría 2ª de Soatá, por la cual se efectuó la “partición amigable de derechos sucesorales este y otros cinco predios”. Se indicó que la misma se produjo “De: Moreno, Zacarías” y otras cuatro personas, “A: Melgarejo, Elías”.

La segunda fue hecha el 28 de diciembre de 1982, y corresponde a la inscripción de la Sentencia del 27 de abril de 1972, expedida por el juzgado civil del circuito de Soatá, por la cual se produjo la adjudicación del inmueble en la sucesión de “Melgarejo Suárez, Elías”, a favor de “Melgarejo B., Aura Bertilda”. Con base en esta inscripción, según consta en el certificado de tradición y libertad, se abrió el folio de matrícula inmobiliaria el 12 de enero de 1983.

2. Fotocopia autenticada con fundamento en otra copia de la escritura pública 3497 del 12 de julio de 1988, antes citada (fls. 10 a 15). Este documento, sin embargo, carece de valor probatorio, por no haberse tomado la copia de su original o de una copia auténtica.

3. Copia autenticada del acta de compromiso interinstitucional de cofinanciación suscrita el 2 de julio de 1991 entre el Fondo Nacional de Caminos Vecinales y el municipio de Soatá. Acordaron estas dos entidades cofinanciar, mediante el sistema de administración directa, la construcción de la “Vía Jabonera - Sector Las Tapias”, que debía desarrollarse en un término de dos meses. Allí mismo se dispuso que el municipio asumiría “las presuntas indemnizaciones por destrucción de mejoras u ocupación permanente o temporal de predios, extracción y depósito de materiales e instalación de campamentos” (fl. 4).

4. Oficio del 26 de abril de 1993, por el cual el director regional de Boyacá del Fondo Nacional de Caminos Vecinales responde algunas preguntas formuladas respecto del convenio citado en el literal anterior, y explica que aquella entidad “celebra un convenio con el alcalde municipal y éste es quien tiene que llegar a un acuerdo previo con los propietarios de las tierras por donde se construirá la vía...” (fls. 50 y 51 del c. 2).

5. Copia autenticada del concepto técnico rendido el 25 de junio de 1991, por un profesional especializado del Inderena - regional Boyacá y Casanare, en relación con la construcción de “un carreteable... denominado Las Tapias y La Curia Guayabal”, de una longitud de 3 kms. y una anchura de 5 metros, que debía abrirse “partiendo de la vereda Jabonera - Sector Tapias y La Costa - Sector La Curia. Allí se concluyó (fls. 6 a 8):

“No hay necesidad de construir obras de infraestructura importantes debido a que la carretera pasará por fincas valdías (sic) y potreros, sin problemas de deslizamiento y no hay afluentes en el tramo.

Características del área:

Mediante la construcción de esta vía, se busca beneficio socioeconómico del sector ya que los habitantes se dedican a la ganadería y agricultura, destacándose los cultivos de yuca, plátano, fríjol, maíz y frutales y al comercio de estos productos y subproductos.

Las veredas que se beneficiarán con la construcción de la vía son Jabonera y La Costa.

El diseño de la carretera lo hizo el Fondo Nacional de Caminos Vecinales regional Boyacá.

En el sector donde se construirá la vía, se observa vegetación de porte bajo, predominando el gallinero, espino, mangle, toche y ayuelo, al igual que los cultivos mencionados.

Con la construcción del carreteable se intervienen los predios particulares de los señores Custodio Lizarazo, Efraín Báez, Leopoldo Gutiérrez, Gabriel Sandoval, Álvaro Báez, Abel Suárez, Juan Torres, Nicolás Rondón, Sixto Gutiérrez.

Por lo anterior expuesto, después de realizado el respectivo reconocimiento técnico y el análisis de los factores ecológicos y ambientales, se considera que de desarrollar técnicamente la construcción del carreteable, no producirá deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente, ni se introducirán modificaciones estimables o notorias al paisaje...”.

Por estas razones, se consideró “ambientalmente viable” el proyecto y se recomendó la concesión de la correspondiente licencia de viabilidad ambiental.

