Sentencia 1992-02402/13764 de marzo 1 de 2006

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Rad. 15001-23-31-000-1992-02402-01(13764)

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Actor: Alfonso Ahumada Salcedo y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Transporte - Fondo Vial Nacional; Municipio de Guateque -Boyacá-; municipio de Manta -Cundinamarca-

Bogotá, D.C., primero de marzo de dos mil seis.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los actores contra la sentencia del 30 de abril de 1997, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES:

1. Mediante demanda presentada el 12 de agosto de 1992, por medio del mismo apoderado, los señores Alfonso Ahumada Salcedo; Blanca Herminda Santana Figueroa; Alfonso Willinton Ahumada Santana; Luis Alberto Arias Dávila; Maria Deysi Castaño Jaramillo; Carlos Alberto, Blanca Fanny, Gloria Argelia y Martha Yelcy Arias Castaño; Nydia Castaño; Ciro Alfonso Barbosa; Teresa de Jesús Páez de Barbosa; José Luis, Ciro Antonio, Rafael Alfonso y William Alfonso Barbosa Páez; Álvaro Bermeo Flores; Raquel Duque de Bermeo; Sandra y Haydee Bermeo Duque; Teodolindo Gamboa, Maria Aurora Suárez de Gamboa, en nombre propio y en representación de su hijo José Eliberto Gamboa Suárez; Diógenes Parada Porras, Wilber Fredy y Leyder Parada Gamboa; Gabriel, José Miguel Ángel, José Israel, Luis Fernando y Yolanda Azucena Gamboa Suárez; Maria Helena Pulido de Herrera; José Celso, José Milton y César Alexander Herrera Pulido; José Hernando López Rodríguez, Maria Teresa Peralta de López; Blair Dalida, Raúl Hernando, Nury Jeannette y Zulma Faride López Peralta; Joselin Malpica Peñalosa, Carmen Rosa Vda de Malpica; Oscar Orlando Malpica Vargas; José Delfín Martínez; Rafaela Álvarez; Omar, Luz Marina, Orlando, Johnny y Wilson Martínez Álvarez; Maria del Carmen Mesa, en nombre propio y en representación de sus hijos menores David Roberto, Angélica y Mónica Barriga Mesa; Ricardo Pedraza; Socorro Velasco de Pedraza; José Ricardo, José Alberto, Jesús Francisco, Ana Socorro, Gloria Teresa y Sandra Patricia Pedraza Velasco; Carmen María Pérez Vda de Rodríguez; Ingrid Ivonne y Maribel Rodríguez Pérez; Laura Marcela Fernández Pérez; Pastor Riaño; Bibiana Rico de Riaño y William, Luz Niria y Jacequeline Riaño Rico, solicitaron que se declarara que la Nación - Ministerio de Transporte - Fondo Vial Nacional y los Municipios de Guateque (Boyacá) y Manta (Cundinamarca) son solidariamente responsables de los perjuicios materiales y morales que sufrieron con ocasión de la muerte de sus hijos, hermanos, madre y compañera en accidente por el desplome de El Puente “Los Micos” ocurrido el 20 de agosto de 1990 (folios 127 a 157 del cuaderno 1).

2. Los demandantes pidieron que se condenara a las entidades demandadas a pagar lo siguiente:

2.1. Por concepto de perjuicios morales en la cantidad equivalente a 1000 gramos oro, para cada uno de las siguientes personas:

A los señores Alfonso Ahumada Salcedo y Blanca Herminda Santana Figueroa, por la muerte de su hija Rocío Elizabeth Ahumada Santana; Luis Alberto Arias Dávila y Maria Deysi Castaño Jaramillo, por la muerte de su hija Olga Nancy Arias Castaño; Ciro Alfonso Barbosa y Teresa de Jesús Páez de Barbosa, por la muerte de su hija Omaira Cecilia Barbosa Páez, Álvaro Bermeo Flores y Raquel Duque de Bermeo, por la muerte de su hija Jeanneth Bermeo Duque; Teodolindo Gamboa, Maria Aurora Suárez de Gamboa, Diógenes Parada Porras, Wilber Fredy y Leyder Parada Gamboa por la muerte de su hija, compañera y madre Leticia Gamboa Suárez; Maria Helena Pulido de Herrera, por la muerte de su hija Consuelo de Los Ángeles Herrera Pulido; José Hernando López Rodríguez y Maria Teresa Peralta de López, por la muerte de su hija Belinda Yaniber López Peralta; Joselín Malpica Peñalosa y Carmen Rosa vda de Malpica, por la muerte de su hija Norma Rocío Malpica Vargas; José Delfín Martínez y Rafaela Álvarez, por la muerte de su hija Jenny Martínez Álvarez; Maria del Carmen Mesa, por la muerte de su hija Sandra Patricia Mesa; Ricardo Pedraza y Socorro Velasco de Pedraza, por la muerte de su hijo Juan Ramón Pedraza Velasco; Carmen María Pérez Vda de Rodríguez, por la muerte de su hijo Jorge Rodríguez Pérez; Pastor Riaño y Bibiana Rico de Riaño, por la muerte de su hija Sandra Patricia Riaño Rico.

2.2. Por concepto de perjuicios morales en la cantidad equivalente a 500 gramos oro, para cada uno de las siguientes personas:

Alfonso Willinton Ahumada Santana; Carlos Alberto, Blanca Fanny, Gloria Argelia y Martha Yelcy Arias Castaño, Nydia Castaño; José Luis, Ciro Antonio, Rafael Alfonso y William Alfonso Barbosa Paéz; Sandra y Haydee Bermeo Duque; José Eliberto Gamboa Suárez; Gabriel, José Miguel Ángel, José Israel, Luis Fernando y Yolanda Azucena Gamboa Suárez; José Celso, José Milton y César Alexander Herrera Pulido; Blair Dalida, Raúl Hernando, Nury Jeannette y Zulma Faride López Peralta; Oscar Orlando Malpica Vargas; Omar, Luz Marina, Orlando, Johnny y Wilson Martínez Álvarez; David Roberto, Angélica y Mónica Barriga Mesa; José Ricardo, José Alberto, Jesús Francisco, Ana Socorro, Gloria Teresa y Sandra Patricia Pedraza Velasco; Ingrid Ivonne y Maribel Rodríguez Pérez; Laura Marcela Fernández Pérez; y William, Luz Niria y Jacequeline Riaño Rico, por la muerte de sus hermanos, señores Rocío Elizabeth Ahumada Santana, Olga Nancy Arias Castaño, Omaira Cecilia Barbosa Páez, Jeanneth Bermeo Duque, Leticia Gamboa Suárez, Consuelo de Los Ángeles Herrera Pulido, Belinda Yaniber López Peralta, Rocío Malpica Vargas, Jenny Martínez Álvarez, Sandra Patricia Mesa, Juan Ramón Pedraza Velasco, Jorge Rodríguez Pérez y Sandra Patricia Riaño Rico, respectivamente.

2.3. Por concepto de “perjuicios materiales -daño emergente y lucro cesante...., en la cuantía que tenga el salario mínimo (actualizado conforme al DANE) para la fecha en que se produzca el fallo definitivo o mediante sentencia complementaria establecida y vigente en los arts. 119 y 137 del C.P.C. y 172 del C.C.A. o mediante peritos de la lista de auxiliares de la justicia o en su defecto la cantidad equivalente a cuatro mil (4.000) gramos de oro fino de conformidad con el art. 107 del C.P., teniendo en cuenta el valor que tenga el gramo de oro fino cuando la Nación de cumplimiento al art. 176 del Decreto 01 de 1984 o para la fecha en que ponga fin al proceso”, para los señores:

Alfonso Ahumada Salcedo y Blanca Herminda Santana Figueroa, por la muerte de su hija Rocío Elizabeth Ahumada Santana; Luis Alberto Arias Dávila y Maria Deysi Castaño Jaramillo, por la muerte de su hija Olga Nancy Arias Castaño; Ciro Alfonso Barbosa y Teresa de Jesús Páez de Barbosa, por la muerte de su hija Omaira Cecilia Barbosa Páez, Álvaro Bermeo Flores y Raquel Duque de Bermeo, por la muerte de su hija Jeanneth Bermeo Duque; Teodolindo Gamboa, Maria Aurora Suárez de Gamboa, Diógenes Parada Porras, Wilber Fredy y Leyder Parada Gamboa por la muerte de su hija, compañera y madre Leticia Gamboa Suárez; Maria Helena Pulido de Herrera, por la muerte de su hija Consuelo de Los Ángeles Herrera Pulido; José Hernando López Rodríguez y Maria Teresa Peralta de López, por la muerte de su hija Belinda Yaniber López Peralta; Joselín Malpica Peñalosa y Carmen Rosa vda de Malpica, por la muerte de su hija Norma Rocío Malpica Vargas; José Delfín Martínez y Rafaela Álvarez, por la muerte de su hija Jenny Martínez Álvarez; Maria del Carmen Mesa, por la muerte de su hija Sandra Patricia Mesa; Ricardo Pedraza y Socorro Velasco de Pedraza, por la muerte de su hijo Juan Ramón Pedraza Velasco; Carmen María Pérez Vda de Rodríguez, por la muerte de su hijo Jorge Rodríguez Pérez; Pastor Riaño y Bibiana Rico de Riaño, por la muerte de su hija Sandra Patricia Riaño Rico.