6. Copia auténtica de la providencia del 31 de enero de 1994, expedida por el fiscal 254 de la unidad de investigaciones especiales de la Fiscalía General de la Nación, por la cual se resolvió, por una parte, “DECLARAR que no existe razón jurídica suficiente para formular acusación contra Leopoldo Suárez Carrillo, por los punibles de falsedad documental, estafa y abuso de circunstancias de inferioridad, según hechos denunciados por Ana Bertilda Melgarejo Báez, por no haberse demostrado su existencia y, menos aún, que el procesado los hubiere realizado”, y por otra, decretar la preclusión y extinción de la acción penal iniciada con el inculpado (fls. 208 a 226).

En la parte motiva de esta providencia, se hizo alusión a la denuncia formulada por la señora Melgarejo Báez, referida a los posibles hechos punibles cometidos por el señor Suárez Carrillo “en desarrollo del otorgamiento de la escritura pública 3497 de julio 12 de 1988”. Aquélla, en efecto, expresó que no suscribió dicha escritura y que sólo firmó “un papel en blanco” que le entregó al segundo, “con fines encaminados a procurar la salida de su finca de los administradores..., pero que en ningún momento vendió, porque nunca tuvo ese propósito, ni acudió al despacho de la notaría; que nunca colocó la huella dactilar que aparece en la escritura y que, menos aún, recibió la cantidad de dinero que se afirmó como precio de la enajenación”. Por ello, concluyó “que el documento público se montó sobre la hoja firmada en blanco para los fines conversados en el juzgado con su denunciado”.

Analizadas las pruebas practicadas, concluyó el Fiscal que debía aplicarse el principio de indubio pro reo y precluir la instrucción a favor de Leopoldo Suárez Carrillo.

7. Acta de la inspección judicial practicada el 11 de mayo de 1993 en la finca denominada “El Moral” o “El Hoyo” (fls. 57 a 69 del c. 2). Se hizo constar en dicha acta lo siguiente:

“...se encontró una casa de habitación de propiedad de los demandantes, consistente en una construcción en “U” y media agua, construida en ladrillo, cemento y cubierta de Eternit... El interesado doctor Leopoldo Suárez Carrillo indicó al despacho los linderos generales del inmueble por donde se construyó la carretera veredal de La Jabonera... Se hizo el recorrido periférico de la finca... y se estableció que en ella, además de la casa..., se encuentran cercas perifiercias (sic) e internas de la finca consistentes en alambrados, postes de madera con algunos cultivos de papayo, tomate, naranjos y otros árboles frutales y maderables tanto nativos como de cultivo que serán debidamente discriminados... por los señores peritos... Se encuentra que la finca está cruzada de norte a sur por la carretera de La Jabonera en forma zigzagueante de acuerdo a la topografía del terreno. Se anota que esta carretera pasa por el frente de la casa a diez metros aproximadamente de las construcciones y da contra el portal exterior de la misma donde se encuentra una puerta de hierro anclada en dos columnas de ladrillo. Una vez recorrida la finca y la carretera objeto de la reclamación de los demandantes el despacho se dirigió de nuevo a la casa de habitación con el personal de la diligencia, el señor alcalde... de Soatá... y numerosas personas en número aproximado de 30 ciudadanos, que también se hicieron presentes a la finca y carretera de la diligencia... Anota el despacho que el predio inspeccionado coincide con el señalado en la demanda tanto en la misma como en los documentos aportados... Así mismo, se observó también que la finca está servida por instalaciones de agua mediante construcción de estanques mantenidos por un acueducto traído por mangueras y con acequias que facilitan su riego...”.

8. Testimonios rendidos en el curso de la inspección judicial por varias personas vecinas del lugar.

El señor Samuel Figueroa expresó que la construcción de la carretera que parte de la central del norte comenzó 18 ó 20 años atrás, por iniciativa de una junta de acción comunal, y que estuvo a cargo del Fondo de Caminos Vecinales y de los usuarios. Precisó que, ya en esa época, la carretera pasaba por la finca “El Hoyo”. Posteriormente, interrogado concretamente sobre “el ramal de la carretera que partiendo de la que va a La Jabonera, va hacia el cuarto de Las Tapias”, manifestó que debe tener aproximadamente 4 kms., que cruza la citada finca más o menos en una cuadra, que se construyó sobre terreno quebrado y que ello se hizo un año antes de su declaración o “un año larguito”.