3. En apoyo de sus pretensiones, los demandantes narraron los hechos que se pueden sintetizar de la siguiente manera:

• Los días 18, 19 y 20 de agosto de 1990, el Centro de Enseñanza Paramédica -autorizado por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá mediante Resolución 189 de 1985-, programó, con alumnos de ese plantel, prácticas de salvamento en los municipios de Guateque y Manta, para lo cual informó el hecho a las autoridades policivas y administrativas de esas localidades.

• El último día de la visita académica -20 de agosto de 1990- alumnos e instructores se disponían a iniciar la práctica y mientras organizaban los elementos pertinentes, uno de los instructores “hizo una revisión a simple vista del puente, pero como no iban a trabajar sobre él ni estaba programado trabajar sobre él, los muchachos se subieron desprevenidamente toda vez que no habían sido advertidos con anterioridad de peligro”.

• Cuando cerca de 30 estudiantes se encontraban en el Puente “Los Micos”, situado en los límites de los Municipios de Manta y Guateque, la estructura cedió, produciéndose el desplome y consecuente avalancha de materiales que ocasionaron la muerte de 15 personas por traumas cranoencefálicos, sumersión y ahogamiento.

• Minutos antes del accidente, “pasó un campesino con una recua de mulas superior a nueve (9)” y como no existían señales físicas de deterioro del puente o de prevención, peligro o que indicaran su capacidad, los estudiantes e instructores “se subieron desprevenidamente a ese lugar.

El hecho se produjo, entonces, por la falta del servicio de las entidades demandadas que “consistió en no hacerle mantenimiento al puente ‘Los Micos’, vereda Las Juntas que une a los municipios ... como tampoco una señalización para la utilización del mismo. Igualmente tampoco se procedió por parte de las autoridades correspondientes a colocar ningún aviso que advirtiera peligro. Por lo tanto, el servicio no funcionó adecuadamente y produjo la muerte y las lesiones de todas las personas ya mencionadas”.

4.1. La demanda fue admitida y notificada en debida forma. Dentro del término de fijación en lista, la Nación - Ministerio de Obras Públicas y Transporte -Fondo Vial Nacional-, contestó la demanda para oponerse a las pretensiones de la misma. Al exponer sus razones de defensa, manifestó, en resumen, lo siguiente:

El Fondo Vial Nacional no tiene a su cargo el mantenimiento ni la señalización del Puente “Los Micos”, pues esa construcción no hace parte de la red vial nacional sino que corresponde a una “trocha intermunicipal” y, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 64 de 1967, la competencia de dicha entidad está limitada a la construcción y conservación de la red vial.

Al Ministerio de Obras Públicas y Transporte no le corresponde mantener y conservar las vías del país, como quiera que la Ley 64 de 1967 y el Decreto 1173 de 1980 fueron claros en establecer que corresponde a ese ministerio ejecutar, formular y orientar la política vial nacional. Propuso, en consecuencia, la que denominó excepción de “inexistencia de la obligación a cargo de las demandadas e indebida representación de las mismas”, en tanto que la demanda se instauró contra personas diferentes a las que corresponde el mantenimiento y señalización del puente (folios 253 a 257 del cuaderno 1).

No obstante lo anterior, manifestó que no existe relación de causalidad entre el daño y la supuesta falla del servicio imputable a los municipios, toda vez que las verdaderas causas del accidente fueron la imprudencia de las mismas víctimas y la falta de cuidado de los instructores que, para realizar actividades peligrosas, debían evaluar las circunstancias de modo, tiempo y lugar para detectar los posibles riesgos. Por esta razón, formuló la excepción de culpa exclusiva de las víctimas.

4.2. Oportunamente, mediante apoderado, el Municipio de Guateque se opuso a las pretensiones formuladas en la demanda y esgrimió los argumentos que se resumen a continuación: (folios 188 a 193 del cuaderno 1).

El municipio no es responsable por los perjuicios causados a las víctimas porque el hecho generador surge de la imprudencia de los estudiantes y la imprevisión de los instructores. Es indiscutible que el puente Los Micos se desplomó porque no soportó el peso de los estudiantes, de tal forma que la causa del hecho no fue la falta de mantenimiento ni de señalización del puente, pues “el mantenimiento normal hubiera podido ocasionar la misma tragedia”. En consecuencia, sostuvo que se presenta la “imprudencia de las víctimas” y “culpa exclusiva de las víctimas” como eximentes de responsabilidad del Municipio de Guateque.

De otra parte, el demandado manifestó que las normas del Código Nacional de Tránsito y Transporte citadas por el demandante para sustentar la falla en el servicio no son aplicables para el municipio, en tanto que el deber de señalización de carreteras sólo es exigible en las vías carreteables y no para caminos veredales o peatonales, como es el caso del puente “Los Micos”.

Finalmente, el apoderado del Municipio de Guateque dijo que esa entidad territorial no es responsable por el mantenimiento y señalización del sitio donde ocurrió el accidente, puesto que el puente se construyó y se conservó por la propia comunidad beneficiada con el mismo. En consecuencia, si el municipio nunca estuvo obligado a la construcción, reparación y conservación del puente “Los Micos” no puede ahora sostenerse que está obligado a reparar los perjuicios causados con la muerte de los estudiantes. Por lo tanto, considera que, “por ausencia de responsabilidad del Municipio de Guateque”, deben denegarse las pretensiones de la demanda.

4.3. También de manera oportuna, el Municipio de Manta, mediante apoderado, se opuso a las pretensiones formuladas en la demanda, con base en los planteamientos que se resumen así: (folios 199 a 248 del cuaderno 1).

Después de oponerse a las pretensiones, de no aceptar los hechos tal y como fueron descritos e impugnar la solicitud de pruebas de la demanda, el apoderado del Municipio formuló las excepciones que denominó “no estar dirigida la demanda contra la institución que construyó directamente el puente materia de accidente”, “ausencia de presupuestos procesales de la acción” y “no contener la demanda la integración del litis consorcio necesario; es decir no estar dirigida contra todas las personas responsables de la ejecución de la obra”.

En relación con la primera, manifestó que la construcción del puente “Los Micos” se efectuó por las juntas de acción comunal de los municipios que se beneficiaron con ella, quiénes recaudaron los recursos y consiguieron las personas que trabajaron en la obra. Luego, esa entidad no participó ni directa ni indirectamente en la construcción del puente ni tenía a su cargo su conservación y mantenimiento. En cuanto a la excepción por ausencia de presupuestos procesales de la acción, el apoderado del municipio dijo que la demanda no expresó los motivos por los cuales considera vulneradas las normas que constituyen los fundamentos de derecho de sus pretensiones, tal y como lo ordena el artículo 137, numeral 4º, del Código Contencioso Administrativo. Finalmente, en relación con la ausencia de integración del litisconsorcio necesario, adujo que el puente desplomado fue construido por el señor Aníbal Sandoval Duarte, por lo que él debió ser demandado “para que en forma solidaria hubiese entrado a responder por presuntas fallas en las estructuras y capacidad del puente”.

Finalmente y luego de realizar amplias transcripciones de apartes de sentencias y de doctrinantes nacionales y extranjeros en los temas de falla en el servicio, la solidaridad contractual de los constructores, la carga de la prueba del constructor y el nexo de causalidad en la falla, concluye que, en el presente asunto, el demandante no logró demostrar la falla en el servicio atribuible al municipio, en tanto que, de un lado, no se probó que la administración fuera advertida del peligro sin que tomara las medidas necesarias y, de otro, tampoco se demostró que el accidente se produjo en horas del servicio, en el lugar o como instrumento del servicio.

5. El a quo decretó pruebas mediante auto del 14 de julio de 1993 (folios 1 a 4 del cuaderno 5). Vencido el período probatorio, se citó a audiencia de conciliación. Sin embargo, por no existir ánimo conciliatorio, el proceso continuó (folios 322 y 323 del cuaderno 1).