En relación con los cultivos y árboles que había en esa franja de terreno, dijo: “De frutales yo no conocí por ahí, gallineros conocí varios pero no puedo dar el número exacto, lo mismo que muelles y cauchos”. Interrogado sobre el número de árboles que se derribó, dijo: “No sé mucho, pero creo que... unos 4 ó 5 gallineros”, y finalmente, sobre si el terreno ocupado se encontraba sembrado de árboles o tenía mejoras o construcciones, dijo: “Lo que había era gallineros y tunos”.

En el curso de la diligencia, se dejó constancia de que el magistrado se vio obligado a ordenar el retiro de la señora Bertilda Melgarejo, quien trató de perturbar el desarrollo de la misma, gritando que la finca no le pertenecía a Leopoldo Suárez.

De otra parte, el señor Gabriel Mesa Manrique afirmó que el tramo de la carretera que atraviesa la finca del señor Suárez Carrillo se construyó dos años atrás, e indicó que la cruza aproximadamente “una cuadra y media”, por un terreno quebrado. Indicó que “dos gallineros fue lo que tumbó el buldózer” y que nunca conoció cultivos agrícolas en ese tramo; sólo “tuno y gallineros y cauchos”, y agregó que el gallinero se utiliza “para leña” y que “en muchas partes se pierde”.

La señora María del Carmen Báez de Gil manifestó que, en la vereda, pueden cultivarse “mangos, mandarinos, maíz, yuca, frutas...”, pero expresó que, en el tramo de la carretera que pasa por la finca El Hoyo no conoció cultivos de árboles frutales y nativos, y agregó: “En el sitio donde se sacó el ramal había era espino y gallinero y ahí no se podía amarrar ni una cabra porque se ahorcaba, no había qué comieran (sic)”.

El señor Nacianceno Dávila Barrera también expresó que, en el tramo indicado, que, según dijo, atraviesa la finca “El Hoyo” en unos 100 metros, sólo había “gallineros y espinos..., guasabara de esa blanca”, y precisó que no había “ningún frutal”. Agregó que el árbol de gallinero se utiliza para leña.

En el mismo sentido, declaró el señor Jesús Dávila Gómez.

También se recibió la declaración de Fanny Delgado Espinoza, quien manifestó ser la administradora de la finca de Leopoldo Suárez e indicó que éste es su “padrino”. Su testimonio fue tachado de sospechoso por los apoderados del municipio de Soatá y del Fondo Nacional de Caminos Vecinales, dada la relación de dependencia con el representante legal de los demandantes.

Manifestó esta testigo que cuando se adelantaron los trabajos de apertura de la carretera, ya ella vivía en la casa de la finca, y que, en la zona sobre la que se construyó, había bastantes árboles gallineros, que eran “sombrío de los animales”.

Luego, expresó, refiriéndose a la zona de la finca que quedó separada del resto de ella, por la construcción de la carretera:

“...pensábamos sembrar un cultivo de lechoso o papayo, pero no se puede regar ni pasar el agua a la parte de debajo de la carretera un terreno que quedó vacío sin agua ni pastor (sic) ni nada, porque si echamos el agua la comunidad se disgusta porque se desvolcana (sic) la carretera”.

Se le preguntó, entonces, si, antes de que pasara la carretera, se desarrollaba alguna clase de labor agrícola sobre lo que hoy es la parte de abajo, y respondió que no, que era un potrero donde se sostenían varias cabezas de ganado. Y sobre si ese predio “se puede beneficiar con riego con manguera artificial, dijo: “...valdría mucho para llevar un riego artificial a ese pedazo o también por manguera”.

Sobre el tiempo durante el cual ha conocido a Leopoldo Suárez como dueño de la finca, respondió:

“Hace 15 que conozco al doctor Leopoldo Suárez y esta finca la compró en julio del 88 desde entonces él me entregó esta finca para administrarla aquí ha vivido personal pero siempre y cuando yo administre. La carretera la construyeron hace unos 2 años...”.

Declaró igualmente el señor Hernando Dávila, quien dijo ser ahijado de matrimonio de Leopoldo Suárez, y desempeñarse como administrador de la finca El Hoyo, junto con su esposa. Su testimonio también fue tachado de sospechoso por los apoderados de las entidades demandadas.

Expresó el señor Dávila que conoce la finca desde hace más de 20 años e indicó que antes estaba en poder de la señorita Berth (sic) Melgarejo, y ahora está en poder del señor Leopoldo Suárez. Sobre la vegetación existente en el lugar por donde pasó la carretera, dijo que había “unos gallineros de sombrío del ganado y para el pie más abajo había 4 matos de naranjo...”. Refiriéndose a la parte que hoy está aislada por la carretera, manifestó: “...tenemos sembrados un poco de papayos allá y tenemos un poco de semillero para sembrar allá... eso era un potrero y teníamos ganado y tenía regadío ahora no tiene regadío porque al bajar el agua se desvolcana la carretera y entonces los usuarios de la carretera nos culpan a nosotros”.

Interrogado sobre si el agua podría pasarse por alcantarilla o manguera, dijo: “De pronto sí”.

La señora Ana Bertilda Melgarejo Báez también rindió testimonio en la diligencia. Expresó tener 83 años de edad y vivir en Bogotá; agregó que no recuerda la dirección “porque me dio diabetes y estoy en otro mundo”. Interrogada sobre si tenía relación de parentesco con el señor Leopoldo Suárez, dijo:

“Ahora no, no sé si tengo parentesco. No tengo negocios ninguno (sic) con él, lo único que fue (sic) me hizo firmar un papel una noche me llevaron allá y después resultó era una escritura para quitarme la finca que fue herencia de mi padre y mi madre”.

Luego explicó que Suárez se casó con una sobrina de ella, y sobre lo que se cultivaba en el sector por donde pasa la carretera, cuando la finca era de su propiedad, dijo: “Unos árboles de gallinero y monte”, y agregó que en el sector que quedó aislado no cultivaba nada, que estaba abandonado, aunque había pasto porque tenía ganado vacuno.

Al finalizar la diligencia, el apoderado de los demandantes dejó constancia de que varios individuos “envalentonados emitían epítetos vulgares” contra su cliente, y manifestó haberse sentido amenazado.

9. Dictamen pericial rendido el 19 de julio de 1993, en el cual se establecieron las características del lote “El Hoyo” y de las construcciones y cultivos en él existentes, y se dio respuesta a los interrogantes formulados por las partes y por el tribunal (fls. 86 y ss. del c. 2).

Determinaron los peritos que el área del inmueble ocupada por el carreteable en forma permanente es de 280 metros de longitud por 6 metros de ancho, para un total de 1.680 m2, y que su valor era de $ 252.000. Indicaron, además, que el valor total del predio es de $ 15.680.000, de los cuales $ 1.031.250 corresponde a la franja que quedó aislada en virtud del mencionado carreteable, cuya área es de $ 6.875 m2.

De otra parte, avaluaron en $ 100.000 los árboles de gallinero derribados para dar paso a la vía construida.

Finalmente, se calculó en el dictamen el valor de la producción de plantas de papayo que habrían podido sembrarse en el área ocupada, así como en aquélla que resultó aislada por el carreteable, hasta cuando los demandantes cumplieran su mayoría de edad.

Con fundamento en las pruebas mencionadas, concluye la Sala, por una parte, que el primer título inscrito en la columna de falsa tradición, en el folio de matrícula inmobiliaria que identifica al predio “El Hoyo”, otorgado a favor de Elías Melgarejo, no tiene origen en un acto capaz de transferir la propiedad. En efecto, dicha columna está destinada, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 1250 de 1970, “para la inscripción de títulos que conlleven la llamada falsa tradición, tales como la enajenación de cosa ajena o la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio”.