6. Mediante auto del 13 de diciembre de 1995, el Tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (folio 324 del cuaderno 1).

Oportunamente, los apoderados de la parte demandante y del Municipio de Manta presentaron sus alegatos de conclusión para reiterar los criterios expresados en la demanda y la contestación de la demanda, respectivamente (folios 326 a 331 del cuaderno 1).

Finalmente, el representante del Ministerio Público afirmó que, de acuerdo con el abundante caudal probatorio que se encuentra en el proceso, es posible colegir que deben denegarse las pretensiones de la demanda porque no se demostró la falla en el servicio sino que, por el contrario, se evidenció la culpa exclusiva de las víctimas. Al respecto concluyó:

“...de los testimonios recogidos en el proceso y de lo directamente observado en la diligencia de inspección judicial practicada por el señor Magistrado conductor del proceso, se deduce claramente que la caída del puente de ‘Los Micos’ que comunica dos veredas de los municipios de Manta y Guateque, ocurrió sin lugar a dudas por el sobrepeso que soportó la frágil estructura... lo anterior significa que hubo una total falta de prevención de las personas encargadas de la práctica estudiantil, pues al permitir que tal cantidad de jóvenes se subieran al mismo tiempo al puente, constituye una imprudencia mayúscula de la que también fueron responsables las propias víctimas, pues el riesgo era inminente por simple sentido común y pese a ello lo asumieron con las nefastas consecuencias de que da cuenta el proceso” (folios 332 a 335 del cuaderno 1).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante Sentencia del 30 de abril de 1997, el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió denegar las súplicas de la demanda. Fundamentó su decisión en la siguiente forma (folios 339 a 380 del cuaderno 1):

Expresó, en primer lugar, que las excepciones propuestas por las entidades demandadas no prosperan por los siguientes motivos:

En cuanto a los argumentos expuestos por el apoderado del Municipio de Manta, el Tribunal dijo: i) no prospera la excepción según la cual la demanda no se dirigió contra el constructor del puente o, falta de legitimación por pasiva, en tanto que no se probó que la Dirección Departamental de Acción Comunal, ente de la cual dependen las juntas de acción comunal, sea sujeto de derecho con capacidad para ser demandado; ii) en relación con la denominada ausencia de presupuestos procesales de la acción, el Tribunal sostiene que si bien es cierto el concepto de violación de las normas que se invocan es fundamental en las acciones de nulidad, no lo es menos que en los procesos de reparación directa el juez puede analizar la ley aplicable aunque no haya sido invocada por el demandante, en tanto que opera el principio del iura novit curia y, iii) tampoco prospera el argumento de ausencia de integración de litisconsorcio necesario porque en este asunto no se evidencia que la naturaleza de las relaciones objeto de litigio o la ley exijan la vinculación obligatoria del constructor del puente, que son las dos fuentes orientadoras del litisconsorcio necesario, en los términos de los artículos 51 y 83 del Código de Procedimiento Civil. Pero, incluso, en los casos en los que se condena al Estado, la ley impone la obligación de repetir contra el agente causante del daño, lo cual evidencia que en materia contencioso administrativa sólo existe el litisconsorcio facultativo.

Respecto de las denominadas excepciones formulados por el apoderado del Ministerio de Obras Públicas y Transporte -Fondo Vial Nacional, encontró que no constituyen excepciones en sí mismas sino argumentos dirigidos a negar el derecho afirmado por el actor por exclusión de la responsabilidad de esa entidad en la ocurrencia de los hechos que originan el presente proceso. Por consiguiente, el Tribunal se abstuvo de analizar esos argumentos como excepciones y los estudió al momento de definir de fondo el asunto planteado.

En segundo lugar, encontró probado, de un lado, que, en desarrollo de unas prácticas académicas, varios estudiantes murieron al desplomarse el puente “Los Micos”, ubicado en jurisdicción de los municipios de Guateque y Manta y, de otro, que el centro educativo que dirigió las prácticas “en ese momento y fecha del accidente carecía de respaldo legal”. En cambio, según el Tribunal no se pudo demostrar que el instituto hubiere comunicado a las autoridades locales que se realizarían tareas en ese lugar, por lo cual concluye que “las autoridades locales estaban relevadas, en principio, de la custodia y seguridad del grupo que se encontraba a órdenes del Director del establecimiento”.

De otra parte, a juicio del Tribunal aparece claro en el expediente que la causa inmediata de la producción del hecho dañino es el sobrepeso del puente veredal, pues su estructura rudimentaria muestra que su capacidad estaba reducida al paso de pocas personas y, el día de los hechos, se encontraban más de 20 personas sobre su estructura. Por tal razón, considera que el hecho generador del daño no puede ser atribuido a las autoridades demandadas, por las siguientes dos razones:

La primera, porque el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el Fondo Nacional Vial únicamente tienen el deber legal y reglamentario de construir y mantener las carreteras nacionales y como en este caso, se trata de un puente peatonal al que se llegaba por “trocha”, esas entidades no estaban obligadas a conservar ni señalizar el puente “Los Micos”. Y, la segunda, porque “no es posible afirmar entonces, que hubo una omisión en cabeza de las entidades públicas de orden municipal referidas, por cuanto ... ni su construcción ocurrió por cuenta de las mismas, ni tampoco su conservación y mantenimiento correspondía a tales entidades... no se había cedido al Municipio de Guateque o de Manta, luego no podían abrogarse una competencia que no tenían jurídicamente”.

Finalmente, el Tribunal consideró que se presentó causal de exoneración de la responsabilidad consistente en culpa exclusiva de las víctimas, como quiera que los estudiantes obraron en forma imprudente y no atendieron los llamados de los campesinos de la región en relación con la escasa capacidad del puente.

III. RECURSO DE APELACIÓN:

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia de primera instancia, la parte actora interpuso recurso de apelación y, mediante nuevo apoderado, sustentó el recurso con fundamento en los siguientes argumentos (folios 391 a 400 del cuaderno 1):

Manifestó que el Tribunal desconoció las pautas jurisprudenciales contenidas en las sentencias del 31 de agosto de 1983, expediente 10.763 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y del 24 de octubre de 1981, expediente 6472 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según las cuales los deberes de conservación y adecuada señalización de las vías públicas no son imputables a los entes municipales sino a la nación, en tanto que son bienes públicos cuyo uso y goce sin riesgos innecesarios para los particulares debe ser garantizado por el Estado.

Contrario a lo expresado en la sentencia, a juicio de los demandantes, el presente asunto no debe ser estudiado a la luz de la falla en la vigilancia, pues no es razonable sostener que “para transitar por las vías públicas se requiera el aviso previo a las autoridades”, sino que debía ser analizado a partir de los regímenes de responsabilidad objetiva, según los cuales la administración “responde no porque haya obrado incorrectamente... sino simplemente por el hecho material de haberse causado un daño”.

El accidente es imputable a las entidades demandadas solidariamente, puesto que, en contra de la conclusión obtenida por el Tribunal, no se demostró que se estuviera en presencia de la culpa exclusiva de las víctimas. Por lo tanto, “en el peor de los eventos, ha debido dar aplicación al artículo 2357 del C. Cil que dispone: la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.

Por otra parte, consideró que la sentencia se contradijo al afirmar, de un lado, que la construcción del puente estuvo a cargo de un particular por lo que las entidades públicas no estaban obligadas a conservarlo y, de otro, que como el puente se había convertido en un bien de uso público, la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer del asunto.

La apelación fue concedida mediante auto del 28 de mayo de 1997 y admitida el 31 de julio siguiente (folios 384 y 388 del cuaderno 1). Corrido el traslado a las partes para alegar, y al Ministerio Público para rendir concepto, intervino el apoderado del Municipio de Manta y de la parte actora, quienes insistieron en los argumentos expuestos en otras etapas del proceso (folios 406 a 412 del cuaderno 1). Los demás sujetos procesales guardaron silencio (folio 413 del cuaderno 1).

V. CONSIDERACIONES:

PRECISIONES INICIALES 

El Municipio de Manta formuló las excepciones que denominó “no estar dirigida la demanda contra la institución que construyó directamente el puente materia de accidente”, “ausencia de presupuestos procesales de la acción” y “no contener la demanda la integración del litis consorcio necesario; es decir no estar dirigida contra todas las personas responsables de la ejecución de la obra”.

En relación con los argumentos según los cuales la demanda se dirigió contra entidades que no construyeron el puente cuya destrucción originó el presente asunto, para la Sala es claro que constituyen la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Y, como lo ha advertido esta Corporación(1) en reiteradas oportunidades, la ausencia de legitimación en la causa no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre la demanda formulada, dado que no se trata de un elemento de la acción, sino de la pretensión. Es, en ese sentido, una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrado la imputación del daño a la parte demandada.