Por esa razón, las inscripciones posteriores, correspondientes a los títulos que dan cuenta de la transmisión del derecho de éste a Aura Bertilda Melgarejo, y la transferencia del mismo por parte de ella a Sergio Antonio, David Leonardo y María Clara Suárez Melgarejo, registradas en la misma columna, tampoco pueden producir ese efecto. Éstos últimos, entonces, no son nudos propietarios del lote mencionado, dado que, conforme a lo dispuesto en el artículo 752 del Código Civil, la tradición de la nuda propiedad a su favor no fue hecha por su dueño.

No obstante lo anterior, considera la Sala demostrada la calidad de poseedores que, en la época en que se construyó el carreteable y respecto del inmueble mencionado, tenían los demandantes, quienes ejercían sus actos de señores y dueños por intermedio de su padre y representante legal. Esta conclusión se desprende de lo expresado por los declarantes Fanny Delgado y Hernando Dávila dentro de la inspección judicial practicada, quienes afirman, en efecto, que el señor Leopoldo Suárez Carrillo —cuya condición de padre de los menores Sergio, David y María Clara Suárez Melgarejo está demostrada en el proceso (fls. 30 a 32)— tomaba decisiones y realizaba actividades propias del propietario, tales como contratarlos para que se ocuparan de la administración de la finca y realizar inversiones referidas a la siembra de árboles y otros cultivos. El primero, inclusive, indica que desde 1988 el lote se encuentra “en poder” del señor Suárez Carrillo.

Advierte la Sala, además, que, no obstante las tachas por sospecha realizadas en relación con estos testimonios y la confirmación que en ellos mismos se encuentra sobre el hecho de que existía una relación de dependencia con el representante legal de los demandantes, así como sobre que éste era su padrino de matrimonio, los dichos de los señores Delgado y Dávila resultan suficientemente espontáneos y razonados, y no se observan contradicciones entre los mismos y los de los demás declarantes. Por esta razón, no pueden ser desechados y, por el contrario, merecen la credibilidad de la Sala.

Es necesario tener en cuenta que, conforme al registro efectuado en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble “El Hoyo”, la señora Bertilda Melgarejo era su usufructuaria desde el 12 de julio de 1988, pero es claro que no podía tener tal carácter, por habggerse hecho la inscripción en la columna de falsa tradición, lo que indica que no adquirió el derecho de su verdadero titular. Además, de los testimonios citados se desprende que dicha señora no desarrollaba, desde ese año, actividad alguna de goce sobre el bien, por lo cual se concluye que tampoco realizaba actos de posesión en relación con tal derecho real. Y debe anotarse, finalmente, que, aun en el evento en que la nuda propiedad y el usufructo coexistieran, como derechos legal y regularmente adquiridos, éste último no se opondría al ejercicio de la posesión por parte de quien fuera titular de aquél. Al respecto, ha expresado la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

“Si bien es verdad que el usufructo constituye un derecho real cuya titularidad corresponde al usufructuario (C.C., arts. 665 y 670) y que éste puede promover acciones de índole posesoria en defensa del goce de su derecho (C.C., art. 978), no es menos cierto que dicho usufructuario no tiene calidad de dueño del bien o bienes sobre que recae el usufructo y que, en beneficio de la coexistencia de este derecho con el de nuda propiedad, la ley considera al mismo usufructuario como mero tenedor frente al nudo propietario y atribuye a éste la posesión de los bienes mencionados (C.C., arts. 775 y 786). De manera que el nudo propietario es el poseedor de las cosas dadas en usufructo y ejerce esa posesión por conducto del usufructuario”(1).

Ahora bien, no cabe duda a la Sala de que el poseedor de un bien está legitimado en la causa para solicitar la indemnización del perjuicio causado como consecuencia de la ocupación permanente o transitoria de un inmueble por causa de trabajos públicos. En efecto, si bien aquél no es titular del derecho de propiedad, tiene otro derecho digno de tutela, reconocido y regulado por el legislador civil en su contenido, sus efectos y su forma de protección. Así lo ha reconocido esta misma Sala, en fallos anteriores(2), y ha recurrido, en algunos de ellos, a la prescripción contenida en el artículo 2342 del Código Civil, según la cual puede pedir la indemnización “no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el hagbitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho...” (se subraya)(3).

En ese orden de ideas y en vista de que no se demostró en el proceso la condición de nudos propietarios de los actores, alegada en el libelo introductorio, pero sí el ejercicio de la posesión sobre el bien por parte de los mismos, se interpretará la demanda en el sentido de entender que sus peticiones se formulan con fundamento en este último hecho.

Precisado lo anterior, encuentra la Sala, por otra parte, que está demostrada la ocupación permanente que se produjo sobre un sector del inmueble denominado “El Hoyo”, poseído por los demandantes, como consecuencia de la construcción de un carreteable que parte de la vía que conduce a Jaboneras, y sigue hacia Las Tapias. Sobre este hecho hay acuerdo entre las partes y el mismo se encuentra acreditado, además, con fundamento en la inspección judicial y el dictamen pericial practicados dentro del proceso, que dan cuenta del cumplimiento del objeto del acta de compromiso suscrita entre el Fondo Nacional de Caminos Vecinales y el municipio de Soatá el 2 de julio de 1991, referido a la construcción de dicho carreteable. 

También está demostrado que no se celebró acuerdo previo alguno con los demandantes para efectos de la indemnización del perjuicio que les causaría la ocupación, y que no han recibido una compensación por tal concepto. De algunas pruebas practicadas se deduce que, posiblemente, el municipio de Soatá había tenido algunas conversaciones al respecto con la señora Bertilda Melgarejo, pero, conforme a lo expresado, ésta última no era titular de ningún derecho real ni ejercía la posesión sobre el bien en el momento en que se inició la construcción del carreteable, que necesariamente fue posterior a la fecha del acta de compromiso citada. 

En cuanto a la entidad pública a la que puede atribuirse el perjuicio generado con la ocupación, comparte esta Sala la decisión adoptada por el tribunal. El municipio de Soatá es el llamado a responder, teniendo en cuenta que tal perjuicio tuvo su causa en la construcción de una vía que le pertenece. El Fondo Nacional de Caminos Vecinales, en cambio, intervino la construcción, exclusivamente, en cumplimiento de su función de órgano cofinanciador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º del Acuerdo 045 de 1983, expedido por su junta directiva, aprobado por el Decreto 2569 de 1983 (hoy modificado por el Acuerdo 009 de 1992, aprobado por el Decreto 1612 del mismo año), según el cual este establecimiento público tenía a su cargo, “en cooperación con los departamentos, territorios nacionales y municipios o distritos, el fomento de la construcción, el mejoramiento y la conservación de caminos vecinales o de carácter regional”, función que podía cumplir, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del mismo artículo, ejecutando “directa o indirectamente las obras relacionadas con sus objetivos...”. 

No cabe duda de que el Fondo Nacional de Caminos Vecinales fue creado con el fin de canalizar recursos que permitieran apoyar económicamente a las entidades territoriales en la construcción de sus propias carreteras, lo que implica que son estas entidades, en todos los casos, las que deben asumir la responsabilidad por los perjuicios causados como consecuencia de la expropiación o la ocupación transitoria o permanente de los bienes sobre los cuales existen derechos particulares que resultan afectados. En ese sentido, la estipulación contenida en el acta de compromiso mencionada, en relación con la obligación, por parte del municipio, de pagar las indemnizaciones “por destrucción de mejoras u ocupación permanente o temporal de predios, extracción y depósito de materiales e instalación de campamentos”, no resulta arbitraria, sino que tiene, por el contrario, claro fundamento normativo.

Se confirmará, por lo anterior, el fallo apelado en cuanto declaró la responsabilidad del municipio de Soatá y negó las pretensiones formuladas frente al Fondo Nacional de Caminos Vecinales.

En lo que se refiere al perjuicio causado, se estableció que el carreteable que comunica la Vía Jabonera con el sector Las Tapias ocupa un área de 1.680 m2 del predio “El Hoyo”, cuyo precio se calculó por los peritos en $ 252.000 el 19 de julio de 1993. Dado que se trata de un área definitivamente perdida para los poseedores, es claro que su valor debe serles pagado, a fin de reparar el daño emergente causado. Por ello, se confirmará, al respecto, el fallo de primera instancia, previa la actualización de la suma indicada hasta la fecha de esta providencia.