En cuanto a la excepción de ausencia de presupuestos procesales de la acción o ineptitud de la demanda, para la Sala también es claro que no debe prosperar por dos razones: La primera, la simple interpretación literal del artículo 137, numeral 4º, del Código Contencioso Administrativo muestra que la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de violación procede “cuando se trate de impugnación de un acto administrativo”. De hecho, esos requisitos constituyen condición sustancial sine qua non para que pueda adelantarse el estudio de fondo de las demandas instaurados en ejercicio de las acciones de nulidad (simple, de carácter electoral y la de nulidad y restablecimiento del derecho), pero no puede predicarse lo mismo en tratándose de los procesos de reparación directa. La segunda, porque los requisitos de la demanda contencioso administrativa deben ser congruentes con la naturaleza de la acción que se ejercita. De esta forma si con la acción de reparación directa se pretende reparar daños causados por hechos, omisiones, operaciones administrativas u ocupaciones de inmuebles por trabajos públicos, entre otras causas (artículo 86 del Código Contencioso Administrativo), es lógico deducir que, por regla general, en esta vía no se discute necesariamente la violación de normas superiores o la existencia de decisiones administrativas ilegales que exija la invocación de las primeras y la explicación del concepto de violación exigido en la norma objeto de estudio. Por esta misma razón, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha concluido que, en las acciones de reparación directa, procede la aplicación del principio iura novit curia.

Aclarado lo anterior, la Sala procede a estudiar los argumentos expresados por las partes dirigidos a analizar si existe responsabilidad extracontractual de las entidades demandadas.

AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS. CULPA EXCLUSIVA DE LAS VÍCTIMAS 

1. Con fundamento en las pruebas practicadas, se tiene que están demostrados los daños de los cuales, según lo expresado en la demanda, se derivan los perjuicios cuya indemnización se solicita.

Tal y como consta en las copias de los registros civiles de defunción de la Notaría Única del Municipio de Guateque, que obran en el expediente, el 20 de agosto de 1990, en ese municipio del Departamento de Boyacá, murieron los señores Rocío Elizabeth Ahumada Santana cuyas causas registradas fueron “hemorragia intracerebral, fractura de cráneo, trauma craneoencefálico” (folio 36 del cuaderno 1); Olga Nancy Arias Castaño con causa denominada “politraumatismo -ahogamiento-” (folio 80 del cuaderno 2); Omaira Cecilia Barbosa Páez cuyas causas registradas fueron “edema agudo pulmonar, accidente por sumersión -trauma craneoencefálico contundente” (folio 48 del cuaderno 1); Jeanneth Bermeo Duque, cuyas causas registradas fueron “hemorragia intracerebral -fractura cráneo TCE. contundente” (folio 53 del cuaderno 1); Leticia Gamboa Suárez, con causa denominada “hemorragia intracerebral -fractura cráneo TCE. contundente” (folio 66 del cuaderno 1); Consuelo de Los Ángeles Herrera Pulido, murió por “edema agudo pulmonar, accidente por sumersión -fractura cráneo contundente” (folio 74 del cuaderno 1); Belinda Yaniber López Peralta, cuyas causas registradas fueron “hemorragia intracerebral -fractura cráneo TCE. contundente” (folio 75 del cuaderno 1); Norma Rocío Malpica Vargas, cuyas causas registradas fueron “hemorragia intracerebral -fractura cráneo TCE. contundente” (folio 82 del cuaderno 1); Jenny Martínez Álvarez, murió por “hemorragia intracerebral -fractura cráneo TCE. contundente” (folio 92 del cuaderno 1); Sandra Patricia Mesa, cuyas causas de muerte registradas fueron “hemorragia intracerebral -fractura cráneo TCE. contundente” (folio 99 del cuaderno 1); Juan Ramón Pedraza Velasco, cuya muerte se produjo por “edema agudo pulmonar- accidente por sumersión” (folio 107 del cuaderno 1); Jorge Rodríguez Pérez, cuyas causas registradas fueron “hemorragia intracerebral -fractura cráneo TCE. Contundente múltiple” (folio 113 del cuaderno 1); y Sandra Patricia Riaño Rico, murió por “edema agudo pulmonar- accidente por sumersión” (folio 116 del cuaderno 1);

2. En relación con la ocurrencia del accidente y las circunstancias de tiempo, modo y lugar, obran en el proceso las siguientes pruebas:

a. Oficio número 049 CEMAN del 20 de noviembre de 1991 suscrito por el Dragoneante Israel Beltrán Torres, Comandante de la Estación de Policía de Manta, con el cual informó que, de acuerdo con los libros de registros, el 20 de agosto de 1990, aproximadamente a las 9:30 de la mañana “salió todo el personal que se encuentra en la Estación para la vereda de Cabrera con el fin de constatar el accidente paramédico (sic) aproximadamente 66 alumnos del Instituto de Enseñanza Paramédico” (folios 120 y 121 del cuaderno 1).

b. Oficio número 0268 del 29 de julio de 1991 suscrito por el Teniente John Jairo Ramírez Martínez, Comandante de la Estación de Policía de Guateque, por medio del cual informó que, según consta en la minuta de guardia del 20 de agosto de 1990, ese mismo día salieron agentes “con destino a la vereda Juntas, sitio el puente entre los municipios de Guateque y Manta, según la ciudadanía informó sobre una tragedia en el sitio antes mencionado... a las 16:20 horas, salida del Agente Tovar Tovar Essau, con destino Súnuba, fin sacar cadáver río Súnuba... 16:30 horas salió el Agente Pérez Alarcón Baudilio, con destino al hospital de esta localidad, fin recolectar y constatar datos de heridos y muertos han llegado al sitio de la tragedia...” (folios 122 a 124 del cuaderno 1).

c. Testimonio de Yicel Córdoba Amarillo, estudiante del Centro de Enseñanza Paramédica que se encontraba en el momento de los hechos. Hizo el siguiente relato:

“nos levantamos como a las siete u ocho de la mañana del día 20 de agosto de 1990, entonces los instructores a cargo hicieron las revisiones normales. Se desayunó y nos dirigimos hacia el puente Los Micos. Habíamos como unas veinte personas en el puente yo estaba en la mitad con mis amigas, estábamos observando tensiones que son cuerdas de seguridad y fue cuando se cayó el puente” (folios 477 y 478 del cuaderno 2)

d. Testimonio de Jenny Lisette Ferrer Suárez, instructora del Centro de Enseñanza Paramédica que resultó herida en el accidente. Al respecto describió lo siguiente:

“Yo no recuerdo muy bien a la hora que llegamos al puente pero eran más o menos las nueve de la mañana. Yo estaba con Sandra Riaño que era mi compañera, las dos fuimos al puente, después salimos de ahí a llamarle la atención a unos muchachos de primero que estaban fumando, porque era prohibido durante la práctica y de ahí regresamos otra vez al puente. Nos sentamos como a la cuarta parte del puente o sea de Manta a Guateque, ahí más o menos eran las diez de la mañana, cuando sentí como si alguien me empujara la espalda y me botara, yo me caí y pasé por encima de una soga de acero, yo sufrí una quemadura en el abdomen y di el bote por encima y quedé cogida del mismo... no se cuanta gente había encima del puente pero más o menos de veinticinco a veinte personas” (folio 478 rv del cuaderno 2)

e. Testimonio de Luis Eduardo Romero Anturi, estudiante del Centro de Enseñanza Paramédica que presenció el accidente. Él describió lo observado así:

“Los hechos ocurrieron más o menos a las 10 o 10 y media de la mañana no recuerdo el tiempo exacto pero creo que eso fue el 20 de agosto creo que del año 90. Nos disponíamos a hacer una práctica de descenso por cuerdas de un puente, se corrige, desde un puente, y nos encontrábamos instalando las cuerdas de seguridad que consistía en una cuerda que atraviesa el río y muchos de los compañeros se dedicaban a esperar el inicio de la práctica. Yo me encontraba en la parte interior en la orilla del río, hacia el lado del municipio de Manta cuando de un momento a otro escuché un gran ruido, volteé a mirar y vi como se desplomaba el puente en el cual se encontraban varios de mis compañeros. Después observé como les caían las tablas encima, me dispuse a correr hacia la parte donde se unen los dos ríos a tratar de ayudar a salir a algunas personas, ayudé en el rescate de algunas de ellas y a otros me vi sin nada que pudiera hacer en ese momento. Fueron muchas las personas que murieron en ese hecho y que algunos fueron rescatados de momento y otras personas fueron arrastradas por el río” (folio 481 del cuaderno 2)

f. Testimonio de Martín Eduardo Yánez Salamanca, estudiante del Centro de Enseñanza Paramédica que presenció los hechos y los narró así::

“... nos levantamos por la mañana, desayunamos común y corriente y nos reunimos para planear el trabajo del día, entre esos planes estaba el de pasar el río de orilla a orilla, el cual no se pudo realizar ya que no pudieron pasar al otro lado porque el río estaba muy crecido, entonces se decidió hacer una práctica de salto en el puente. Cuando llegamos al puente la mayoría de nosotros estábamos a lo largo del puente viendo como hacían el anclaje que era atar una soga en el puente y la otra era hasta una orilla del río, eso era hacer un salto libre. Transcurrieron por ahí cinco a diez minutos mientras se hacía el anclaje cuando se cayó el puente. El puente era un colgante, así físicamente se veían los cables oxidados, los pisos carcomidos, así a simple vista no se veía ningún riesgo. Al ver que no podíamos hacer la prueba del río, o sea eran dos las pruebas del río y la del puente, como no se pudo hacer la del río fuimos hacia el puente y ahí fue donde ocurrió la tragedia” (folio 498 del cuaderno 2)

g. Con la demanda, se aportó el original de la publicación en el diario El Tiempo de Bogotá de fecha 22 de agosto de 1990, en el cual se informa sobre la ocurrencia de un accidente por el desplome del puente “Los Micos” con la consecuente muerte y lesiones de varias personas. Sin embargo, como bien lo ha advertido esta Sección en anteriores oportunidades(2), las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas pruebas testimoniales porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio (artículo 228 C.P.C.), por lo que sólo pueden ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y no de la veracidad de su contenido. En consecuencia, el ejemplar acompañado al expediente sólo prueba que allí apareció una noticia, no la veracidad de su contenido (folio 179 del cuaderno 1).

El conjunto de pruebas que obran en el expediente permiten a la Sala concluir que se encuentra demostrado que la muerte de los estudiantes del Centro de Enseñanza Paramédica, ocurrida el 20 de agosto de 1990, se produjo porque la estructura del puente denominado “Los Micos”, ubicado entre los municipios de Guateque y Manta, cedió y produjo su destrucción total.

Así las cosas, demostrada la ocurrencia del hecho que originó los daños reclamados, es preciso continuar con el análisis de sí dicha causa es imputable a las entidades demandadas. De hecho, el apoderado de la demandante, en primera instancia, sostuvo que existió falla en el servicio imputable a las entidades demandadas. A su turno, las entidades demandadas presentaron excepción de culpa exclusiva de la víctima, que excluye su responsabilidad. Y, finalmente, el apoderado de los demandantes, en segunda instancia, insiste en que el juez simplemente debe limitarse a analizar si existió el daño, en tanto que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 de la Carta, el título de imputación que origina la responsabilidad del Estado debe ser objetivo, pues lo realmente importante es la ocurrencia de un daño antijurídico que debe ser indemnizado.

3. Imputación jurídica y fáctica

Es cierto que la interpretación inicial que la jurisprudencia hizo del artículo 90 de la Constitución se fundamentó en la teoría de la lesión originalmente sostenida por el profesor Eduardo García de Enterría con ocasión del análisis del artículo 106 de la Constitución Española, según la cual siempre que exista una lesión o menoscabo de los derechos de una persona que no está obligado jurídicamente a asumir, el Estado debe indemnizar los perjuicios causados. Por tal razón, inicialmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que la responsabilidad del Estado, una vez expedida la Constitución Política de 1991, pasó a ser puramente objetiva y, en consecuencia, la víctima del daño antijurídico ya no tenía a su cargo la carga procesal de demostrar la existencia de la falla en el servicio(3).

Sin embargo, con posterioridad, la misma Sección reformuló su interpretación del artículo 90 superior y concluyó que la responsabilidad del Estado se origina, de un lado, cuando existe una lesión causada a la víctima que no tiene el deber jurídico de soportar y, de otro, cuando esa lesión es imputable fáctica y jurídicamente a una autoridad pública. De hecho, esa tesis fue avalada por la Corte Constitucional en sentencia C-333 de 1993, en la cual expresó que "es menester, que además de constatar la antijuricidad del daño, el juzgador elabore un juicio de imputablidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la imputatio juris además de la imputatio facti"(4).

En consecuencia, para establecer la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado corresponde analizar: i) la existencia de un daño antijurídico, ii) la imputación jurídica y fáctica, que en el asunto concreto, corresponde a la falla en el servicio y, iii) el nexo causal entre el daño y la falla en el servicio.

Ahora bien, en relación con la falla en el servicio, también ha sido reiterado en múltiples oportunidades por la jurisprudencia de esta Sala que el hecho exclusivo y determinante de la víctima, culpable o no, constituye causal de exoneración de la responsabilidad, pues no sólo debe demostrarse la ocurrencia del daño sino también debe probarse la relación directa e inmediata entre la conducta del Estado y el daño causado. Por lo tanto, dicha circunstancia tiene la plena capacidad para romper el nexo de causalidad, en tanto que resulta evidente que la verdadera causa del daño no es atribuible al Estado sino a la misma víctima.  

En el asunto objeto de estudio, las entidades demandadas formularon la excepción de culpa exclusiva de la víctima, por lo que es necesario averiguar si realmente se presentó esa causal de exoneración de responsabilidad. Para ello es necesario averiguar cuál fue la causa adecuada y eficiente en la producción del daño, pues como lo ha advertido la doctrina, la teoría de la causa adecuada es “en la actualidad la posición dominante en la doctrina comparada en materia de relación causal, tanto en el campo penal como en el civil”(5). Según esta interpretación, para que exista relación causal, “la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente”(6).

Así las cosas, como lo ha advertido esta Sala, para que exista relación de causalidad entre el perjuicio y el hecho, la omisión o la operación administrativa imputable a la entidad demandada, es necesario demostrar que aquellas circunstancias que le preceden al daño fueron idóneas, eficientes y adecuadas, esto es, decisivas para su producción.

Ahora bien, los demandantes sostienen que la verdadera causa del accidente fue la falla en el servicio consistente en la ausencia de mantenimiento del puente y la falta de señalización, pues a simple vista las condiciones del mismo eran óptimas. Las pruebas que apoyan esa versión son las siguientes:

a) Testimonio de Consuelo Alvarado Sánchez, exalumna del Centro de Enseñanza Paramédica que, a pesar de que no se encontraba en el momento de los hechos, realizó las mismas prácticas en ocasiones anteriores. Hizo el siguiente relato:

“En el año 87 fui a la práctica de todo lo que nos habían enseñado. El puente era colgante con cables de acero, el piso del puente era en tablas. En todo caso, eso resistía porque todo el mundo pasaba por ahí. Allá pasaban caballos, vacas, mulas, los campesinos, nosotros. El único puente que unía a los dos municipios de Manta y Guateque era ese”

Y, a la pregunta de si en alguno de los extremos del puente existía una señal que informara la capacidad del mismo, la declarante agregó:

“No existía ninguna señal, ni ningún aviso, ni ninguna persona nos decía porque todas pasábamos por ahí (folio 498 del cuaderno 2)

b. Testimonio de Lili del Pilar Cubillos León, estudiante del Centro de Enseñanza Paramédica que presenció el accidente. Al respecto dijo que “ninguna señal había.- Yo no vi ninguna señal”. Y, en relación con el estado del puente dijo:

“... el puente es en tablas y con un cable de aluminio grueso y barandales, una baranda cada lado. Es un puente colgante... PREGUNTADO: Dígale al despacho si el puente presentaba signos de estar deteriorado o de ofrecer peligro a quienes quisiera hacer uso de él?. CONTESTÓ: Sinceramente nadie se hizo esa pregunta o por lo menos yo no me la hice. Pues (sic) la apariencia era de un puente de pueblo. Que yo sepa nadie miró el puente o lo inspeccionó porque me imagino que de pronto hubiera sido necesario” (folio 483 rv del cuaderno 2)

c. En la declaración rendida por la estudiante Jenny Lisette Ferrer Suárez, quien, como se dijo, presenció los hechos, también afirmó que el puente “se veía en buenas condiciones” y que “no había señalización y pues como le digo no había sino una casita al otro lado, con los de la casita no tuve información, pero no había señales por ningún lado” (folio 479 del cuaderno 2).

d. Testimonio de la señora Consuelo Alvarado Sánchez, exalumna del Centro de Enseñanza Paramédico, quien no estuvo en el accidente pero con anterioridad había ido a adelantar sus prácticas en el mismo sitio de los hechos, manifestó, en lo pertinente, lo siguiente:

“...Realmente el puente era la única vía de acceso de los municipios de Manta y Guateque o sea se comunicaba y no tenía ninguna señalización de cuánto era la capacidad que podía soportar. Cuando nosotros llegábamos allá como norma de seguridad revisábamos las estructuras del puente para poder hacer las prácticas, se veía un puente sólido, realmente no se notaba ninguna falla, era un puente colgante con estructura metálica y el piso de madera gruesa. En los días de práctica yo veía pasar mucha gente, los campesinos que pasaban con sus mulas y el mercado madera (sic) pasaban por el puente que era la única vía de acceso para la comunicación entre los dos municipios” (folio 495 del cuaderno 2).

e. En el mismo sentido, respecto de la ausencia de señalización que indicara peligro o riesgo por la capacidad del puente y sobre el buen estado aparente del mismo existen los testimonios de los señores Martín Eduardo Yánez Salamanca y Luis Eduardo Romero Anturi, alumnos del centro educativo que presenciaron los hechos (folios 498 y 481 del cuaderno 2, respectivamente).