También se demostró que, para ejecutar la obra de construcción del carreteable, fue necesario talar algunos árboles, cuyo valor fue calculado por los peritos, en la misma fecha, en $ 100.000. Se confirmará, entonces, igualmente, el fallo apelado, en cuanto reconoció este valor en el numeral 3 de la parte resolutiva, previa la realización de la correspondiente actualización.

No encuentra esta Sala fundamento, en cambio, para la condena impuesta por el tribunal por la suma de $ 1.031.250 —incluida en el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia—, correspondiente al avalúo hecho por los peritos de la porción de terreno ubicada en la parte oriental del inmueble “El Hoyo”, que resultó separada del resto del mismo en virtud de la construcción del carreteable. Entendió dicha Corporación que si bien se estableció que esa porción de terreno, de 6.845 m2, “puede ser parcialmente utilizada, con algunas adecuaciones, para un cultivo de papaya, tomate y tabaco... no resulta equitativo que... deban sus propietarios hacer inversiones económicas para habilitarla cuando si (sic) la citada obra no hubiera (sic) tenido que hacerlas”.

Se concluye, entonces, que el tribunal ordenó el pago del precio total de la porción de terreno indicada, como si hubiera resultado perdida para sus poseedores, lo cual no tiene sustento en las pruebas practicadas. Como se reconoce en el fallo apelado, en el peritazgo se estableció que ella podía ser parcialmente utilizada, con algunas adecuaciones; sin embargo, el valor de las mismas no fue establecido en el proceso. Así las cosas, se impone restar, de la condena impuesta en el numeral 3 de la parte resolutiva de dicho fallo, el valor reconocido por el concepto indicado.

De otra parte, manifiesta el apelante, refiriéndose a las pretensiones contenidas en los literales c y d de la demanda, presentadas en la parte inicial de esta sentencia, que ha debido ordenarse el pago de “la suma de $ 10.000.000 o lo que se probó en el trámite de la primera instancia... no tanto con el criterio de que son frutos presentes o futuros, sino más bien sobre la base de que tales frutos constituyen concepto de depreciación que ha sufrido el inmueble con motivo de la construcción de la obra o carretera”, dado que “dicha obra ha depreciado el inmueble en la suma o cuantía que aquí se ha señalado como de frutos presentes o futuros”.

Agregó que si bien el valor de la depreciación “no fue debidamente precisado por los... peritos..., está entre las facultades del fallador interpretar dicho dictamen dentro de los parámetros de la sana crítica”. Solicitó, entonces, “revocar el fallo y ordenar el pago de esa suma determinada pericialmente bajo el criterio de frutos presentes o futuros, pues corresponde más bien al concepto de depreciación del inmueble...”.

En relación con estas afirmaciones del recurrente, observa la Sala, en primer lugar, que la suma de $ 10.000.000 solicitada en el literal c) de la pretensión segunda de la demanda corresponde, según lo expresado en ella misma, a “la depreciación que ha sufrido el inmueble por razón de la división irregular de la misma obra que le ha determinado al predio”. Sin embargo, la existencia de tal depreciación, constitutiva de un daño emergente, no fue demostrada en el proceso; ninguna referencia hacen a ella los peritos, y tampoco se pueden obtener conclusiones al respecto con fundamento en las demás pruebas practicadas. Así, se trata, sin duda, de un perjuicio no acreditado, que no puede ser reconocido.

Por lo demás, resulta inaceptable el planteamiento del apelante, quien solicita que se reconozca, por tal concepto, el valor calculado por los peritos en relación con el lucro cesante representado en los frutos que habrían podido derivarse de la explotación del área ocupada y de sus zonas aledañas. Es éste, sin duda alguna, un perjuicio diferente, que no se confunde con la depreciación del inmueble, y, obviamente, resultaría incompatible con el pago del precio del área ocupada, en cuanto se refiere a los frutos derivados de su posible explotación. El reconocimiento de los frutos mencionados, adicionalmente, fue negado por el a quo, con fundamento en criterios que no fueron objeto de crítica por el recurrente.

No se accederá, en consecuencia, a la petición referida a la prosperidad de la pretensión contenida en el literal c) de la demanda.

Conforme a lo expresado, se concluye que el valor total de la condena por concepto de daño emergente corresponde a las sumas de $ 252.000 y $ 100.000, para un total de $ 352.000, y teniendo en cuenta que fueron calculadas el 19 de julio de 1993, su actualización a la fecha en que se profiere esta providencia se realiza en la siguiente forma:

92
 

Finalmente, considera el apoderado de los demandantes que no se ajusta al artículo 219 del Código Contencioso Administrativo la decisión del tribunal de ordenar el descuento de la contribución de valorización, respecto de la condena impuesta, en el evento en que dicha contribución no hubiere sido pagada por aquéllos. Manifiesta que las entidades demandadas han debido, “en el peor de los casos, pedir que los señores peritos hubiesen (sic) calculado la suma a pagar por la parte actora” por ese concepto, pero ello no se determinó, seguramente porque no hubo valorización, sino depreciación...”.

Dispone la norma citada que cuando se condene a una entidad pública o a una entidad privada que cumpla funciones públicas, al pago de lo que valga la parte ocupada del inmueble, en la sentencia “se deducirá del total de la indemnización la suma que las partes hayan calculado como valorización por el trabajo realizado, a menos que ya hubiera sido pagada la mencionada contribución”.

Encuentra la Sala que, en este caso, los peritos manifestaron en su dictamen que el predio “El Hoyo” no fue mejorado, ni resultó valorizado, como consecuencia de la construcción del carreteable varias veces mencionado. Adicionalmente, no obra prueba en el expediente de que se hubiera expedido un acto administrativo de riego de valorización por parte del municipio. Por esta razón, se considera procedente revocar la decisión contenida en el numeral 4 de la parte resolutiva de la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia proferida el 30 de abril de 1996 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el presente proceso, que quedará así:

1. DECLÁRASE responsable al municipio de Soatá por los perjuicios causados a Sergio Andrés, David Leonardo y María Clara Suárez Melgarejo, como poseedores del inmueble denominado “El Hoyo”, ubicado en la vereda La Jabonera de la jurisdicción municipal de Soatá (Boyacá), como consecuencia de la ocupación permanente y parcial del mismo realizada para construir la vía carreteable que conduce al sector de Las Tapias.

2. CONDÉNASE al municipio de Soatá a pagarles a Sergio Andrés, David Leonardo y María Clara Suárez Melgarejo, hoy mayores de edad, la suma de un millón trescientos cuarenta y dos mil setenta y cinco pesos ($ 1.342.075), por concepto del daño emergente causado.

3. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. ORDÉNASE la inscripción de esta sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria 093-0009425 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Soatá (Boyacá).

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Saavedra Becerra—María Elena Giraldo Gómez—Ricardo Hoyos Duque—Alier Eduardo Hernández Enríquez—Germán Rodríguez Villamizar.

(1) Sentencia de la Sala de Casación Civil del 7 de julio de 1961, M.P. Enrique López de la Pava, G.J. Tomo XCVI, p. 142).

(2) Cfr., entre otras, sentencias del 11 de diciembre de 1992 (exp. 7403), del 2 de diciembre de 1996 (exp. 11248), del 26 de abril de 2001 (exp. 12994) y del 10 de julio de 2003 (exp. 11163-9918).

(3) Debe anotarse, por lo demás, que la Ley 135 de 1961, modificada por la Ley 30 de 1988, aplicable en la época de los hechos, y la Ley 160 de 1994, actualmente vigente, han previsto expresamente que, al efectuarse la estimación del valor del bien dentro del proceso de expropiación, debe tenerse en cuenta la necesidad de resarcir los derechos de los distintos interesados, como lo son, según el artículo 59, numeral 15, de la primera, y el artículo 33, numeral 15, de la segunda, los “titulares de derechos reales, tenedores y poseedores a quienes conforme a la ley les asista el derecho a una compensación remuneratoria...”.