Por su parte, las entidades demandadas consideran que las verdaderas causas del accidente fueron, de un lado, el exceso de peso al que se vio sometido el puente y, de otro, la falta de cuidado e imprudencia de las víctimas al subirse a dicha estructura sin las precauciones necesarias.

En relación con las pruebas que permitirían apoyar esas conclusiones se encuentran las siguientes:

a) Testimonio de Pedro Antonio Méndez Bermúdez, quien el día de los hechos se desempeñaba como Alcalde del Municipio de Manta. Sobre las causas del accidente manifestó lo siguiente:

“... se rumoraba por varias personas del lugar, que la caída del Puente se había producido por el exceso de personas que estaban meciéndose en el momento que se descolgó, estas versiones son de personas que se encontraban en del (sic) lado y lado del puente, y afirmaban que estaban en ese momento algunas de las personas... haciendo una demostración de habilidad sobre una soga que habían extendido de lado a lado y que en esa demostración sólo estaban cinco o seis personas y el resto de paramédicos, en aproximación de más de treinta y cinco se encontraban sobre el puente mirando la demostración que estaban practicando en ese momento los compañeros” (folio 50 del cuaderno 4)

b. Testimonio de Antonio Gaitán Moreno, residente de la vereda “Minas” del municipio de Manta y usuario del puente “Los Micos. En cuanto a la capacidad de esa construcción manifestó:

“PREGUNTADO: Díganos si usted tuvo conocimiento de cuál era la capacidad del puente Los Micos. CONTESTO. Yo escuché que era para una tonelada, no alcanzaba porque sólo se podía pasar por un animal...PREGUNTADO: Quien le informó a ud, que solamente se podía transitar una persona y un animal. CONTESTÓ. Los vecinos decían que solo podían pasar así porque el puente solo estaba capacitado para una persona y un animal” (folio 55 rv del cuaderno 4)

c. Testimonio de Alfonso Orjuela Gaitán, usuario y colaborador en la construcción del puente “Los Micos. Respecto de la capacidad de esa construcción manifestó:

“... después se construyó el puente, se sabía que sólo podía pasar una mula y un arriero es decir era peatonal, que se llama, después resulta que esa gente sabía venir por ahí varias veces, ellos venían yo no sé si tenían o no permiso, y el puente no era capacitado para todo ese peso, pero yo vivo lejos de ese puente, yo fui a ver pero tarde cuando estaban en el rescate, pero yo no vi como fue. Lo que si sé es que la capacidad del puente era solo para una mula y un arriero...

... el rumor de los vecinos era que se habían subido sobre el puente como haciendo fiesta, la mayoría de ellos habían ido, estaban brincando meciéndose y se reventó un cable, eso era lo que decían los que vieron” (folio 56 rv del cuaderno 4)

d. Testimonio de José Leonardo Sánchez Bermúdez, residente de la vereda “Minas” del municipio de Manta, quien atravesó el puente horas antes del accidente. Relato lo siguiente:

“Yo estaba en la casa mía ese día, por la mañana me fui para la carretera de Guateque, yo llevaba un par de bestias para carga y pasé por el puente de para acá con las bestias cargadas y el puente estaba bien, la gente que se ahogó ese día tenía las carpas tendidas en la orilla de la carretera es decir estaban durmiendo cuando yo pasé. Los que me alcanzaron a mirar, que crucé las bestias tenían cara de trasnochados y me miraron mal, yo seguí, ellos se quedaron durmiendo y a las once me enteré que se habían ahogado, se me hizo raro porque ellos estaban durmiendo. Después llegó el comandante de la policía y la Defensa Civil (sic) que venían del rescate ya por la tarde, ahí fue cuando me contaron que estaban subidos todos en el puente y que estaban amarrando unas manillas al puente y a los árboles de la orilla del río y los profesores de esa gente les estaban enseñando como se hacía el rescate de un ahogado sobre una manila (sic) y los alumnos estaban recostados sobre el puente mirando, le metieron mucho sobrepeso porque el puente no era capacitado ni para media tonelada, ese puente lo construyó la comunidad con los aportes del municipio de Guateque, ese puente era peatonal para que pasara una bestia con carga y unas cinco personas, no más” (folio 62 del cuaderno 4).

e. Testimonio de José Agustín Sánchez Medina, residente de la vereda “Juntas” del municipio de Guateque, en relación con el número de estudiantes que se encontraban en el puente y la capacidad del mismo, manifestó lo siguiente:

“Habían por ahí treinta y cinco cuarenta, ellos habitaban en el encuentro de los dos ríos, del Aguacacias y el Amarillo. PREGUNTADO. Cuéntenos si usted tenía conocimiento de cuál era la capacidad del puente Los Micos. CONTESTADO. No, uno sabía que llevaba dos bestias entonces se dejaba una amarrada, pero sólo un animal, pero eso lo sabíamos nosotros por que se mecía, la construcción del puente fue idea de los vecinos fue construido por las veredas y los vecinos, esa construcción fue voluntaria, a nadie se le pagó nada” (folio 63 del cuaderno 4).

f. Testimonio de Aníbal Sandoval Duarte, quien diseñó y dirigió la construcción del puente “los Micos”. Dijo lo siguiente:

“PREGUNTADO. De acuerdo a (sic) su intervención en la construcción del puente ya citado, cuéntenos que tipo de materiales se utilizaron (sic). CONTESTÓ: gravilla, arena, cemento y piedra, dicen que lo último lo sacaron el río, varilla de pulgada y de tres cuartos para los muertos (sic), de media para las torres y de tres octavos y un cuarto y el ángulo para los chaflones de madera, varilla de tres octavos y un cuarto para el soporte, cable de media pulgada, ese puente estaba para diez personas y mínimo para cinco, pero yo siempre digo el mínimo es decir cinco personas... PREGUNTADO: díganos si usted les informó a los vecinos del lugar de (sic) cuál era la capacidad del puente. CONTESTÓ: Sí cuando yo les dije que era para que lo necesitaban, le pregunté y dijeron que para una o dos personas, y a ellos les dije aún sabiendo que era para diez que máximo tres personas... PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho, qué supo usted, además del sobrepeso sobre las causas del accidente. CONTESTÓ: pues cuando dijeron del sobrepeso solo se decía que se habían metido como cincuenta tipos y otros dicen que cuarenta o cuarenta y cinco, los comentarios era de que estaban tomando, lo que yo dije es que por la vibración se fue el puente abajo. PREGUNTADO: sírvase manifestar al despacho, si en su opinión esta clase de obras requieren mantenimiento, en caso afirmativo, si usted recomendó que se le hiciera mantenimiento. CONTESTÓ. Ese puente no necesitaba mantenimiento por lo reciente de su construcción, pues sólo después de veinte años se acostumbra a hacerles mantenimiento, yo les había dicho, les digo sólo que echen anticorrosivo para que no se deteriore” (folios 70 y 71 del cuaderno 4).

g. Testimonio de Mertunjo Martín Martín, residente del sector que les conseguía y vendía alimentos a los directivos y estudiantes del Centro de Enseñanza Paramédica que acampaban cerca del puente Los Micos. Sobre las causas del accidente manifestó lo siguiente:

“Se fueron para el puente como a las nueve y media, mientras que amarraron lazos de un cable de la parte derecha llengo (sic) para Guateque Boyacá, amarraron manilas para hacer prácticas, empezaron a alistar para empezar el trabajo de ellos entonces me di cuenta que habían aproximadamente unas treinta y ocho personas, por ahí para la cuenta, la cantidad era de sesenta y tres por todos. Me llamó el director don Mario, me dijo Bertulfo hágame el favor vaya hasta su casa y le dice a su mami que me haga desayuno, bueno don Mario yo voy, me dijo que era para ya, entonces me fui prontico, habían unos muchachos meciéndose en el puente (se deja constancia que el declarante se mueve dentro de la silla que ocupa y agrega) así, les dije mucho cuidado que el puente no se aguanta para toda esa gente, no se mesan, las tablas estaban muy húmedas porque llevaban tres días que llovía seguido, en ese momento me fui para la casa... llegando al puente a quinientos metros, se corrige a cincuenta metros, entonces fue cuando traquió y empezaron los lamentos, terriblemente como el fin del mundo, yo dije hay Dios mío se cayó la gente, se cayó la gente... El puente estaba bien, perfecto no tenía ningún problema, se cayó por causa del peso del personal... PREGUNTADO: Manifieste al despacho si en anteriores oportunidades en que el grupo de paramédicos realizaban sus prácticas en el puente acostumbraban todos a subirse en el mismo. CONTESTÓ: Sí claro todas se subían, pero es que antes venían en verano y las tablas no tenían peso del agua” (folios 73 y 74 del cuaderno 4)

h. En relación con la capacidad del puente “Los Micos”, los usuarios del puente dijeron: José Darío Sánchez Ávila expresó que el puente “era para pasar dos personas máximo y para una bestia y el arriero más no era capacitado” (folio 57 del cuaderno 4); Julio Sánchez Bermúdez, al referirse a la causa del accidente manifestó que “fue mucho peso, de acuerdo a que el puente no estaba construido para todo ese peso... el puente estaba construido para pasar dos o tres personas al mismo tiempo, o para una bestia de carga al mismo tiempo” (folio 57 rv del cuaderno 4). El señor Belisario Núñez Guerrero, afirmó que el puente “era para cruzar las personas y los animalitos, sólo se podía cruzar con dos reses y quien llevaba los animales o una bestia con carga” (folio 58 del cuaderno 4) y José del Carmen Soriano Ávila, comentó que el puente “era para más o menos una veinte arrobas, si llegaban dos mulas tenía que pasar una a una” (folio 60 rv. cuaderno 4) 

La Sala concluye, con apoyo en las pruebas citadas, que si bien es cierto existen dudas sobre la existencia de señales que advirtieran cuál era la capacidad del puente(7), no lo es menos que las condiciones físicas del mismo eran suficientes para evidenciar que se trataba de una construcción vulnerable y/o riesgosa que debía ser evaluada por los instructores y las propias víctimas, con mayor razón si se tiene en cuenta que se trataba de personas capacitadas para medir dichos riesgos. A esa conclusión se llega, en especial, al observar las siguientes condiciones en las que se encontraba el puente Los Micos el día del accidente:

Dicha construcción era inestable, por lo que se requería mucho cuidado al transitar. En efecto, de acuerdo con lo expresado por la estudiante Lili del Pilar Cubillos León, “era un puente en tablas, pues yo soy muy delgada y el puente se mecía cuando iba caminando” (folio 484 del cuaderno 2). En este mismo sentido, los vecinos del sector José Darío Sánchez Ávila, José Agustín Sánchez Medina y José Milciades Martín Ávila, manifestaron respectivamente, que el puente “era para pasar dos personas máximo y para una bestia y el arriero más no era capacitado, pues nadie me dijo pero como eso se movía todo” (folio 57 del cuaderno 4); el otro testigo dijo que “uno sabía que si llevaba dos bestias entonces dejaba una amarrada... pero eso lo sabíamos nosotros porque se mecía” (folio 63 del cuaderno 4) y, finalmente, el señor Martín Ávila dijo que “lo máximo por ejemplo así era que se pasara una bestia y su arriero, porque lo primero no cabía más por espacio y lo segundo la gente se temía por ir a pasar dos o tres más, porque el puente se movía para lado y lado” (folio 14 del cuaderno 5).

Sin embargo, y pese a que la construcción no se veía en óptimas condiciones, los estudiantes e instructores no dimensionaron el verdadero riesgo, puesto que, como lo afirmó el estudiante Martín Eduardo Yánez Salamanca, “el puente era colgante, así físicamente se veían los cables oxidados, los pisos carcomidos, así a simple vista no se veía ningún riesgo” (folio 498 del cuaderno 2). Y, el residente de la zona que acompañaba a los estudiantes, señor Mertunjo Martín Martín, comentó que “habían unos muchachos meciéndose en el puente (se deja constancia que el declarante se mueve dentro (sic) de la silla que ocupa y agrega) así, les dije mucho cuidado que el puente no se aguanta para toda esa gente, no se mesan, las tablas estaban húmedas porque llevaba tres días que llovía seguido” (folio 73 del cuaderno 4).

Además de las circunstancias descritas que evidenciaban la existencia de alto riesgo en el puente, las víctimas debían considerar el invierno reinante en la zona como especial condición de cuidado, pues haría que las maniobras adelantadas por tantas personas fueran riesgosas. Las declaraciones de los estudiantes Luis Eduardo Romero Anturi (folio 479 del cuaderno 2) y Lili del Pilar Cubillos León (folio 483 del cuaderno 2) y del señor Mertunjo Martín Martín (folio 73 del cuaderno 4), coinciden en señalar que la época en la que sucedió el accidente que origina este proceso era de invierno y que el día anterior había llovido fuertemente.

Y, finalmente, para la Sala también es claro que el sobrepeso al que fue sometida la estructura era evidente, pues se encontraban en el mismo espacio alrededor de 30 personas, tal y como se mostró por los apoderados de la parte demandada. 

En conclusión, como se trataba de un puente veredal, construido rudimentariamente por los vecinos, probablemente con la ayuda de los municipios colindantes, para uso restringido de los vecinos, para los estudiantes y sus instructores era un deber elemental de utilización del mismo evaluar su resistencia. En otras palabras, como las condiciones vulnerables del puente “Los Micos” constituían un hecho notorio, la ausencia de valoración del riesgo por parte de las víctimas constituye una conducta negligente relevante en este asunto, lo que unido al enorme sobrepeso a que se sometió el puente con el agravante de que las víctimas se mecían sobre él, condujo a que cedieran las estructuras y el consecuente desplome del puente. De ahí que la causa eficiente y adecuada del daño sí fue, efectivamente, la culpa exclusiva de las víctimas.

3. Pero además de lo anterior, los demandantes sostienen que las entidades demandadas fallaron en la conservación y mantenimiento del Puente “Los Micos”, pues no se tiene noticia que desde su construcción hubiese sido reparado.

Procede la Sala a estudiar ese reproche, pero para ello, iniciará el análisis investigando si a las entidades demandadas correspondía el deber de conservar en debidas condiciones el puente.

En relación con este aspecto, se tiene lo siguiente:

a. Certificación expedida el 13 de diciembre de 1993 por el Tesorero Municipal de Manta, en la cual se deja constancia que “revisados los archivos de la dependencia a mi cargo, no se encontró documento alguno en donde conste que, con cargo al Tesoro Municipal de Manta, Cundinamarca, se haya pagado suma alguna con destino a la construcción del puente ‘los Micos’, ubicado en esta jurisdicción” (folio 32 del cuaderno 4):

b. Mediante oficio del 1º de diciembre de 1993, el Alcalde del Municipio de Guateque informó que “la vía que conduce de Guateque al Municipio de Manta es una vía nacional” y, por lo tanto, “la conservación y mantenimiento... corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transporte”. De otra parte, dijo que “este municipio, revisados los archivos, no intervino en la elaboración de diseños ni construcción del puente denominado Los Micos” (folio 10 del cuaderno 3)

c. Mediante oficio del 11 de diciembre de 1993, el Alcalde del Municipio de Manta dijo que “la vía que de Manta conduce a Guateque es nacional”, por lo que “la conservación corresponde al Ministerio de Obras Públicas”. De igual manera, manifestó que “revisados los archivos de este despacho no se encontró documento alguno que permita establecer si el municipio intervino en la elaboración de diseños y construcción del puente denominado Los Micos” (folio 11 del cuaderno 3)

d. Testimonio del señor Salomón Piñeros León, quien se desempeñó como alcalde en la época en que presuntamente fue construido el puente “Los Micos”. Respecto de la construcción expresó:

“PREGUNTADO: Cuéntele al despacho si usted sabe o le consta en que tiempo fue construido el puente Los Micos, así como también si usted participó en forma directa o indirecta en su construcción. CONTESTÓ: Yo conocí ese puente cuando me encontraba en la escuela, estudiando, que alguna vez nos llevaron de paseo por allá, y conocí que había una canasta de alar (sic) con lazo de lado y lado, eso era para una sola persona. En cuanto a la participación no me acuerdo que yo hubiera colaborado directa o indirectamente durante mi estadía como alcalde municipal de éste, más desconozco quiénes hayan construido ese puente, desconozco de su capacidad porque durante mi estadía, no tuvo la oportunidad de ir, ni de colaborar u ordenar gasto alguno para éste puente, ya que ese puente lo habían hecho los vecinos uno de Manta y uno de Guateque, más no se como se llamarán” (folio 49 del cuaderno 4)

e. Testimonio del señor Pedro Antonio Méndez Méndez, quien se desempeñó como alcalde el día del accidente en el puente “Los Micos”. Respecto de la construcción expresó:

“El municipio en su presupuesto de gastos tiene un rubro que dice construcción y mantenimiento de puentes veredales, si no estoy mal que como Alcalde se ejecuta dependiendo de las necesidades prioritarias que éstas a la vez, son reclamadas por la comunidad del sector donde se encuentra el puente que esta para reconstrucción o construcción en tres meses que llevaba como alcalde no aparece ninguna solicitud por escrito de los vecinos del sector de Los Micos que hubiera pedido reparación alguna del puente, de lo contrario sabia que dicho puente se encontraba en perfectas condiciones y que el mantenimiento lo había realizado el Departamento de Boyacá, más exactamente Guateque con colaboración del municipio de Manta, al parecer el puente fue construido por ambos municipios” (folio 50 del cuaderno 4)

f. Testimonio del señor Antonio Gaitán Moreno, residente del sector que contribuyó en la construcción del puente. Al respecto dijo:

“PREGUNTADO: Cuéntenos si usted como miembro de esa comunidad gestionó auxilios en dinero o en especie para la construcción del puente Los Micos, en caso afirmativo, díganos ante qué entidades. CONTESTO: Lo que yo me consta (sic), la plata o los materiales los dieron unos políticos de Guateque ORTEGAS (sic) de ellos hay uno muerto, nosotros colaboramos con el trabajo y con la alimentación para los que trabajaban, porque yo me beneficiaba del puente y quería que lo hicieran. PREGUNTADO. Díganos específicamente que clase de materiales fue los que le entregaron para la construcción del puente referido. CONTESTO: Totalmente todo, para repararlo después si dio aquí el municipio, pero todo el material inicial vino de Guateque” (folio 52 del cuaderno 4)

g. Testimonio del señor Alfonso Orjuela Gaitán, residente del sector que contribuyó en la construcción del puente. Al respecto dijo:

“PREGUNTADO: Cuéntenos si usted de alguna forma participó en la construcción del puente. CONTESTO: Sí, yo ayudé a cargar materiales y piedra, porque el que dirigió los planos fue don Anibal Sandoval.” (folio 56 rv del cuaderno 4)

h. Testimonio del señor Roque Orjuela Orjuela, vecino de la región que colaboró en la época en que se adelantó la obra. Expresó lo siguiente:

“PREGUNTADO: Díganos si usted participó en la construcción del puente Los Micos a que nos hemos hecho referencia. CONTESTÓ: No, mandé las bestias para que bajaran materiales porque tocó bajar materiales, es decir tabla y rieles. PREGUNTADO: Díganos si usted se enteró cuál fue el costo de la obra, así como también de que entidad procedían los dineros. CONTESTO: No sé, eso como que fue por cuenta del municipio de Manta y Guateque, la gente decía que eso eran los dos municipios.” (folio 54 del cuaderno 4)

i. Testimonio del señor Julio Sánchez Bermúdez, quien ayudó a construir el puente Los Micos. En lo pertinente dijo:

“PREGUNTADO: Cuéntanos en qué época fue construido el puente Los Micos y qué entidades aportaron los dineros obrantes para la construcción. CONTESTÓ: Hace más o menos doce o quince años, la mayoría de los auxilios fue dada por un político de la época, unos ORTEGA (sic) y el Municipio de Manta como que colaboró con la tabla. PREGUNTADO: Y a que dice que usted participó en la construcción del puente díganos cuáles eran sus características. CONTESTÓ: Yo de mi parte y a la época de ese tiempo (sic) yo tenía como quince años y sólo hacía mezclar la piedra, en fin yo colaboré con lo que podía y no supe si había o no ingenieros.” (folio 57 rv del cuaderno 4)

j. Testimonio del señor José Leonardo Sánchez Bermúdez, quien perteneció a la Junta de Acción Comunal de la vereda “Juntas”, colindante con el puente Los Micos. Expresó, en relación con la construcción, lo siguiente:

“PREGUNTADO: Díganos si por intermedio de la Junta de Acción Comunal que usted presidía, se gestionó o recibió auxilio para la construcción o reparación del puente Los Micos. CONTESTÓ: Sí había un auxilio, lo mandaron era nacional de un parlamentario, se cobró, se compraron cables y rieles y el resto sólo fue obra de mano. No recuerdo el nombre del político yo sólo fui a reclamarlo, eso llegó a Guateque, lo cobró el tesorero PEDRO SÁNCHEZ. PREGUNTADO: Cuéntenos si usted participó de alguna forma en la construcción del puente Los Micos. CONTESTÓ: Sí en obra de mano.” (folio 60 del cuaderno 4)

k. Los testimonios de los señores Manuel María Marín Niño (folio 72 del cuaderno 4), José Guillermo Soriano Castro (folio 11 del cuaderno 5), Alfonso León Herrera (folio 15 del cuaderno 5), Ricardo Cárdenas Guerrero (folio 18 del cuaderno 5) y José Darío Sánchez Ávila (folio 57 del cuaderno 4), coinciden en sostener que el puente Los Micos fue construido con recursos que aportaron políticos de la región y con la mano de obra de la comunidad. 

Con fundamento en estas pruebas, concluye la Sala que, en la época en que ocurrieron los hechos, no se demostró que los municipios tuvieren a su cargo el mantenimiento y conservación del puente veredal Los Micos. Luego, no se pudo demostrar la legitimación por pasiva de los municipios de Guateque y Manta. 

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto 2171 de 1992, por el cual se reestructuró el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y, a partir de esa fecha, se designó solamente como Ministerio de Transporte, los objetivos y funciones de éste último están referidos al diseño y la fijación de la política nacional en materia de tránsito y transporte y su infraestructura, así como de las políticas de planeación de los organismos que integran el sector transporte, y la orientación y vigilancia de la ejecución de las mismas.

El objetivo del Instituto Nacional de Vías, como establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito a dicho ministerio, es “ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación en lo que se refiere a carreteras”. Para el cumplimiento de este objetivo, se asignaron al instituto varias funciones generales y, entre ellas, la de ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura vial de su competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte.

Conforme a lo anterior, esta Sala concluye que el Ministerio de Transporte no es la entidad directamente responsable de adelantar las diversas acciones relacionadas con la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación y conservación de la infraestructura vial a cargo de la Nación. Esta obligación ha sido asignada, de manera específica y expresa, al Instituto Nacional de Vías.

Se considera, en consecuencia, que las causas del accidente no resultan imputables a las autoridades demandadas, por lo que debe confirmarse la sentencia que denegó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA: 

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 30 de abril de 1997, en el proceso de la referencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE.

Magistrados: Maria Elena Giraldo Gómez—Ruth Stella Correa Palacios, Presidenta de la Sala—Alier A. Hernández EnríquezRamiro Saavedra Becerra.

1 Sobre este tema, entre otras, se encuentran las sentencias del 23 de junio de 1992, expediente 4436 de la Sección Segunda de esta Corporación, del 26 de agosto de 1999, expediente ACU-833 y del --, expediente 10.952 de la Sección Tercera.

2 Sentencias del 15 de junio de 2000, expediente 13338 y del 25 de enero de 2001, expediente 11413. Auto del 10 de noviembre de 2000, expediente 18298.

3 Entre muchas otras, pueden consultarse las sentencias del 31 de octubre de 1991, expediente 6515, del 27 de junio de 1991, expediente 6454 y 24 de octubre de 1991, expediente 6472.

4 Sentencia del 8 de mayo de 1995, expediente 8118

5 Goldenberg, Isidoro H. “la Relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil”. Editorial La Ley. 2 edición. Buenos Aires. 2000. Página 22

6 Ídem. Página 23

7 Como se vio, los estudiantes sostienen que no había señales, pero vecinos de la región como el señor Aquileo Orjuela Ávila y Manuel María Marín Niño coinciden en afirmar que existía un aviso “ubicado en el lado de Manta” que informaba la capacidad de 2 personas en el puente (folios 68 y 72 del cuaderno 4, respectivamente)